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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
La tristeza va por barrios
¿Qué es común a la Argentina, Chile y Ecuador, tres casos a los que se les podrían suman otros países de la región? La inseguridad creciente y sin solución de continuidad. El narcotráfico y su permanente captación entre miles de jóvenes que no ven futuro porque ni trabajan ni estudian. El crecimiento del crimen organizado. Por Hugo Machín Fajardo
La política de barra brava que se registra en casi toda Latinoamérica tuvo nuevas y diferentes expresiones en los últimos días, que cada vez alejan más a las sociedades de sus dirigentes políticos.
La más reciente y evidente, en Chile, donde luego de un período de predominio de la izquierda encabezada por el presidente Gabriel Boric —predominio que incluyó ser mayoría en la hoy desaparecida Convención Constitucional— se pasó a esta fase de una mayoría de derecha en el plebiscito del 7 de mayo.
Resultado que le exigió al presidente Boric (30% de apoyo en su gestión) exhortar a los ganadores del presente a «no cometer los errores que cometimos nosotros», con la ventaja obtenida en las urnas: «El proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto», admitió en un pedido dirigido al Partido Republicano y Chile Seguro, quienes sumados obtuvieron el 63,49 % de los votos, que representa tener 33 de los 51 consejeros constitucionales electos. Mayoría absoluta. La izquierda, con 28% de los votos, obtiene 17 consejeros con los que ni siquiera alcanza los 2/5 que le darían posibilidad de veto. Los pueblos indígenas obtuvieron un consejero.
En síntesis, los que siempre estuvieron en contra de reformar la Constitución ahora pueden redactar la constitución que les parezca mejor. La paradoja es que algún dirigente de esa izquierda que exageró los males de «la Constitución de Pinochet» —una falacia, pues ya no lo es tal— ahora sostiene que es mejor no modificarla.
En Argentina, Javier Milei, protagonista en carne y hueso del ya conocido exabrupto, que llevó a los Kirchner al poder, el «que se vayan todos», el político emergente en el escenario del país austral, sufrió varios contrastes en las elecciones provinciales del 7 de mayo: en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Rioja obtuvo magros resultados y ni figuró en Misiones donde renunció a presentar su candidata. ¿Eso determina que el candidato de la ultraderecha libertaria no tenga chance nacional? En absoluto. La política de barra brava todo lo puede.
En Ecuador Guillermo Lasso (17% de aprobación) presidente electo sin apoyo propio en el Congreso, como en otros países latinoamericanos fue elegido por méritos propios, pero con muchos votos en contra del candidato de Rafael Correa. Hoy transita por un angosto pretil que separa seguir en funciones o ser destituido por el Congreso que en estos días debate ese punto. Lasso podría apelar a la «muerte cruzada» consistente en la disolución del Poder Legislativo, adelantar las elecciones y gobernar por seis meses más.
Vuelvo a Chile. Todo el proceso de reforma constitucional estuvo signado por la exageración, cuando no por la falsedad. La constitución de Pinochet de 1980, en 1989 derogó las restricciones al pluralismo político que prohibían a la ideología marxista. En 2005, durante la presidencia del socialista Ricardo Lagos, se derogó la figura de los senadores designados que eran elegidos por el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Entonces, los aspectos más autoritarios de la carta fueron demolidos quedando sí rigideces e inexistencia de mecanismos habilitantes de los derechos a la seguridad social y a la libertad de enseñanza.
Pero la campaña proselitista de la izquierda en 2021 construida sobre las protestas y desmanes que azotaron a Chile en octubre de 2019, no se hizo con base a un discernimiento, sino que fue en blanco o negro. La reacción de la derecha en ese momento fue ineficaz. De ahí la elección de una convención constituyente que expulsó a los políticos de ese ámbito enviando una alerta importante desde la sociedad civil hacia la clase política.
