Varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnesty International y el Comité para la Protección de los Periodistas coinciden en que Vietnam ha llegado a una situación crítica respecto al abuso de los derechos humanos y libertades democráticas.

Por Lautaro Sapienza

El gobierno en Vietnam, controlado por el Partido Comunista, tiene desde 2006 a Nguyen Tan Dung en el cargo de Primer Ministro y en las últimas elecciones se rechazaron las candidaturas independientes, por más que estén legalmente autorizados a postularse, e incluso se hostigó y amenazó a candidatos disidentes o activistas de derechos humanos. Además, se rechazó la entrada en vigencia de cambios en el Código Penal que suavizaría la censura que aplica el gobierno a sus opositores.

Varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnesty International y el Comité para la Protección de los Periodistas coinciden en que Vietnam ha llegado a una situación crítica respecto al abuso de los derechos humanos y libertades democráticas.

En 2017, según el informe de Human Rights Watch (HRW), la situación de los medios de comunicación y la libertad de expresión en este país se deterioró notablemente. Mediante la utilización de un Código Penal vago, capaz de ser amoldado a las necesidades del gobierno, se realizaron más de 20 arrestos por “seguridad nacional” castigando el discurso crítico y el activismo pacífico. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), Vietnam se encuentra en el puesto 6 del ranking de los países que más ejercen la censura en el mundo. Las empresas privadas de comunicación que no pasen por el control estricto establecido en la Ley de Medios de 1999 están prohibidas por el gobierno. Según el Artículo 1, toda empresa de comunicación debe funcionar como “portavoz” de las acciones del Partido Comunista Vietnamita.

El Departamento de Propaganda Central, organismo encargado de definir la agenda pública mediática, sostiene reuniones semanales con editores y dirigentes de periódicos, radios o televisión, y da directivas sobre qué temas deben enfatizarse o censurarse. Por ejemplo, no debe hablarse en los medios sobre la actividad de la oposición política, las organizaciones o activistas por los derechos humanos, las divisiones dentro del mismo Partido Comunista Vietnamita, o incluso las diferencias étnicas entre el norte y el sur del país. Según el CPJ, hay al menos 16 periodistas detenidos por incumplir las normas impuestas por dicho departamento.

Amnistía International explica en su informe del 2017 que todavía sigue vigente la pena de muerte y que el estado controla la magistratura, las instituciones políticas y religiosas. Con respecto a la libertad de religión, HRW informa que el gobierno persigue y hostiga a los grupos que funcionen por fuera de su autorización. Además, aquellos grupos que cuentan con el aval pertinente sufren una supervisión constante e incluso son obligados a declarar públicamente quiénes forman parte de sus creyentes, para de esta manera detectar opositores. Sumado a esto, la corte se encuentra bajo el control del gobierno, utilizando el cargo de “amenaza a la seguridad nacional” para encerrar a cualquier activista o disidente que el Partido Comunista considere una amenaza. En los juicios, la policía intimida e incluso agrede a los asistentes – HRW ha registrado algunos casos de muerte en custodia policial que han quedado sin resolver. En línea con esto, otra violación a los derechos humanos es el envío de los detenidos por posesión o abuso de drogas a campos de trabajo como si fueran esclavos, incluidos niños o adolescentes.

Otro derecho vulnerado dentro de este país es el derecho a reunirse libremente. Esta es otra herramienta para evitar la agrupación y asociación de la oposición y los activistas de derechos humanos. Es necesario pedir permiso al gobierno para poder realizar reuniones públicas. Con este mismo fin, la policía impide la circulación de activistas extranjeros por las fronteras vietnamitas – y también buscan a los disidentes en el exterior. Por ejemplo, en agosto del año pasado Alemania protestó por la detención en Berlín de un activista vietnamita por los derechos humanos, expulsando a los diplomáticos de este país asociados en este terrible hecho. Sin embargo, Bruselas (como representante de la Unión Europea) no emitió comunicado al respecto.

La relación de este país con el resto del mundo se mantuvo bastante estable a lo largo del año. Con respecto a China, sigue siendo su mayor socio comercial, pero mantienen los conflictos sobre territorio marítimo. A pesar de la salida en enero del Trans-Pacific Partnership por parte de Estados Unidos, sostienen su relación económica y, particularmente, militar. En mayo del año pasado, el Primer Ministro de Vietnam visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y prometió continuar la cooperación en comercio, seguridad regional y fronteras e inmigración. Frente a esto, Trump devolvió la visita en noviembre, pero no realizó ningún comentario frente a las violaciones de derechos humanos y libertades democráticas que se producen en este país.

Con respecto a los refugiados o a aquellas personas que colaboran con los intentos de escapar del país, en caso de ser detectados son llevados nuevamente a Vietnam, en donde son juzgados bajo el artículo 275 que habla sobre forzar, ayudar o intentar una huida del territorio vietnamita sin autorización.

Lautaro Sapienza