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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
04-08-2018No sólo la OEA tiene sus ojos puestos sobre Nicaragua
El Consejo Permanente de la OEA aprobó la creación de un «grupo de trabajo», contando con el voto positivo de 20 países de los 34 miembros activos. Por su parte, La ONU está actualmente estudiando la posibilidad de tomar un papel activo respecto a la crisis nicaragüense. Desde que empezara la crisis el pasado 18 de abril en Nicaragua, se estima que al menos 317 personas han sido asesinadas.Por Eva Valladares Antón
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió el jueves 2 de agosto en una sesión extraordinaria para tratar, por quinta vez, la alarmante situación en Nicaragua. Esta vez, un grupo de estados presentaron una resolución conjunta para crear un Grupo de Trabajo en Nicaragua con el fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de una solución pacífica a esta crisis. Este grupo supondría enviar un representante de cada grupo regional y otros estados miembros que dependerían directamente del Consejo Permanente y al que reportarían los avances del trabajo en Nicaragua mensualmente.
Esta resolución fue impulsada por ocho países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México Y Perú. El representante de Colombia ante la OEA recordaba que los deberes sustanciales que los países de la OEA adquirieron al ratificar la carta de la OEA, comprometen a dichos países a trabajar para fortalecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en la región. Para honrar dicha misión, los países que impulsaron la propuesta de crear un Grupo de Trabajo expresaron la necesidad de operacionalizar el mandato del Consejo Permanente y el papel de los Estados Miembro en la crisis nicaragüense, respetando la soberanía del país centroamericano.
En cuanto a los países del Cono Sur, la representante de Argentina, Paula María Bertol, presentaba la propuesta de creación de este grupo de trabajo, cuyo ánimo es la búsqueda de una solución que ayude a Nicaragua a salir de esta crisis. De este modo, en palabras de Bertol, el objetivo de esta iniciativa es concretizar la función del Consejo Permanente de la OEA y trabajar a favor de la paz en Nicaragua. Así, indicó que el deber de los estados miembro de la OEA es “agotar todas las instancias posibles que puedan ayudar a encontrar la paz y una solución estable, sostenible y duradera en beneficio de todos los nicaragüenses y de la región.”
A su vez, Uruguay transmitió su grave preocupación por la situación de violencia en el país centroamericano. Tras presentar varias sugerencias de modificaciones, que fueron recogidas en la nueva resolución, Uruguay se unió al grupo de países que apoyaron la creación del Grupo de Trabajo. Asimismo, el representante chileno, Hernán Salinas, reiteró la preocupación de Chile por la situación que atraviesa Nicaragua, así como el llamado a que este país ponga fin a la violencia e inicie “las vías de diálogo que allanen el camino hacia la paz y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.” Además, recordó que “la promoción y defensa de derechos humanos no reconoce fronteras”, haciendo referencia a la noción de que la protección de los derechos humanos no es una materia de jurisdicción interna, como alegaba el canciller nicaragüense.
Sin embargo, Nicaragua no parece estar muy dispuesta a recibir el apoyo para crear un “diálogo nacional” entre la OEA y Nicaragua. En su intervención, Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, tachó la acción de la OEA como injerencista e inamistosa, además de tildarla de ser una actitud de hostigamiento y revanchismo político contra Nicaragua. Moncada rechazó tanto la propia convocatoria de esta sesión en la OEA como la conformación de un grupo de trabajo para Nicaragua, puesto que considera no sólo que es un ataque a la soberanía y a los asuntos internos de Nicaragua, sino que lo que Nicaragua considera un golpe de estado estaría, según Moncada, neutralizado. Finalmente, Moncada acusó a la OEA de haberse convertido en “la punta de lanza del imperio norteamericano” y declaró que no recibirán al grupo de trabajo de la OEA en territorio nicaragüense.
Destaca también la intervención de Venezuela, cuyo representante alterno, Jhon Guerra, indicaba que Nicaragua está siendo víctima del terrorismo financiado desde el exterior para intentar dar un golpe de estado al gobierno de Daniel Ortega. El embajador venezolano ante la OEA aseguró que hoy en Nicaragua impera la paz, pero continúa la agresión externa, comparando la resolución propuesta con una nueva Doctrina Monroe. Asimismo, afirmaba que “la resolución propuesta es ilegal, nula e inaplicable”.
Tras mucha confusión en la sala, se procedió a una votación, en la que se aprobó la creación del “grupo de trabajo”, contando con el voto positivo de 20 países de los 34 miembros activos de la OEA. Sólo cuatro países se opusieron a la creación de este nuevo mecanismo: Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas; ocho países más, en su mayoría caribeños y centroamericanos, se abstuvieron. A pesar de la negativa de Nicaragua a aceptar esta propuesta, la resolución fue aprobada, lo que supone un paso innovador en la historia del organismo, según los representantes ante la OEA de México, Jorge Lomónaco, y de Colombia, Andrés González Díaz.
