Por Adrián Lucardi

El actual gobierno ha convertido a la defensa de los derechos humanos en una de sus principales banderas y, consecuentemente con ello, ha promovido el juicio y castigo a los crímenes de la última dictadura. Sin embargo, no se ha mostrado igualmente dispuesto a investigar y castigar la violencia guerrillera y paraestatal que tuvo lugar antes de 1976. Pero si hasta ahora esa actitud displicente hacia los crímenes de la guerrilla y la Triple A había permanecido velada, la ley de reforma política que el Congreso aprobó el 2 de diciembre pasado se encargó de explicitarla sin ambages.

En efecto, el artículo 15 de dicha ley dispone que quienes estén procesados por “genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos” no podrán presentarse como candidatos para cargos electivos nacionales, pero solamente cuando se trate de “hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.

En otras palabras, estamos ante una ley que dice que ciertas violaciones a los derechos humanos son más graves que otras solamente porque fueron llevadas a cabo por un gobierno políticamente antipático (es decir, de derecha). Ello constituye una burla hacia quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos en otros períodos de la historia argentina, pero además deja al descubierto la hipocresía de que cierto sector de la izquierda vernácula que no reniega de imponer las propias ideas mediante la violencia, y sólo se dice defensora de los derechos humanos en la medida en que constituyan un arma eficaz para combatir al Proceso.

Consecuentes con dicha postura, estos autoproclamados defensores de los derechos humanos no ven nada intrínsecamente malo en la violencia guerrillera de los años 70 (que podrá haber sido un error, pero no un crimen) y no dudan en elogiar a los dictadores políticamente simpáticos que, como Fidel Castro, cubren sus crímenes con un discurso de izquierda.

La misma hipocresía muestra el gobierno nacional, que llama a derogar la “ley de medios de la dictadura”, pero no tiene pruritos en invocar el código aduanero de la dictadura para cobrar retenciones. O que no hace nada para derogar el decreto ley 22.847 de 1983, con el que los militares pretendían beneficiar a los candidatos peronistas que habían declarado que la ley de autoamnistía era perfectamente legal. Pero esa ley sobrerrepresenta a las provincias chicas del interior, y el gobierno necesita el apoyo de los diputados y gobernadores de las mismas.

Entre 1976 y 1983, Argentina sufrió una brutal dictadura militar en la que miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas sin ninguna clase de proceso legal, y a menudo sólo por figurar en una agenda o por sostener ideas consideradas “peligrosas” por quienes ocupaban el gobierno. Queremos que esos hechos no se repitan nunca más. Pero ello requiere considerar a la democracia y a los derechos humanos como fines en sí mismos, que están más allá de las conveniencias políticas del momento. Porque la esencia de la democracia y los derechos humanos es ayudarnos a construir una sociedad pacífica, en la que nadie pueda considerarse más humano que otros.

Adrián Lucardi es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

 

Adrián Lucardi

Consejero Académico

Es profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del ITAM (México). Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés (Buenos Aires) y doctor en Ciencia Política por la Washington University in St. Louis (Estados Unidos). Su trabajo fue publicado en The Journal of Politics, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies y Legislative Studies Quarterly, entre otros.