No puede pasarse por alto el peligro a los derechos humanos que representa el partido Ley y Justicia en Polonia. Es clara la dirección política que el gobierno de Duda está tomando, bajo la orquesta partidaria de Jarosław Kaczyński. Este escenario de intolerancia y homofobia, basado en creencias ultra religiosas, podría escalar rápidamente hacia manifestaciones violentas y provocaciones de odio hacia grupos LGBT. La intolerancia y la vulneración a los derechos civiles se ha visto reflejada también en la negativa polaca a aceptar refugiados de cualquier origen.

Por Lucía Hukovsky

A partir de un fallo judicial, Polonia declaró inconstitucional el aborto legal en casos de malformación fetal, dejando disponible la práctica sólo si peligra la vida de la mujer o de existir violacion. Sin embargo, aún en este último escenario, es prácticamente imposible de interrumpir un embarazo por las dificultades para probar una violación. Del total de mujeres que abortaron de manera legal en 2019, un 98% lo hizo por malformación del feto (según el medio español Público), por lo que esta medida judicial se considera una prohibición casi total. Este daño ulterior al derecho de las mujeres polacas de elegir sobre su cuerpo ha generado protestas sociales de tal magnitud que solo pueden compararse con las revueltas de 1989, cuando el último gobierno comunista abandonó el poder.

Esta decisión judicial no puede abstraerse de la situación política general. El partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), creado en 2005 por los hermanos Kaczyński, gobierna desde 2015. Se basa en dos elementos fundacionales que son primordiales en la sociedad polaca: el catolicismo y la idea de ser víctima. El elemento de la religión nace del papel que tuvo la Iglesia Católica en defender a la nación polaca frente a las dominaciones externas y es parte de su cultura étnica. Básicamente, no se puede separar Polonia como nación del catolicismo. Mientras que el segundo elemento hace referencia a una necesidad de la población por reconstruir su identidad nacional, amenazada históricamente por países vecinos, como Alemania y Rusia.

El PiS supo utilizar estos dos componentes para construir un discurso de identidad nacional único, en el que todo aquello que no cuadre, que no entre en su lógica nacionalista, es considerado como algo externo, como una nueva amenaza para la autonomía polaca. Por ejemplo, la ultraderecha toma símbolos bélicos de la guerra contra el Imperio Otomano, pero ahora para usarlos contra los movimientos LGBT y feminista. En este sentido, es normal ver en celebraciones patrias (aunque no oficiales) una lanza embestida en una bandera LGTB. Es decir, los movimientos vanguardistas representan para el discurso político de Ley y Justicia el mismo peligro que representaba una invasión extranjera hace 500 años.

La estrategia de crear un discurso político único genera un clima de hostilidad hacia los medios de comunicación y afecta la libertad de expresión en general. Se criminaliza la difamación o cuestionamiento a figuras públicas, particularmente a funcionarios de Ley y Justicia. Además, en la televisión pública predomina la propaganda oficial y el discurso de odio, por ejemplo, hacia quienes se manifiestan en contra del gobierno. En este sentido, Polonia ha empeorado en las mediciones de libertad de prensa y libertad de expresión, según el índice de Reporters without Borders.

Durante las protestas encabezadas por mujeres que siguieron al fallo judicial respecto al aborto, Amnistía Internacional documentó un uso excesivo de la violencia por parte de las autoridades en contra de las manifestantes, como el uso de gas pimienta y arrestos masivos. Además, la organización calificó al fallo como parte “de una oleada coordinada y sistemática de ataques contra los derechos humanos de las mujeres desde los órganos legislativos polacos”. A las protestas también se le han sumado movimientos LGBT, sector que ha sido otro foco de restricciones. Andrzej Duda, presidente de Polonia, ha calificado al movimiento de diversidad sexual como “una ideología más peligrosa que el comunismo”. En este sentido, diversos activistas han sido arrestados en agosto del 2020 por colocar banderas  LGBT en monumentos públicos y por confrontarse con opositores. Este accionar ha llamado la atención de organismos internacionales de derechos humanos y protección de minorías, quienes han pedido al gobierno polaco que libere a los activistas detenidos. Sin embargo, aún no ha habido resoluciones al respecto, según el último reporte de Human Rights Watch.

No puede pasarse por alto el peligro a los derechos humanos que representa Ley y Justicia en Polonia. Es clara la dirección política que el gobierno de Duda está tomando, bajo la orquesta partidaria de Jarosław Kaczyński. A principios de 2020, el presidente firmó una Carta de Familia pidiendo “defender a los niños de la ideología LGBT” y planea presentar una petición judicial para prohibir que parejas homosexuales puedan adoptar niños. Además, un tercio de los gobiernos regionales y municipales, especialmente del este de Polonia, ha firmado una resolución de “zonas libres de LGBT” en la que autoproclaman sus territorios como libres de minorías sexuales. Surgen los recuerdos de aquellos poblados europeos declarados Judenfrei, es decir “libres de judíos”, por el nazismo aún en la misma Polonia. El Parlamento Europeo emitió una resolución reconociendo la discriminación y la violencia que sufren las minorías sexuales en Polonia, y declaró que este sector debería poder gozar efectivamente de sus derechos en toda la Unión Europea.

Este escenario de intolerancia y homofobia, basado en creencias ultra religiosas, podría escalar rápidamente hacia manifestaciones violentas y provocaciones de odio hacia grupos LGBT. A partir de las protestas sociales iniciadas en octubre pasado, ya existen confrontaciones verbales entre movimientos de minorías y sectores que apoyan al gobierno. Si bien la Unión Europea ha privado a las regiones polacas de acceder a sus fondos de ayuda económica hasta que levanten las medidas, estas se han negado a hacerlo. La defensa que Polonia hace de sus políticas discriminatorias aun en confrontación con el bloque regional, lleva a pensar en cómo otras minorías podrían ser afectadas si Ley y Justicia mantiene sus discursos de odio. Según Freedom House, Polonia ha perdido la categoría de democracia consolidada y su deterioro se ha acelerado desde que PiS está en el poder; siendo así el segundo país, junto con Hungría, de la Unión Europea en perder su estatus democrático.

En julio de 2020 el Ministerio de Justicia declaró que el país se retiraría del Consejo de la Convención Europea para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, ya que incluía compromisos de enseñanza sobre género y diversidad sexual en las escuelas. El gobierno lo consideró una amenaza a los niños. Por si esta acción no fuera lo suficientemente preocupante, según Human Rights Watch, los casos de violencia doméstica durante la pandemia de COVID19 han aumentado dramáticamente y el gobierno no ha diseñado ningún plan de apoyo o contención para las víctimas.

La intolerancia y la vulneración a los derechos civiles se ha visto reflejada también en la negativa polaca a aceptar refugiados de cualquier origen, mientras la vecina Alemania abrió sus fronteras. Actualmente el principal frente es en la frontera con Bielorrusia: un grupo considerable de personas procedentes de ese país ha solicitado asilo a raíz de las persecuciones políticas por parte del gobierno de Aleksandr Lukashenko. Sin embargo, Polonia no ha cambiado su postura. Un reflejo más de que la supuesta identidad nacional promovida por Ley y Justicia no deja ningún espacio para lo externo, lo nuevo o lo desconocido. En ese sentido, no se puede pensar en la limitacion del aborto en Polonia como un hecho aislado. Por el contrario, debe analizarse como parte de un camino hacia un país cada vez más autoritario, con menos libertades civiles y políticas y en el que las minorías son menos incluidas y respetadas.

Lucía Hukovsky