Hoy el país ofrece más dudas que certezas, pues aún está por verse cuán exitoso será el nuevo gobierno nacional en unificar a las distintas facciones otrora beligerantes, pacificar el país y restaurar el orden, y reconstruir las capacidades del Estado libio. La pregunta incómoda que queda pendiente es qué sucederá con los responsables de los atropellos humanitarios cometidos durante 6 años de desgobierno y guerra civil.

Por Facundo González Sembla

Pasados seis años de la caída de la dictadura de Muamar Gadafi en Libia, lejos del advenimiento de una democracia, el país norafricano está sumido en una fragmentación y violencia política que, no solamente socaba la de por sí debilitada economía nacional, sino que agrava la frágil situación humanitaria del país.

Si bien, como señala Freedom House, Medio Oriente y el Norte de África ha sido durante mucho tiempo una de las regiones del mundo con peor desempeño en términos de libertades civiles y políticas, “en 2016, demostró las profundidades a las que la libertad humana puede caer después de décadas de desgobierno autoritario, corrupción y erráticas intervenciones extranjeras”.

Desgraciadamente Libia no ha sido la excepción a esta tendencia regional. Luego de que en 2011 las movilizaciones de la llamada Primavera Árabe pusieran fin a más de cuarenta años de gobierno de Muamar Gadafi, se ha generado un vacío de poder que diversas facciones pujan por ocupar. De esta manera se sucedieron distintos intentos de gobiernos de transición, aunque ninguno fue capaz de ejercer su autoridad sobre un territorio cada vez más fragmentado entre autoridades estatales paralelas, milicias locales, e incluso combatientes de la organización terrorista Estado Islámico.

Así las cosas, Libia se vio sumergida rápidamente en una guerra civil de la cual surgieron dos coaliciones rivales, cada una con un territorio bajo su control, fuerzas armadas, instituciones políticas, y apoyos externos propios. En 2016, luego de dilatadas negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas a lo largo de 2015, se estableció un gobierno de unidad nacional, a fin de unificar a las distintas facciones beligerantes. Sin embargo es aún demasiado pronto para juzgar cuán exitoso ha sido este intento de restaurar la paz y el orden al país norafricano.

Como asevera el reporte sobre Libia 2017 elaborado por la organización Human Rights Watch, “ante la ausencia de una autoridad estatal que ejerza el control sobre el territorio nacional, decenas de grupos de milicias rivales y fuerzas militares, con agendas y lealtades variadas, continuaron violando el derecho internacional con impunidad. Indiscriminadamente han bombardeado a civiles, realizado secuestros y desapariciones forzosas, torturado, detenido y asesinado arbitrariamente a personas, y destruyeron propiedades civiles”.

La proliferación de prácticas contrarias al debido proceso, como las detenciones arbitrarias, la prisión sin sentencia firme, y la tortura, entre tantas otras, no es privativa de uno solo de los bandos beligerantes, sino que todos han incurrido en estos atropellos que han afectado, incluso, a mujeres y niños.

Por su parte, según informa el reporte anual de Amnistía Internacional, “el conflicto tuvo un impacto devastador en los civiles, reduciendo o restringiendo severamente su acceso a los alimentos, la atención médica, la educación, la electricidad, el combustible y el suministro de agua, y causando que gran cantidad de personas se vieran desplazadas de sus hogares. El colapso económico dejó a muchos luchando por mantener a sus familias”.

La problemática de los desplazados internos ha cobrado dimensiones colosales en el país africano ya que, según un comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados   publicado en mayo de 2017, la cifra total de libios obligados a abandonar sus pueblos alcanza los 300.000. “En total, más de 1,3 millones de personas necesitan urgentemente asistencia humanitaria, cifra que incluye a desplazados internos en el país (IDPs), comunidades de acogida, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo”.

Por otro lado, el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión no está garantizado en Libia, ya que son numerosos los casos de asesinatos, desapariciones, detenciones, y torturas a periodistas, y fotógrafos. Como ejemplo de esta situación, el destino de dos periodistas tunecinos desaparecidos en 2014 mientras cubrían los sucesos en Libia aún no ha sido determinado.

De lo dicho se observa que la situación de Libia es de una gran fragilidad, y una evolución negativa de la misma podría afectar no solo a los países del norte de África, sino también a Europa, destino final de los migrantes que zarpan de las costas libias. Hoy el país ofrece más dudas que certezas, pues aún está por verse cuán exitoso será el nuevo gobierno nacional en unificar a las distintas facciones otrora beligerantes, pacificar el país y restaurar el orden, y reconstruir las capacidades del Estado libio para proveer bienes y servicios básicos, como son la seguridad, la justicia, la salud, y la educación.

La pregunta incómoda que queda pendiente para el nuevo gobierno de unidad es qué sucederá con los responsables de los atropellos humanitarios cometidos durante 6 años de desgobierno y guerra civil. El silencio y la inacción oficial respecto a este tema generan temores de impunidad para los criminales, y olvido para las víctimas.

Facundo González Sembla