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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
18-04-2018La situación actual de los derechos humanos en la República Democrática del Congo
La República Democrática del Congo está sumergida debajo de un esquema contaminado por el mismo presidente Kabila y la indiferencia a la expiración de su mandato. La reiteración de actos de violación de todo tipo de derechos inyecta el peor de los virus, aquel que daña la dignidad humana, de ser persona.Por Ludmila González Cerulli
Estancamiento. Es el resultado tras la elipsis de las elecciones nacionales, programadas a fines de 2016 y postergadas para diciembre de 2017, bajo un acuerdo de transición que no hizo más que desplazarlas otros doce meses. La permanencia de Joseph Kabila en el poder. El abuso de las fuerzas de seguridad ante las protestas de 2015 y 2016- autoras de 171 asesinatos, tal cual plantea Human Rights Watch-. Hostigamiento, arrestos y detenciones arbitrarias para aplacar a manifestantes e, incluso, periodistas. Interrupción de los servicios de internet y mensajería. El realce de la tasa de inflación a un 50%; huelgas en demanda de aumentos salariales; la crisis humanitaria. Violencia desparramada en la región de Kasai, las provincias de Tanganyika, Kivu del Norte y del Sur. La epidemia de cólera que, según el informe de Amnistía Internacional, afectó alrededor de 24.000 personas y se adueñó de más de 500 vidas: un balance negativo para los derechos políticos y libertades civiles en la República Democrática del Congo.
El 19 de diciembre de 2016, Kabila sobrepasó el artículo 70 de la Constitución (2006) del país. En ese mes, la coalición gobernante del Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), el bloque de la oposición Rassemblement des Forces Sociales et Politiques Acquises au Changement y organizaciones de la sociedad civil firmaron un acuerdo que disponía la continuidad de Kabila, así también, la designación de un gobierno de unidad nacional con el fin de encarar las elecciones para diciembre de 2017.
El Consejo Nacional para el Seguimiento del Acuerdo y del Proceso Electoral (CNSA), encabezado por el líder de la agrupación Rassemblement Etienne Tshisekedi, supervisaría los “avances” vinculados al compromiso de Kabila de respetar el límite de los dos mandatos y asegurar la inmutabilidad de los elementos constitucionales clave (tales como la cantidad y duración de los períodos presidenciales). Pero Tshisekedi falleció en febrero y, sumado a las tácticas dilatorias del gobierno de turno, esta aplicación no sucedió.
Mientras el proceso electoral carece de conducta transparente y la ley vigente potencia la consolidación de las fuerzas de los partidos más establecidos, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) ataja las críticas tanto de la sociedad civil como la oposición, quienes afirman que ésta manipula el registro de votantes. El pluralismo y la participación política corren en desventaja. Aunque existe un gran volumen de partidos, la mayoría no trasciende en alcance y la falta de acceso a las instituciones en zonas rurales representan fuertes obstáculos que se interponen en los segmentos marginados de la población.
El funcionamiento del gobierno está paralizado. Corrupción. La desmesura de las fuerzas de seguridad, las industrias de extracción de minerales, el reclutamiento para cargos públicos motorizado por la fórmula del nepotismo, los enclenques mecanismos de rendición de cuenta, la imposibilidad de obtener información sobre las operaciones del Estado, la impunidad aberrante. Conforme al último informe de Freedom House, la situación de los derechos humanos ha (todavía) desmejorado en relación al año pasado. Los 79.800.000 habitantes del ex Congo belga viven privados de su libertad. Este territorio es considerado uno de los “menos libres” en el mundo.
El sector de los medios de comunicación se enfrenta a la presión de difundir contenidos progubernamentales, de lo contrario, son víctimas de amenazas y ataques. Durante 2017 se pueden detectar reiterados acontecimientos de esta índole, como por ejemplo las detenciones de periodistas que cubrían las manifestaciones en reclamo a la convocatoria a elecciones, ejecutadas por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) y las fuerzas de seguridad. Asimismo, las censuras a una estación de radio comunitaria en Shabunda- Kivu del Sur-, otra vecina de Butembo- Kivu del Norte- y la detención de la señal de la Radio France Internationale (RFI) en Kinshasa por el lapso de diez meses; las restricciones a los movimientos de periodistas internacionales, imposibilitados de viajar fuera de la capital sin autorización; la orden de reducir la velocidad de Internet para impedir que las imágenes de las protestas se viralizaran a través de las redes sociales.
Hay cerca de 5.000 ONGs registradas y hasta cuentan con el respaldo formal para que operen. Sin embargo, en la práctica padecen acoso, arrestos y detenciones. Este contexto puede graficarse con el hecho de los 23 miembros del grupo joven Lutte pour le Changement (LUCHA) que fueron encarcelados en abril de 2017 cuando protestaban contra la suciedad en Kinshasa.
