Brasil engloba muchos de los problemas que afectan a la región: corrupción, violencia callejera, casos de abusos policiales, y arraigados estereotipos en la sociedad que hacen que todos estos problemas a su vez adquieran una mayor gravedad en minorías. Al respecto, tanto los dichos de Bolsonaro como su falta de compromiso hacia la agenda progresista no ayudan a solucionar los problemas estructurales de Brasil y el país parece estar yendo en dirección opuesta a la que debería ir.

Por Alejandro Di Franco

Los cruces entre la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvieron mucha repercusión mediática con distintos actores en Brasil, Chile y otros países, tomando rápidamente posiciones al respecto. Si bien Lula Da Silva y Dilma Rousseff, expresidentes de Brasil y miembros del PT opositor a Bolsonaro, criticaron al actual presidente, lo más llamativo fue que incluso Sebastian Pineira, opositor de Bachelet, salió a defenderla frente a los dichos de Bolsonaro.

Los dichos de Bolsonaro (“Señora Michelle Bachelet: si no fuera por el personal de Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”) se suman a una serie de frases reivindicativas de regímenes autoritarios del continente (como la referencia a la dictadura de su propio país diciendo que su error había sido “torturar y no matar”).

Todo esto sumado a la presión internacional y las críticas que recibió el mandatario brasileño en las últimas semanas, particularmente por los incendios en la Amazonia. Si bien la destrucción de la selva tropical más grande del mundo ha sido un tema desde hace varias décadas (y es menor a la que había en los años 90s por ejemplo), la reacción mundial se vio aumentada por el hecho de que en junio la deforestación aumentó un 88% y por las actitudes que ha tenido la administración actual hacia las políticas del medio ambiente (que van desde las amenazas durante la campaña presidencial de retirar al país del acuerdo de Paris a considerar el calentamiento global como un invento de los “Marxistas culturales”).

Más allá de esto, cabe recordar que muchas de las situaciones alarmantes en Brasil no comenzaron con la actual administración sino que corresponden a problemas estructurales. La misma Bachelet dijo que desde 2012 (es decir, 7 años antes de que asuma el actual mandatario) “Brasil es uno de los países con más asesinatos de activistas de derechos humanos”.

Asimismo, el último Examen Periódico Universal de Brasil, realizado en 2017, ya advertía sobre muchas problemáticas que atentaban contra los derechos civiles de su población. La discriminación (incluso por parte del Estado) de la población LGBT, la violencia generalizada de la policía militar, el componente racial en la violencia callejera, los malos tratos hacia personas privadas de su libertad o el hacinamiento en los centros de detención, ya preocupaban al Grupo de Trabajo antes de la llegada de Bolsonaro.

La violencia sigue siendo un tema grave en el país (recordemos que el mismo Bolsonaro fue atacado en el 2018 cuando estaba en campaña) y las cifras dan solo una idea de la escala que esta adquiere: 64 mil homicidios, 367 oficiales de policías asesinados, 5144 asesinados por la policía (un aumento de un 20% con respecto a 2016) y 1133 femicidios registrados.

De alguna manera, Brasil engloba muchos de los problemas que afectan a la región: corrupción, violencia callejera, casos de abusos policiales, y arraigados estereotipos en la sociedad que hacen que todos estos problemas a su vez adquieran una mayor gravedad en minorías. Estas minorías a menudo tienen que enfrentar situaciones muy duras. En los dos últimos años, ha habido 765 homicidios contra la comunidad LGBT, que además sigue enfrentando discriminación en distintos ámbitos (este año se hizo conocido el caso del primer diputado brasileño abiertamente gay, Jean Wyllys, que tuvo que renunciar e irse del país; y esta semana el alcalde de Rio de Janeiro intentó censurar un cómic que mostraba un beso gay).

Al respecto, tanto los dichos de Bolsonaro como su falta de compromiso hacia la agenda progresista no ayudan a solucionar los problemas estructurales de Brasil. El país, que ya venía de por sí con algunas problemáticas complejas de resolver, parece estar yendo en dirección opuesta a la que debería ir. Freedom House, por ejemplo, si bien sigue catalogando a Brasil como un país libre, le bajó 3 puntos en su último informe, entre otras cosas, por la violencia política durante la campaña presidencial y los discursos de odio, la actitud hostil contra activistas del medio ambiente y la violencia entre pandillas vinculadas al narcotráfico.

Por estos motivos, es importante recordar que más allá de lo conyuntural, Brasil enfrenta varios problemas estructurales que no surgieron en los últimos días, y que a su vez van a ser difíciles de solucionar, sobre todo cuando son minimizados o negados por su propia dirigencia política. Asimismo, con una historia con gobiernos militares, Brasil requiere, para mantener un marco democrático, una defensa activa y continua del mismo. Bolsonaro critica a Venezuela y a Cuba (críticas que a veces se le van de la mano, llegando a pedir una intervención militar) pero al mismo tiempo reivindica a Pinochet o a la dictadura de su propio país. La defensa de la democracia no puede tener un sesgo ideológico, y se debe alertar sobre avances autoritarios sin importar si son de derecha o izquierda.

Alejandro Di Franco

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue voluntario en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Ha participado en varios seminarios y foros con personalidades nacionales e internacionales de la política y la academia.