Entre 2006 y 2026, el Bertelsmann Transformation Index ilustra una parálisis institucional profunda y sostenida en el tiempo. Las curvas históricas dan cuenta de un estancamiento crónico a nivel global: ya sea en materia de transformación política, económica o de gobernanza. Los puntajes no logran despegar desde hace casi veinte años, evidenciando una crisis estructural que se profundiza de manera inexorable, en detrimento de la población congoleña.

Por Thibaut Francois

República Democrática del Congo en el BTI 2006-2026

Mientras que varias ONG alertan sobre la situación de más de 900 condenados a muerte en República Democrática del Congo (RDC), la situación humanitaria del resto de la población sigue preocupante también. Los habitantes del Kivu, regiones del Este del país, están atrapados, amenazados por un lado por la hegemonía del grupo armado rebelde M23, y por otro lado por la decimoséptima epidemia de Ébola que azota el Este, mientras que los servicios públicos están colapsando. Esta quiebra sanitaria y de seguridad se ve reflejada en los resultados del Bertelsmann Transformation Index (BTI).

El Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) es un índice de evaluación publicado cada dos años por la Fundación Bertelsmann, que abarca 137 países en desarrollo o en transición. El BTI 2026 analiza el período comprendido entre febrero de 2023 y enero de 2025. Cada país se evalúa en una escala del 1 al 10 (siendo 1 la situación más desfavorable y 10 la más favorable) a partir de tres dimensiones analíticas: transformación política, transformación económica e índice de gobernanza.

La transformación política se basa en cinco criterios: la estatalidad, la participación política, el estado de derecho, la estabilidad de las instituciones democráticas y la integración política y social. Por su parte, la transformación económica evalúa siete criterios, que van desde el nivel de desarrollo socioeconómico hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la organización del mercado, la estabilidad monetaria y fiscal, los derechos de propiedad y el régimen de protección social. Por último, el índice de gobernanza mide la capacidad de los dirigentes para gestionar eficazmente estas transformaciones a través de cinco criterios: la capacidad de liderazgo, la eficiencia en el uso de los recursos, la creación de consenso, la cooperación internacional y el nivel de dificultad estructural del país.

Clasificada entre las peores autocracias en el BTI (119/137 en 2026), la República Democrática del Congo muestra puntuaciones de transformación muy bajas desde la creación del índice en 2006 y su gobierno no muestra voluntad real de llevar a cabo reformas estructurales, a pesar de la transición entre el gobierno de Joseph Kabila (2001-2019) y el de Félix Tshisekedi (2019 - actualmente). La historia del ex Zaire (nombre de la RDC bajo el dictador Mobutu entre 1965 y 1997) siempre estuvo marcada por numerosos conflictos, entre ellos la Segunda Guerra del Congo entre 1998 y 2003, también conocida como la «Guerra mundial africana», que le siguió a la Primera Guerra del Congo desatada tras el genocidio de los tutsis en Ruanda en 1994. A pesar de los acuerdos de paz que le pusieron fin oficialmente a la guerra en 2003, las tensiones nunca se disiparon y, por el contrario, hoy parecen llegar a un punto de no retorno en gran parte del este del país, que ya no está dirigido por el Estado central, sino por el M23 (grupo armado de mayoría tutsi).

Un Estado de derecho pisoteado a costa de los derechos humanos

Esta pérdida progresiva de soberanía territorial en las periferias de la República no refleja solamente un fracaso militar, sino que hace eco de un endurecimiento deliberado del poder central. Ante la incapacidad de imponer su autoridad mediante la seguridad y el control geográfico, el régimen de Kinshasa (capital de la RDC) optó por consolidar su supervivencia a través de un control casi absoluto del juego político interno. Es así como el retroceso del Estado en el terreno va acompañado, paradójicamente, de un giro autoritario en el que el Estado de derecho es vulnerado en favor de un blindaje sistemático del espacio cívico. 

