Los cadáveres por las calles de la capital de Burundi, las torturas con cables, barras de refuerzo de hierro y porras, los arrestos arbitrarios mayoritariamente en barrios de oposición y las desapariciones forzadas son hoy moneda corriente en el país.

Por Bruno J. Zacconi

La crisis política y de derechos humanos en la que se encuentra el país africano de Burundi se ha profundizado en el último año. El Jefe de Estado, Pierre Nkurunziza, ha sido habilitado por el Consejo de Ministros para modificar la Constitución y optar por quedarse en el poder hasta 2030. Cabe decir que las reformas constitucionales están atadas a un referéndum que se realizará en mayo del 2018, pero de las cuales no se espera otro resultado que la aprobación por amplia mayoría de los votantes.

Prestigiosas organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, o el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Michel Kafado, coinciden que el país se encuentra estancado en la crisis política desde el 2015. Distintas posibles salidas a esta crisis propuestas por la Comunidad de África Oriental no mostraban avances.

Este régimen ha incrementado potencialmente, según distintos reportes, los medios de coacción ilegítima como son los homicidios, las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones y reclusiones arbitrarias. Estos métodos, que incumplen claramente con el objeto de cualquier Estado, son llevados a cabo por las Fuerzas de Seguridad, el Ejército, el Servicio Nacional de Inteligencia y el Imbonerakure, movimiento político juvenil asociado al Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia -Fuerzas para la Defensa de la Democracia, que funciona como una milicia joven.

Los cadáveres por las calles de la capital de Burundi, las torturas con cables, barras de refuerzo de hierro y porras, los arrestos arbitrarios mayoritariamente en barrios de oposición y las desapariciones forzadas son hoy moneda corriente en el país. Tal es así, que el obispo de Ngozi como el exsenador y empresario Oscar Ntasano son ejemplos claro de la impunidad del régimen.

Muchos de estos actos son denunciados por el alarmante número de refugiados y exiliados que manifiesta el informe anual de la organización internacional Human Rights Watch. En el mismo, se advierten que el número de desplazados a países como Tanzania, Rwanda, Uganda o la República Democrática del Congo, asciende a 418.000 desde el inicio de la crisis, pero en el año 2017 ha disminuido a 391.111. Estos migrantes toman la decisión de salir del país muchas veces por haber sufrido en su núcleo familiar alguna de las violaciones a los derechos humanos expuestas más arriba. Es por ello que desde el exilio denuncian los abusos en particular y sirven como testimonio a los organismos de las Naciones Unidas que están interviniendo en la crisis.

Asimismo, se vive según la Organización Internacional para las Migraciones, un gran desplazamiento interno, produciéndose más de 187.000 casos de los cuales el 19% se han producido en el 2017. Según esta misma organización, las causas de las migraciones internas son principalmente las catástrofes naturales pero seguida fundamentalmente por causas socio-políticas.

Es importante remarcar que este descenso de los migrantes se debe a las paupérrimas condiciones en que se encuentran una vez salidos de Burundi. Tal como la manifestó el Programa Mundial de Alimentos, la falta de financiamiento produce una escasez de raciones para los refugiados. Asimismo, en enero del 2017 Tanzania dejó de reconocer automáticamente como refugiados a las personas solicitantes de asilo de nacionalidad burundesa. Se debe sumar el intento de convencer a la población refugiada burundesa que ha realizado el régimen para que regresen al país.

La violencia sexual sigue siendo de proporciones altas, entrevistando la comisión de investigación de Amnistía Internacional 49 casos de sobrevivientes de actos de esta naturaleza entre el 2015 y el 2017. Asimismo, muchos varones detenidos ilegalmente sin orden judicial declaran haber sido víctima de dichos delitos. Distintos enfoques entienden que la violencia sexual podría estar siendo utilizada como medio coactivo sobre opositores, punto que alarma y pone de manifiesto el paupérrimo estado de los derechos humanos de los habitantes de Burundi.

En cuanto a la libertad de expresión, desde el inicio de la crisis en el 2015 se ha restringido de manera progresiva y conjuntamente con la prohibición de reunión pacifica. Así, durante este período se prohibieron o suspendieron diez organizaciones de la sociedad civil que habían criticado los abusos del gobierno. La radio y televisión se encuentra bajo un control estricto del régimen que incluyó desde el comienzo de la crisis el cierre de algunos medios críticos a este.

Manifestaciones de estudiantes universitarios, conferencias y reuniones públicas fueron prohibidas, no autorizadas o reprimidas por el régimen. Un ejemplo es la huelga universitaria de los jóvenes de Bujumbura en marzo para protestar contra un nuevo sistema de préstamos y becas estudiantiles. Además, se han prohibido el ejercicio de la profesión a abogados que defendían los derechos humanos.

Todo lo anterior demuestra que los derechos humanos siguen siendo menoscabados por el régimen de Nkurunziza y que no se espera un futuro con mejoras y mucho menos un horizonte donde las libertades individuales y los derechos intrínsecos de las personas sean respetados y protegidos por el Estado de Burundi.

Bruno J. Zacconi