Un nuevo reporte de Human Rights Watch da cuenta de avances y retrocesos en la región. Aún preocupan situaciones de hacinamiento en cárceles; casos de torturas y abuso sexual de parte de fuerzas de seguridad; problemáticas resultantes de la inmigración venezolana, fruto de la severa crisis humanitaria de ese país, y los llamados “falsos positivos” en Colombia.

Por Alejandro Di Franco

Las diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) que se encargan de monitorear la situación de los derechos humanos en diferentes países muestran, a través de sus informes, los avances o retrocesos en esta área, año a año. Human Rights Watch (HRW) es una de ellas, y de las más prestigiosas. En su reporte mundial 2020, se focaliza en algunos países -sobre todo, en América y Europa- y da una perspectiva que es de largo plazo, pero también actualizada, con los últimos eventos más relevantes.

Respecto de los informes correspondientes a los países disponibles de América del Sur, se ven ciertos patrones compartidos, desafíos y fortalezas comunes; probablemente, debido a una historia y una cultura similares en la región. A pesar de las particularidades de cada país, se pueden extraer conclusiones generales.

Uno de los temas que aparece en todos los informes se refiere a la situación en los centros de detención y los tratos por parte de las fuerzas de Policía. En estos lugares puede haber situaciones de hacinamiento o falta de higiene. Muchas de las personas detenidas están, además, en espera de juicio, como es el caso del 40% de los 830 mil adultos encarcelados en Brasil. En el informe de Ecuador, por ejemplo, se advierte cómo un decreto de Lenin Moreno declarando el estado de excepción “suspendió ciertos derechos de los internos, incluida la libertad de asociación e información, y dispuso que la Policía y las fuerzas armadas coordinaran acciones para asignar personal a establecimientos penitenciarios”.

Por otra parte, el accionar de las fuerzas de seguridad es también monitoreado en el marco de protestas. En 2019, comenzando por Chile, hubo una serie de protestas en distintos países de la región que dio a este tema una creciente relevancia. En el caso de este país, reporta cómo Carabineros detuvo a 15 mil personas, entre el 18 de octubre y el 21 de noviembre, mientras que alrededor de 11 mil resultaron heridas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) presentó 442 querellas sobre trato inhumano, torturas y abuso sexual. Sin embargo, informa también sobre las acciones de los manifestantes (como saqueos y quema de bienes públicos y privados) y cómo resultaron en 2 mil agentes policiales heridos.

Otro de los temas analizados en los informes sobre estos países es el legado de sus últimas dictaduras militares en el siglo XX. En Argentina, por ejemplo, desde la década de 2000 se anularon leyes de amnistía y, hasta marzo del año pasado, había, según el Ministerio Público, “3.161 personas imputadas, 901 condenadas y 142 absueltas en estas causas”. En Brasil el progreso fue un poco más lento, y condena algunas declaraciones de Jair Bolsonaro que pueden tomarse como apoyo a regímenes dictatoriales. En ese país la ley de amnistía de 1979 fue ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal; además, el nombramiento de dos aliados del presidente para integrar comisiones que otorgan indemnizaciones a las víctimas llevó a que el 92% de estas solicitudes fuera rechazado.

Otro asunto que afecta a la región es la inmigración venezolana, producto de la crisis humanitaria en ese país. En el informe de Colombia, el país que mayor cantidad de migrantes ha recibido, se dieron 600 mil permisos de trabajo y acceso a servicios básicos a venezolanos que hayan superado el período de permanencia permitido. En Perú se anuló el requisito de tener el pasaporte para ingresar al país, facilitando la entrada de venezolanos. Sin embargo, en junio del año pasado, el gobierno peruano comenzó a exigir que estos migrantes cuenten con una visa humanitaria del consulado peruano antes de ingresar. En Ecuador, por otra parte, el homicidio de una mujer embarazada por parte de un venezolano despertó una serie de ataques xenófobos; además, los requisitos para acceder a la visa humanitaria en este país hacen, según Human Rights Watch, que sea “más difícil” solicitarla.

El informe de Venezuela es, justamente, el peor de la región. Por un lado, la crisis económica lleva a que millones de personas se encuentren bajo la línea de pobreza, y que haya escasez de alimentos y medicamentos. Por otra parte, en el frente político, el régimen de Nicolás Maduro se ha vuelto cada vez más autoritario, con elecciones no consideradas transparentes o reemplazando la Asamblea Nacional por la Asamblea Constituyente, repleta de partidarios del chavismo. Las protestas del año pasado llevaron a una gran represión y a que se censuraran medios como la CNN, la BBC y Radio Caracas. En el frente internacional, decenas de gobiernos de países democráticos no reconocen a Maduro como presidente sino a Juan Guaidó; y, en julio, Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe revelando la escala de los abusos de las fuerzas del régimen.

Colombia, además del tema migratorio, enfrenta otros desafíos. Si bien hubo una reducción en la violencia después del acuerdo de paz con las FARC en 2016; en 2019 estas conversaciones de paz se interrumpieron y “defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia” por parte de las FARC. En este conflicto, otra de las situaciones que preocupan a Human Rights Watch son las ejecuciones que se perpetúan para hacer aumentar el número de bajas en el combate contra las guerrillas -conocidas como “falsos positivos”- y sobre las que hay más de 2 mil investigaciones de la Fiscalía General.

El propósito de informes como estos es identificar las áreas donde se debe trabajar para progresar en cuanto a libertades civiles. Si bien algunos países parecen ir en la dirección contraria -como es el caso de Venezuela- la mayoría de los países de América del Sur cuenta con una buena base (con elecciones libres, libertad de asociación, etcétera) para construir una sociedad más inclusiva.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.