De acuerdo al Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020, que cubre el periodo de febrero 2017 hasta enero de 2019, por lo que los primeros meses del gobierno de Bukele, quien asumió en junio de 2019, no entran en consideración para la más reciente edición, la corrupción y la violencia son endémicas en El Salvador y afectan enormemente al desarrollo político, social y económico del país. El Salvador entra dentro de la categoría de “democracias defectuosas”. En la Transformación económica, esta dimensión es, junto con la de Gestión de la Gobernanza, la que más variaciones ha tenido a lo largo de los 14 años que el BTI ha estudiado.

Por Victoria Ariagno

Con apenas 28 años, la joven democracia salvadoreña se enfrenta a un malestar social cada vez más complejo. En un contexto extraordinario como lo es la pandemia por Covid-19, los gobiernos latinoamericanos están tomando medidas que, en muchos casos, resultan contraproducentes no sólo para la contención del virus, sino también para el funcionamiento de las instituciones democráticas. El Salvador no queda exento de tal riesgo.

Joven, enérgico y con una gran popularidad, Nayib Bukele comenzó su mandato con el pie derecho, valga la ironía, cumpliendo con promesas de campaña, entre ellas, el combate contra la corrupción, puso en funcionamiento su Plan de Control Territorial para atacar a los financistas de las pandillas y ejecutó finalmente la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) en El Salvador. Su discurso en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en 2019 comunicó con ímpetu la necesidad de modernización de la gobernanza mundial, especialmente la latinoamericana.

Desde hace unos meses ya, lo que solían ser roces entre instituciones de los distintos poderes se están convirtiendo cada vez más en una pugna en la que el Ejecutivo parece arremeter cada vez contra más límites.

El 9 de febrero del 2020, el presidente Bukele ingresó al congreso con militares y policías armados para forzar la aprobación de un préstamo para continuar el financiamiento de su Plan de Control Territorial, llevando la presencia del ejército y la policía a las zonas controladas por pandillas. Dentro del recinto hizo una oración a Dios para que ayude a tal aprobación.

Raúl Ferro, Director del Consejo Consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), resalta que “Bukele confía más en las pulsiones emocionales de sus conciudadanos que en la institucionalidad democrática para gobernar. Y con su llamado a Dios y el desencanto de las masas de su lado, siente que está más allá del bien y del mal para gobernar.”

Desde agosto del año pasado, el gobierno salvadoreño afirma que esta estrategia ha contribuido a una disminución del índice de homicidios en el país, el cual solía ser de los más altos del mundo. Sin embargo, varias organizaciones, entre ellas, la prestigiosa InSight Crime remarcan que el plan no debería llevarse todos los aplausos ya que esta caída de los homicidios se debe a “la continuación de una tendencia a la baja desde 2016”.

Además, como bien describe el BTI 2020, las políticas de seguridad pública y de contención de la violencia, especialmente las más represivas, han tenido poco impacto y muchas veces, hasta con consecuencias perniciosas como los arrestos arbitrarios y asesinatos extrajudiciales.

Efectivamente, el 25 de abril de 2020, bajo el contexto de cuarentena obligatoria decretada para hacer frente a la pandemia, y considerando que el país había disminuido altas tasas de homicidios, el presidente decidió autorizar el uso de la fuerza letal por un repentino incremento de los asesinatos entre pandillas en apenas 48 horas. Además, el mismo instó a la Fiscalía General de la República a “procesar a los aliados de las pandillas por asociaciones terroristas” y “apología del terrorismo”.

La oposición y organismos de derechos humanos -como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU- acusan al Gobierno de haber tomado medidas que pueden tener consecuencias que exceden los límites que el marco constitucional de la nación contempla (por mencionar uno, el uso excesivo de la fuerza) y de no acatar con la supervisión legislativa y judicial (por ejemplo, como sucedió como diversas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia). Además, el ejecutivo pareciera estar ignorando los estándares internacionales de derechos humanos.

Por su parte, el presidente proclama estar cumpliendo con la norma fundamental al procurar la salud y seguridad de los salvadoreños con sus medidas, y así defendiendo sus vidas.

