Los cambios en el régimen de Eritrea no han sido benévolos para el pueblo, sino que los más significativos profundizaron el conflicto. El contexto internacional con sus vecinos tampoco es favorable, y el gobierno de Afewerki ha consolidado aún más su poder a pesar de la resistencia de los ciudadanos, tanto en territorio eritreo como en el exterior. Alrededor del 12% de la población ha dejado el país.

Por Nicolás Trincado

Eritrea es un país africano con capital en la ciudad de Asmara, cuenta con alrededor de 5,700,000 habitantes y un PBI per cápita en 2017 de USD 545, limita con Etiopía, Sudán, y Yibuti. Actualmente se encuentra bajo un régimen militar unipartidista liderado por Isaias Afewerki, presidente de facto desde 1993. Eritrea es uno de los países más jóvenes del mundo, declarando su independencia de facto en 1991 y de jure en 1993 después de una guerra independentista de treinta años contra Etiopía. En el lado eritreo, la lucha fue conducida por el Frente para la Liberación Popular de Eritrea (FLPE), y por su secretario general Isaías Afewerki.

Una vez terminado el conflicto armado el FLPE pasó a conformar el Frente Popular por la Democracia y la Justicia (FPDJ) y Afewerki ocupó la oficina del presidente, aunque nunca fue confirmado en ella por el voto popular. Según el informe anual del Bertelsmann Transformation Index (BTI), el presidente eritreo se las arregló para consolidar su poder con un estilo “autoritario con tendencias totalitarias”. Sumado a esto, en los 25 años de gobierno, dice el mismo informe, hubo una caída de la popularidad de Afewerki debido a violaciones reiteradas los Derechos Humanos, al servicio militar/nacional obligatorio, al deterioro de la economía y a la total falta de libertades civiles en el país.

Según el informe anual de Human Rights Watch, el régimen de Afewerki es sostenido en gran parte por el Servicio Nacional Obligatorio, el cual consiste en un periodo indeterminado de servicio después de cumplir los 18 años. Mientras que algunos son asignados a posiciones de servicio civil, la mayoría van a unidades militares. El servicio, al ser indeterminado, puede prolongar su duración hasta una década y tiene un rango de edad de conscriptos que va desde los 18 hasta los 60 años. Los ciudadanos ancianos conforman milicias de barrio, encargadas de patrullar y controlar los vecindarios.

Debido al servicio nacional, alrededor del 12% de la población ha dejado el país. Sin embargo, según el mismo informe de HRW, los eritreos de la diáspora enfrentan hostilidad en varios países. De acuerdo a Amnistía Internacional, los que intentan cruzar la frontera deben intentar hacerlo a pie, a través de pasos fronterizos no oficiales. La política de “disparar a matar” a cualquier persona que quiera cruzar a Etiopía todavía se mantiene.

La hostilidad no es solo en el paso fronterizo, sino también una vez cruzada la frontera. En Sudán, por ejemplo, se deportó alrededor de 100 refugiados (entre ellos 30 menores), una acción que el Alto Comisionado de Refugiados de la ONU calificó como “una severa violación a la ley internacional de refugiados”. En esta misma línea, en agosto de 2017 la Corte Suprema de Israel sostuvo que si los eritreos no dejaban el país en un máximo de 60 días las autoridades podrían detenerlos, aunque el Ministro de Justicia israelí propuso enmendar la Ley para evitar la decisión de la corte.

En Europa, una corte Suiza sostuvo en 2017 que una mujer eritrea no podía probar que desertó del Servicio Nacional, por lo que en el caso de ser enviada de vuelta a Eritrea no enfrentaría ningún castigo al arribar, aunque un reportero especial de la ONU afirmó que la corte suiza no tenía pruebas de que los retornos involuntarios no serían perseguidos.

A las hostilidades enfrentadas en los países destino hay que sumar que los eritreos que viajan desde el cuerno de África hacia Europa enfrentan condiciones desfavorables en la travesía, tales como: violaciones, privación de la libertad por dinero, y muerte en el mediterráneo si su barco se hunde. En febrero de 2018, un camión con siete eritreos fue parado por las autoridades fronterizas en una gasolinera en la localidad hispano-francesa de La Jonquera y, según el diario La Vanguardia, el camión que los traía venía desde Italia. De acuerdo a un reporte del Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas, en 2016 alrededor de 52 mil eritreos desertaron.

Los que intentan cruzar el Océano Atlántico también enfrentan dificultades. De acuerdo al diario digital de Honduras, Proceso Digital, veintiún inmigrantes de Camerún, Eritrea y República del Congo fueron detenidos en Honduras. Éstos tenían como destino Estados Unidos. En el último país, además de trabas en la inmigración enfrentan también discriminación institucional. Ya que el presidente Donald Trump calificó a Haití, El Salvador y naciones africanas como “shithole countries” o "países de mierda" en español. De estos comentarios se hicieron eco distintos medios como The Guardian, The Washington Post, y The New York Times.

