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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
2019: el año que puede confirmar la degradación democrática en Bolivia
Además de las dudas sobre la legitimidad de la candidatura de Evo Morales, su campaña electoral es criticada a causa de la proximidad del tribunal electoral con el gobierno y del uso por parte de este de los recursos estatales para propaganda. En noviembre, Bolivia enfrentará su tercer examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.Por CADAL
La organización Freedom House considera a Bolivia como si fuera un estado parcialmente libre, con elecciones “regularmente organizadas”, pero cabe destacar que la situación parece empeorar, y que el año 2019 cuenta con muchos desafíos para la democracia en Bolivia, sobre todo al nivel electoral.
Primero, el año 2019 es una oportunidad para que la comunidad internacional pueda expresarse sobre la situación democrática y política de Bolivia con la llegada del tercer EPU del país, el próximo mes de noviembre. En este marco, Amnistía Internacional publicó un informe preocupante sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, y más que nada, sobre la situación de los opositores y los defensores de los derechos humanos.
Amnistía pone de relieve el hecho de que los dos últimos años estuvieron marcados por la creciente complicación de los defensores de los derechos humanos para realizar su trabajo. En efecto, el gobierno de Morales, además de no legitimar el trabajo de las ONG, y de los defensores de los derechos humanos, trata de poner obstáculos a su creación y pone barreras a sus acciones. Por ejemplo, el caso de Amparo Carvajal lo ilustra perfectamente. La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia conoce hoy una inseguridad que resulta de su compromiso político. Esta histórica defensora de los DDHH en el país ha sufrido acusaciones públicas por parte de autoridades del más alto nivel del estado boliviano, por homicidio y crimen organizado. Al acusarla públicamente, sin elementos de juicio, se pone todo su trabajo anterior, y su legitimad en riesgo. Estas acusaciones ocurrieron después de la muerte de dos campesinos y de un policía en la comunidad La Asunta, en agosto de 2018. Esta comunidad era objeto de acontecimientos violentos desde principio del mismo año, porque la policía quería erradicar los cultivos de hoja de coca en esta región. El Ministro de Gobierno Carlos Romero, responsabilizó a Amparo Carvajal, con el objetivo de estigmatizar a los defensores de derechos humanos.
Mario Cossio, político boliviano, prefecto del departamento de Tarija desde 2006 hasta 2011, tal como Amnistía Internacional, testimonió sobre su situación y expresó su preocupación en una entrevista para el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Este político fue obligado exiliarse a Paraguay después de oponerse a la perpetuación de Evo Morales en el poder. Ahora, quiere llamar la atención sobre la actitud del gobierno que trata de “atemorizar” a la población. Por otra parte, Evo Morales niega completamente esta realidad, como se ve por ejemplo cuando el gobierno rechazó la única recomendación hecha en el marco del segundo EPU sobre la situación de los derechos humanos. En efecto, Bolivia cerró el debate sobre las críticas que se hicieron en el EPU de 2014, diciendo que “El Gobierno de Bolivia reconoce, tanto en el derecho como en la práctica, el derecho a la libertad de expresión, opinión e información. Además, apoya la creación de organizaciones y la autorregulación de los empleados de los medios de comunicación, que son participativos e inclusivos”. Sin embargo, existe en Bolivia la ley número 351 la cual “permite la revocación de la personalidad juridica de organizaciones no gubernamentales cuales no respetaran las políticas sectoriales o que tienen actividades distintas de las que son escritas en sus estatutos”. Con este tipo de ley, parece difícil considerar que existe la plena libertad de asociación cuando se sabe que el gobierno pueda suprimir organizaciones.