Serán varios los miembros que compongan este grupo de trabajo. Entre ellos, un representante de cada uno de los grupos regionales en la Organización de Estados Americanos. Así, estarán presentes el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad del Caribe (Caricom), Estados Unidos y Canadá, estos dos últimos considerados una región en sí misma. Además de estos cinco representantes, habrá un número todavía indefinido de representantes de varios de los países que el pasado 18 de julio votaron a favor de otra resolución que condenaba la situación en Nicaragua. Los integrantes de este nuevo grupo de trabajo serán designados antes del 10 de agosto.
En las intervenciones posteriores a la votación, destaca la de Todd Robinson, consejero para América Central del Departamento de Estado de Estados Unidos. Robinson hizo alusión a la responsabilidad de responder ante la situación en Nicaragua y condenó los ataques del gobierno de Daniel Ortega y de los grupos parapoliciales contra la población civil. También condenó la nueva ley antiterrorista que el Congreso de Nicaragua aprobó el pasado mes de julio, pues materializa el temor de que se utilice para arrestar y criminalizar a aquellos que son críticos con el gobierno.
Un día antes de la reunión del Consejo Permanente para discutir la situación nicaragüense, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresaba que no aconsejaba al gobierno de Nicaragua seguir los pasos de Venezuela. Según Almagro, “el esquema represivo genera condiciones que llevan al país a una caída libre, como es el caso de Venezuela”, y aconsejaba la realización de elecciones anticipadas en Nicaragua. No sólo la OEA tiene sus ojos puestos sobre Nicaragua. El pasado 19 de julio, António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mantuvo una reunión con el canciller Denis Moncada, orientada a discutir la importancia del cese de la violencia y la posibilidad de encontrar una solución a través del diálogo. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad al Hussein, manifestaba el 2 de agosto su preocupación por las redadas y la persecución judicial a la que se enfrentan los estudiantes en las protestas en Nicaragua. La ONU está actualmente estudiando la posibilidad de tomar un papel activo respecto a la crisis nicaragüense.
Desde que empezara la crisis el pasado 18 de abril en Nicaragua, se estima que al menos 317 personas han sido asesinadas, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), apunta a que son al menos 448 los fallecidos y 2,800 las personas heridas en los más de cien días de crisis en Nicaragua.
Eva Valladares Antón
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió el jueves 2 de agosto en una sesión extraordinaria para tratar, por quinta vez, la alarmante situación en Nicaragua. Esta vez, un grupo de estados presentaron una resolución conjunta para crear un Grupo de Trabajo en Nicaragua con el fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de una solución pacífica a esta crisis. Este grupo supondría enviar un representante de cada grupo regional y otros estados miembros que dependerían directamente del Consejo Permanente y al que reportarían los avances del trabajo en Nicaragua mensualmente.
Esta resolución fue impulsada por ocho países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México Y Perú. El representante de Colombia ante la OEA recordaba que los deberes sustanciales que los países de la OEA adquirieron al ratificar la carta de la OEA, comprometen a dichos países a trabajar para fortalecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en la región. Para honrar dicha misión, los países que impulsaron la propuesta de crear un Grupo de Trabajo expresaron la necesidad de operacionalizar el mandato del Consejo Permanente y el papel de los Estados Miembro en la crisis nicaragüense, respetando la soberanía del país centroamericano.
En cuanto a los países del Cono Sur, la representante de Argentina, Paula María Bertol, presentaba la propuesta de creación de este grupo de trabajo, cuyo ánimo es la búsqueda de una solución que ayude a Nicaragua a salir de esta crisis. De este modo, en palabras de Bertol, el objetivo de esta iniciativa es concretizar la función del Consejo Permanente de la OEA y trabajar a favor de la paz en Nicaragua. Así, indicó que el deber de los estados miembro de la OEA es “agotar todas las instancias posibles que puedan ayudar a encontrar la paz y una solución estable, sostenible y duradera en beneficio de todos los nicaragüenses y de la región.”
