En medio de lo que la oposición llama una “caza de brujas”, el Tribunal de la Ciudad de Tbilisi aceptó el pasado 17 de febrero la petición de la fiscalía de enviar al principal opositor del gobierno regente, Nika Melia, a prisión preventiva tras acusaciones de organizar manifestaciones violentas en 2019. La renuncia de Gajaria no ha hecho más que profundizar la crisis política en Georgia; ha dejado a la luz los nuevos quiebres dentro del partido político dominante que, desde las elecciones del 2018, ha visto sus caudales de votos reducidos.

Por Estefanía Lapenna

La crisis política de Georgia no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, se hizo relucir tras la renuncia del Primer Ministro Giorgi Gajaria, del partido Sueño Georgiano, en febrero pasado. A través de su cuenta en Twitter, Gajaria justificó su dimisión como una forma de evitar la polarización entre los simpatizantes de su partido y los del Movimiento Nacional Unido, principal agrupación opositora. La pregunta que surge es si esta decisión realmente sirvió para evitar la polarización del espectro político de Georgia o si, en cambio, fue otro elemento desestabilizador en la aún débil democracia del país caucásico.

La orden de la Corte y la subsecuente renuncia de Gajaria

El 17 de febrero la Corte de Tbilisi condenó a prisión a Nika Melia, líder del partido Movimiento Nacional Unido, tras determinar su responsabilidad en el asalto al Parlamento Nacional el 20 de junio de 2019. Según la Corte, Melia no sólo habría incitado a una ola de protestas anti-gobierno hace 2 años, sino que también la habría organizado a través de su partido. Desde el punto de vista del acusado, el fallo de la corte fue “políticamente motivado” y se enmarca dentro de una caza de brujas que busca favorecer al gobierno. En el operativo de detención de Melia, también fueron arrestadas otras 21 personas, que ofrecieron resistencia física al accionar policial, de acuerdo a un comunicado del Ministerio del Interior.

La Policía utilizó porras y gas pimienta para disuadir a los opositores que intentaron bloquear la entrada del operativo a la sede del partido. Melia fue arrestado junto a un puñado de manifestantes y esto terminó por aglutinar aún más a la oposición, que llevó a cabo una serie de protestas alrededor de dos demandas: la liberación inmediata del opositor y la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas. Desde la Fiscalía General se informó que Melia podría ser liberado si pagara una fianza de 40 mil laris, algo menos de 12 mil dólares estadounidenses. El político se negó.

Según explica el Embajador de Georgia en Buenos Aires, Irakli Kurashvili, Melia “fue detenido porque rechazó y sigue rechazando pagar la fianza que debería abonar según la decisión de los tribunales. Y si paga la fianza hoy mismo podría dejar el centro penitenciario y salir a la calle”.

Aún así, Gajaria alegó que había diferencias irreconciliables entre él y otros miembros del partido que presionaban para que Melia fuera arrestado. En medio de su anuncio, el ex Primer Ministro hizo referencia a la crisis política que atraviesa Georgia y a la creciente polarización nacional. Afirmó que “es inaceptable hacer cumplir una medida lícita contra una determinada persona si pone en peligro la salud, la vida o genera la posibilidad de una escalada de violencia política en nuestro país.” 

Una coyuntura crítica

La decisión de la Corte se enmarca en una crisis política mayor. El 31 de octubre del 2020 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias nacionales bajo un nuevo sistema electoral introducido por el Parlamento. Se estableció un sistema con representación proporcional y un umbral menor de votos para integrar el Parlamento, lo que permitiría que los intereses de los ciudadanos fueran representados de manera más fiel y que los partidos minoritarios tuvieran mayor acceso.

La oposición consideró los resultados fraudulentos, respaldándose en el hecho de que, en medio de la crisis económica, sanitaria y política, la participación en las elecciones fue extremadamente baja, de 56% para la primera vuelta y de apenas 26%, para la segunda. Aun así, observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) describieron los comicios como “competitivos” y que, “en general, se respetaron las libertades fundamentales”.

Si bien las elecciones fueron libres según la OSCE, se registraron casos de presiones a votantes mediante la vasta presencia del partido Sueño Georgiano en las comisiones electorales. Además, se reportó que durante la campaña electoral muchos ciudadanos fueron intimidados y hubo denuncias de compra de votos.

Por otro lado, la organización internacional también destacó que la financiación de las campañas electorales resultó desfavorable para los pequeños y nuevos partidos, por lo que la competencia giró alrededor de aquellos ya establecidos y, particularmente, se observó una polarización importante entre las dos agrupaciones principales.

Algunos partidos incluso se negaron a hacer uso de los escaños ganados, profundizando aún más las tensiones y la polarización. Debido a las subsecuentes protestas por parte de la oposición y sus denuncias, Georgia cayó un puesto en el ranking de Libertad Global de Freedom House, que considera a este país como “parcialmente libre” y con un régimen “híbrido o transicional”.

La misma organización menciona que la trayectoria democrática georgiana vio grandes mejoras en 2012 y 2013, luego de que las elecciones de octubre de 2012, consideradas justas y competitivas, llevaran al poder a un nuevo partido. Hasta entonces, el Movimiento Nacional Unido poseía el control total del gobierno, pero Sueño Georgiano logró abrirse camino mediante promesas de un Parlamento pluralista. Este cambio fue descrito por el Bertelsmann Transformation Index como “el primer cambio democrático de poder en la historia de Georgia”.

Las promesas hechas por el nuevo gobierno nunca tomaron forma. Sueño Georgiano terminó desligándose de sus socios liberales, desarrollando un mecanismo de toma de decisiones vertical y poco transparente y, entre otras desmejoras, inició una persecución a personas y organizaciones abiertamente opositoras. Durante la campaña presidencial de 2018, organizaciones como la OSCE alzaron su voz en contra del mal uso de los recursos administrativos del gobierno y por la entrega de cargos políticos a allegados y/o familiares.

El declive democrático también se relaciona con la influencia que distintos personajes preponderantes del espectro político tienen en el país. Uno de los más notables es Bidzina Ivanishvili, fundador de Sueño Georgiano en 2011, y el hombre más rico del país, según la revista Forbes.

El personalismo presente en las distintas instituciones de Georgia tiene que ver con una larga tradición que, a su vez, puede observarse en otros países de la región. La falta de cultura política democrática es suplantada por la dependencia a líderes carismáticos. En este caso, la figura de Ivanishvili se ha propagado en todas las instancias debido a su vasto poder económico que lo ha llevado a incursionar en medios de comunicación, en el mundo empresarial y en el espacio de los decisores de política pública.

Considerando estos factores, la renuncia de Gajaria no ha hecho más que profundizar la crisis política en Georgia; ha dejado a la luz los nuevos quiebres dentro del partido político dominante que, desde las elecciones del 2018, ha visto sus caudales de votos reducidos y no ha hecho los cambios pertinentes para asegurar una nueva victoria. Si Sueño Georgiano sigue recurriendo a la presión, la compra de votos y otros medios ilícitos, la democracia en Georgia se verá irreversiblemente menoscabada.

Estefanía Lapenna

Voluntaria de CADAL