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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
04-06-2018En Bahréin, «nadie puede protegerte»
Según los datos del Bahrain Forum for Human Rights, durante el mes de enero de 2018, alrededor de 995 casos de violaciones de derechos humanos fueron observados, entre ellos arrestos arbitrarios, juicios injustos, represiones de movimientos pacíficos, restricciones de movimientos, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos en las prisiones.Por Florie Postis
El nombre de Bahréin significa “El Reino de los dos mares”, porque Bahréin se forma de dos aguas: una del mar y otra por muchas corrientes de aguas dulces que brotan por debajo del mar. En efecto, desde 2016, esta pequeña isla del Golfo Pérsico está sufriendo como nunca una gran división entre dos mundos: la monarquía gobernada por Hamad bin Isa Al Khalifa y sus aliados suníes que dirigen el país desde 1783 y la mayoría chiita del país. Si el país está profundamente dividido, desde el año 2016, las autoridades bahreiníes han endurecido radicalmente la represión de la disidencia y todas las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos están preguntándose si el país no ha llegado a un punto de no-retorno.
“Nadie puede protegerte” (“No one can protect you, Bahrain’s year of crushing dissent”) es el título del último informe de Amnistía Internacional destacando la situación de los derechos humanos en Bahréin. Se entiende como una referencia a una frase de la abogada Ebtisam Al-Saegh durante una entrevista organizada por la organización internacional en la que contó lo que vivió en el Reino como activista de los derechos humanos. En efecto, durante los dos últimos años, fue victima de violencias sexuales e interrogatorios violentos hasta ser condenada por terrorismo el 18 de julio de 2017.
Según los datos del Bahrain Forum for Human Rights, durante el mes de enero de 2018, alrededor de 995 casos de violaciones de derechos humanos fueron observados, entre ellos arrestos arbitrarios, juicios injustos, represiones de movimientos pacíficos, restricciones de movimientos, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos en las prisiones. Gracias al último informe de Amnistía Internacional, los artículos de Human Rights Watch y el Bertelsmann Transformation Index, pueden subrayarse los principales aspectos del empeoramiento de la situación de los derechos humanos durante los últimos meses en el Reino de Bahréin, después de su Examen Periódico Universal realizado en mayo de 2017.
La negación de todas las libertades fundamentales
La libertad de expresión todavía está sometida a graves restricciones, aunque la ley indica garantizarla en la mayoría de los casos. Lo único es que no se puede perjudicar a los principios islámicos, a la unidad del pueblo y no se debe incitar al sectarismo. En los hechos, las autoridades bahreiníes detuvieron e interrogaron de manera violenta a defensores de los derechos humanos, activistas políticos y clérigos chiíes que criticaron las políticas del gobierno, a Arabia Saudita o al Yemen. También el gobierno anunció que sería ilegal expresar afinidad con Qatar después de la ruptura de las relaciones en junio de 2017.
Uno de los casos más emblemáticos de violación de la libertad de expresión es el de Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, quien ha sido perseguido y detenido muchas veces desde 2012. El pasado 21 de febrero fue condenado por haber expresado pacíficamente sus convicciones políticas, lo que muestra claramente la determinación de las autoridades para reprimir todas las formas de disidencia en el país. Nabeel Rajab está cumpliendo una pena de prisión de dos años por unas entrevistas televisivas entre 2015 y 2016. El 15 de enero de 2018, el Tribunal de Casación de Manama afirmó haber condenado al activista por difundir rumores y falsas informaciones sobre la situación interna del Reino que podrían poner en riesgo su prestigio y su estatuto.
También durante el periodo 2017-2018 continuaron las restricciones impuestas a los medios de comunicación. Por ejemplo, en mayo de 2017, la periodista Nazeeha Saeed fue declarada culpable de trabajar sin haber renovado su licencia de prensa y condenada al pago de una multa.
La libertad de asociación ha sido fuertemente limitada y varios activistas políticos y miembros de partidos de la oposición denunciaron que los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional los habían amenazado, torturado o sometido a otros malos tratos. Además, la ley de 1989 todavía permite al gobierno controlar el funcionamiento de todas las ONGs presentes sobre su territorio.
En febrero de 2017, el Tribunal Civil decidió disolver el Wa’ad, la única instancia de oposición autorizada en el país, un año después de la interdicción del gran partido chií Al-Wefad y de la condena de su secretario general Ali Salman. El gobierno acusó al partido por haber condenado la decisión de las autoridades en cuanto a la ejecución de tres hombres en enero del mismo año por sus crímenes “terroristas” contra el Reino, llamándoles públicamente “mártires”. En marzo de 2017, el ministro de Justicia demandó al grupo de oposición laico Wa’ad por vulnerar la Ley de Asociaciones Políticas y finalmente en mayo el Tribunal Administrativo Superior ordenó la disolución de Wa’ad y la liquidación de sus bienes.