En el caso de los ciudadanos que no pueden escapar del régimen, dentro de las ofensas que el gobierno eritreo considera razones para encarcelar se encuentran: cuestionar la autoridad intentando huir del país o evitar el Servicio Nacional, practicar una religión no reconocida o cuestionar a alguien con autoridad. Los castigos como el encarcelamiento o la tortura son totalmente arbitrarios y se hacen sin ningún tipo de juicio previo. La prisión es indefinida y una vez adentro se incomunica al acusado con el mundo exterior. Sin embargo, el gobierno emitió un nuevo código de procedimiento criminal en 2015 que daba más garantías a los procesados (como tener una abogado defensor), pero según Amnistía Internacional, hasta el 2017 la situación no ha cambiado.

En cuestiones de libertad de prensa, en 2001 el gobierno cerró todos los diarios independientes de Eritrea y arrestó a sus editores y periodistas líderes. Conforme a lo dicho previamente, todos fueron encarcelados sin juicio previo, están incomunicados del exterior y se desconoce si algunos siguen vivos. Aunque esto no solamente se aplica a periodistas, sino también a cualquiera que se atreva a cuestionar el régimen. Por ejemplo, once oficiales de alto rango que criticaron al gobierno fueron encarcelados e incomunicados desde 2011, según HRW.
La situación en libertad de expresión es tan compleja, que incluso los eritreos en el exterior se ven obligados a permanecer en silencio, ya que según un artículo publicado por Al Jazeera a principios de 2018, casi todos los intérpretes usados por los gobiernos europeos para tratar con inmigrantes eritreos son contratados y enviados por el mismo gobierno de Eritrea. Por lo que, en el momento de contar su historia para justificar su pedido de asilo, deben omitir detalles o negarse a hablar por miedo a represalias contra amigos o familiares en Eritrea.

Además de la completa falta de libertad de prensa y de expresión, la libertad religiosa también se ve amenazada. Solamente se permiten algunas religiones autorizadas por el régimen: la Iglesia Católica Romana, el Islam Sunita, la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, y la Iglesia Evangélica (luterana). Según Human Rights Watch, se reportaron al menos 170 arrestos de cristianos evangélicos en mayo y junio de 2017. Cualquier intento de practicar una religión en privado es justificación para las fuerzas de seguridad para asaltar un hogar y detener a devotos.  Según Amnistía Internacional, para fin del pasado año ya se encontraban prohibidas todas las religiones distintas del Islam.

Sin embargo, en noviembre de 2017 se produjeron protestas frente a la embajada de Eritrea en Estocolmo por la detención de directivos y profesores de la escuela Al Diaa, una escuela religiosa islámica en Asmara cuyo cuerpo docente y alumno se negó a aceptar una toma de la escuela por parte del estado. La justificación a la toma es una de las nuevas políticas del régimen de Afewerki, la cual establece la estatización de todas las escuelas religiosas. Según Al Jazeera, luego de protestas llevadas a cabo por los estudiantes, el director de la escuela se adhirió al alumnado, y como consecuencia fue arrestado, a pesar de tener 81 años, por lo que incluso la única religión permitida se encuentra bajo amenaza.

En cuatro de seis regiones de Eritrea la tasa de desnutrición aumentó, según UNICEF. Además, se prevé que alrededor de 22.700 niños y niñas menores de cinco años padecerán desnutrición aguda durante 2018. El nivel de vida también se ve amenazado debido a que la mitad de todos los niños y niñas tienen algún retraso en el crecimiento, de acuerdo al mismo informe de UNICEF. Si tenemos en cuenta el informe anual de Amnistía Internacional (que a su vez cita un informe de junio pasado de la ONU) podemos destacar los dichos de eritreos en el extranjero que afirman, sobre sus familiares en Eritrea, “luchan para satisfacer necesidades básicas” y “hacen frente a una grave escasez de agua, sobre todo en Asmara”. Vale recalcar que el gobierno tiene un límite para las extracciones de efectivo de los bancos, lo que limita o impide a la gente comprar alimentos suficientes u otros artículos necesarios.
En conclusión, los cambios en el régimen de Eritrea no han sido benévolos para el pueblo, sino que los más significativos profundizaron el conflicto. El contexto internacional con sus vecinos tampoco es favorable, y el gobierno de Afewerki ha consolidado aún más su poder a pesar de la resistencia de los ciudadanos, tanto en territorio eritreo como en el exterior. Mientras tanto, los ciudadanos pasan hambre y son sometidos a situaciones comparables con la esclavitud, y los que logran escapar tienen que enfrentar malos tratos y hostilidades en el camino tanto como en el destino.

Nicolás Trincado