En primer lugar, los resultados del BTI 2026 evidencian una fuerte tendencia hacia el blindaje del espacio político y cívico. Esta deriva se manifestó inicialmente durante los comicios presidenciales de 2023, calificados como «ni libres ni justos» por la misión de observación electoral de la Unión Europea. El hecho de que se haya negado a los periodistas el acceso al escrutinio de los votos alimentó las sospechas de fraude electoral. Por su parte, países como Estados Unidos ya califican a la RDC como un régimen autoritario, en sintonía con el BTI, donde el retroceso de los derechos y libertades es perceptible a través del indicador de elecciones libres y justas, que se estanca en un 4/10, marcando un claro declive frente a los 6/10 alcanzados en el pasado. Este retroceso es precisamente lo que impide que la curva de Transformación Política, visible en el gráfico, logre despegar, manteniéndose estancada en un inmovilismo autocrático.

Asimismo, la ONG Human Rights Watch documentó la creciente represión previa a las elecciones, un período durante el cual se prohibieron sistemáticamente las reuniones de la oposición al igual que varias manifestaciones, lo que derivó en la detención de decenas de militantes y dejó un saldo de numerosos heridos. En paralelo, desde hace unos años Tshisekedi viene implementando una brutal «deskabilización» del Estado, una purga que llevó incluso a la condena a muerte del expresidente Joseph Kabila. Esta estrategia también incluyó la suspensión legal de 12 partidos políticos opositores agrupados en la coalición «Sauvons la RDC» (Salvemos la RDC en francés), acusados de connivencia con el movimiento AFC-M23. Este cerrojo al juego político se da justo cuando el presidente Tshisekedi anunció su intención de convocar a un referéndum para postularse a un tercer mandato en 2028. Cabe recordar que el mandato presidencial no es modificable constitucionalmente, conforme al artículo 220 de la Constitución, que blinda de manera absoluta este límite como uno de los cimientos del Estado.

En consecuencia, la separación de poderes se encuentra severamente comprometida, tal como lo refleja el estancamiento de este indicador en 3/10 en el BTI 2026. El régimen se hunde en un hiperpresidencialismo donde el Ejecutivo neutraliza a las demás instituciones. Si bien el multipartidismo está formalmente consagrado en la Constitución, el poder Legislativo se encuentra totalmente neutralizado. La coalición presidencial, la Unión Sagrada de la Nación (USN), se aseguró un dominio aplastante tras los últimos comicios (controlando más de 450 de las 500 bancas en la Cámara Baja). Amparado en esta hegemonía, el Ejecutivo transforma al Parlamento en una simple escribanía, incapaz de ejercer su rol de contrapeso. El poder Judicial sufre la misma subordinación: los cargos clave de la magistratura son repartidos entre funcionarios leales al régimen, garantizando al presidente una lealtad institucional absoluta en detrimento de la independencia judicial.

Las libertades fundamentales se encuentran en franco retroceso en la RDC. Si bien la elección de Félix Tshisekedi en 2019 había alimentado ciertas esperanzas de democratización, sobre todo a través de una promesa de distensión mediática, la prensa no tardó en verse amordazada. Esto explica la caída del país al puesto 130 (sobre 180) en el ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Tras su reelección, un escándalo de Estado dejó en evidencia la magnitud de esta represión. El asesinato del diputado opositor Chérubin Okende, catalogado como suicidio por el gobierno, despertó las lógicas sospechas de la prensa independiente. Como represalia, en septiembre, el periodista más seguido de la RDC, Stanis Bujakera Tshiamala, fue detenido tras publicar un artículo en la revista Jeune Afrique que implicaba a los servicios de inteligencia gubernamentales. Esta censura se institucionalizó en 2024 con la aprobación de un decreto que le prohíbe a los medios referirse a las rebeliones por fuera de la versión dictada por el poder. Esta normativa redefine por la fuerza el rol de la prensa en el país: despojada de su derecho a investigar, se le exige doblegarse ante la retórica oficial, quedando relegada a ser una mera correa de transmisión de la propaganda estatal.

