El abandono del tratado implica un retroceso institucional, ya que ahora Turquía no debe rendir cuentas ante ningún organismo internacional sobre su gestión de los temas relacionados a la violencia en contra de la mujer; ya no está obligado a divulgar las estadísticas de muertes, ni a proponer y/o realizar acciones concretas para frenar los feminicidios y proteger a las mujeres dentro de su jurisdicción. Resulta imperioso tomar parte para darle voz a esas mujeres que gritan en silencio y así volver a visibilizar el dolor de género, instaurando una legalidad acorde.

Por Estefanía Lapenna

Hace una década, la República de Turquía fue el primer país en firmar y posteriormente ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul. Irónicamente, el tratado que lleva el nombre de una de sus ciudades más emblemáticas terminó siendo abandonado por la misma Turquía tras una decisión arbitraria del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Esta decisión es incoherente con la posición del país a principios de 2011, cuando se ratificó el tratado. Entonces Erdoğan publicó orgullosamente en sus redes sociales que el Convenio de Estambul era producto de una gestión con liderazgo turco. Estos esfuerzos correspondían con el interés geopolítico que despertaba la oportunidad de entrar a la Unión Europea.

El Convenio ha sido firmado por 45 países y finalmente ratificado por 33. Por su contenido y su carácter vinculante es considerado como el instrumento jurídico internacional de mayor alcance en su ámbito. Establece que la violencia en contra de las mujeres no es sólo una forma de discriminación, sino que también debe considerarse como una violación a los derechos humanos y, por lo tanto, los Estados miembro son responsables de tomar medidas, tanto positivas como negativas, para prevenirla y castigarla.  

Durante la década en la que estuvo en vigencia en Turquía, se demostró que la ratificación y la implementación son dos cosas completamente distintas. Organizaciones lideradas por mujeres señalaron que los esfuerzos por parte del gobierno turco fueron tan sólo simbólicos y, por lo tanto, mínimos. Por ejemplo, la plataforma turca Detendremos el Feminicidio denunció que durante 2020 los ministerios del Interior y de Familia, Trabajo y Servicios Sociales no revelaron claramente las estadísticas sobre feminicidios y muertes sospechosas de mujeres, tal como establece el Convenio de Estambul.

Las razones detrás de la Decisión Presidencial número 3718

En un principio, el Partido político turco de la Justicia y el Desarrollo (AKP), dirigido por Erdoğan, no tenía una posición clara con respecto a la Convención de Estambul; sus miembros se encontraban divididos entre quienes apoyaban el Convenio y aquellos que preferían la retirada de Turquía.

Sin embargo, el golpe de gracia fue dado por los sectores más conservadores del país, que ejercieron presión sobre el gobierno para efectuar la retirada. Estas facciones se basaron en la creencia de que el convenio significa una amenaza directa a la concepción islámica de las estructuras familiares.

Los restantes miembros del Consejo de Europa han expresado su desacuerdo con la decisión de Ankara, principalmente por el hecho de que “no solo compromete la protección de las mujeres en Turquía, sino también en Europa y en el mundo”.

En contraposición, desde la embajada turca en Buenos Aires han recalcado que la retirada del Convenio se debe simplemente a una incompatibilidad con los valores inherentes de la sociedad islámica. Sin embargo, la salida “no debe interpretarse como un retroceso en la lucha contra la violencia contra las mujeres”, ya que la legislación nacional posee cláusulas que aseguran los derechos de las mujeres. Además, reafirmaron su política de tolerancia cero hacia casos de violencia de género.

 

La mutación del AKP: de la inclusión al abandono

En 2014, durante su primera campaña presidencial luego de ser Primer Ministro, Erdoğan adoptó una retórica amigable a la ampliación de los derechos de las mujeres que se tradujo en un importante caudal de votos femeninos. Es más, el AKP recibió un 55% de votos femeninos, cambiando radicalmente el rumbo de las elecciones.

Según el Movimiento de Mujeres de Kurdistán, a comienzos de su presidencia Erdoğan correspondió a la mayoría de sus votantes mediante políticas dirigidas a la mejora de la condición social de la mujer. Este paquete de medidas se sustentó en la ayuda económica de la Unión Europea para favorecer a la igualdad de género.

Sin embargo, las promesas se desvanecieron con el tiempo. El año pasado, el Índice de Transformación Bertelsmann emitió un reporte sobre Turquía en el que hace un repaso de políticas recientes que refuerzan las concepciones más tradicionales sobre las mujeres y su rol en la sociedad. Una señal muy clara de este punto de inflexión se dio en 2011, cuando el Ministerio de Asuntos de la Mujer fue reemplazado por el Ministerio de Familia y Política Social.

Por otro lado, el AKP, como partido conservador, se pronunció en contra del aborto (que es legal dentro de las 10 semanas de gestación desde 1983), y lo calificó como “una matanza”. Incluso, Erdoğan emitió un decreto para dejar de considerarlo una práctica médica. Sin embargo, las protestas públicas empujaron al presidente a dejarlo sin efecto.

Estas políticas confirman las intenciones nulas del Estado turco de proteger a casi el 50% de la población de la violencia machista, un mal cada vez más extendido. En 2014, la Universidad de Hacettepe y el Instituto de Estadística de Turquía (TURKSTAT) llevaron a cabo una serie de entrevistas y concluyeron que el 36% de las mujeres turcas ha padecido violencia física a lo largo de su vida. Es probable que el número aumente porque la retirada del Convenio implica una reducción en las penas para este tipo de delitos.

El abandono del tratado implica un retroceso institucional, ya que ahora Turquía no debe rendir cuentas ante ningún organismo internacional sobre su gestión de los temas relacionados a la violencia en contra de la mujer; ya no está obligado a divulgar las estadísticas de muertes, ni a proponer y/o realizar acciones concretas para frenar los feminicidios y proteger a las mujeres dentro de su jurisdicción. Resulta imperioso tomar parte para darle voz a esas mujeres que gritan en silencio y así volver a visibilizar el dolor de género, instaurando una legalidad acorde.

Turquía, primer signatario de un Convenio con nombre que honra a su mayor ciudad, se ha vuelto también su primer detractor. Queda la esperanza de que no corra la misma suerte que la Carta Africana de Derechos Humanos, o Carta de Banjul, que tomó su nombre de la capital de Gambia antes de que este país se convirtiera en uno de los más represivos de África.

Estefanía Lapenna

Voluntaria de CADAL