Asimismo, un informe de Human Rights Watch (HRW), plantea también que Evo Morales ha generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos, y que menoscaba su posibilidad de trabajar de manera independiente. En 2015, amenazaron con expulsar del país una ONG (CEDIB) por haber cuestionado públicamente decretos legislativos relacionados con la industria petrolera. Estos textos ponían en peligro áreas protegidas y a los pueblos indígenas que viven en estos lugares. Los miembros de la ONG sufrieron acoso, con la publicación de fotos personales. Finalmente, en 2017, fuerzas de seguridad desalojaron la sede de la CEDIB. La ONG pidió una protección de sus archivos y su personal, pero no obtuvo respuesta. Luego, sin avisar, una orden judicial congeló las cuentas de la ONG.
Ya en el marco del primer EPU, la oficina del Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que el número de agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos seguía aumentando, en particular en contra de asociaciones que defendían los derechos de los pueblos indígenas y de la sociedad campesina.
Además de ser perseguidos, los activistas de los derechos humanos enfrentan un problema muy grande en Bolivia: el sistema judicial. Por una parte, el uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios generan una sobrepoblación carcelaria. Durante el segundo EPU, el Comité de los derechos humanos declaró su preocupación porque “más del 80% de las personas presas no han sido condenadas”. A mediados de 2018, más de 16.000 presos se encontraban hacinados en cárceles construidas para albergar a un máximo de aproximadamente 5.000. Para abordar este problema de sobrepoblación, existen decretos que permiten al presidente reducir las penas de las personas. Según HRW más de 5 000 personas entre 2012 y 2018 se han beneficiado de esta herramienta a disposición del presidente. Estos decretos son un ejemplo de que, por otra parte, el sistema está gravemente afectado por corrupción, interferencia política y falta de independencia judicial.
La ambivalencia de las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder judicial se acentuó con una reforma iniciada en 2016. En efecto, durante la cumbre nacional de justicia de ese año se implementaron cambios para el proceso de selección de los magistrados de altas cortes. Después, en 2017 se creó una comisión por parte del Congreso para llevar a cabo la reforma. Sobre los 9 miembros de la comisión, 5 fueron del partido de Evo Morales (Movimiento para el socialismo). En 2018, esta misma comisión designó a 77 jueces, a pesar de que esta facultad corresponde a un consejo de la magistratura independiente del poder ejecutivo. Por lo tanto, la situación democrática del país no mejora sino que se degrada, puesto que no existe una verdadera separación entre los poderes en Bolivia y que la justicia boliviana se caracteriza por un sistema donde inocentes están presos, la impunidad favorece a los culpables, y no toda la población accede fácilmente a la justicia.
Además, Bolivia sigue usando leyes que son contrarias al derecho internacional. Así, aunque esté prohibida la aplicación retroactiva de reformas en las leyes penales, desde 2016 la Fiscalía General del Estado lo hizo contra líderes opositores como Samuel Doria Medina o los ex presidentes Quiroga y Mesa.
Por otra parte, 2019 será un año clave para la democracia boliviana, dado que en octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales, las cuales hasta ahora evidencian el problema de transparencia que existe en Bolivia. Parece que el aparato jurídico sirve a los intereses del gobierno más que de la población. En Bolivia, la Constitución permitía renovar una vez el mandato presidencial, lo que otorgaba al jefe del estado quedarse dos periodos de 5 años al poder. Sin embargo, en 2013 un fallo del Tribunal Constitucional permitió a Evo Morales que se postulara a un tercer mandato. En 2016, el gobierno hizo un referéndum nacional para permitir un cambio constitucional con el objetivo que Evo Morales pudiera presentarse de nuevo. A pesar de que el pueblo votó masivamente a favor del NO, en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional eliminó los límites a la reelección, lo que le dio a Morales la posibilidad postularse a un cuarto mandato.
Esta decisión no solo divide a la población, sino también a la comunidad internacional. Por un lado, se teme una monopolización del poder, por parte de un presidente que maneja el mismo sistema judicial que le permitió presentarse de nuevo. Se teme estar asistiendo a las vísperas de un proceso político como el de Cuba o de Venezuela: dictaduras. Aún con esta decisión del Tribunal Constitucional, le resulta difícil a Evo Morales gozar de una plena legitimidad en un país donde no hay separación entre los poderes.