Concomitantemente, esa asamblea constituyente se autoconvenció de que podía redactar una nueva Ley Fundamental a piacere. Se transformó en una babel que llegó al plebiscito de setiembre 2022 con una confusa propuesta para ser sometida a las urnas. Sucedió lo previsible: la ciudadanía, se sintió incomprendida en sus aspiraciones básicas y rechazó la oferta.
La clase política en febrero de 2023 encomendó a 24 técnicos, 12 y 12 pertenecientes a ambos bandos del espectro político, con paridad de género, la redacción de un texto para la carta magna donde debieron respetarse 12 principios esenciales inmodificables.
Ese texto será sometido a revisión y modificación por los 51 consejeros constitucionales electos el pasado domingo 7 de mayo y deberá presentar el proyecto de nueva Constitución a un plebiscito a realizarse el 17 de diciembre.
Retomo Argentina donde la política hace años adquirió un clima de grieta que parece ya no tener marcha atrás. En las últimas horas la procesada y con más de una decena de juicios pendientes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), le atribuye a una de las principales dirigentes de la oposición, Patricia Bullrich, haber encubierto aspectos vinculados al atentado sufrido por CFK en setiembre de 2022. Y el presidente Alberto Fernández se hace eco de la demencial acusación.
El presidente de Ecuador no la tuvo fácil nunca desde el inicio mismo de su gestión y todo indica que en caso de permanecer en el poder—sistematicen jaqueado por el partido político del expresidente y prófugo de la justicia ecuatoriana Correa— hasta 2025 será la travesía del desierto.
¿Qué es común a estos tres casos a los que se les podrían suman otros países de la región?
La inseguridad creciente y sin solución de continuidad. El narcotráfico y su permanente captación entre miles de jóvenes que no ven futuro porque ni trabajan ni estudian. El crecimiento del crimen organizado. Son factores presentes en toda América Latina, pero que en los tres países mencionados han tenido un desarrollo exponencial y desesperan a millones de latinoamericanos.
Cada caso tiene particularidades. La desesperanza argentina es tal que, por ejemplo, se victorea Milei cuando propone derruir el Estado. ¿Imaginamos la situación de la ciudad de Rosario, ganada por el narcotráfico, sin la ya escasa presencia estatal en la prevención y represión? Para la inflación de tres dígitos, siguiendo con el caso argentino, ¿realmente la dolarización propuesta por Milei sería la solución? Las encuestas no respaldan esa propuesta, como tampoco apoyan la privatización de la enseñanza; de YPF; de Aerolíneas Argentinas, o el libre porte de armas, que son los pilares de la plataforma de Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza.
En Chile, los analistas coinciden que el mal manejo gubernamental de la inseguridad obró en contra de la izquierda y favoreció la promesa de mano dura realizada por la derecha. Sumado a la intranquilidad social generada por la no resolución del tema migratorio.
Ecuador tuvo en 2022 uno de los años más violentos de su historia. Al crimen organizado y narcotráfico se le sumo el tráfico de personas. El aumento de 3.000 hasta unos 41.000 en el número de turistas ecuatorianos a Nicaragua, hace sospechar a las autoridades acerca de la migración ilegal. 71 policías muertos en funciones. Miembros de la fuerza pública integrados a la estructura del narcotráfico: en la Policía hay al menos 300; mientras que en las Fuerzas Armadas existen 150. Las masacres carcelarias sumaron 11 en un año, con más de 400 presos victimas mortales de la guerra entre pandillas. Pero también masacres como la ocurrida en abril de 2023 con nueve asesinados en un puerto de pescadores. Son hechos nuevos en la vida del país. El año cerró con 25 muertos por cada 100.000 habitantes, la mayoría en provincias de la ruta de la droga. La clase política de la región sigue enfrentándose por el capitalismo o el socialismo, pero las masas latinoamericanas ya no lo soportan porque ambos sistemas no dan soluciones a sus problemas, aunque sigan siendo el pretexto discursivo de los partidos políticos para disputarse el poder. Hace tiempo que instituciones como el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, e innumerables tanques de pensamiento y académicos, reclaman que América Latina realice un nuevo pacto social que dé cabida a millones de jóvenes que tienen opción laboral, a más de la población económicamente activa de América a Latina que trabaja en la informalidad; a los retrasos irritantes en la educación escolar y de bachillerato.
