La situación de los derechos humanos se ha mantenido en declive. Los múltiples intentos para firmar un alto al fuego entre las partes han fracasado y la violencia sectaria y política se han mantenido como el eje sobre el cuál gira el conflicto armado.

Por Ezequiel Podjarny

Sudán del Sur sigue siendo hoy en día la peor crisis humanitaria y de refugiados del continente africano. Aún así, la información que llega a los medios internacionales es limitada, no solo por el alto nivel de hostilidad que dificulta el trabajo de periodistas e investigadores, sino también por las políticas del gobierno del Presidente Kiir para limitar la cobertura crítica sobre la guerra civil. En su reporte sobre libertad de prensa del año 2017, Reporteros Sin Fronteras ubicó a Sudán del Sur en el puesto 145 y condenó la decisión del Presidente Kiir de limitar el acceso de periodistas internacionales y de bloquear señales de medios críticos al gobierno.

Según el Reporte 2017/18 de Amnistía Internacional, un tercio de la población de Sudán del Sur (3,9 millones de personas) ha sido desplazada de sus hogares por la violencia sectaria y la hambruna, de los cuales 1,9 millones son desplazados internos (con cientos de miles viviendo bajo la protección de la misión de paz de la ONU establecida en el país (UNMISS) y los restantes 2 millones son refugiados que residen principalmente en Uganda y en otros países vecinos como Kenya y Etiopía.

Mientras tanto, la situación de los derechos humanos se ha mantenido en declive. Los múltiples intentos para firmar un alto al fuego entre las partes han fracasado y la violencia sectaria y política se han mantenido como el eje sobre el cuál gira el conflicto armado. Amnistía Internacional afirma que las partes beligerantes han violado el derecho internacional y el derecho internacional humanitario al atacar a civiles según su etnia o su afiliación política, al cometer crímenes sexuales y al destruir la propiedad y desplazando a poblaciones enteras.

La extensión del conflicto se ha traducido en una profunda crisis humanitaria basada en el acceso limitado a la salud, la falta de insumos para tratamientos médicos y en que ya la mitad de la población de Sudán del Sur se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, lo que aumenta el riesgo de hambruna en el país. Más aún, Amnistía Internacional denuncia que los trabajadores humanitarios han sido víctimas de ataques y de acoso, que resultaron en la muerte de 25 personas dedicadas a palear la crisis humanitaria. En este contexto, el acceso a la muy necesaria asistencia se ha vuelto cada vez más difícil. A esta situación se le suma la grave crisis económica del gobierno que depende casi completamente de los ingresos de exportaciones petroleras en un contexto en que el precio del petróleo ha caído precipitadamente, lo que resultó también en el encarecimiento de los alimentos.

El gobierno de Kiir parece estar avanzando en su compromiso por liberar a los presos políticos capturados por el Servicio de Seguridad Nacional. Aún así, se han registrado casos de detenidos que han muerto en prisión por las duras condiciones de reclusión y la falta de acceso a tratamiento médico. En el último año, decenas de presos políticos fueron liberados pero no se ha comenzado ningún proceso de investigación sobre el uso de las detenciones arbitrarias por parte de los servicios de seguridad del Estado. Esta impunidad se extiende también a los perpetradores de crímenes sexuales, que en muy pocos casos han enfrentado procesos judiciales.

Los problemas de falta de rendición de cuentas están entre los más graves que hoy enfrenta un país donde el Estado no tiene el control efectivo de todo su territorio mientras que, en donde sí lo tiene, son las fuerzas estatales las que cometen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la población civil. Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ninguna de las investigaciones contra oficiales de las fuerzas de seguridad han contribuido a mejorar la confianza sobre la justicia en Sudán del Sur, y la implementación de los mecanismos de accountability contemplados en el acuerdo de 2015 está efectivamente estancada.

Situación institucional y negociaciones de paz

En diciembre de 2017 se llegó a un alto al fuego firmado por el gobierno y ocho de las nueve fuerzas opositoras que fue celebrado en el diario El Mundo con un artículo titulado “La última opción para la paz en Sudán del Sur”. Pero este último acuerdo se sumaría a la lista cada vez más larga de negociaciones fallidas, ya que nuevos enfrentamientos días después de la firma de este acuerdo, dejaron a este último prácticamente sin efecto.

Después de cuatro años de violencia étnica y desmedida, las divisiones cada vez más marcadas entre la población de Sudán del Sur hacen que cada vez sea más difícil visualizar una resolución a un conflicto con implicancias humanitarias similares o mayores a las de las guerras civiles en Siria y Yemen.

Los esfuerzos de las organizaciones internacionales y de UNMISS por mantener la paz y garantizar el acceso a la asistencia humanitaria han tenido pocos resultados para limitar el impacto de la crisis. El reciente anuncio por parte de UNICEF sobre la liberación de cientos de niños soldados es una señal positiva de un proceso que avanza, pero al que le queda mucho por recorrer.

En su reporte, Human Rights Watch denuncia la falta de transparencia e institucionalidad del gobierno en Juba. El presidente Kiir reemplazó a los legisladores alineados con su ex vicepresidente, Riek Machar, quien se encuentra viviendo en el exilio, por legisladores que responden a su reemplazante y nuevo socio en el gobierno de transición de Kiir, Taban Deng Gai.

El Presidente Kiir incluso ha anunciado su intención de organizar elecciones en el correr de este año, pero la Unión Africana ya ha advertido que no están dadas las condiciones para garantizar que se lleve a cabo un proceso justo y transparente. Esto se da luego de que las fuerzas opositoras exigieran la renuncia de Kiir como parte de un acuerdo de paz, algo que el Presidente rechazó terminantemente y afirmó que las demandas de los opositores “no son razonables”. Las fuerzas opositoras también exigieron que el ex vicepresidente Machar tampoco forme parte de un eventual gobierno de transición.

Ezequiel Podjarny