La parcialidad es la reina del rule of law. La balanza se inclina- sin excepción- a favor de las fuerzas gubernamentales y de sus aliados, en detrimento de la oposición y los ciudadanos. Aún frente a los crímenes más atroces, estos delitos gozan de impunidad. Ni siquiera un video grabado por las mismas fuerzas armadas (FARDC), donde se muestra cómo mataban civiles en la provincia de Kasai Central, es prueba suficiente para revertir el desequilibrio del sistema judicial.
La intervención internacional contribuye mediante las sanciones impuestas por Estados Unidos al jefe de militares- General Francois Olenga- junto con la sanción de la Unión Europea a ocho altos funcionarios y el comandante de un grupo armado por las graves violaciones de derechos humanos. No obstante, los asesinatos a los dos miembros del Grupo de Expertos de Naciones Unidas en Kasai Central- según Amnistía Internacional, Zaida Catalan (sueca), Michael Sharp (estadounidense)- y el ataque contra una Misión de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas (MONUSCO) presente en Kivu del Norte, desde 1993- que provocó la muerte de quince conciliadores- dejan entrever los intentos de intimidar las investigaciones promovidas por otros actores.
A la par de los datos anteriores, en el análisis de Freedom House, se identifica un desplazamiento interno de casi cuatro millones de civiles en octubre de 2017 como consecuencia del conflicto armado en Kasai, Kivu del Norte-Sur y Tanganyika. En estas zonas, los grupos armados y las FARDC se apoderaron de la propiedad privada y hasta destruyeron viviendas. La violencia sexual contra mujeres y niñas fue una práctica generalizada tanto entre los rebeldes como las FARDC. Por otro lado, el trabajo infantil en la minería, venta ambulante y agricultura es moneda corriente, en el mismo sentido, el reclutamiento y uso de niños soldados es una constante.
La República Democrática del Congo está sumergida debajo de un esquema contaminado por el mismo presidente Kabila y la indiferencia a la expiración de su mandato. La reiteración de actos de violación de todo tipo de derechos inyecta el peor de los virus, aquel que daña la dignidad humana, de ser persona. Allí las jugadas disponibles para contrarrestar este estado necesitan un complemento que las refuercen. Y desde la distancia, es donde más podemos trabajar: decir qué pasa en esta tierra es el primer paso para fomentar su denuncia.
Ludmila González Cerulli
Estancamiento. Es el resultado tras la elipsis de las elecciones nacionales, programadas a fines de 2016 y postergadas para diciembre de 2017, bajo un acuerdo de transición que no hizo más que desplazarlas otros doce meses. La permanencia de Joseph Kabila en el poder. El abuso de las fuerzas de seguridad ante las protestas de 2015 y 2016- autoras de 171 asesinatos, tal cual plantea Human Rights Watch-. Hostigamiento, arrestos y detenciones arbitrarias para aplacar a manifestantes e, incluso, periodistas. Interrupción de los servicios de internet y mensajería. El realce de la tasa de inflación a un 50%; huelgas en demanda de aumentos salariales; la crisis humanitaria. Violencia desparramada en la región de Kasai, las provincias de Tanganyika, Kivu del Norte y del Sur. La epidemia de cólera que, según el informe de Amnistía Internacional, afectó alrededor de 24.000 personas y se adueñó de más de 500 vidas: un balance negativo para los derechos políticos y libertades civiles en la República Democrática del Congo.
El 19 de diciembre de 2016, Kabila sobrepasó el artículo 70 de la Constitución (2006) del país. En ese mes, la coalición gobernante del Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), el bloque de la oposición Rassemblement des Forces Sociales et Politiques Acquises au Changement y organizaciones de la sociedad civil firmaron un acuerdo que disponía la continuidad de Kabila, así también, la designación de un gobierno de unidad nacional con el fin de encarar las elecciones para diciembre de 2017.
El Consejo Nacional para el Seguimiento del Acuerdo y del Proceso Electoral (CNSA), encabezado por el líder de la agrupación Rassemblement Etienne Tshisekedi, supervisaría los “avances” vinculados al compromiso de Kabila de respetar el límite de los dos mandatos y asegurar la inmutabilidad de los elementos constitucionales clave (tales como la cantidad y duración de los períodos presidenciales). Pero Tshisekedi falleció en febrero y, sumado a las tácticas dilatorias del gobierno de turno, esta aplicación no sucedió.
