Pese a que se han llevado a cabo elecciones en 2019, Tailandia es una autocracia, en donde el aparato estatal en gran medida se encuentra cooptado por las redes militares y monárquicas a través de un documento fundamental: la Constitución de 2017. Aquí, la juventud cobra un gran protagonismo, que al frente de la sociedad civil y en el marco de un movimiento de solidaridad democrática regional, busca recuperar la democracia.

Por Pilar Martínez Otero

La inestabilidad parece inmanente a la política y sociedad en Tailandia: desde 1932 a 2014 se sucedieron más de una decena de golpes de Estado. Actualmente, el informe de The Bertelsmann Transformation Index (BTI), identifica al país como una autocracia de línea dura. Esta clasificación da cuenta de la deteriorada calidad democrática y el poco respeto a los derechos humanos sustentado en la Constitución Nacional de 2017. Aun así, hay brotes de esperanza, a tono con los movimientos regionales de solidaridad democrática, la juventud al frente de la batalla lidia en sucesivas protestas por un cambio hacia un régimen democrático.

En 2014 sucedió el último golpe de Estado en el país con el firme objetivo de poner orden y traer estabilidad a la Nación, luego de las crisis abiertas por los gobiernos del Taskin Shinawatra y su hermana Yingluck por el aumento de la polarización social, las tensiones y violencia entre “camisas rojas” y “camisas amarillas”, seguidores y opositores a estos líderes.

Encabezado por el ejército al mando de Prayuth Chan-o-Cha, se estableció una junta militar, para el ejercicio del gobierno, denominada Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO).

Amnistía Internacional resalta que bajo el mandato del CNPO, periodistas, personalidades políticas, activistas y defensores de los derechos humanos han sido detenidos, recluidos y procesados por sedición, apoyar a políticos opositores o criticar al gobierno al amparo de los artículos 116 y 112 del Código Penal, que prohíben y penalizan críticas al gobierno y la monarquía respectivamente, vulnerando los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

En 2016 el gobierno interino llamó a un referéndum para la redacción de una nueva constitución, aprobado por las presiones y limitaciones impuestas a la oposición. Según el  Informe de Human Rights Watch (2017) las autoridades arrestaron por lo menos a 120 políticos, activistas, periodistas y seguidores de movimientos políticos que habían criticado la constitución propuesta.

La nueva Constitución en 2017 es clave para entender la victoria de Prayuth Chan-o-Chan en las elecciones de 2019, el deterioro de la vida política, en términos liberales y las protestas lideradas por la juventud en la actualidad. Según señalan los informes de Human Right Watch, Freedom House y del BTI, la junta creó e impuso un instrumento para establecer el autoritarismo electoral, una estructura política diseñada para prolongar y legitimar a  los militares y a la monarquía en el poder y permitir que Prayuth Chan-o-cha continúe restringiendo derechos políticos y a la oposición.

La Constitución de 2017 perpetúa a los militares en el poder a partir de ciertas disposiciones. En primer lugar,  se modifica el sistema electoral reduciendo la cantidad de circunscripciones, lo que permite que un candidato no electo en el Parlamento pueda presentarse a las elecciones para ocupar el cargo de Primer Ministro (así pudo presentarse Prayuth).

En segundo lugar, el artículo 269 determina que el Senado está integrado por 250 legisladores, entre ellos el jefe de las Fuerzas Armadas y de los tres cuerpos (Tierra, Mar y Aire), el director de la Policía y el secretario permanente de Defensa. Asimismo, en el Apartado 1 menciona, los senadores serán elegidos por la Comisión de Selección del Senado formada por entre nueve y doce miembros nombrados por el CNPO y serán fijados por el Rey. Además, en acuerdo con los artículos 222, 232, 238 y 246 el Senado decide la composición de la Comisión electoral, la Comisión Nacional Anticorrupción, la Comisión de la Auditoría del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos respectivamente. También, puede impedir la reforma de la Constitución según el apartado 3 del artículo 256.

En las elecciones de 2019, el Senado participó en la elección del Primer Ministro junto con la Cámara Baja, compuesta por 500 miembros elegidos democráticamente, y el ganador fue, sin demasiada sorpresa, Prayuth. Es importante mencionar que los legisladores recibieron ofertas de soborno por votar a Prayuth.

Respecto a las elecciones en 2019, señala Freedom House que la Comisión Electoral de Tailandia (ECT según sus siglas en inglés) modificó la fórmula de distribución de escaños luego de la elección con el objeto de lograr una súper mayoría pro-militar en la asamblea, en detrimento de los partidos opositores: Future Forward Party y Pheu Thai Party. Asimismo, el período de campaña estuvo repleto de represión política, censura a los medios, acceso inequitativo a los medios para los partidos políticos y ausencia de imparcialidad en la ECT.