Por otra parte, en mayo de 2019, el secretario general de la OEA, Luis Almagro apoyó públicamente la cuarta candidatura de Evo Morales. Esta declaración generó reacciones por parte de ciudadanos, organizaciones, presos y exiliados políticos, periodistas, parlamentarios y líderes políticos. Las parlamentarias bolivianas, la Senadora Carmen Eva Gonzales y la Diputada Norma Piérola presentaron en el despacho del Presidente del Consejo Permanente de la OEA, Embajador de los Estados Unidos Carlos Trujillo, una carta para que la 49 Asamblea General de Medellín trate la situación en Bolivia y reconozca que existe una crisis de la democracia. El periodista Carlos Sánchez Berzain, había escrito que temía que esta cumbre americana, no tratando la crisis en Bolivia, sea “la que encubre la dictadura de Bolivia”. Después, escribió que «la OEA ha fracasado en los temas más importantes de democracia y derechos humanos, ignorando el tema de Bolivia». Así, mientras se sabe que la situación es turbia, que Evo Morales no tuvo el apoyo popular, que reformó el proceso de selección de magistrados con lo cual logró que más de la mitad de los jueces elegidos sean ex colaboradores, el Secretario General de la OEA se expresó a favor de Morales. También, como sigue explicando el periodista Carlos Sánchez Berzain, llama la atención la ausencia de un informe sobre los derechos humanos en Bolivia, como ha realizado la OEA sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, que considere e investigue los presos políticos y la persecución de Evo Morales, como la reciente detención del menor Rafael Chambi Julián, o la de los cuatro campesinos cocaleros de Yungas.
Además de las dudas sobre la legitimidad de la candidatura de Evo Morales, su campaña electoral es criticada a causa de la proximidad del tribunal electoral con el gobierno y del uso por parte de este de los recursos estatales para propaganda.
Cabe añadir que estas elecciones toman lugar en un contexto donde varios problemas siguen siendo muy importantes en Bolivia, como la falta de libertad de información. Ya desde el primer EPU, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia informó que, en 2008, 117 periodistas sufrieron agresiones verbales y físicas, por las cuales ni una investigación fue abierta. En el segundo EPU, la UNESCO alentó al gobierno de Bolivia a poner en conformidad la ley sobre la libertad de información con las normas internacionales, y a asegurar que los periodistas puedan ejercer su profesión de manera libre y segura, y a investigar sobre las agresiones que sufren.
Para terminar, la situación de los niños, de las mujeres, de los discapacitados y de los indígenas siguen muy vulnerables. Bolivia rechazó todas las recomendaciones hechas sobre el trabajo infantil después de los dos EPU. Acerca de los derechos de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional recomienda que el estado boliviano garantice el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre los proyectos que puedan afectarles, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, en agosto de 2017, el presidente promulgó la Ley 969, que autorizaba la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), una de las principales reservas de agua de Bolivia y hogar de aproximadamente 14.000 personas, principalmente de pueblos indígenas. Promulgaron esta ley, a pesar de que esta zona es un área protegida, lo que suscitó mucha incertidumbre en las comunidades indígenas. En los dos EPU, el Consejo para la eliminación de la discriminación racial, se mostró preocupado por el hecho de que siguen existiendo indígenas presos. Recomendó al gobierno boliviano hacer todo lo que pueda para prevenir las formas contemporáneas de esclavitud, y que se realice una investigación para garantizar a los guaranís un acceso a la justicia. Así, se recomendó a Bolivia tomar medidas necesarias para poner un fin a la impunidad que existe, persiguiendo mediante la justica a todos los autores de violencia y discriminación racial.
Así, con el acercamiento del tercer EPU, proceso que puede tener un gran eco y llevar cambio en los países, hay que seguir recomendado a propósito de la transparencia política, la abolición del trabajo infantil y pidiendo una igualdad para todos. Siendo realista, el panorama de los derechos humanos en Bolivia es preocupante, con un gobierno que busca modificar la constitución para asegurarse monopolizar el poder, más que enfocarse en las enfermedades de la sociedad, como el sistema judicial: lento, injusto y peligroso.