Más allá de la libertad de prensa, es la libertad de expresión en su conjunto la que se ve avasallada, tal como lo indica el preocupante puntaje de 3/10 otorgado por el BTI en 2026. El caso de Junior Nkole, que estalló en 2023, sacó a la luz la magnitud de esta deriva: este joven humorista fue brutalmente agredido junto a su hermano, y luego detenido de forma ilegal por los servicios de inteligencia por haber realizado videos satíricos sobre la realidad socioeconómica del país. Este caso emblemático demuestra que la represión cruzó un nuevo límite. El régimen ya no ataca exclusivamente a los opositores políticos o a los periodistas, sino a cualquier voz disidente percibida como una amenaza. El objetivo alcanzado es instaurar un clima de terror en el cual los artistas ya no se atrevan a retratar los males de la sociedad.

La sociedad civil congoleña, pese a ser históricamente dinámica, se encuentra hoy literalmente asfixiada. Los derechos de reunión y asociación muestran un puntaje crítico de 3/10 en el informe BTI 2026. Desplegadas por fuera de su marco legal, las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) son instrumentalizadas cada vez más para reprimir la expresión ciudadana. A modo de ejemplo, el 24 de marzo de 2026, una manifestación pacífica fue violentamente reprimida, dejando un saldo de quince militantes detenidos de forma arbitraria. Esta violencia de Estado ya había alcanzado su punto máximo durante la masacre de Goma, el 30 de agosto de 2023, jornada en la que 57 civiles pertenecientes a un grupo religioso fueron acribillados por el ejército regular mientras manifestaban.

Los movimientos a favor de la democracia y los defensores de los derechos humanos también son blanco de la maquinaria represiva del Estado. Apelando a la figura penal de «atentado contra la seguridad del Estado», el régimen encarcela arbitrariamente a los militantes. Más grave aún, se emplea de manera deliberada la práctica de la desaparición forzada, tal como lo ilustra el caso de Jacques Sinzahera y Gloire Saasita, quienes estuvieron detenidos en la clandestinidad durante varios meses antes de ser finalmente liberados gracias a la presión internacional y a la movilización de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Esta persecución no da tregua: en octubre de 2025, otros doce defensores de los derechos humanos fueron detenidos bajo cargos fabricados de «rebelión» y «alteración del orden público».

La evaluación catastrófica de los derechos civiles (calificados con un 3/10 por el BTI 2026) se ilustra a la perfección con la mutación del aparato coercitivo del Estado. El Estado de derecho cedió progresivamente su lugar a una represión institucionalizada, apelando a la elusión de las jurisdicciones ordinarias y a la creación de órganos de excepción, como el Consejo Nacional de Ciberdefensa (CNC) implementado en 2023. Desprovisto de cualquier prerrogativa legal en materia de detención y directamente subordinado al Ejecutivo, el CNC opera hoy como una verdadera policía política paralela. Oficialmente concebido para coordinar la lucha contra los ciberataques, este consejo funciona en realidad como el brazo armado del poder para neutralizar a sus opositores directos. Secuestrados en plena noche por agentes sin orden judicial ni uniforme a la vista, los detenidos son trasladados a centros clandestinos donde el principio de Habeas Corpus es sistemáticamente vulnerado: la incomunicación con abogados, la privación de alimentos y las violencias físicas se volvieron moneda corriente. A modo de ejemplo, un reciente informe de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó la detención arbitraria de 42 opositores políticos desde enero de 2026, vinculados en su mayoría al PPRD de Joseph Kabila.

Esta denegación de justicia se inscribe, a mayor escala, en el contexto de un colapso total del sistema penitenciario congoleño. Todos los reclusos, ya sean presos políticos o comunes, se enfrentan a condiciones inhumanas exacerbadas por un hacinamiento endémico (que supera el 1000% en la cárcel de Makala) y por la ausencia absoluta de financiamiento estatal. Tal como lo reporta la prensa local (Congo Quotidien), 124 personas se encuentran actualmente encarceladas en la prisión de Bulungu a la espera de un juicio, algunas desde hace más de un año. Esta demora estructural en el procesamiento de las causas se debe a la falta de un tribunal penal competente. Librados a su suerte, estos establecimientos ya no reciben ningún tipo de partida presupuestaria del Estado, ni siquiera el mínimo indispensable para garantizar la atención médica o la alimentación de los detenidos.