¿Qué sucede con la oposición y qué rol ocupa la juventud?

Respecto a la oposición, según el Artículo 34 de la nueva Constitución, los tailandeses tienen derecho a expresar su opinión en público, por escrito y otros medios aunque siempre que no atenten contra la seguridad del Estado, el orden público, la sanidad pública o la buena moral. En definitiva, la restricción y censura es severa. Incluso artículos de la constitución relacionados a las libertades individuales se encuentran redactados muy vagamente y se establecen estados de excepción en la aplicación de derechos en pos del orden y el respeto al Rey y a los militares.

Los esfuerzos por restaurar la democracia dirigidos por la juventud, en la oposición bajo el Future Forward Party, han sido socavados sobre todo con la  disolución de este último, por la Corte Constitucional, a causa de que su líder Thanathorn Juangroongruangkit tomara  un “crédito ilegal”; incluso impusieron 10 años de prohibiciones políticas a 16 de sus miembros ejecutivos.

El Future Forward Party, propone una nueva visión innovadora que incluye sacar a Tailandia de la “década perdida”, haciendo alusión al período de belicosidad y violencia entre “camisas rojas” y “camisas amarillas”, para evitar la caída del país en la “ruina irreparable”: promoviendo sobre todo el sistema democrático como el mejor modelo para estos objetivos, evitando que la dictadura militar, bajo el pretexto de mediar en el conflicto político, se perpetúe en el poder Asimismo, tiene como iniciativa en este marco de cambio generacional y camino hacia el cambio de paradigma transformar el paisaje político del país asiático, contra la idea de entender a la política como un medio para destruir enemigos, conducir negocios sucios y obtener ventajas personales.

La visión del Future Forward Party se vincula directamente con el ardid democrático entre los  jóvenes que, en extensas manifestaciones, demuestran la presión que las nuevas generaciones significan para el establishment. Según señala Amnistía Internacional, el 2019 fue un año de represión en todo Asia, pero también de resistencia. Las generaciones jóvenes están al frente de la lucha y en grandes protestas populares que  desafían el orden establecido. En un ambiente de solidaridad democrática, la juventud de Tailandia, Hong Kong y Taiwán forman la alianza del “Té con leche” (milk tea alliance, en inglés) en honor a la popular bebida en estos países compartiendo símbolos como el saludo de los tres dedos, tomado de la película "Los juegos del hambre" como gesto de desafío contra un Estado autoritario, en representación de su lucha por la democracia y de su unidad transnacional.

La respuesta de la sociedad civil en forma de protestas democráticas lideradas por jóvenes se hace oír en contra del orden político vigente, en julio el Free Youth Movement organizó una protesta en Bangkok para disolver el parlamento, escribir una nueva constitución y terminar con los límites a la libertad de expresión. El movimiento ha incentivado a muchas personas a unirse e incluyen en sus demandas la reforma de la monarquía. Las protestas se han llevado a cabo pese a las restricciones impuestas en el marco del COVID-19 y la posibilidad de acudir y terminar en prisión.

Asimismo, estos grupos defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión, promotores de la democracia enfrentan restricciones, criminalización y persecuciones bajo las leyes de lesa majestad, que prohíbe criticar a la realeza. Según el informe de Freedom House, desde las elecciones de 2019 han incrementado los ataques físicos a los activistas mediante asaltos violentos que se presumen ligados al gobierno militar. Los disidentes a la monarquía y al gobierno eligen el exilio para preservar su seguridad, aunque aún con temor por la crudeza de la monarquía para la aplicación de la ley. En diciembre de 2018, dos cuerpos de disidentes en el exilio en Laos fueron encontrados sin vida en el río Mekong cercano al límite entre Tailandia y Laos.

En conclusión, la inestabilidad política y social en Tailandia ha tentado a los militares y a la monarquía, bajo el pretexto de restauradores del orden y estabilidad, a consolidar su poder y extender sus privilegios. Pese a que se han llevado a cabo elecciones en 2019, Tailandia es una autocracia, en donde el aparato estatal en gran medida se encuentra cooptado por las redes militares y monárquicas a través de un documento fundamental: la Constitución de 2017.

Aquí, la juventud cobra un gran protagonismo, que al frente de la sociedad civil y en el marco de un movimiento de solidaridad democrática regional, busca recuperar la democracia y los derechos humanos fundamentales de manera continua y vehemente, lidiando con la represión, censura y el riesgo a ir preso.

Pilar Martínez Otero

Voluntaria de CADAL

Voluntaria de CADAL