Las únicas organizaciones legales y con capacidad de acción en Cuba son aquellas que dependen directamente del estado o funcionan como satélites del mismo. La sociedad civil real, o aquella que se define según los parámetros establecidos por la propia Unión Europea, es ilegal en Cuba. La demanda de sus representantes ante la UE es por lo tanto simple: Europa debe reconocer como interlocutores y beneficiarios válidos a aquellas iniciativas que trabajan fuera del estado y el para-estado.

Por Cecilia Noce

El pasado 11 de diciembre se realizó una sesión extraordinaria de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con América Central, Caribe y México sobre el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre Cuba y la Unión Europea.

El encuentro fue una respuesta a la represión de artistas independientes en Cuba y a las presiones que realizaron varias organizaciones sobre los representantes de los gobiernos europeos para que se pronuncien sobre los hechos: desde el 9 de noviembre, cuando el gobierno cubano sumó un nuevo preso de conciencia, el músico rapero Denis Solís González, los cubanos han vivido semanas atípicas de protestas, reclamos y solidaridad internacional.

La reunión organizada en Bruselas contó con la presencia de autoridades del Servicio Exterior de la Unión Europea, entre ellas Katja Afheldt, Jefa de la División para México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, y representantes de la sociedad civil independiente cubana, como Luis Manuel Otero Alcántara, Michel Matos, Manuel Cuesta Morúa, José Daniel Ferrer, Berta Soler, Dagoberto Valdés y Reinaldo Escobar. La mayor parte de los activistas cubanos participaron mediante un video grabado previamente, pues al momento de realizarse el encuentro el gobierno de Cuba intervino cortando la luz, el servicio de internet o directamente deteniendo e interrogando a algunos de los referentes democráticos.

La reunión se centró sobre la efectividad del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) por la UE y Cuba en 2017.  A pesar de los puntos comunes sobre la importancia de los derechos humanos y el rol fundamental de Europa como defensora de valores democráticos dentro y fuera de su territorio, pudieron distinguirse dos posturas entre los participantes.

En primer lugar, muchas de las voces cubanas, asediadas hace años por las prácticas represivas, presentaron posturas duras con respecto a la actitud de la Unión Europea y los resultados del diálogo. De hecho, señalaron los niveles cada vez mayores de represión, no sólo en las últimas semanas, sino en los últimos tres años.

Un segundo grupo, en cambio, defendió la herramienta como una ruta adecuada señalando la necesidad de realizar “ajustes”. Para estos interlocutores de la sociedad civil, el punto principal es justamente el reconocimiento del rol que la Unión Europea  y la diplomacia internacional pueden jugar en la ruta hacia la democratización y la instauración de un estado de derecho.

En este sentido, el núcleo de las propuestas se centró en la falta de libertad de asociación, pues la Ley 54 en Cuba delimita y prohíbe, en casos particulares, este derecho humano fundamental, lo cual implica el control y restricción de la sociedad civil. Como resultado, las únicas organizaciones legales y con capacidad de acción en Cuba son aquellas que dependen directamente del estado o funcionan como satélites del mismo. De esta forma, existe una miríada de organizaciones para-estatales dedicadas a temas varios, defensa de derechos de la mujer, derechos culturales, medioambientales, y la igualdad racial, que trabajan en los márgenes definidos y rígidos del régimen.

La sociedad civil real, o aquella que se define según los parámetros establecidos por la propia Unión Europea, es ilegal en Cuba. La demanda de sus representantes ante la Unión Europea es por lo tanto simple, necesaria y efectiva en términos del impacto: Europa debe reconocer como interlocutores y beneficiarios válidos a aquellas iniciativas que trabajan fuera del estado y el para-estado.

Para citar al activista Manuel Cuesta Morúa, “la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la clase política europea comprometida con la democracia debería elevar el reconocimiento  y el apoyo a  la sociedad civil y la comunidad pro democrática y de derechos humanos en Cuba” a partir de otorgarles una mayor visibilidad y un mayor reconocimiento.

Aunque el gobierno cubano se esfuerce por criminalizar a aquellos grupos e individuos que se organizan en defensa de los derechos humanos, la legitimidad de sus voces, de sus acciones están garantizadas por los acuerdos y pactos firmados  y por la propia Constitución Nacional. Como recordó Cuesta Morúa, el artículo 41 reconoce el respeto por los derechos humanos de forma integral  sin distinción entre derechos civiles, políticos, culturales o económicos.

Los representantes de la sociedad civil abogaron por una estrategia similar a la que Europa establece con Venezuela y el reconocimiento a la oposición y las organizaciones que defienden los derechos humanos en diferentes espacios. En este sentido, plantearon la necesidad de generar una discusión global en la que se incluyan en una misma agenda Cuba y Venezuela, ya que el destino de ambos países está entrelazado por procesos mancomunados. La defensa de la democratización en Cuba abarca su defensa en Venezuela y en el resto de la región.

El ADPC implica un diálogo no sólo con su gobierno, sino también con aquellos actores que luchan de forma pacífica por la democracia y el respeto de los derechos humanos en la isla. Si el gobierno cubano elige no reconocerlos, la comunidad internacional puede hacerlo, avalándolos como interlocutores y beneficiarios directos de sus políticas. 

Cecilia Noce

Investigadora Asociada

Doctoranda en Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, beca UBACyT (Universidad de Buenos Aires); Maestría en Sociología de la cultura y análisis cultural, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Argentina- Año 2014; Postgrado Internacional “Gestión y Política en la comunicación y cultura”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Año 2005; Licenciada en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; e Investigadora del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.