A su vez, Uruguay transmitió su grave preocupación por la situación de violencia en el país centroamericano. Tras presentar varias sugerencias de modificaciones, que fueron recogidas en la nueva resolución, Uruguay se unió al grupo de países que apoyaron la creación del Grupo de Trabajo. Asimismo, el representante chileno, Hernán Salinas, reiteró la preocupación de Chile por la situación que atraviesa Nicaragua, así como el llamado a que este país ponga fin a la violencia e inicie “las vías de diálogo que allanen el camino hacia la paz y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.” Además, recordó que “la promoción y defensa de derechos humanos no reconoce fronteras”, haciendo referencia a la noción de que la protección de los derechos humanos no es una materia de jurisdicción interna, como alegaba el canciller nicaragüense.
Sin embargo, Nicaragua no parece estar muy dispuesta a recibir el apoyo para crear un “diálogo nacional” entre la OEA y Nicaragua. En su intervención, Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, tachó la acción de la OEA como injerencista e inamistosa, además de tildarla de ser una actitud de hostigamiento y revanchismo político contra Nicaragua. Moncada rechazó tanto la propia convocatoria de esta sesión en la OEA como la conformación de un grupo de trabajo para Nicaragua, puesto que considera no sólo que es un ataque a la soberanía y a los asuntos internos de Nicaragua, sino que lo que Nicaragua considera un golpe de estado estaría, según Moncada, neutralizado. Finalmente, Moncada acusó a la OEA de haberse convertido en “la punta de lanza del imperio norteamericano” y declaró que no recibirán al grupo de trabajo de la OEA en territorio nicaragüense.
Destaca también la intervención de Venezuela, cuyo representante alterno, Jhon Guerra, indicaba que Nicaragua está siendo víctima del terrorismo financiado desde el exterior para intentar dar un golpe de estado al gobierno de Daniel Ortega. El embajador venezolano ante la OEA aseguró que hoy en Nicaragua impera la paz, pero continúa la agresión externa, comparando la resolución propuesta con una nueva Doctrina Monroe. Asimismo, afirmaba que “la resolución propuesta es ilegal, nula e inaplicable”.
Tras mucha confusión en la sala, se procedió a una votación, en la que se aprobó la creación del “grupo de trabajo”, contando con el voto positivo de 20 países de los 34 miembros activos de la OEA. Sólo cuatro países se opusieron a la creación de este nuevo mecanismo: Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas; ocho países más, en su mayoría caribeños y centroamericanos, se abstuvieron. A pesar de la negativa de Nicaragua a aceptar esta propuesta, la resolución fue aprobada, lo que supone un paso innovador en la historia del organismo, según los representantes ante la OEA de México, Jorge Lomónaco, y de Colombia, Andrés González Díaz.
Serán varios los miembros que compongan este grupo de trabajo. Entre ellos, un representante de cada uno de los grupos regionales en la Organización de Estados Americanos. Así, estarán presentes el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad del Caribe (Caricom), Estados Unidos y Canadá, estos dos últimos considerados una región en sí misma. Además de estos cinco representantes, habrá un número todavía indefinido de representantes de varios de los países que el pasado 18 de julio votaron a favor de otra resolución que condenaba la situación en Nicaragua. Los integrantes de este nuevo grupo de trabajo serán designados antes del 10 de agosto.
En las intervenciones posteriores a la votación, destaca la de Todd Robinson, consejero para América Central del Departamento de Estado de Estados Unidos. Robinson hizo alusión a la responsabilidad de responder ante la situación en Nicaragua y condenó los ataques del gobierno de Daniel Ortega y de los grupos parapoliciales contra la población civil. También condenó la nueva ley antiterrorista que el Congreso de Nicaragua aprobó el pasado mes de julio, pues materializa el temor de que se utilice para arrestar y criminalizar a aquellos que son críticos con el gobierno.
Un día antes de la reunión del Consejo Permanente para discutir la situación nicaragüense, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresaba que no aconsejaba al gobierno de Nicaragua seguir los pasos de Venezuela. Según Almagro, “el esquema represivo genera condiciones que llevan al país a una caída libre, como es el caso de Venezuela”, y aconsejaba la realización de elecciones anticipadas en Nicaragua. No sólo la OEA tiene sus ojos puestos sobre Nicaragua. El pasado 19 de julio, António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mantuvo una reunión con el canciller Denis Moncada, orientada a discutir la importancia del cese de la violencia y la posibilidad de encontrar una solución a través del diálogo. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad al Hussein, manifestaba el 2 de agosto su preocupación por las redadas y la persecución judicial a la que se enfrentan los estudiantes en las protestas en Nicaragua. La ONU está actualmente estudiando la posibilidad de tomar un papel activo respecto a la crisis nicaragüense.
Desde que empezara la crisis el pasado 18 de abril en Nicaragua, se estima que al menos 317 personas han sido asesinadas, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), apunta a que son al menos 448 los fallecidos y 2,800 las personas heridas en los más de cien días de crisis en Nicaragua.
