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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
09-02-2026Venezuela en la encrucijada
Las fuerzas democráticas de Venezuela pueden ya sea aceptar la marginación mientras Trump y Rodríguez se reparten los recursos de su país, o aprovechar este momento caótico para impulsar una agenda democrática genuinamente venezolana. Eso significa rechazar tanto el autoritarismo de Maduro como la intervención de Trump, e insistir en que cualquier legitimidad que reclame para sí el gobierno de Rodríguez deberá provenir de los votantes venezolanos.
Por Inés Pousadela
Cuando las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa el 3 de enero pasado, dejando un saldo de al menos 24 agentes de seguridad venezolanos y 32 agentes de inteligencia cubanos muertos en el proceso, muchos en la oposición venezolana se atrevieron a albergar brevemente una esperanza. Especularon con que la intervención podría finalmente traer consigo la transición democrática frustrada desde que Maduro se atrincherara en el poder tras perder las elecciones de julio de 2024. Pero en cuestión de horas, esas esperanzas comenzaron a desvanecerse. Trump anunció que Estados Unidos ahora “manejaría” Venezuela y la vicepresidenta Delcy Rodríguez prestó juramento en reemplazo de Maduro. Así, la soberanía de Venezuela fue violada dos veces: primero por un régimen autoritario que usurpó la voluntad popular y luego por una potencia externa que pisoteó el derecho internacional.
Una intervención cínica
Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha abandonado todo simulacro de promoción de la democracia. Trump envolvió su intervención en la retórica de la lucha contra el narcotráfico, sin siquiera ocultar su entusiasmo en relación con las reservas de petróleo, los yacimientos de tierras raras y las oportunidades de inversión en Venezuela. Dejó claro una y otra vez que la hegemonía regional de los Estados Unidos era la prioridad número uno. Su desprecio por el derecho de los venezolanos a la autodeterminación fue explícito: cuando se le preguntó por la líder opositora María Corina Machado, Trump la descartó en el acto por supuestamente carecer del respeto de sus compatriotas y de capacidad de liderazgo. El mensaje al movimiento democrático de Venezuela fue claro: vuestra lucha no importa, solo importan nuestros intereses.
Irónicamente, la intervención estadounidense logró lo que años de propaganda de Maduro no habían conseguido: revivir y dar nueva credibilidad a la retórica antiimperialista. Durante décadas, los regímenes autoritarios latinoamericanos han justificado la represión señalando la amenaza de la intervención estadounidense, aunque se tratara más que nada de un reclamo histórico. Ya no es así: Trump les ha regalado a todos los líderes autoritarios de la región la excusa perfecta para justificar su poder.
La respuesta global ha sido igualmente reveladora. Los defensores más acérrimos de la soberanía nacional han sido potencias autoritarias como China, Irán y Rusia. Estados que violan sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos se apresuraron a expresar su “solidaridad con el pueblo de Venezuela” y a posicionarse como defensores del derecho internacional. Al lado de Trump y su violación descarada de los principios fundamentales del orden internacional post-1945, los líderes de algunos de los regímenes más represivos del mundo lograron presentarse como la encarnación misma de la sobriedad y el sentido común. En cuanto a América Latina, la intervención ha desplazado drásticamente el eje del debate político: la cuestión ya no es cómo restaurar la democracia en Venezuela, sino cómo evitar la próxima aventura militar de Estados Unidos en la región.
Continuidad del autoritarismo
Entretanto, el régimen autoritario de Venezuela permanece intacto. Si bien Maduro comparece en un tribunal de Nueva York, las estructuras que lo mantuvieron en el poder —el ejército corrupto, la inteligencia cubana, las redes clientelares y el aparato represivo— siguen en su sitio. Es probable que Rodríguez intente ganar tiempo, alegando que Maduro todavía podría regresar para eludir la obligación de convocar a elecciones, mientras negocia discretamente acuerdos petroleros con empresas estadounidenses y restablece el control autoritario. Tanto para Rodríguez como para Trump, la democracia parece no ser más que un obstáculo inconveniente para avanzar en la extracción de recursos.
Para la sociedad civil venezolana, esto crea auténticos dilemas. Al tomar posesión de su cargo, Rodríguez denunció la operación que la había colocado al mando y prometió que Venezuela nunca más sería colonia de ningún imperio. Se envolvió en la bandera, enmarcando la continuidad del régimen como una postura patriótica contra el imperialismo occidental, y nada le resultará más fácil que tachar al activismo opositor que lleva largo tiempo reclamando presión internacional en favor de la democracia como traición y colaboracionismo con potencias extranjeras. Esto a pesar de haber sido parte de un régimen que acogió a la inteligencia cubana, a petroleros iraníes y a asesores militares rusos, y que ahora negocia acuerdos petroleros con Estados Unidos y cruza su propia línea roja al prometer cambios legales para abrir las puertas a la inversión privada.
