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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Caso Khashoggi: ¿Cuál es el límite de la violación a los derechos humanos en Arabia Saudita?
Las preguntas en torno al caso son múltiples: ¿quién dio la orden? ¿El príncipe heredero se dejó llevar, abusando de su poder y poniendo al Reino saudí en una situación incómoda frente al mundo? ¿Habrá sanciones efectivas para el país petrolero? Por Lucía Rizzi
¿Qué pasó con Jamal Khashoggi? Esta fue la pregunta que acaparaba los diarios de todo el mundo. No es un hecho desconocido que se produzcan violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita, pero: ¿qué hace distinto a este caso para recibir inmensurable atención? Para empezar, no sólo se trata de una violación al derecho de la libertad – ya grave per se - sino que hablamos de una violación al derecho a la vida. El mundo entero se mantiene alerta ante las noticias del caso que ha alterado las relaciones exteriores de los países de Medio Oriente. Se ha cumplido un mes desde su desaparición – el 2 de octubre, al entrar en el consulado saudí en Estambul – y casi dos semanas desde que fue declarado muerto. El gobierno saudí se limitó a reconocer, en una entrevista exclusiva en Fox News, que el hecho fue un “tremendo error”. Sin embargo, aún se desconoce lo que verdaderamente sucedió.
Las preguntas en torno al caso son múltiples: ¿quién dio la orden? ¿El príncipe heredero se dejó llevar, abusando de su poder y poniendo al Reino saudí en una situación incómoda frente al mundo? ¿Habrá sanciones efectivas para el país petrolero?
Ampliamente conocido por la opinión pública, esencialmente por haber entrevistado a Osama bin Laden reiteradas veces, el periodista decidió abandonar su país de origen tras recibir la orden, por parte del gobierno, de cesar sus críticas vía redes sociales. A partir de entonces, en el año 2017, Khashoggi comenzó a escribir notas de opinión en el Washington Post, manteniendo una postura crítica ante las decisiones tomadas por el gobierno saudí. Había sido editor del prestigioso diario y vocero y asesor no oficial de la familia real. Pero la cercanía a la familia real no es ninguna garantía de seguridad: el periodista fue asesinado al ingresar en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y su cuerpo fue descuartizado y disuelto con una sustancia química.
Las detenciones arbitrarias en Arabia Saudita han proliferado desde el año 2017. Amnistía Internacional, en el Informe 2017/2018, ha denunciado la sistemática violación al derecho de libertad de expresión por parte del gobierno: “Se detuvo a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno, y algunos fueron condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías”. A esta situación se le debe agregar las sospechas de tortura llevadas a cabo en las prisiones. Asimismo, la organización recuerda en su informe la preocupación acerca de la pena de muerte
Los casos son múltiples. No es la primera vez que el gobierno saudí trasgrede principios de derechos humanos. Un claro ejemplo es lo sucedido con las activistas mujeres detenidas al desafiar la prohibición de conducir o por desafiar el sistema de tutela masculina. Un caso que tomó relevancia internacional fue la detención de tres destacadas activistas: Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef. Estas mujeres han luchado durante años para la obtención merecida de sus derechos y, a pesar de que la prohibición a conducir ha cesado, muchas continúan tras las rejas.
De acuerdo al mencionado informe de Amnistía Internacional, la libertad de expresión se encuentra estrictamente restringida. La situación ha recrudecido desde el año 2017, tiempo que coincide con el nombramiento de bin Salman como príncipe heredero y con el quiebre de relaciones diplomáticas con Qatar. De hecho, “tras el anuncio de la decisión de romper las relaciones con Qatar, las autoridades advirtieron de que las expresiones de afinidad con ese país y las críticas a las medidas del gobierno se considerarían un delito punible en aplicación del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos”.
Y las violaciones a derechos humanos no se detienen ahí. Basta con pensar en los crímenes cometidos por la coalición árabe, liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que contribuyen, día a día, a generar la peor crisis humanitaria de la historia en Yemen, para descubrir un nuevo abanico de transgresiones que afectan directamente la dignidad humana.
