Continúa el asesinato de líderes sociales en Colombia

Si se cuenta solamente desde que empezó el 2020, unos 23 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. Este preocupante registro aportado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz lleva a poner foco de vuelta sobre la urgencia de este problema y la insuficiencia de las políticas emprendidas por el gobierno de Iván Duque.

Por CADAL

La figura del líder social es una categoría heterogénea que agrupa a individuos que en su papel de referentes comunales emprenden una variedad de actividades como la oposición al narcotráfico o la minería ilegal, impulsan proyectos de sustitución de los cultivos ilícitos y bregan por la restitución a los campesinos de las tierras que les fueron desalojadas por grupos armados o narcotraficantes. En su mayoría son representantes de agrupaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes o comunales.

Teniendo en cuenta los espurios intereses a los que se oponen, es fácil señalar de donde proviene la violencia que reciben. Las organizaciones criminales que más se destacan son grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC que no se plegaron al acuerdo, y agrupaciones paramilitares como el Clan del Golfo o las Águilas Negras.

Hubo dos casos de ataques contra líderes sociales que en las últimas semanas tuvieron una importante difusión pública. El primero fue el pasado 8 de enero cuando María Elena Cortés, parte del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, fue atacada en esa ciudad de Valle del Cauca por dos varones que se movilizaban en moto. Afortunadamente, el arma se trabó y los agresores huyeron. Pero pocas veces se tiene la misma suerte: el 16 de enero Yordan Tovar, un joven de 29 años que también se desempeñaba como integrante del sindicato de trabajadores campesinos fronterizos del Putumayo, fue asesinado a sangre fría sin tener mayores precisiones sobre los responsables.

La manera en que la situación sobrepasa al gobierno de Iván Duque esta a la luz del día. A fines de 2018 se lanzó el Plan de Acción Oportuna (PAO) con la idea de aumentar esfuerzos en materia de prevención, protección y sanción. No obstante, en el último informe de Human Rights Watch dedicado al estado de los derechos humanos en Colombia durante el 2019, se destaca cómo todavía las medidas no han dado resultados visibles.

Desde algunos sectores se afirma que la violencia contra los líderes sociales nace con los acuerdos de paz de noviembre de 2016, algo difícil de sostener considerando que se registran casos por lo menos desde 2010. Pero si es verdad que se han intensificado por la mayor visibilidad que adquirieron estos liderazgos a raíz de los espacios de participación que impulsa el acuerdo y las propias disputas entre grupos ilegales por los espacios antes ocupados por las FARC.

A fines del año pasado, en un contexto de agitación regional en Colombia, también se vivieron unas manifestaciones a gran escala como pocas veces se vieron en la historia del país. En un principio eran reclamos por cuestiones de índole económica, pero que con el correr de los días terminó siendo un canalizador para protestar contra las violaciones a los derechos humanos entre los cuales se encuentra la violencia contra los líderes sociales, las ejecuciones extrajudiciales a ex miembros de las FARC y el escándalo de los falsos positivos por el cual se asesinaba civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y así ampliar el número de bajas enemigas. Considerando únicamente los 23 líderes sociales -cuya vida les fue arrebatada en lo que va del año- basta para decir que se está lejos de cumplir con la demanda ciudadana de un fin a la violencia.