Más aun, el Gobierno decidió mezclar a miembros de pandillas rivales en las mismas celdas de las cárceles. Esto es preocupante dado que, además de acentuar el hacinamiento, podría terminar en un aumento de los contagios y en un “baño de sangre”. Sorprendentemente, reportes recientes han informado que estos grupos están manteniendo una convivencia sin violencia por el momento.

“El Presidente Bukele actúa como si cualquier política fuera válida para detener la propagación de la Covid-19, incluida la adopción de medidas que han llevado a cientos de arrestos arbitrarios”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. También se han denunciado condiciones riesgosas de detención y cuarentena, en las que el hacinamiento, la falta de acceso a agua, comida y un tratamiento médico adecuado ha provocado nuevos contagios, en vez de haberlos prevenido, e incluso hubo casos de muertes bajo esta custodia.

En una entrevista con France24, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, dijo se entiende que un presidente puede tomar medidas para controlar una epidemia. Pero uno tiene que buscar la aprobación del parlamento y del poder judicial”. El Estado de Derecho se ve socavado, en este caso arriesgando el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria. Además, atacando derechos como la libertad de expresión, que no tienen que ver con la respuesta a la pandemia, el ejecutivo demostró en varias ocasiones que considera a las críticas como “el enemigo”, cuando el foco debería estar en combatir al verdadero enemigo: el virus.

El Salvador en el Índice de Transformación Bertelsmann

El presente análisis de El Salvador en el Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020 cubre el periodo de febrero 2017 hasta enero de 2019, por lo que los primeros meses del gobierno de Bukele, quien asumió en junio de 2019, no entran en consideración para la más reciente edición.

En los últimos años se ha visto un marcado cambio político en El Salvador: las elecciones legislativas de 2018 demostraron la inclinación a favor de partidos de derecha como Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), principal exponente de este sector, en detrimento del apoyo que se solía brindar a la izquierda, principalmente representada por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL).

Un año después se celebraron las elecciones presidenciales que llevaron a Nayib Bukele a la presidencia del país. El mismo, quien solía abogar por propuestas más de izquierda durante su labor como alcalde de San Salvador (2015-2018), dio un giro inesperado en aquel año electoral, presentándose como candidato de su propio movimiento político, que ante todo representa el anti-establishment cada vez más latente en la política salvadoreña. Surge así el denominado movimiento Nuevas Ideas, bajo la bandera de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Por medio de tal movida, rompió con el bipartidismo que ha regido al país centroamericano en los últimos 30 años.

Salió victorioso en primera vuelta con el 53% de los votos, pero de los ciudadanos registrados, solo la mitad emitió su voto, demostración de una alta indiferencia social a la participación política.

Al momento de asumir, Bukele tuvo que enfrentar una serie de problemáticas que se venían acarreando, como lo fue la crisis de solvencia fiscal del gobierno en 2018, lo cual afectó principalmente a los jubilados y el cobro de sus pensiones.

Las acusaciones a la falta de transparencia de las instituciones públicas son corrientes desde hace varios años, en tanto la corrupción se mantiene presente en la realidad política, social y económica del país. La Corte Suprema ha hecho observaciones con respecto al uso inconstitucional de los fondos públicos por parte de los gobiernos. La oficina del fiscal general también ha llamado la atención respecto a problemáticas de similar índole.

Estas actitudes demuestran un quiebre con la tradición de inmunidad presidencial existente en el país y están en concordancia con las promesas de Bukele.

El lento desempeño económico, junto con los altos niveles de violencia social y los insuficientes gastos en educación y salud, mantienen a El Salvador lejos de alcanzar varios objetivos internacionales de desarrollo.

El Salvador en cada Dimensión del BTI 2020

La corrupción y la violencia son endémicas en El Salvador y afectan enormemente al desarrollo político, social y económico del país.

Con un puntaje de 7,20 puntos en la dimensión de Transformación Política, El Salvador entra dentro de la categoría de “democracias defectuosas”. La presencia de pandillas pone en peligro el control estatal sobre el territorio y su monopolio del uso de la fuerza allí, lo que afecta a su vez su suficiencia como garante de derechos civiles y humanos básicos. La separación de poderes se mantiene, pero el respeto por los límites que entre sí se imponen parece estar difuminándose.