El caso de Jamal Khashoggi es un caso que ha sido de interés a nivel global. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de presionar sobre el gobierno del primer país petrolero para que acabe con la violación sistemática a los derechos humanos.
Lucía RizziVoluntaria del Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de CADAL
¿Qué pasó con Jamal Khashoggi? Esta fue la pregunta que acaparaba los diarios de todo el mundo. No es un hecho desconocido que se produzcan violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita, pero: ¿qué hace distinto a este caso para recibir inmensurable atención? Para empezar, no sólo se trata de una violación al derecho de la libertad – ya grave per se - sino que hablamos de una violación al derecho a la vida. El mundo entero se mantiene alerta ante las noticias del caso que ha alterado las relaciones exteriores de los países de Medio Oriente. Se ha cumplido un mes desde su desaparición – el 2 de octubre, al entrar en el consulado saudí en Estambul – y casi dos semanas desde que fue declarado muerto. El gobierno saudí se limitó a reconocer, en una entrevista exclusiva en Fox News, que el hecho fue un “tremendo error”. Sin embargo, aún se desconoce lo que verdaderamente sucedió.
Las preguntas en torno al caso son múltiples: ¿quién dio la orden? ¿El príncipe heredero se dejó llevar, abusando de su poder y poniendo al Reino saudí en una situación incómoda frente al mundo? ¿Habrá sanciones efectivas para el país petrolero?
Ampliamente conocido por la opinión pública, esencialmente por haber entrevistado a Osama bin Laden reiteradas veces, el periodista decidió abandonar su país de origen tras recibir la orden, por parte del gobierno, de cesar sus críticas vía redes sociales. A partir de entonces, en el año 2017, Khashoggi comenzó a escribir notas de opinión en el Washington Post, manteniendo una postura crítica ante las decisiones tomadas por el gobierno saudí. Había sido editor del prestigioso diario y vocero y asesor no oficial de la familia real. Pero la cercanía a la familia real no es ninguna garantía de seguridad: el periodista fue asesinado al ingresar en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y su cuerpo fue descuartizado y disuelto con una sustancia química.
Las detenciones arbitrarias en Arabia Saudita han proliferado desde el año 2017. Amnistía Internacional, en el Informe 2017/2018, ha denunciado la sistemática violación al derecho de libertad de expresión por parte del gobierno: “Se detuvo a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno, y algunos fueron condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías”. A esta situación se le debe agregar las sospechas de tortura llevadas a cabo en las prisiones. Asimismo, la organización recuerda en su informe la preocupación acerca de la pena de muerte
Los casos son múltiples. No es la primera vez que el gobierno saudí trasgrede principios de derechos humanos. Un claro ejemplo es lo sucedido con las activistas mujeres detenidas al desafiar la prohibición de conducir o por desafiar el sistema de tutela masculina. Un caso que tomó relevancia internacional fue la detención de tres destacadas activistas: Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef. Estas mujeres han luchado durante años para la obtención merecida de sus derechos y, a pesar de que la prohibición a conducir ha cesado, muchas continúan tras las rejas.
De acuerdo al mencionado informe de Amnistía Internacional, la libertad de expresión se encuentra estrictamente restringida. La situación ha recrudecido desde el año 2017, tiempo que coincide con el nombramiento de bin Salman como príncipe heredero y con el quiebre de relaciones diplomáticas con Qatar. De hecho, “tras el anuncio de la decisión de romper las relaciones con Qatar, las autoridades advirtieron de que las expresiones de afinidad con ese país y las críticas a las medidas del gobierno se considerarían un delito punible en aplicación del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos”.
Y las violaciones a derechos humanos no se detienen ahí. Basta con pensar en los crímenes cometidos por la coalición árabe, liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que contribuyen, día a día, a generar la peor crisis humanitaria de la historia en Yemen, para descubrir un nuevo abanico de transgresiones que afectan directamente la dignidad humana.
El caso de Jamal Khashoggi es un caso que ha sido de interés a nivel global. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de presionar sobre el gobierno del primer país petrolero para que acabe con la violación sistemática a los derechos humanos.