La organización Freedom House considera a Bolivia como si fuera un estado parcialmente libre, con elecciones “regularmente organizadas”, pero cabe destacar que la situación parece empeorar, y que el año 2019 cuenta con muchos desafíos para la democracia en Bolivia, sobre todo al nivel electoral.
Primero, el año 2019 es una oportunidad para que la comunidad internacional pueda expresarse sobre la situación democrática y política de Bolivia con la llegada del tercer EPU del país, el próximo mes de noviembre. En este marco, Amnistía Internacional publicó un informe preocupante sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, y más que nada, sobre la situación de los opositores y los defensores de los derechos humanos.
Amnistía pone de relieve el hecho de que los dos últimos años estuvieron marcados por la creciente complicación de los defensores de los derechos humanos para realizar su trabajo. En efecto, el gobierno de Morales, además de no legitimar el trabajo de las ONG, y de los defensores de los derechos humanos, trata de poner obstáculos a su creación y pone barreras a sus acciones. Por ejemplo, el caso de Amparo Carvajal lo ilustra perfectamente. La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia conoce hoy una inseguridad que resulta de su compromiso político. Esta histórica defensora de los DDHH en el país ha sufrido acusaciones públicas por parte de autoridades del más alto nivel del estado boliviano, por homicidio y crimen organizado. Al acusarla públicamente, sin elementos de juicio, se pone todo su trabajo anterior, y su legitimad en riesgo. Estas acusaciones ocurrieron después de la muerte de dos campesinos y de un policía en la comunidad La Asunta, en agosto de 2018. Esta comunidad era objeto de acontecimientos violentos desde principio del mismo año, porque la policía quería erradicar los cultivos de hoja de coca en esta región. El Ministro de Gobierno Carlos Romero, responsabilizó a Amparo Carvajal, con el objetivo de estigmatizar a los defensores de derechos humanos.
Mario Cossio, político boliviano, prefecto del departamento de Tarija desde 2006 hasta 2011, tal como Amnistía Internacional, testimonió sobre su situación y expresó su preocupación en una entrevista para el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Este político fue obligado exiliarse a Paraguay después de oponerse a la perpetuación de Evo Morales en el poder. Ahora, quiere llamar la atención sobre la actitud del gobierno que trata de “atemorizar” a la población. Por otra parte, Evo Morales niega completamente esta realidad, como se ve por ejemplo cuando el gobierno rechazó la única recomendación hecha en el marco del segundo EPU sobre la situación de los derechos humanos. En efecto, Bolivia cerró el debate sobre las críticas que se hicieron en el EPU de 2014, diciendo que “El Gobierno de Bolivia reconoce, tanto en el derecho como en la práctica, el derecho a la libertad de expresión, opinión e información. Además, apoya la creación de organizaciones y la autorregulación de los empleados de los medios de comunicación, que son participativos e inclusivos”. Sin embargo, existe en Bolivia la ley número 351 la cual “permite la revocación de la personalidad juridica de organizaciones no gubernamentales cuales no respetaran las políticas sectoriales o que tienen actividades distintas de las que son escritas en sus estatutos”. Con este tipo de ley, parece difícil considerar que existe la plena libertad de asociación cuando se sabe que el gobierno pueda suprimir organizaciones.
Asimismo, un informe de Human Rights Watch (HRW), plantea también que Evo Morales ha generado un clima hostil para los defensores de derechos humanos, y que menoscaba su posibilidad de trabajar de manera independiente. En 2015, amenazaron con expulsar del país una ONG (CEDIB) por haber cuestionado públicamente decretos legislativos relacionados con la industria petrolera. Estos textos ponían en peligro áreas protegidas y a los pueblos indígenas que viven en estos lugares. Los miembros de la ONG sufrieron acoso, con la publicación de fotos personales. Finalmente, en 2017, fuerzas de seguridad desalojaron la sede de la CEDIB. La ONG pidió una protección de sus archivos y su personal, pero no obtuvo respuesta. Luego, sin avisar, una orden judicial congeló las cuentas de la ONG.