Los aspectos que más han declinado en los últimos años fueron la aprobación de la democracia, especialmente desde el ultimo BTI de 2018, y el capital social, que venía en caída desde el BTI de 2014 (preguntas 5.3 y 5.4 respectivamente). Los ciudadanos demuestran una propensión a actuar individualmente y a no adherir a una ideología específica; lo cual viene ligado al surgimiento de organizaciones locales autónomas que buscan mejorar las condiciones de vida; fenómeno vinculado a la percepción de un Estado distante o inefectivo.

En la Transformación económica, esta dimensión es, junto con la de Gestión de la Gobernanza, la que más variaciones ha tenido a lo largo de los 14 años que el BTI ha estudiado. El período 2014-2016 presentó el descenso más abrupto de todos. Actualmente, y en casi todos los años del estudio (exceptuando la leve mejoría de 2012), la economía del país obtiene una calificación intermedia, al demostrar que se mantienen sus “fallas funcionales”.

A pesar de tener un comercio completamente liberalizado que le permite mantener una fluidez de ingresos por su comercio, las barreras socioeconómicas y la pobreza estructuralmente arraigada han limitado su potencial, y a su vez, la débil performance económica (dependiente en gran parte del ingreso de remesas) potencia la desigualdad de oportunidades en la sociedad. Muchos trabajadores aún carecen de conocimientos técnicos avanzados que les permitan conseguir puestos de trabajo en el sector de servicios, que es al que la economía salvadoreña ha virado recientemente. Además, la economía dolarizada si bien ha mantenido el control sobre la inflación, ha dejado casi sin fortaleza a la dirigencia local para orientar una política económica que promueva un crecimiento económico más dinámico que el actual.

Por último, la Gestión de la Gobernanza tiene un desempeño calificado como “bueno” según el BTI. El salto positivo más significativo fue entre 2010 y 2012. Desde entonces, este aspecto se mantuvo estable, aunque ha decaído un poco desde 2016 hasta la actualidad. El principal obstáculo está en conciliar la propensión de la mayoría del pueblo por la resolución pacífica de conflictos (aunque la desconfianza hacia las instituciones democráticas está en aumento…) con la presencia de maras y pandillas que se manejan a través de prácticas de soborno y narcotráfico principalmente.

La implementación y efectividad de muchas políticas en este país suelen tener que ver con la mentalidad cortoplacista de la clase política, la lentitud de respuesta de muchas instituciones estatales y con los altos costos que exceden las posibilidades financieras de los gobiernos.

En tanto no se estimulen las inversiones en el país, y no se destinen recursos a la creación de puestos de trabajo, a la educación y a la protección del medioambiente, la violencia social persistirá y el desarrollo sostenible será un objetivo cada vez más lejano.

Análisis de la Transformación Política

El BTI tiene un criterio propio para determinar si el país es una democracia o una autocracia. Con respecto a esto, El Salvador supera con un amplio margen el mínimo requerido en campos como elecciones libres y justas, el poder efectivo para gobernar, los derechos de asociación, la libertad de expresión, la separación de poderes y el monopolio del uso de la fuerza. En el ámbito de los derechos civiles tiene un rendimiento óptimo, aunque, desde la medición del BTI 2016 hasta la actual, sólo supera por 1 punto el umbral establecido.

Con un puntaje de 7,20 puntos en la dimensión de Transformación Política, El Salvador entra dentro de la categoría de “democracias defectuosas”. Lo cual indica que, a pesar de cumplir con ciertos preceptos básicos, persiste la presencia de numerosas imperfecciones en aspectos esenciales.

El monopolio estatal del uso de la fuerza (pregunta 1.1) cubre, en principio, la totalidad del territorio de El Salvador. Sin embargo, la presencia de determinados grupos criminales amenaza la estatidad, por lo que afecta a su vez su suficiencia como garante de derechos civiles y humanos básicos.