La simultaneidad entre este vaciamiento estatal y la multiplicación de detenciones arbitrarias por parte del CNC demuestra que el colapso del sistema penitenciario no responde a una simple falta de recursos económicos, sino que es el resultado de una decisión política deliberada: la de considerar la justicia no como un servicio público que garantiza la protección de los ciudadanos, sino como una herramienta para asegurar la permanencia en el poder del régimen.

Sumado a este desolador panorama penitenciario, el levantamiento de la moratoria sobre la pena de muerte en marzo de 2024 por parte de Tshisekedi representa el punto cúlmine de esta regresión autoritaria. Oficialmente justificada por la necesidad de purgar al ejército de los elementos acusados de complicidad con la rebelión del M23, esta medida se asemeja a un arma de terror político. Según las misiones de investigación llevadas a cabo por organizaciones como «Juntos contra la Pena de Muerte» (ECPM), cerca de mil congoleños se encuentran actualmente condenados a la pena capital tras haber sido sometidos a juicios sumarios. Cerca del 75% de los condenados denuncian haber sufrido tratos inhumanos o torturas durante los interrogatorios, métodos de extrema brutalidad empleados con el fin de arrancarles confesiones y acelerar artificialmente los procesos penales.

El conflicto en el Este: los civiles atrapados entre el Ejército regular y los grupos rebeldes 

Critical Threats Project (CTP), Congo War Security Review, mapa elaborado por Yale Ford y Abigail Taylor, 26 de junio de 2026. Disponible en: Critical Threats

 Si en el poder central se observa un blindaje del espacio político y cívico, es en gran medida para compensar la pérdida total de control en las provincias orientales del país (Kivu del Norte y Kivu del Sur), hoy bajo dominio rebelde. La alta intensidad del conflicto (evaluada en 9/10 en el BTI 2026) encuentra su explicación en las tensiones étnicas que siguieron al genocidio de los tutsis en Ruanda en 1994. Los genocidas hutus huyeron hacia las provincias de Kivu y, bajo el pretexto de perseguirlos, países vecinos como Ruanda le brindan apoyo logístico a los grupos rebeldes, en particular al M23, de mayoría tutsi.

De hecho, con un puntaje de 3/10 en materia de monopolio del uso de la fuerza en 2026, el BTI confirma la pérdida de control del Estado congoleño en favor de la soberanía de la coalición AFC/M23. Ya no se trata de una simple guerrilla, sino de una estructura cuasi estatal que se instaló, imponiéndose mediante la recaudación de impuestos, el control territorial por la fuerza y el dominio de la renta minera tras la toma de la mina de Rubaya en 2024. El avance de la rebelión en Kivu del Sur, marcado por la toma del aeropuerto de Kavumu, el último aeropuerto del este del país bajo control gubernamental, ratifica la voluntad del grupo armado de apoderarse de la totalidad del territorio, tal como lo había precisado el líder de la AFC.

La desposesión del territorio es facilitada, e incluso fomentada, por los Estados vecinos y las grandes multinacionales. La ONU documenta la presencia de soldados ruandeses operando junto al M23 para garantizar el lavado de los «minerales de sangre», que terminan en las cadenas de suministro de empresas tecnológicas como Apple. Más al norte, el ejército ugandés se inmiscuyó en territorio congoleño con idénticos intereses mineros. Con la excusa de combatir el terrorismo del grupo islamista ugandés ADF (Fuerzas Democráticas Aliadas), Uganda se apodera de los minerales de las zonas fronterizas y no hace más que expandir el radio de acción de las ADF, que masacran a la población congoleña, como ocurrió en las matanzas del 11 y el 16 de marzo pasados.

Frente a estas invasiones, el Estado no solo abandona a su población, sino que es partícipe de las atrocidades que esta padece. El ejército regular (FARDC), carcomido por la corrupción, terceriza la guerra en milicias locales que participan de los crímenes cometidos. El reciente ataque con drones perpetrado por las FARDC, que mató a una decena de civiles, deja en total evidencia esta letal violencia de Estado.