Hugo Machín FajardoRedactor Especial del Portal Análisis LatinoPeriodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
La política de barra brava que se registra en casi toda Latinoamérica tuvo nuevas y diferentes expresiones en los últimos días, que cada vez alejan más a las sociedades de sus dirigentes políticos.
La más reciente y evidente, en Chile, donde luego de un período de predominio de la izquierda encabezada por el presidente Gabriel Boric —predominio que incluyó ser mayoría en la hoy desaparecida Convención Constitucional— se pasó a esta fase de una mayoría de derecha en el plebiscito del 7 de mayo.
Resultado que le exigió al presidente Boric (30% de apoyo en su gestión) exhortar a los ganadores del presente a «no cometer los errores que cometimos nosotros», con la ventaja obtenida en las urnas: «El proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto», admitió en un pedido dirigido al Partido Republicano y Chile Seguro, quienes sumados obtuvieron el 63,49 % de los votos, que representa tener 33 de los 51 consejeros constitucionales electos. Mayoría absoluta. La izquierda, con 28% de los votos, obtiene 17 consejeros con los que ni siquiera alcanza los 2/5 que le darían posibilidad de veto. Los pueblos indígenas obtuvieron un consejero.
En síntesis, los que siempre estuvieron en contra de reformar la Constitución ahora pueden redactar la constitución que les parezca mejor. La paradoja es que algún dirigente de esa izquierda que exageró los males de «la Constitución de Pinochet» —una falacia, pues ya no lo es tal— ahora sostiene que es mejor no modificarla.
En Argentina, Javier Milei, protagonista en carne y hueso del ya conocido exabrupto, que llevó a los Kirchner al poder, el «que se vayan todos», el político emergente en el escenario del país austral, sufrió varios contrastes en las elecciones provinciales del 7 de mayo: en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Rioja obtuvo magros resultados y ni figuró en Misiones donde renunció a presentar su candidata. ¿Eso determina que el candidato de la ultraderecha libertaria no tenga chance nacional? En absoluto. La política de barra brava todo lo puede.
En Ecuador Guillermo Lasso (17% de aprobación) presidente electo sin apoyo propio en el Congreso, como en otros países latinoamericanos fue elegido por méritos propios, pero con muchos votos en contra del candidato de Rafael Correa. Hoy transita por un angosto pretil que separa seguir en funciones o ser destituido por el Congreso que en estos días debate ese punto. Lasso podría apelar a la «muerte cruzada» consistente en la disolución del Poder Legislativo, adelantar las elecciones y gobernar por seis meses más.
Vuelvo a Chile. Todo el proceso de reforma constitucional estuvo signado por la exageración, cuando no por la falsedad. La constitución de Pinochet de 1980, en 1989 derogó las restricciones al pluralismo político que prohibían a la ideología marxista. En 2005, durante la presidencia del socialista Ricardo Lagos, se derogó la figura de los senadores designados que eran elegidos por el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Entonces, los aspectos más autoritarios de la carta fueron demolidos quedando sí rigideces e inexistencia de mecanismos habilitantes de los derechos a la seguridad social y a la libertad de enseñanza.
Pero la campaña proselitista de la izquierda en 2021 construida sobre las protestas y desmanes que azotaron a Chile en octubre de 2019, no se hizo con base a un discernimiento, sino que fue en blanco o negro. La reacción de la derecha en ese momento fue ineficaz. De ahí la elección de una convención constituyente que expulsó a los políticos de ese ámbito enviando una alerta importante desde la sociedad civil hacia la clase política.
Concomitantemente, esa asamblea constituyente se autoconvenció de que podía redactar una nueva Ley Fundamental a piacere. Se transformó en una babel que llegó al plebiscito de setiembre 2022 con una confusa propuesta para ser sometida a las urnas. Sucedió lo previsible: la ciudadanía, se sintió incomprendida en sus aspiraciones básicas y rechazó la oferta.