También el 31 de enero de 2018, el Cuarto Tribunal Penal Superior de Bahréin condenó a Ali Mohamed Hakeem al-Arab y Ahmad al-Malali a muerte tras declararlos culpables del cargo “formar un grupo terrorista y unirse a él”. Según Amnistía Internacional, Ali Mohamed Hakeem al-Arab fue torturado cuando lo trasladaron a la prisión de Yaw.
En cuanto a la libertad de reunión, siguió estando prohibida la manifestación pacífica y las autoridades usaron la fuerza de manera repetida. La ley de 1973 prohíbe las reuniones públicas de más de cinco personas y todas las enmiendas posteriores no han permitido mejorar los derechos de los manifestantes.
En enero de 2018 hubo protestas masivas en 20 pueblos después de la ejecución de tres hombres. En Duraz, por ejemplo, las fuerzas de seguridad usaron municiones reales y fusiles semiautomáticos, hiriendo a cientos de personas, entre ellas Mustapha Hamdan, que murió posteriormente a causa de sus heridas. En febrero de 2018, centenares de manifestantes salieron de nuevo a la calle en varios pueblos cuando las autoridades se negaron a permitir la celebración del funeral de tres hombres que habían muerto a manos de la guardia costera tras haberse fugado de la prisión de Yaw el mes anterior. Las autoridades siguieron restringiendo hasta mayo el acceso al pueblo de Duraz, donde continuaba organizándose a diario una sentada pacifica frente al domicilio de Sheikh Isa Qassem, líder espiritual del partido chií Al Wefad. El 23 de mayo de 2018, las fuerzas de seguridad entraron en Duraz con cientos de vehículos blindados y golpearon a los manifestantes.
A nivel de la libertad de circulación, las autoridades mantuvieron las prohibiciones administrativas que impiden a decenas de defensores de los derechos humanos viajar al extranjero, como por ejemplo asistir a reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al respecto, en abril de 2017, pocos días antes del examen periódico universal de Bahréin en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Fiscalía citó a 32 activistas y se los acusó de “reunión ilegal” para impedirles viajar. La mayor parte de las prohibiciones se levantaron en julio del mismo año, después de la realización del examen periódico universal. En septiembre de 2017 hicieron lo mismo con motivo del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se adoptaron las conclusiones del examen periódico universal de Bahréin. En este sentido, las autoridades todavía se niegan a autorizar la llegada de entidades internacionales especializadas en el país, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o el Relator Especial sobre la tortura.
Una escala de la violencia sin precedente
Según el Bertelsmann Transformation Index, seis años después de las protestas de 2011, Bahréin está siguiendo su camino hacia un “estado policial”. Así, el gobierno usa instrumentos crimínales sin límites para destruir todas las formas de oposición.
En efecto, todos los activistas pro-democracia o de la mayoría chií son sistemáticamente condenados bajo la ley anti-terrorista de 2011 y la mayoría del tiempo se encuentran en prisión en unas condiciones crueles y inhumanas.
También en enero del año 2017, el gobierno decidió restaurar la Agencia de Seguridad Nacional, una unidad de inteligencia acusada por su uso sistemático de la tortura. Por consecuencia, el rey revocó las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin.
El 15 de enero de 2017, el país terminó con la moratoria que había empezado en 2010 sobre la pena de muerte después de la condena de tres hombres, Sami Mushaima, Ali al-Singace y Abbas al-Sameea.
El 5 de marzo de 2017, el parlamento de Bahréin aprobó el juicio de civiles en tribunales militares en una medida criticada por activistas de derechos humanos, revocando así otra recomendación de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin.
Finalmente, el gobierno emplea la privación de nacionalidad. Según el Bertelsmann Transformación Index, en 2015 las autoridades privaron a 208 bahreiníes de su nacionalidad. En marzo de 2016, cinco de esos apátridas fueron deportados. En 2017, seis nuevas personas fueron deportadas después de su privación de nacionalidad.
Además, diferentes informes de Human Rights Watch afirman que las autoridades no dudan en usar diferentes formas de tortura física y psicológica sobre los presos. Los trabajadores extranjeros también son victimas de esos abusos a causa del sistema kafala.