Una solución venezolana para Venezuela
Sin embargo, es posible que se hayan abierto algunas grietas en el régimen. La salida de Maduro ha producido fricciones dentro del partido gobernante. Por ejemplo, ha habido desacuerdos evidentes sobre cómo manejar la presión para liberar a los más de 800 presos políticos que tiene Venezuela. Esto puede abrir ventanas de oportunidad que el movimiento democrático podría aprovechar.
Es hora de que la oposición democrática se reapropie de la narrativa. Inmediatamente después de la intervención, las familias de los presos políticos organizaron vigilias frente a los centros de detención, expresando demandas de liberación a las que el gobierno ha respondido solo parcialmente. La sociedad civil debe amplificar estas voces, dejando claro que todo acuerdo de transición requerirá del desmantelamiento del aparato represivo, y no solo de un cambio de figuras en la cúspide.
Una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil ha publicado un decálogo de demandas que trazan el camino hacia una transición democrática. Reclaman la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el desmantelamiento de los grupos armados irregulares, el acceso sin restricciones de observadores de derechos humanos y ayuda humanitaria y, lo que es más importante, elecciones presidenciales libres y competitivas con la presencia de observadores internacionales. Estas demandas merecen respaldo internacional, no como condiciones para la firma de contratos petroleros sino como requisitos innegociables para reconocer a cualquier gobierno que pretenda hablar por Venezuela.
Las fuerzas democráticas de Venezuela pueden ya sea aceptar la marginación mientras Trump y Rodríguez se reparten los recursos de su país, o aprovechar este momento caótico para impulsar una agenda democrática genuinamente venezolana. Eso significa rechazar tanto el autoritarismo de Maduro como la intervención de Trump, e insistir en que cualquier legitimidad que reclame para sí el gobierno de Rodríguez deberá provenir de los votantes venezolanos, y no de las fuerzas armadas estadounidenses ni de los contratos petroleros. Sin embargo, la ventana de oportunidad puede estar cerrándose rápidamente. La pregunta es si el movimiento democrático de Venezuela podrá aprovecharla para construir el país por el que tanto ha luchado, o seguirá en el rol de espectador mientras otros deciden su destino.
Inés PousadelaVicepresidentaTiene un Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Belgrano en la orientación Teoría Política y Teoría Sociológica; Cursos de Doctorado en el IHEAL/Université Paris 3 en la orientación Estudios Latinoamericanos; una Maestría en Sociología Económica, IDAES-UNSAM; y es Licenciada en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Senior Research Specialist de CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation; Investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) para Argentina del Open Government Partnership; y Profesora de Política Comparada y Sociedad Civil Global de la Universidad ORT Uruguay.
Cuando las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa el 3 de enero pasado, dejando un saldo de al menos 24 agentes de seguridad venezolanos y 32 agentes de inteligencia cubanos muertos en el proceso, muchos en la oposición venezolana se atrevieron a albergar brevemente una esperanza. Especularon con que la intervención podría finalmente traer consigo la transición democrática frustrada desde que Maduro se atrincherara en el poder tras perder las elecciones de julio de 2024. Pero en cuestión de horas, esas esperanzas comenzaron a desvanecerse. Trump anunció que Estados Unidos ahora “manejaría” Venezuela y la vicepresidenta Delcy Rodríguez prestó juramento en reemplazo de Maduro. Así, la soberanía de Venezuela fue violada dos veces: primero por un régimen autoritario que usurpó la voluntad popular y luego por una potencia externa que pisoteó el derecho internacional.
Una intervención cínica
Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha abandonado todo simulacro de promoción de la democracia. Trump envolvió su intervención en la retórica de la lucha contra el narcotráfico, sin siquiera ocultar su entusiasmo en relación con las reservas de petróleo, los yacimientos de tierras raras y las oportunidades de inversión en Venezuela. Dejó claro una y otra vez que la hegemonía regional de los Estados Unidos era la prioridad número uno. Su desprecio por el derecho de los venezolanos a la autodeterminación fue explícito: cuando se le preguntó por la líder opositora María Corina Machado, Trump la descartó en el acto por supuestamente carecer del respeto de sus compatriotas y de capacidad de liderazgo. El mensaje al movimiento democrático de Venezuela fue claro: vuestra lucha no importa, solo importan nuestros intereses.