Ya en el marco del primer EPU, la oficina del Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que el número de agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos seguía aumentando, en particular en contra de asociaciones que defendían los derechos de los pueblos indígenas y de la sociedad campesina.
Además de ser perseguidos, los activistas de los derechos humanos enfrentan un problema muy grande en Bolivia: el sistema judicial. Por una parte, el uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios generan una sobrepoblación carcelaria. Durante el segundo EPU, el Comité de los derechos humanos declaró su preocupación porque “más del 80% de las personas presas no han sido condenadas”. A mediados de 2018, más de 16.000 presos se encontraban hacinados en cárceles construidas para albergar a un máximo de aproximadamente 5.000. Para abordar este problema de sobrepoblación, existen decretos que permiten al presidente reducir las penas de las personas. Según HRW más de 5 000 personas entre 2012 y 2018 se han beneficiado de esta herramienta a disposición del presidente. Estos decretos son un ejemplo de que, por otra parte, el sistema está gravemente afectado por corrupción, interferencia política y falta de independencia judicial.
La ambivalencia de las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder judicial se acentuó con una reforma iniciada en 2016. En efecto, durante la cumbre nacional de justicia de ese año se implementaron cambios para el proceso de selección de los magistrados de altas cortes. Después, en 2017 se creó una comisión por parte del Congreso para llevar a cabo la reforma. Sobre los 9 miembros de la comisión, 5 fueron del partido de Evo Morales (Movimiento para el socialismo). En 2018, esta misma comisión designó a 77 jueces, a pesar de que esta facultad corresponde a un consejo de la magistratura independiente del poder ejecutivo. Por lo tanto, la situación democrática del país no mejora sino que se degrada, puesto que no existe una verdadera separación entre los poderes en Bolivia y que la justicia boliviana se caracteriza por un sistema donde inocentes están presos, la impunidad favorece a los culpables, y no toda la población accede fácilmente a la justicia.
Además, Bolivia sigue usando leyes que son contrarias al derecho internacional. Así, aunque esté prohibida la aplicación retroactiva de reformas en las leyes penales, desde 2016 la Fiscalía General del Estado lo hizo contra líderes opositores como Samuel Doria Medina o los ex presidentes Quiroga y Mesa.
Por otra parte, 2019 será un año clave para la democracia boliviana, dado que en octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales, las cuales hasta ahora evidencian el problema de transparencia que existe en Bolivia. Parece que el aparato jurídico sirve a los intereses del gobierno más que de la población. En Bolivia, la Constitución permitía renovar una vez el mandato presidencial, lo que otorgaba al jefe del estado quedarse dos periodos de 5 años al poder. Sin embargo, en 2013 un fallo del Tribunal Constitucional permitió a Evo Morales que se postulara a un tercer mandato. En 2016, el gobierno hizo un referéndum nacional para permitir un cambio constitucional con el objetivo que Evo Morales pudiera presentarse de nuevo. A pesar de que el pueblo votó masivamente a favor del NO, en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional eliminó los límites a la reelección, lo que le dio a Morales la posibilidad postularse a un cuarto mandato.
Esta decisión no solo divide a la población, sino también a la comunidad internacional. Por un lado, se teme una monopolización del poder, por parte de un presidente que maneja el mismo sistema judicial que le permitió presentarse de nuevo. Se teme estar asistiendo a las vísperas de un proceso político como el de Cuba o de Venezuela: dictaduras. Aún con esta decisión del Tribunal Constitucional, le resulta difícil a Evo Morales gozar de una plena legitimidad en un país donde no hay separación entre los poderes.