Dos sociedades irreconocibles
El antagonismo entre el grupo de gobernantes sunníes y la mayoría chií ha condenado el país a vivir de una manera excluyente. Los servicios básicos como la educación, la salud y los transportes son fuertemente apropiados por la clase dirigente sunní. La familia real disfruta de una absoluta impunidad y de un estatuto superior.
La Constitución del Reino promueve la libertad de conciencia y de religión estableciendo el islam como la religión del país y la Sharia como uno de los principales principios de la ley. Esto se podría entender como una limitación de la libertad de religión de los no musulmanes, pero en realidad los católicos y los judíos del país no viven graves restricciones en cuanto a su libertad de religión. Sin embargo, los cultos chiitas son estrictamente controlados por el Estado. La pertenencia al grupo “chií “o “sunní” no está mencionada en los textos administrativos oficiales pero el gobierno mantiene una fuerte supervisión de los discursos políticos y de las instituciones religiosas chiitas como de las mezquitas. Desde hace unos meses, las asociaciones y los activistas chiitas intentaron expresar sus preocupaciones sobre los actos de vandalismo en sus lugares religiosos. Además, el dogma religioso aparece en las leyes personales. Por un lado, durante el año 2009 las autoridades bahreinís aprobaron una Ley de Familia para el uso único de los sunníes. Por otro lado, la mayoría chií del país nunca tuvo una legislación clara y las cortes chiitas siguen decidiendo cada caso por separado. En 2016, el ministro de justicia anunció que iba a presentar un proyecto para una Ley de Familia propia a la comunidad, chií pero los magistrados chiís rechazaron la unilateralidad de esta decisión.
Durante los últimos meses, el Bahréin ha vivido diferentes retos y siguió convirtiéndose en un estado policial. En un país en el que la sociedad civil y sus actores son particularmente creativos, hasta poner durante el año 2015 osos de peluche en la calle preguntando por más democracia, la marginalización de la mayoría chií es un problema estructural al que el gobierno tendrá que confrontarse en el futuro.
Una comunidad internacional ambigua
En su informe “Nadie puede protegerte”, Amnistía Internacional acusa al Reino Unido y a los Estados Unidos de pasar por alto las violaciones de los derechos humanos, pese a que ambos países tienen un nivel particularmente alto de influencia en Bahréin. Por ejemplo, en marzo de 2017 el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Bahréin de nuevos aviones de combate F-16 y la modernización de los antiguos, medidas que, con la administración estadounidense de Barack Obama, habían estado condicionadas a la mejora de la situación de los derechos humanos en el país.
Florie PostisFrancia
El nombre de Bahréin significa “El Reino de los dos mares”, porque Bahréin se forma de dos aguas: una del mar y otra por muchas corrientes de aguas dulces que brotan por debajo del mar. En efecto, desde 2016, esta pequeña isla del Golfo Pérsico está sufriendo como nunca una gran división entre dos mundos: la monarquía gobernada por Hamad bin Isa Al Khalifa y sus aliados suníes que dirigen el país desde 1783 y la mayoría chiita del país. Si el país está profundamente dividido, desde el año 2016, las autoridades bahreiníes han endurecido radicalmente la represión de la disidencia y todas las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos están preguntándose si el país no ha llegado a un punto de no-retorno.
“Nadie puede protegerte” (“No one can protect you, Bahrain’s year of crushing dissent”) es el título del último informe de Amnistía Internacional destacando la situación de los derechos humanos en Bahréin. Se entiende como una referencia a una frase de la abogada Ebtisam Al-Saegh durante una entrevista organizada por la organización internacional en la que contó lo que vivió en el Reino como activista de los derechos humanos. En efecto, durante los dos últimos años, fue victima de violencias sexuales e interrogatorios violentos hasta ser condenada por terrorismo el 18 de julio de 2017.
Según los datos del Bahrain Forum for Human Rights, durante el mes de enero de 2018, alrededor de 995 casos de violaciones de derechos humanos fueron observados, entre ellos arrestos arbitrarios, juicios injustos, represiones de movimientos pacíficos, restricciones de movimientos, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos en las prisiones. Gracias al último informe de Amnistía Internacional, los artículos de Human Rights Watch y el Bertelsmann Transformation Index, pueden subrayarse los principales aspectos del empeoramiento de la situación de los derechos humanos durante los últimos meses en el Reino de Bahréin, después de su Examen Periódico Universal realizado en mayo de 2017.
