Por Gabriel C. Salvia

En el Periodo Legislativo 2005, es decir, del 1 de marzo de 2005 al 28 de febrero de 2006, los diputados y senadores nacionales de la República Argentina presentaron un total de 2.530 proyectos de ley, de los cuales 161 proponían un incremento del gasto público nacional. En cuanto al tipo de gasto que originarían la sanción definitiva de estos proyectos, la clasificación que puede ofrecerse es la siguiente: 75 corresponden a Subsidios, Regímenes Especiales, Fondos, Planes y Programas Oficiales; 38 a la creación de nuevos organismos estatales; 5 a la creación de una nueva universidad pública; 8 a obra pública; 29 a incrementos de partidas presupuestarias vigentes; y finalmente 6 a expropiaciones.

Los datos ofrecidos surgen de la edición 2005 del "Burocratómetro", donde los proyectos de ley incluidos en este informe representan el 6,36% de las iniciativas parlamentarias cuya sanción requiere el trámite previsto en la Constitución Nacional, siendo un promedio de 3 proyectos presentados por semana cuya sanción afectaría el bolsillo del contribuyente. Por su parte, del total de 161 proyectos incluidos en el "Burocratómetro 2005", surge un  Ranking en cuyos primeros 5 lugares se ubicaron los siguientes Legisladores Nacionales: Senadora Miriam Curletti y Diputada María Leila Chaya, con 8 proyectos; Senador Jorge Capitanich, 5 proyectos; Diputada Cecilia L. de González Cabañas y Diputado Héctor R. Romero, con 4 proyectos.

Asimismo, el 52,8 por ciento de los proyectos incluidos en el "Burocratómetro 2005" fueron presentados por hombres y el 47,2 por ciento por mujeres, lo cual muestra una mayor tendencia de las legisladoras para presentar este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que en el Congreso Nacional la presencia femenina ronda el 30 por ciento del  total de las bancas.

El "Burocratómetro" es un indicador parlamentario sobre los proyectos de ley, presentados por Diputados y Senadores Nacionales, cuya sanción implicaría un aumento del gasto público. En tal sentido, y al margen de las visiones políticas que se tengan sobre los límites que le corresponden a la acción estatal, el "Burocratómetro" está pensado fundamentalmente como un alerta al contribuyente argentino con cuyos impuestos se financia el gasto público. El "Burocratómetro" se realiza gracias al apoyo de la Fundación Friedrich A. Von Hayek y el informe completo se encuentra disponible en los siguientes sitios de internet: www.burocratometro.com.ar y www.hayek.org.ar   

Los datos del "Burocratómetro" surgen del análisis de todos los proyectos de ley presentados en un Período Parlamentario, seleccionándose las iniciativas legislativas referidas al gasto público en cuyo articulado se menciona expresamente que para su financiamiento se recurrirá a las siguientes fuentes: a) Nuevos fondos del presupuesto nacional; b) Utilización de los recursos del eventual superávit fiscal; o c) endeudamiento. En todos estos casos se considera que se afecta directa o indirectamente al contribuyente. Por tal motivo, no se incluyen en este informe:

1) Los proyectos de ley sobre gasto público cuya propuesta de financiamiento se basa en la reasignación de partidas presupuestarias;

2) Los proyectos de ley sobre gasto público en cuyo articulado no se menciona expresamente la fuente de financiamiento;

3) Los proyectos que trasladan los costos de su financiamiento a determinados sectores o actividad;

4) Los proyectos que declaran la intangibilidad de cierto gasto público;

5) Los proyectos que condonan deudas del sector privado con el estado;

6) Los proyectos que se oponen a los recortes del gasto que realiza el Poder Ejecutivo mediante vetos presidenciales a la Ley de Presupuesto sancionada por el Poder Legislativo; y,

7) Los proyectos de ley que promueven la creación de nuevos juzgados.

En el primer caso, al reasignar partidas del presupuesto nacional no se está aumentando el gasto público en lo inmediato, aunque si se generará una mayor burocracia que en el futuro presionará por mayores fondos. Un ejemplo podría ser la creación de un Programa Social que se financiará reasignando las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social.

El segundo caso es una buena muestra de una pregunta que no se hacen los legisladores sobre este tipo de proyectos: ¿Quién lo va a financiar? Ante el beneficio de la duda, se excluyen este tipo de proyectos.

En el tercer caso, se trata generalmente de proyectos que crean fondos, programas o planes oficiales cuyo financiamiento provendrá exclusivamente de gravámenes a determinados sectores y no al conjunto de los contribuyentes. Un ejemplo típico es financiar un Plan, Programa o Fondo Oficial con un impuesto a los cigarrillos o a los combustibles.

En el cuarto caso, los legisladores dejan en claro que en dichas áreas no tienen ninguna intención de reducir el gasto público. Aquí se trata de establecer por ley la imposibilidad de recortar o eliminar un determinado gasto del presupuesto nacional. El financiamiento de la Universidad Pública es un ejemplo.

El quinto caso se trata de escasas iniciativas, pero sin duda es una curiosidad en este informe, pues mientras se impulsan proyectos que aumentan el gasto público al mismo tiempo se propone condonar deudas impositivas.

El sexto caso se produce con el tratamiento de la ley de presupuesto. El Proyecto de Ley de Presupuesto es enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, ingresando por la Cámara de Diputados donde se producirá un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para luego considerar la ley en el recinto. El texto original generalmente sufre modificaciones consistentes en incrementos de partidas por parte de los legisladores y luego que la ley es considerada por ambas cámaras su sanción definitiva resulta vetada por el Poder Ejecutivo. Entonces, los legisladores presentan proyectos insistiendo en la aprobación original de los artículos que luego fueron vetados por el Poder Ejecutivo, transformándose éste último en el contrapeso de los excesos en materia de gasto por parte de los miembros del Congreso Nacional.    

Por último, el caso de la creación de Juzgados no se incluye, pues ante su eventual sanción definitiva sin reasignarse partidas del Ministerio de Justicia, el incremento de este gasto es sobre una de las funciones indiscutibles acerca de la naturaleza del estado.

En consecuencia, con estos criterios conservadores, el principal objetivo de este informe consiste en alertar al sector privado sobre las iniciativas parlamentarias, impulsadas por los legisladores nacionales, cuya sanción implicaría una mayor carga tributaria para los contribuyentes a través del incremento del gasto gubernamental.

Gabriel C. Salvia es editor del "Burocratómetro", Becario de la Fundación Friedrich A. Von Hayek y Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.