Un gobierno seriamente comprometido con la defensa y promoción internacional de los Derechos Humanos no realiza una visita oficial a un país gobernado por una dictadura para tratar exclusivamente asuntos comerciales. Y mucho menos los representantes de un gobierno democrático pueden caer en actitudes frívolas, como si la falta de libertades en un país como Angola fuera motivo para actitudes festivas.

Por Gabriel C. Salvia

Teodoro Obiang y Cristina Kirchner firmando acuerdos energéticos

Uno de los aspectos más sórdidos de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) es el de las relaciones amigables con las dictaduras. Por eso es poco comprensible que muchos elogien o le reconozcan méritos a la política kirchnerista en materia de Derechos Humanos, como si fuera coherente tener un criterio interno sobre el tema y otro en las relaciones internacionales.

A pesar de incluir entre las prioridades de la política exterior a la promoción de la forma democrática de gobierno y el respeto a los derechos humanos, CFK ha brindado una igualdad de trato que no corresponde a varios dictadores y nunca tuvo un gesto de solidaridad hacia sus opositores pacíficos. Por cierto, lo mismo puede decirse del establishment de las organizaciones locales de defensa de los Derechos Humanos.

Sin embargo, pocos se han detenido a señalar esta contradicción, cuya única excepción se produjo al principio de su mandato –debido a la información que brindaron los medios- ante el dictador de Guinea Ecuatorial, quien realizó entonces una gira oficial de negocios a la Argentina que siguió luego con mejor suerte por Brasil, Venezuela y Cuba. El pobre de Teodoro Obiang debe estar indignado ante la carnavalesca visita de CFK a su continente, como si su colega de Angola no fuera tan dictador como él.

¿Qué destacan los informes más recientes sobre Angola de las dos organizaciones internacionales más prestigiosas en la defensa de los Derechos Humanos: Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW)?

En el caso de la institución inglesa AI, su reporte sobre Angola del 2011 comienza diciendo que “varias personas fueron detenidas y acusadas de delitos contra el Estado. Algunas permanecían recluidas sin juicio”.

Por su parte, en su informe de 2012, HRW indicó: “En 2011 el Presidente José Eduardo dos Santos, quien lleva 32 años en el poder, se vio enfrentado a una oleada de críticas sin precedentes, inspirada por los movimientos pro-democráticos de la Primavera Árabe.

Las autoridades del país actuaron en contra de las manifestaciones (que fueron mayormente organizadas por Internet), con fuerza excesiva y restringió la cobertura mediática de las protestas. También, y de forma generalizada, el gobierno de Angola no dejaba de restringir el ejercicio de las libertades básicas de expresión, asociación y reunión, pese de las fuertes garantías de protección de dichas libertades en la Constitución de 2010”.

La situación de los Derechos Humanos en Angola no podía ser desconocida por el Canciller Héctor Timerman, quien como periodista fue siempre una de las voces más solidarias frente a los atropellos cometidos por los regímenes represivos de distintos lugares del mundo y un agradecido a organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, que denunciaron las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar argentina. De ahí su elocuente frase: “Porque fuimos víctimas tenemos la obligación de ayudar a las actuales víctimas”.

Sin embargo, como funcionario de CFK tiene que cumplir una instrucción presidencial que abomina: ser cómplice del silencio que buscan las dictaduras. Se le notaba en su cara ante las incómodas preguntas formuladas en Luanda por el periodista Jorge Lanata, en relación a la opinión del gobierno argentino sobre la situación de los Derechos Humanos en Angola.

Lo cierto es que un gobierno seriamente comprometido con la defensa y promoción internacional de los Derechos Humanos no realiza una visita oficial a un país gobernado por una dictadura para tratar exclusivamente asuntos comerciales. Y mucho menos los representantes de un gobierno democrático pueden caer en actitudes frívolas, como si la falta de libertades en un país como Angola fuera motivo para actitudes festivas.

Gabriel C. Salvia es Director del Proyecto Puente Democrático de CADAL.

 

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.