Por otra parte, las mujeres y las niñas son el blanco de una estrategia militar aterradora: el uso de la violación como arma de guerra. Tal como lo recuerda la Fundación Panzi, estos abusos no son meros daños colaterales, sino una técnica bélica en sí misma. Al apuntar contra las mujeres, los soldados persiguen un doble objetivo: destruir el tejido comunitario desde adentro a través del estigma social y forzar a las poblaciones a abandonar sus tierras fértiles y mineras. Un informe de Human Rights Watch (HRW) arroja un saldo escalofriante: 80.000 casos de violación registrados únicamente en el este del país entre enero y septiembre de 2025. Un horror sistémico que las mujeres y niñas congoleñas ya no solo temen, sino que trágicamente esperan. Esta estrategia es empleada por los grupos armados, pero también por el ejército regular, aun cuando la RDC adhirió a varios acuerdos internacionales que la obligan a prohibir esta práctica, castigar a los culpables y asistir a las víctimas. La intensificación de los combates, sumada a la extrema dificultad para hacer llegar la ayuda humanitaria, provocó el colapso del sistema de salud. Esta enorme presión que recae sobre las clínicas se ve dramáticamente agravada por los severos recortes en la ayuda estadounidense. Debido a esta caída drástica del financiamiento internacional, muchos centros médicos tuvieron que cerrar sus puertas, dejando a las mujeres expuestas a enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, o a embarazos no deseados.

El colapso de la administración pública, calificada con un 2/10 en el BTI 2026, transforma la fragmentación del territorio en una catástrofe humanitaria y sanitaria total, y representa una gravísima vulneración del derecho a la protección social. El éxodo forzado de los congoleños los empuja hacia centros de tránsito y refugiados, particularmente en Burundi, que hoy se encuentran totalmente saturados. El hacinamiento de estas poblaciones en condiciones de extrema precariedad crea el caldo de cultivo ideal para la propagación fulminante de epidemias mortales como el cólera o el ébola, que actualmente atraviesa un brote crítico con cerca de 250 muertes desde el inicio de esta 17.ª epidemia. La destrucción de la infraestructura, sumada al desfinanciamiento de la salud pública, vuelve casi imposible la intervención humanitaria, sobre todo ahora que se cerró el último aeropuerto de la región. Más allá de este aislamiento, décadas de desinformación y de violencia contra los civiles generaron una profunda desconfianza hacia el personal humanitario presente en el terreno, convirtiéndolos también a ellos en blanco de ataques violentos.

Una economía de la sangre prometedora

Si bien el país parece colapsado y arrasado por el conflicto en el este, cabe recordar que esto no es solamente un fracaso del gobierno, sino quizás, más bien, una estrategia. El caos es la base del extractivismo depredador, lo que se denomina la «economía de la sangre», y esto explica el sórdido paradoxo de la RDC. El país posee cerca del 70% de las reservas mundiales de cobalto y genera miles de millones de dólares de crecimiento gracias a los minerales críticos de los que dispone; sin embargo, su población sigue siendo una de las más pobres del planeta, con un índice de desarrollo humano tan bajo que lo ubica en el puesto 171 sobre 193.

Esta situación de extrema pobreza y de falta de control territorial por parte del Estado beneficia en primer lugar a las potencias extranjeras, que utilizan la diplomacia y los intentos de acuerdos de paz para garantizar su acceso a los recursos. La firma de los «Acuerdos de Washington» en 2025 entre Estados Unidos, la RDC y Ruanda ilustra esta dinámica. Para la administración Trump, la urgencia no es detener las violaciones a los derechos humanos que sufren los congoleños, sino hacer frente a la presencia china en África Central. Así, se minimiza el rol de Ruanda en el conflicto para permitir el lavado de los minerales congoleños y abastecer de este modo a las multinacionales estadounidenses. Buscando asegurarse la protección diplomática de Estados Unidos de cara a su reelección en 2028, el presidente Tshisekedi se mostró dispuesto a aceptar numerosas concesiones, como la recepción de decenas de migrantes latinoamericanos expulsados por las autoridades migratorias estadounidenses.