La clase política en febrero de 2023 encomendó a 24 técnicos, 12 y 12 pertenecientes a ambos bandos del espectro político, con paridad de género, la redacción de un texto para la carta magna donde debieron respetarse 12 principios esenciales inmodificables.
Ese texto será sometido a revisión y modificación por los 51 consejeros constitucionales electos el pasado domingo 7 de mayo y deberá presentar el proyecto de nueva Constitución a un plebiscito a realizarse el 17 de diciembre.
Retomo Argentina donde la política hace años adquirió un clima de grieta que parece ya no tener marcha atrás. En las últimas horas la procesada y con más de una decena de juicios pendientes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), le atribuye a una de las principales dirigentes de la oposición, Patricia Bullrich, haber encubierto aspectos vinculados al atentado sufrido por CFK en setiembre de 2022. Y el presidente Alberto Fernández se hace eco de la demencial acusación.
El presidente de Ecuador no la tuvo fácil nunca desde el inicio mismo de su gestión y todo indica que en caso de permanecer en el poder—sistematicen jaqueado por el partido político del expresidente y prófugo de la justicia ecuatoriana Correa— hasta 2025 será la travesía del desierto.
¿Qué es común a estos tres casos a los que se les podrían suman otros países de la región?
La inseguridad creciente y sin solución de continuidad. El narcotráfico y su permanente captación entre miles de jóvenes que no ven futuro porque ni trabajan ni estudian. El crecimiento del crimen organizado. Son factores presentes en toda América Latina, pero que en los tres países mencionados han tenido un desarrollo exponencial y desesperan a millones de latinoamericanos.
Cada caso tiene particularidades. La desesperanza argentina es tal que, por ejemplo, se victorea Milei cuando propone derruir el Estado. ¿Imaginamos la situación de la ciudad de Rosario, ganada por el narcotráfico, sin la ya escasa presencia estatal en la prevención y represión? Para la inflación de tres dígitos, siguiendo con el caso argentino, ¿realmente la dolarización propuesta por Milei sería la solución? Las encuestas no respaldan esa propuesta, como tampoco apoyan la privatización de la enseñanza; de YPF; de Aerolíneas Argentinas, o el libre porte de armas, que son los pilares de la plataforma de Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza.
En Chile, los analistas coinciden que el mal manejo gubernamental de la inseguridad obró en contra de la izquierda y favoreció la promesa de mano dura realizada por la derecha. Sumado a la intranquilidad social generada por la no resolución del tema migratorio.
Ecuador tuvo en 2022 uno de los años más violentos de su historia. Al crimen organizado y narcotráfico se le sumo el tráfico de personas. El aumento de 3.000 hasta unos 41.000 en el número de turistas ecuatorianos a Nicaragua, hace sospechar a las autoridades acerca de la migración ilegal. 71 policías muertos en funciones. Miembros de la fuerza pública integrados a la estructura del narcotráfico: en la Policía hay al menos 300; mientras que en las Fuerzas Armadas existen 150. Las masacres carcelarias sumaron 11 en un año, con más de 400 presos victimas mortales de la guerra entre pandillas. Pero también masacres como la ocurrida en abril de 2023 con nueve asesinados en un puerto de pescadores. Son hechos nuevos en la vida del país. El año cerró con 25 muertos por cada 100.000 habitantes, la mayoría en provincias de la ruta de la droga. La clase política de la región sigue enfrentándose por el capitalismo o el socialismo, pero las masas latinoamericanas ya no lo soportan porque ambos sistemas no dan soluciones a sus problemas, aunque sigan siendo el pretexto discursivo de los partidos políticos para disputarse el poder. Hace tiempo que instituciones como el FMI, el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, e innumerables tanques de pensamiento y académicos, reclaman que América Latina realice un nuevo pacto social que dé cabida a millones de jóvenes que tienen opción laboral, a más de la población económicamente activa de América a Latina que trabaja en la informalidad; a los retrasos irritantes en la educación escolar y de bachillerato.