Por otra parte, en mayo de 2019, el secretario general de la OEA, Luis Almagro apoyó públicamente la cuarta candidatura de Evo Morales. Esta declaración generó reacciones por parte de ciudadanos, organizaciones, presos y exiliados políticos, periodistas, parlamentarios y líderes políticos. Las parlamentarias bolivianas, la Senadora Carmen Eva Gonzales y la Diputada Norma Piérola presentaron en el despacho del Presidente del Consejo Permanente de la OEA, Embajador de los Estados Unidos Carlos Trujillo, una carta para que la 49 Asamblea General de Medellín trate la situación en Bolivia y reconozca que existe una crisis de la democracia. El periodista Carlos Sánchez Berzain, había escrito que temía que esta cumbre americana, no tratando la crisis en Bolivia, sea “la que encubre la dictadura de Bolivia”. Después, escribió que «la OEA ha fracasado en los temas más importantes de democracia y derechos humanos, ignorando el tema de Bolivia». Así, mientras se sabe que la situación es turbia, que Evo Morales no tuvo el apoyo popular, que reformó el proceso de selección de magistrados con lo cual logró que más de la mitad de los jueces elegidos sean ex colaboradores, el Secretario General de la OEA se expresó a favor de Morales. También, como sigue explicando el periodista Carlos Sánchez Berzain, llama la atención la ausencia de un informe sobre los derechos humanos en Bolivia, como ha realizado la OEA sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, que considere e investigue los presos políticos y la persecución de Evo Morales, como la reciente detención del menor Rafael Chambi Julián, o la de los cuatro campesinos cocaleros de Yungas.
Además de las dudas sobre la legitimidad de la candidatura de Evo Morales, su campaña electoral es criticada a causa de la proximidad del tribunal electoral con el gobierno y del uso por parte de este de los recursos estatales para propaganda.
Cabe añadir que estas elecciones toman lugar en un contexto donde varios problemas siguen siendo muy importantes en Bolivia, como la falta de libertad de información. Ya desde el primer EPU, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia informó que, en 2008, 117 periodistas sufrieron agresiones verbales y físicas, por las cuales ni una investigación fue abierta. En el segundo EPU, la UNESCO alentó al gobierno de Bolivia a poner en conformidad la ley sobre la libertad de información con las normas internacionales, y a asegurar que los periodistas puedan ejercer su profesión de manera libre y segura, y a investigar sobre las agresiones que sufren.
Para terminar, la situación de los niños, de las mujeres, de los discapacitados y de los indígenas siguen muy vulnerables. Bolivia rechazó todas las recomendaciones hechas sobre el trabajo infantil después de los dos EPU. Acerca de los derechos de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional recomienda que el estado boliviano garantice el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre los proyectos que puedan afectarles, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, en agosto de 2017, el presidente promulgó la Ley 969, que autorizaba la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), una de las principales reservas de agua de Bolivia y hogar de aproximadamente 14.000 personas, principalmente de pueblos indígenas. Promulgaron esta ley, a pesar de que esta zona es un área protegida, lo que suscitó mucha incertidumbre en las comunidades indígenas. En los dos EPU, el Consejo para la eliminación de la discriminación racial, se mostró preocupado por el hecho de que siguen existiendo indígenas presos. Recomendó al gobierno boliviano hacer todo lo que pueda para prevenir las formas contemporáneas de esclavitud, y que se realice una investigación para garantizar a los guaranís un acceso a la justicia. Así, se recomendó a Bolivia tomar medidas necesarias para poner un fin a la impunidad que existe, persiguiendo mediante la justica a todos los autores de violencia y discriminación racial.
Así, con el acercamiento del tercer EPU, proceso que puede tener un gran eco y llevar cambio en los países, hay que seguir recomendado a propósito de la transparencia política, la abolición del trabajo infantil y pidiendo una igualdad para todos. Siendo realista, el panorama de los derechos humanos en Bolivia es preocupante, con un gobierno que busca modificar la constitución para asegurarse monopolizar el poder, más que enfocarse en las enfermedades de la sociedad, como el sistema judicial: lento, injusto y peligroso.