La negación de todas las libertades fundamentales
La libertad de expresión todavía está sometida a graves restricciones, aunque la ley indica garantizarla en la mayoría de los casos. Lo único es que no se puede perjudicar a los principios islámicos, a la unidad del pueblo y no se debe incitar al sectarismo. En los hechos, las autoridades bahreiníes detuvieron e interrogaron de manera violenta a defensores de los derechos humanos, activistas políticos y clérigos chiíes que criticaron las políticas del gobierno, a Arabia Saudita o al Yemen. También el gobierno anunció que sería ilegal expresar afinidad con Qatar después de la ruptura de las relaciones en junio de 2017.
Uno de los casos más emblemáticos de violación de la libertad de expresión es el de Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, quien ha sido perseguido y detenido muchas veces desde 2012. El pasado 21 de febrero fue condenado por haber expresado pacíficamente sus convicciones políticas, lo que muestra claramente la determinación de las autoridades para reprimir todas las formas de disidencia en el país. Nabeel Rajab está cumpliendo una pena de prisión de dos años por unas entrevistas televisivas entre 2015 y 2016. El 15 de enero de 2018, el Tribunal de Casación de Manama afirmó haber condenado al activista por difundir rumores y falsas informaciones sobre la situación interna del Reino que podrían poner en riesgo su prestigio y su estatuto.
También durante el periodo 2017-2018 continuaron las restricciones impuestas a los medios de comunicación. Por ejemplo, en mayo de 2017, la periodista Nazeeha Saeed fue declarada culpable de trabajar sin haber renovado su licencia de prensa y condenada al pago de una multa.
La libertad de asociación ha sido fuertemente limitada y varios activistas políticos y miembros de partidos de la oposición denunciaron que los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional los habían amenazado, torturado o sometido a otros malos tratos. Además, la ley de 1989 todavía permite al gobierno controlar el funcionamiento de todas las ONGs presentes sobre su territorio.
En febrero de 2017, el Tribunal Civil decidió disolver el Wa’ad, la única instancia de oposición autorizada en el país, un año después de la interdicción del gran partido chií Al-Wefad y de la condena de su secretario general Ali Salman. El gobierno acusó al partido por haber condenado la decisión de las autoridades en cuanto a la ejecución de tres hombres en enero del mismo año por sus crímenes “terroristas” contra el Reino, llamándoles públicamente “mártires”. En marzo de 2017, el ministro de Justicia demandó al grupo de oposición laico Wa’ad por vulnerar la Ley de Asociaciones Políticas y finalmente en mayo el Tribunal Administrativo Superior ordenó la disolución de Wa’ad y la liquidación de sus bienes.
También el 31 de enero de 2018, el Cuarto Tribunal Penal Superior de Bahréin condenó a Ali Mohamed Hakeem al-Arab y Ahmad al-Malali a muerte tras declararlos culpables del cargo “formar un grupo terrorista y unirse a él”. Según Amnistía Internacional, Ali Mohamed Hakeem al-Arab fue torturado cuando lo trasladaron a la prisión de Yaw.
En cuanto a la libertad de reunión, siguió estando prohibida la manifestación pacífica y las autoridades usaron la fuerza de manera repetida. La ley de 1973 prohíbe las reuniones públicas de más de cinco personas y todas las enmiendas posteriores no han permitido mejorar los derechos de los manifestantes.
En enero de 2018 hubo protestas masivas en 20 pueblos después de la ejecución de tres hombres. En Duraz, por ejemplo, las fuerzas de seguridad usaron municiones reales y fusiles semiautomáticos, hiriendo a cientos de personas, entre ellas Mustapha Hamdan, que murió posteriormente a causa de sus heridas. En febrero de 2018, centenares de manifestantes salieron de nuevo a la calle en varios pueblos cuando las autoridades se negaron a permitir la celebración del funeral de tres hombres que habían muerto a manos de la guardia costera tras haberse fugado de la prisión de Yaw el mes anterior. Las autoridades siguieron restringiendo hasta mayo el acceso al pueblo de Duraz, donde continuaba organizándose a diario una sentada pacifica frente al domicilio de Sheikh Isa Qassem, líder espiritual del partido chií Al Wefad. El 23 de mayo de 2018, las fuerzas de seguridad entraron en Duraz con cientos de vehículos blindados y golpearon a los manifestantes.
A nivel de la libertad de circulación, las autoridades mantuvieron las prohibiciones administrativas que impiden a decenas de defensores de los derechos humanos viajar al extranjero, como por ejemplo asistir a reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al respecto, en abril de 2017, pocos días antes del examen periódico universal de Bahréin en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Fiscalía citó a 32 activistas y se los acusó de “reunión ilegal” para impedirles viajar. La mayor parte de las prohibiciones se levantaron en julio del mismo año, después de la realización del examen periódico universal. En septiembre de 2017 hicieron lo mismo con motivo del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se adoptaron las conclusiones del examen periódico universal de Bahréin. En este sentido, las autoridades todavía se niegan a autorizar la llegada de entidades internacionales especializadas en el país, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o el Relator Especial sobre la tortura.
