Las ejecuciones extrajudiciales por parte de milicias o policías regionales son comunes y continúan produciéndose. La muerte de 10 personas durante un operativo militar en febrero del 2018 produjo la salida del Primer Ministro Hailemariam Desalegn, para darle paso a Abiy Ahmed, quien es miembro de la etnia oromo, una de las cuales lleva adelante la ola de manifestaciones.

Por Bruno J. Zacconi

Con algo más de cien millones de habitantes, la República Democrática Federal de Etiopía es el segundo país más poblado de Africa. Desde noviembre del 2015 el país sufre una crisis social y política que se cristaliza con protestas masivas de diversos grupos étnicos marginados política y económicamente.

Durante las protestas del 2015 y 2016 el gobierno había prometido diversas reformas para terminar con los desalojos forzados de campesinos, detenciones arbitrarias, percusión a opositores políticos y avances sobres los derechos de libertad de expresión. Sin embargo, estas anheladas reformas no sucedieron, lo que provocó el enojo de multitudes que terminaron con incendios que causaron la pérdida de más de 50 víctimas. Así el gobierno instauró un estado de emergencia que fue levantado en junio del 2017. 

Una nueva oleada de protestas se desató en el 2017, particularmente en el mes de agosto. Diversos cálculos estiman que a partir del 2015 aproximadamente 950 manifestantes han muerto.

El sistema político de Etiopía sigue siendo dominado por un único partido - Frente que posee la totalidad de los cargos políticos nacionales y regionales. Ello va a acompañado de prácticas de persecución a líderes políticos, que incluyen hostigamiento, detenciones y hasta la desaparición de sus partidos.

Esta situación se da en un clima donde la justicia es utilizada para coartar la libertad de expresión. Así, el sistema judicial encontró culpables a periodistas y activistas por cargos de terrorismo por internet, correo electrónico o Facebook. La intromisión en la correspondencia digital de las personas puede considerarse como un gran avasallamiento sobre el derecho a la privacidad de las personas. Esto lleva a que exista una gran preocupación por la independencia del Poder Judicial en los casos políticamente sensibles.

Durante el estado de excepción el gobierno profundizó las detenciones arbitrarias, muchas de las cuales fueron apresadas en virtud de la Proclamación Antiterrorista. Cabe decir que muchos de ellos fueron liberados a los cuatro meses, tiempo máximo que establece la legislación. Pese a la liberación de algunos, cientos de ciudadanos fueron sometidos a juicios injustos que conllevaban prisiones preventivas extensas, torturas y malos tratos.

Muchos de los quebrantos a los derechos humanos debían ser investigados por la Comisión Etíope de Derechos Humanos, pero los procesos que ésta realizaba no cumplían con las normas internacionales de derechos humanos. En estos, muchas veces se omitían declaraciones y testimonios de los torturados/detenidos. Sin embargo, la policía y el Ejército gozan de impunidad, lo que bloquea cualquier proceso en su contra.

A este panorama debe sumarse que el Gobierno no permite el funcionamiento del Grupo de Trabajo de Arbitraje de las Naciones Unidas para investigar los delitos contra los derechos humanos.

Las ejecuciones extrajudiciales por parte de milicias o policías regionales son comunes y continúan produciéndose. Durante todo el 2017 estas produjeron grandes ataques que obligaron al desplazamiento de personas sobre todo de las regiones de Oromia.

Hechos condenables, como el secuestro de niñas y niños o el desprendimiento de tierras en el vertedero Koshe, se debe a la falta de acción del Estado de Etiopía, el cual discrimina a sus ciudadanos y los vulnera profundamente. 

Todos estos abusos han provocado el desplazamiento de casi 10.000 personas al país vecino de Kenia.

A pesar de lo descripto, el Estado africano en cuestión sigue gozando de un fuerte apoyo internacional debido - de acuerdo a Human Rights Watch - a su rol estratégico en el marco africano, su calidad de anfitrión de la Unión Africana, y las grandes contribuciones al mantenimiento de paz de la O.N.U. Sin embargo, EE.UU y la U.E. condenan el historial de violaciones de los derechos humanos que posee Etiopía.

La muerte de 10 personas durante un operativo militar en febrero del 2018 produjo la salida del Primer Ministro Hailemariam Desalegn, para darle paso a Abiy Ahmed, quien es miembro de la etnia oromo, una de las cuales lleva adelante la ola de manifestaciones.

El nombramiento del nuevo Primer Ministro puede ser considerado como un intento de lograr una paz duradera y una democracia sostenible. Tal vez sea él el encargado de llevar a cabo reformas que conllevan a una gran discusión dentro de la elite dirigente etiopí.

Quizás Etiopía se encuentre en la puerta de entrada de una nueva época donde se acabe con las violaciones a los derechos humanos y el Estado cumpla una de sus funciones fundamentales: cuidar a todos sus ciudadanos.

Bruno J. Zacconi