Mientras el proceso electoral carece de conducta transparente y la ley vigente potencia la consolidación de las fuerzas de los partidos más establecidos, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) ataja las críticas tanto de la sociedad civil como la oposición, quienes afirman que ésta manipula el registro de votantes. El pluralismo y la participación política corren en desventaja. Aunque existe un gran volumen de partidos, la mayoría no trasciende en alcance y la falta de acceso a las instituciones en zonas rurales representan fuertes obstáculos que se interponen en los segmentos marginados de la población.
El funcionamiento del gobierno está paralizado. Corrupción. La desmesura de las fuerzas de seguridad, las industrias de extracción de minerales, el reclutamiento para cargos públicos motorizado por la fórmula del nepotismo, los enclenques mecanismos de rendición de cuenta, la imposibilidad de obtener información sobre las operaciones del Estado, la impunidad aberrante. Conforme al último informe de Freedom House, la situación de los derechos humanos ha (todavía) desmejorado en relación al año pasado. Los 79.800.000 habitantes del ex Congo belga viven privados de su libertad. Este territorio es considerado uno de los “menos libres” en el mundo.
El sector de los medios de comunicación se enfrenta a la presión de difundir contenidos progubernamentales, de lo contrario, son víctimas de amenazas y ataques. Durante 2017 se pueden detectar reiterados acontecimientos de esta índole, como por ejemplo las detenciones de periodistas que cubrían las manifestaciones en reclamo a la convocatoria a elecciones, ejecutadas por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) y las fuerzas de seguridad. Asimismo, las censuras a una estación de radio comunitaria en Shabunda- Kivu del Sur-, otra vecina de Butembo- Kivu del Norte- y la detención de la señal de la Radio France Internationale (RFI) en Kinshasa por el lapso de diez meses; las restricciones a los movimientos de periodistas internacionales, imposibilitados de viajar fuera de la capital sin autorización; la orden de reducir la velocidad de Internet para impedir que las imágenes de las protestas se viralizaran a través de las redes sociales.
Hay cerca de 5.000 ONGs registradas y hasta cuentan con el respaldo formal para que operen. Sin embargo, en la práctica padecen acoso, arrestos y detenciones. Este contexto puede graficarse con el hecho de los 23 miembros del grupo joven Lutte pour le Changement (LUCHA) que fueron encarcelados en abril de 2017 cuando protestaban contra la suciedad en Kinshasa.
La parcialidad es la reina del rule of law. La balanza se inclina- sin excepción- a favor de las fuerzas gubernamentales y de sus aliados, en detrimento de la oposición y los ciudadanos. Aún frente a los crímenes más atroces, estos delitos gozan de impunidad. Ni siquiera un video grabado por las mismas fuerzas armadas (FARDC), donde se muestra cómo mataban civiles en la provincia de Kasai Central, es prueba suficiente para revertir el desequilibrio del sistema judicial.
La intervención internacional contribuye mediante las sanciones impuestas por Estados Unidos al jefe de militares- General Francois Olenga- junto con la sanción de la Unión Europea a ocho altos funcionarios y el comandante de un grupo armado por las graves violaciones de derechos humanos. No obstante, los asesinatos a los dos miembros del Grupo de Expertos de Naciones Unidas en Kasai Central- según Amnistía Internacional, Zaida Catalan (sueca), Michael Sharp (estadounidense)- y el ataque contra una Misión de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas (MONUSCO) presente en Kivu del Norte, desde 1993- que provocó la muerte de quince conciliadores- dejan entrever los intentos de intimidar las investigaciones promovidas por otros actores.
A la par de los datos anteriores, en el análisis de Freedom House, se identifica un desplazamiento interno de casi cuatro millones de civiles en octubre de 2017 como consecuencia del conflicto armado en Kasai, Kivu del Norte-Sur y Tanganyika. En estas zonas, los grupos armados y las FARDC se apoderaron de la propiedad privada y hasta destruyeron viviendas. La violencia sexual contra mujeres y niñas fue una práctica generalizada tanto entre los rebeldes como las FARDC. Por otro lado, el trabajo infantil en la minería, venta ambulante y agricultura es moneda corriente, en el mismo sentido, el reclutamiento y uso de niños soldados es una constante.
La República Democrática del Congo está sumergida debajo de un esquema contaminado por el mismo presidente Kabila y la indiferencia a la expiración de su mandato. La reiteración de actos de violación de todo tipo de derechos inyecta el peor de los virus, aquel que daña la dignidad humana, de ser persona. Allí las jugadas disponibles para contrarrestar este estado necesitan un complemento que las refuercen. Y desde la distancia, es donde más podemos trabajar: decir qué pasa en esta tierra es el primer paso para fomentar su denuncia.