Principalmente en áreas empobrecidas próximas a la capital de San Salvador, existen pandillas que se disputan el control territorial de su vecindario. “Las pandillas juveniles se han afianzado en parte como resultado de las pocas oportunidades para las generaciones más jóvenes.” Los pandilleros se dedican al narcotráfico, al sicariato y la extorsión.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe de país en el que se expresaba preocupación por la existencia de asesinatos extrajudiciales de presuntos miembros de pandillas durante enfrentamientos con la policía, así como también asesinatos por contrato (escuadrón de la muerte). La falta de investigaciones hace difusa la detección de los responsables de estos actos.

Las estructuras administrativas (pregunta 1.4) presentan deficiencias principalmente en las áreas de educación, salud, seguridad y justicia. A pesar de haber mejorado y ampliado sus operaciones en estas áreas en los años inmediatamente posteriores a guerra civil, esta suficiencia ha ido en declive cuando las poblaciones urbanas adquirieron volumen, lo cual depositó más demandas sobre las instituciones públicas.

La falta de recursos públicos y los altos niveles de corrupción derivaron en una provisión ineficiente de los servicios esenciales por parte del Estado.

Aunque más del 90% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable, el Banco Mundial estima que el 48% de la provisión de agua potable es intermitente y el 50% de la población informa que la calidad de ésta es inadecuada. Además, solo ¾ de la población tiene acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento (inodoros, letrinas u otras instalaciones).

El sistema de seguridad pública y de justicia del Estado también tienen sus deficiencias: el hacinamiento en las prisiones, las altas tasas de homicidios y los bajos niveles de acceso a la justicia son sólo algunos indicadores de que la situación local no se presenta tan amena como parece.

El Estado de derecho (pregunta 3) también se encuentra tambaleante. Según el BTI, tiene un rendimiento medio, entre defectuoso y bueno.

La separación de poderes (pregunta 3.1) se respeta y, aunque por momentos parecieran surgir interferencias, suele haber una restauración del balance.

En cuanto al poder judicial (pregunta 3.2), se mantiene institucionalmente diferenciado, aunque está parcialmente restringido por tener insuficiente operabilidad territorial o funcional, principalmente a causa de la corrupción, que ha politizado su composición y funcionamiento.

Esta problemática impacta también sobre el enjuiciamiento de los funcionarios públicos que infringen la ley (pregunta 3.3). Existen numerosas trabas y lagunas procedimentales que afectan este cometido. Se ha acusado a varias autoridades de malversación de fondos públicos (entre ellos dos ex presidentes), aunque pocos casos han sufrido el peso de la ley y muchos han escapado, lo cual demuestra el politizado y no autónomo desempeño de la Corte de Cuentas de El Salvador.

Sobre el respeto por los derechos civiles (pregunta 3.4), si bien están codificados por ley, en la práctica se ven vulnerados, principalmente por la inefectividad de los mecanismos e instituciones para procesar y castigar estas violaciones; lo cual se ve reflejado en su puntaje mediano bajo de 5 puntos (dentro de un rango de 10 puntos). La situacion de extrema violencia en la que está sumida la sociedad salvadoreña afecta enormemente la protección de estos derechos: no sólo se registran conflictos interpersonales, sino que también prácticas discriminatorias y violentas contra grupos específicos como la comunidad LGBTI, los grupos indígenas y las mujeres. “La mayoría de los casos de homicidio permanecen sin resolver.”, destaca el BTI.

Se suele atribuir la responsabilidad de crear esta atmósfera social a las maras y pandillas, lo cual se ve en la respuesta con políticas de mano dura que han implementado varios gobiernos, muchas veces con nulos efectos o con efectos nocivos.

También, la lentitud de respuesta de muchas instituciones estatales ha dejado a la deriva a aquellos quienes denuncian, por ende, varias personas deciden entonces emigrar fuera del país en búsqueda de mejores condiciones de vida.

La integración política y social (pregunta 5) demuestra estar en un nivel que el BTI califica de “intermedio” en este país. Los aspectos que más han declinado en los últimos años fueron la aprobación de la democracia, especialmente desde el ultimo BTI de 2018, y el capital social, que venía en caída desde el BTI de 2014 (preguntas 5.3 y 5.4 respectivamente).