Irónicamente, la intervención estadounidense logró lo que años de propaganda de Maduro no habían conseguido: revivir y dar nueva credibilidad a la retórica antiimperialista. Durante décadas, los regímenes autoritarios latinoamericanos han justificado la represión señalando la amenaza de la intervención estadounidense, aunque se tratara más que nada de un reclamo histórico. Ya no es así: Trump les ha regalado a todos los líderes autoritarios de la región la excusa perfecta para justificar su poder.
La respuesta global ha sido igualmente reveladora. Los defensores más acérrimos de la soberanía nacional han sido potencias autoritarias como China, Irán y Rusia. Estados que violan sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos se apresuraron a expresar su “solidaridad con el pueblo de Venezuela” y a posicionarse como defensores del derecho internacional. Al lado de Trump y su violación descarada de los principios fundamentales del orden internacional post-1945, los líderes de algunos de los regímenes más represivos del mundo lograron presentarse como la encarnación misma de la sobriedad y el sentido común. En cuanto a América Latina, la intervención ha desplazado drásticamente el eje del debate político: la cuestión ya no es cómo restaurar la democracia en Venezuela, sino cómo evitar la próxima aventura militar de Estados Unidos en la región.
Continuidad del autoritarismo
Entretanto, el régimen autoritario de Venezuela permanece intacto. Si bien Maduro comparece en un tribunal de Nueva York, las estructuras que lo mantuvieron en el poder —el ejército corrupto, la inteligencia cubana, las redes clientelares y el aparato represivo— siguen en su sitio. Es probable que Rodríguez intente ganar tiempo, alegando que Maduro todavía podría regresar para eludir la obligación de convocar a elecciones, mientras negocia discretamente acuerdos petroleros con empresas estadounidenses y restablece el control autoritario. Tanto para Rodríguez como para Trump, la democracia parece no ser más que un obstáculo inconveniente para avanzar en la extracción de recursos.
Para la sociedad civil venezolana, esto crea auténticos dilemas. Al tomar posesión de su cargo, Rodríguez denunció la operación que la había colocado al mando y prometió que Venezuela nunca más sería colonia de ningún imperio. Se envolvió en la bandera, enmarcando la continuidad del régimen como una postura patriótica contra el imperialismo occidental, y nada le resultará más fácil que tachar al activismo opositor que lleva largo tiempo reclamando presión internacional en favor de la democracia como traición y colaboracionismo con potencias extranjeras. Esto a pesar de haber sido parte de un régimen que acogió a la inteligencia cubana, a petroleros iraníes y a asesores militares rusos, y que ahora negocia acuerdos petroleros con Estados Unidos y cruza su propia línea roja al prometer cambios legales para abrir las puertas a la inversión privada.
Una solución venezolana para Venezuela
Sin embargo, es posible que se hayan abierto algunas grietas en el régimen. La salida de Maduro ha producido fricciones dentro del partido gobernante. Por ejemplo, ha habido desacuerdos evidentes sobre cómo manejar la presión para liberar a los más de 800 presos políticos que tiene Venezuela. Esto puede abrir ventanas de oportunidad que el movimiento democrático podría aprovechar.
Es hora de que la oposición democrática se reapropie de la narrativa. Inmediatamente después de la intervención, las familias de los presos políticos organizaron vigilias frente a los centros de detención, expresando demandas de liberación a las que el gobierno ha respondido solo parcialmente. La sociedad civil debe amplificar estas voces, dejando claro que todo acuerdo de transición requerirá del desmantelamiento del aparato represivo, y no solo de un cambio de figuras en la cúspide.
Una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil ha publicado un decálogo de demandas que trazan el camino hacia una transición democrática. Reclaman la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el desmantelamiento de los grupos armados irregulares, el acceso sin restricciones de observadores de derechos humanos y ayuda humanitaria y, lo que es más importante, elecciones presidenciales libres y competitivas con la presencia de observadores internacionales. Estas demandas merecen respaldo internacional, no como condiciones para la firma de contratos petroleros sino como requisitos innegociables para reconocer a cualquier gobierno que pretenda hablar por Venezuela.
Las fuerzas democráticas de Venezuela pueden ya sea aceptar la marginación mientras Trump y Rodríguez se reparten los recursos de su país, o aprovechar este momento caótico para impulsar una agenda democrática genuinamente venezolana. Eso significa rechazar tanto el autoritarismo de Maduro como la intervención de Trump, e insistir en que cualquier legitimidad que reclame para sí el gobierno de Rodríguez deberá provenir de los votantes venezolanos, y no de las fuerzas armadas estadounidenses ni de los contratos petroleros. Sin embargo, la ventana de oportunidad puede estar cerrándose rápidamente. La pregunta es si el movimiento democrático de Venezuela podrá aprovecharla para construir el país por el que tanto ha luchado, o seguirá en el rol de espectador mientras otros deciden su destino.