Una escala de la violencia sin precedente
Según el Bertelsmann Transformation Index, seis años después de las protestas de 2011, Bahréin está siguiendo su camino hacia un “estado policial”. Así, el gobierno usa instrumentos crimínales sin límites para destruir todas las formas de oposición.
En efecto, todos los activistas pro-democracia o de la mayoría chií son sistemáticamente condenados bajo la ley anti-terrorista de 2011 y la mayoría del tiempo se encuentran en prisión en unas condiciones crueles y inhumanas.
También en enero del año 2017, el gobierno decidió restaurar la Agencia de Seguridad Nacional, una unidad de inteligencia acusada por su uso sistemático de la tortura. Por consecuencia, el rey revocó las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin.
El 15 de enero de 2017, el país terminó con la moratoria que había empezado en 2010 sobre la pena de muerte después de la condena de tres hombres, Sami Mushaima, Ali al-Singace y Abbas al-Sameea.
El 5 de marzo de 2017, el parlamento de Bahréin aprobó el juicio de civiles en tribunales militares en una medida criticada por activistas de derechos humanos, revocando así otra recomendación de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin.
Finalmente, el gobierno emplea la privación de nacionalidad. Según el Bertelsmann Transformación Index, en 2015 las autoridades privaron a 208 bahreiníes de su nacionalidad. En marzo de 2016, cinco de esos apátridas fueron deportados. En 2017, seis nuevas personas fueron deportadas después de su privación de nacionalidad.
Además, diferentes informes de Human Rights Watch afirman que las autoridades no dudan en usar diferentes formas de tortura física y psicológica sobre los presos. Los trabajadores extranjeros también son victimas de esos abusos a causa del sistema kafala.
Dos sociedades irreconocibles
El antagonismo entre el grupo de gobernantes sunníes y la mayoría chií ha condenado el país a vivir de una manera excluyente. Los servicios básicos como la educación, la salud y los transportes son fuertemente apropiados por la clase dirigente sunní. La familia real disfruta de una absoluta impunidad y de un estatuto superior.
La Constitución del Reino promueve la libertad de conciencia y de religión estableciendo el islam como la religión del país y la Sharia como uno de los principales principios de la ley. Esto se podría entender como una limitación de la libertad de religión de los no musulmanes, pero en realidad los católicos y los judíos del país no viven graves restricciones en cuanto a su libertad de religión. Sin embargo, los cultos chiitas son estrictamente controlados por el Estado. La pertenencia al grupo “chií “o “sunní” no está mencionada en los textos administrativos oficiales pero el gobierno mantiene una fuerte supervisión de los discursos políticos y de las instituciones religiosas chiitas como de las mezquitas. Desde hace unos meses, las asociaciones y los activistas chiitas intentaron expresar sus preocupaciones sobre los actos de vandalismo en sus lugares religiosos. Además, el dogma religioso aparece en las leyes personales. Por un lado, durante el año 2009 las autoridades bahreinís aprobaron una Ley de Familia para el uso único de los sunníes. Por otro lado, la mayoría chií del país nunca tuvo una legislación clara y las cortes chiitas siguen decidiendo cada caso por separado. En 2016, el ministro de justicia anunció que iba a presentar un proyecto para una Ley de Familia propia a la comunidad, chií pero los magistrados chiís rechazaron la unilateralidad de esta decisión.
Durante los últimos meses, el Bahréin ha vivido diferentes retos y siguió convirtiéndose en un estado policial. En un país en el que la sociedad civil y sus actores son particularmente creativos, hasta poner durante el año 2015 osos de peluche en la calle preguntando por más democracia, la marginalización de la mayoría chií es un problema estructural al que el gobierno tendrá que confrontarse en el futuro.
Una comunidad internacional ambigua
En su informe “Nadie puede protegerte”, Amnistía Internacional acusa al Reino Unido y a los Estados Unidos de pasar por alto las violaciones de los derechos humanos, pese a que ambos países tienen un nivel particularmente alto de influencia en Bahréin. Por ejemplo, en marzo de 2017 el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Bahréin de nuevos aviones de combate F-16 y la modernización de los antiguos, medidas que, con la administración estadounidense de Barack Obama, habían estado condicionadas a la mejora de la situación de los derechos humanos en el país.
