La situación en Nicaragua preocupa a la comunidad internacional. Sólo el pasado domingo 8 de julio se registraron 31 muertes de civiles. Las comparaciones entre Nicaragua y Venezuela no se hacen esperar después de que el gobierno de Nicolás Maduro expresara su apoyo al gobierno de Ortega. Luis Almagro, secretario general de la OEA, pide el «paso de las armas a las urnas».

Por Eva Valladares Antón

El 11 de julio se cumplieron 85 días desde que comenzaron las protestas en Nicaragua. Al día de hoy, se cuentan más de 300 fallecidos y 1500 heridos. Desde que el 18 de abril se desataran manifestaciones en contra de una reforma a la Seguridad Social que aumentaba las contribuciones a la vez que recortaba en un 5% las pensiones de los jubilados, no se han detenido las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Los protestantes han sido testigos de la creciente represión del gobierno de corte sandinista en Nicaragua y esto ha provocado que gran parte de la sociedad civil exija la renuncia y la llamada a nuevas elecciones. Las protestas, que comenzaron en Managua, pronto se extendieron a otras zonas del país como León, Masaya y Granada, entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una visita entre el 17 y 21 de mayo de 2018 con el fin de observar la situación de derechos humanos en Nicaragua. En su informe, la CIDH asegura que el Estado nicaragüense ha utilizado tanto fuerzas policiales y antimotines como grupos parapoliciales, los cuales hacen uso de armas de fuego, bombas lacrimógenas y balas de goma para reprimir a la población. La represión utilizada ha provocado una mayor ola de protestas y, lo que comenzó siendo una protesta pacífica por un decreto nacional, se ha convertido en un amplio rechazo al régimen de Daniel Ortega. No sólo ha habido una ola de violencia que ha resultado en muertos y heridos, sino que también se habla de cuantiosos secuestrados y desaparecidos.  Además, el gobierno también ha sacado del aire a cuatro canales de televisión que cubrían las protestas. En el último mes, se han recrudecido los hechos violentos. La CIDH condena la agudización de la fuerza estatal y la existencia de ataques parapoliciales, así como las prácticas de humillación que se están realizando en suelo nicaragüense. Según este informe del CIDH del 22 de junio, había hasta esa fecha 212 muertos, 1337 heridos y 507 arrestos desde que comenzaron los disturbios. Sin embargo, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), en su último informe, registra 351 asesinados, 2100 heridos y más de 300 secuestrados y 200 desaparecidos. En un momento de crisis en el que contabilizar la violencia estatal resulta casi imposible, la situación en Nicaragua ha llegado al Consejo Permanente de la OEA en Washington D.C.

El pasado 11 de julio la situación nicaragüense estuvo en el punto de mira durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Fueron numerosos países del continente los que rechazaron la violencia perpetrada por el gobierno nicaragüense contra la población civil. Países como Paraguay, Argentina, Ecuador, y Estados Unidos, entre ellos algunos pertenecientes al Grupo de Lima, instan al gobierno nicaragüense a abrirse al diálogo para alcanzar la meta de la pacificación. Solicitaron que el gobierno nicaragüense implemente las recomendaciones de la OEA para poner fin a los daños humanos y apoyen el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), un grupo de trabajo cuya función es dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH tras su visita en Nicaragua. A su vez, los países pronunciaron su apoyo al recientemente constituido Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI). Entre los países de Centroamérica y el Caribe, sólo Costa Rica ha mostrado abiertamente su rechazo ante lo ocurrido en Nicaragua. Sin embargo, el representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, el Canciller Moncada, aseguraba durante las deliberaciones que la población nicaragüense está tratando de llevar a cabo un golpe de estado y rompiendo el orden constitucional. Asimismo, Moncada pedía ayer que la OEA apoye al gobierno de Nicaragua que, en sus propias palabras, es “víctima de la confabulación internacional para romper con un gobierno legalmente constituido.”

A su vez, Amnistía Internacional acusa al estado nicaragüense de haber realizado ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía, grupos paraestatales y fuerzas antimotines. En palabras de Ericka Guevara Rosas, directora de las Américas para Amnistía Internacional, “los disparos efectuados en contra de la población civil, con una trayectoria directa a la cabeza, cuello y la zona torácica refieren al posicionamiento de quienes disparan, un posicionamiento privilegiado intencionado para disparar a matar”. En su último informe del 3 de julio, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) registró la muerte de 198 personas de un solo disparo.

La situación en Nicaragua preocupa a la comunidad internacional. Sólo el pasado domingo 8 de julio se registraron 31 muertes de civiles. Las comparaciones entre Nicaragua y Venezuela no se hacen esperar después de que el gobierno de Nicolás Maduro expresara su apoyo al gobierno de Nicaragua, denunciando ante los miembros del Consejo de la OEA los actos de terrorismo por parte de los protestantes. Mientras tanto, Luis Almagro, secretario general de la OEA, pide el “paso de las armas a las urnas” ante la negativa del país centroamericano a llamar a elecciones.

Son varios los países de la región que piden que la OEA continúe monitoreando los eventos en Nicaragua. No sólo la OEA tiene los ojos puestos sobre este país: el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha mostrado su preocupación. La comunidad internacional está observando muy de cerca la evolución del conflicto en Nicaragua para resolver esta crisis de forma pacífica.

Eva Valladares Antón