De este modo, el país exhibe un desempeño económico de 6/10 en el BTI 2026, lo que describe las oportunidades que podrían ser prometedoras. Sin embargo, como lo demuestra el estancamiento de la curva de Transformación Económica en el gráfico histórico, estas riquezas nunca se derraman hacia la población. El contraste con los resultados en desarrollo socioeconómico o en el régimen de protección social, ambos calificados con un 1/10, es abismal. Mientras que el 81% de los congoleños vive por debajo de la línea de pobreza según el Banco Mundial, el crecimiento registra altos índices, alcanzando un 6% en 2024. Ante la falta de una seguridad social eficaz, los congoleños se ven obligados a bajar a las minas, lo que profundiza su vulnerabilidad y aumenta sus necesidades médicas. Esta economía de la sangre implica, en particular, la expropiación de las tierras de ciertas comunidades, con el fin de garantizarles a las élites y a los inversores el acceso a los recursos. Estas tierras son luego cedidas a inversores en la más absoluta opacidad, lo cual se refleja en el puntaje de 2/10 en política anticorrupción.

Por último, esta economía viene acompañada de una destrucción irreversible de los ecosistemas. Calificada con un 2/10 por su política ambiental en el informe 2026, la RDC es el escenario del máximo cinismo de nuestra época. Los mercados occidentales y asiáticos se disputan el cobre y el cobalto congoleños para «reverdecer» su industria y fabricar vehículos eléctricos, pero esta transición ecológica mundial se asienta sobre un ecocidio local. Los desechos tóxicos de las industrias extractivas y el uso de ácido y mercurio sin ningún tipo de control contaminan las napas freáticas, envenenan los ríos y esterilizan las tierras agrícolas, privando a las poblaciones de sus medios de subsistencia tradicionales. La RDC se transforma así en un basurero tóxico, sacrificando la salud de sus ciudadanos y su medio ambiente para permitir que los países del Norte global se compren una buena conciencia climática.

Conclusion

El análisis de los resultados del BTI 2026 impone, por lo tanto, la necesidad de redefinir la noción misma de soberanía. El Estado congoleño no está ausente: es selectivo. Se retira allí donde su presencia implicaría un costo (servicios públicos, justicia, seguridad de la población) y se impone allí donde resulta rentable (represión, control político, extracción de rentas). Esta selectividad no es el síntoma de una incapacidad institucional, sino el producto de una decisión política estructural. Esta arquitectura plantea un interrogante que trasciende las fronteras congoleñas: la complicidad de las cadenas de suministro globales en las violaciones a los derechos humanos. El cobalto y el coltán extraídos en condiciones de ecocidio y de trabajo forzoso alimentan directamente a las industrias de la transición energética en Europa, América del Norte y Asia. Ahora bien, si el marco jurídico internacional, en particular, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, establece el principio de debida diligencia, su aplicación sigue siendo en gran medida voluntaria e insuficientemente vinculante.

Es finalmente en el terreno sanitario donde el colapso sistémico del Estado congoleño encuentra su expresión más evidente. La 17.ª epidemia de ébola en Ituri no es una anomalía, sino la consecuencia previsible de un sistema en el que el desmantelamiento de los servicios públicos, los desplazamientos forzados y el desplome de la ayuda humanitaria crean de manera permanente las condiciones para una catástrofe. Este mecanismo trasciende la RDC: la OMS documenta una correlación creciente entre las zonas de conflicto armado y los principales focos epidémicos a nivel mundial. El verdadero interrogante que plantea el caso congoleño es, entonces, el siguiente: ¿hasta cuándo podrá la comunidad internacional seguir tratando por separado crisis sanitarias, de seguridad y económicas que, en el terreno, conforman un único y mismo desastre?

Thibaut Francois

Pasante internacional de CADAL

Pasante internacional de CADAL. Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Lumière Lyon y está cursando el Máster en Ciencia Política – Política Comparada y Cooperación Internacional: Américas, Universite de Bordeaux.