Aunque la Federación de Rusia en los últimos años se ha comprometido en mejorar su situación en materia de derechos humanos, los informes presentados ante su tercer Examen Periódico Universal en la ONU y los más recientes de prestigiosas organizaciones internacionales coinciden en que el estado de las libertades civiles y políticas en Rusia es muy grave.

Por Lucía Hukovsky

Según los informes del Examen Periódico Universal (EPU) que se realiza en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Federación de Rusia se comprometió a integrar los derechos humanos a su sistema legal. El país tomó responsabilidad en el tema y desde 2009 lleva adelante diversos programas para mejorar formalmente el estado de los derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos ha reconocido los avances logrados por la Federación de Rusia desde el primer ciclo del EPU (2009), incluyendo su incorporación en diversos tratados internacionales, aumentando así su responsabilidad en temas de interés global.

Sin embargo, para su tercer EPU, realizado el lunes 14 de mayo de 2018, la recopilación elaborada por la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Federación de Rusia manifestó preocupación "por las denuncias de que las torturas y los malos tratos, particularmente para extraer confesiones, seguían siendo sumamente frecuentes"; "por el hecho de que los ataques racistas violentos dirigidos específicamente contra personas de Asia Central y el Cáucaso o pertenecientes a minorías étnicas siguieran siendo un problema acuciante"; y "por las denuncias de discriminación, discurso de odio y violencia contra personas y activistas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero y de vulneración de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión".

Asimismo, se señaló preocupación "por la información sobre el hostigamiento, las amenazas de muerte, la intimidación, los actos de violencia física y los homicidios de abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición, en especial los que ejercían en el Cáucaso Septentrional, en relación con sus actividades profesionales"; "por la posible utilización arbitraria de la Ley Federal de Lucha contra las Actividades Extremistas, para limitar la libertad de expresión, incluida la disidencia política, así como la libertad de religión, debido a que contenía una definición vaga y amplia de la actividad extremista"; y "por las denuncias sistemáticas de restricciones arbitrarias al ejercicio de la libertad de reunión pacífica, como la dispersión violenta e injustificada de manifestantes, las detenciones arbitrarias y la imposición de multas elevadas o penas de prisión por la expresión de opiniones políticas".

Ante tales situaciones se le recomendó a la Federación de Rusia "que modificara la definición de extremismo de la Ley de Lucha contra las Actividades Extremistas"; "que defendiera la libertad de opinión y pusiera en libertad a todas las personas acusadas o condenadas por expresar opiniones críticas o disidentes" y "que cumpliera su obligación positiva en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de proteger y facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, la libertad de opinión y de expresión y la libertad de asociación"; que se derogaran o modificaran las disposiciones legales que restringían indebidamente las actividades de las ONG y se adoptaran medidas eficaces para prevenir e investigar todas las formas de acoso, intimidación o amenazas que enfrentaban los defensores de los derechos humanos".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también manifestó "consternación por la estigmatización de las ONG que recibían financiación extranjera".

Luego de su último EPU, los reportes de varias organizaciones internacionales de derechos humanos, publicados en enero de 2019, denuncian graves situaciones en la Federación de Rusia.

Siguiendo el último reporte de Human Right Watch sobre el estado de los derechos humanos en el país, jóvenes de la comunidad LGBT están siendo víctimas de discriminación y aislamiento en consecuencia de una ley promulgada en 2013 que prohíbe la “propaganda gay”. La discriminación por origen social y/o cualquier otra condición se encuentra penada, lo que convierte a esta ley en incompatible con la lucha por los derechos humanos en Rusia. En mayor profundidad, la medida formalmente llamada “ley para la protección de niños y niñas frente a la información que promueva la falta de valores familiares tradicionales” prohíbe brindar información sobre las relaciones LGBT en los medios audiovisuales como la radio y la televisión, lo que genera no solo la exclusión civil de estas personas, sino que también fomenta la violencia hacia ellos y la homofobia, según el reporte.

Las personas LGBT siguen siendo objeto de discriminación en Rusia, ya que incluso el presidente Vladimir Putin otorga su apoyo a las medidas de odio contra este grupo, como lo hizo con la mencionada institución. En este sentido, Freedom House destaca que tras ser elegido en el cargo por cuarta vez consecutiva, Vladimir Putin tiene gran control de la oposición mediante disposiciones y leyes que lo benefician e impiden que otros lo enfrenten en las elecciones. Incluso, a pesar del sistema democrático que debería caracterizar a la política rusa, el actual presidente se las arregla para mantener callados a los reporteros opositores y sobrepasar el descontento de la población, según el informe de Freedom in the World.

Lucía Hukovsky