La primera de estas cuestiones está siendo socavada principalmente por la corrupción y la violencia endémica que hay en el país. La caída en la percepción de progreso tanto político como económico ha derivado en un descenso de la confianza de la sociedad sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas más básicas. Así, como se ve reflejado en los resultados de la encuesta de Latinobarómetro de 2018, el apoyo hacia el sistema electoral, el poder legislativo y los partidos políticos ha bajado enormemente en comparación con el estudio previo, hecho en 2016; siendo junto a Guatemala, uno de los regímenes democráticos que menor apoyo tenía de toda la región en 2018.

Los ciudadanos demuestran una propensión a actuar individualmente y a no adherir a una ideología específica. Pareciera estar conectado con el fenómeno de rechazo por lo establecido, que en El Salvador se vio plasmado en 2020 con el surgimiento de un candidato representante del anti-establishment y fuera del binomio tradicional FMNL vs. ARENA: Nayib Bukele.

El capital social, la segunda de estas cuestiones, demuestra que hay un surgimiento cada vez más significativo de organizaciones locales autónomas que buscan mejorar las condiciones de vida; fenómeno vinculado a la percepción de un Estado distante o inefectivo.

No obstante, el crimen y la violencia en El Salvador no proporcionan un suelo fértil para el despliegue de estas organizaciones, ni tampoco para la atracción de inversiones y la creación de puestos de trabajo; por ende, amenazando el desarrollo social y el crecimiento económico del país.

Además, El Salvador tiene una alta exposición y vulnerabilidad a los desastres naturales (terremotos y erupciones volcánicas principalmente), así como también al impacto del cambio climático (inundaciones, sequias y tormentas tropicales).

Análisis de la Transformación hacia una Economía de Mercado

Esta dimensión del índice es, junto con la de Gestión de la Gobernanza, la que más variaciones ha tenido a lo largo de los 14 años que el BTI ha estudiado. El periodo 2014-2016 presentó el descenso más abrupto de todos. Actualmente, y en casi todos los años del estudio (exceptuando la leve mejoría de 2012), la economía del país obtiene una calificación intermedia, al demostrar que se mantienen sus “fallas funcionales”.

La economía salvadoreña se caracteriza por tener una completa liberalización de su comercio exterior (pregunta 7.3), con tarifas bajas y otras pocas barreras no tarifarias. Esto se debe a la necesidad de responder a los sustanciales influjos de remesas que hoy en día representan aproximadamente 1/5 del PBI. Las remesas se hicieron más significativas desde la década de 1980 como consecuencia de la emigración a gran escala de salvadoreños. Además, las pocas barreras se deben en gran parte a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) en 2006.

Además, aspectos como la política antimonopolio (pregunta 7.2) y su organización del mercado (pregunta 7.1) tienen un marco institucional tal que el sector informal aún se mantiene relativamente pequeño.

Hay cuestiones que anclan a la economía de este país desde hace varios años a bajos niveles de crecimiento. Entre las barreras socioeconómicas (pregunta 6.1), la pobreza, estructuralmente arraigada, es de las más preocupantes.

El Salvador es considerado un país de “ingresos medios” con un PBI per cápita de $3.900 en 2018, de acuerdo con el Banco Mundial, y una tasa de pobreza de 29,2% en 2017 (la cual es un 10% más baja que en 2007). Al mismo tiempo, con un puntaje de 0,667, El Salvador califica 124 de un ranking de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de 2018.

Cabe destacar que El Salvador solía tener una desigualdad de ingresos marcada, pero en las últimas dos décadas ha revertido esto hasta llegar al punto de ser uno de los países menor desigualdad de América Latina: su coeficiente de Gini fue 0.38 en 2017.

Por otro lado, aunque vinculado con estas barreras socioeconómicas, el Estado de bienestar también demuestra un desempeño mediocre en El Salvador: tanto las mujeres, como diversos grupos étnicos y religiosos, y también las poblaciones rurales, generalmente más empobrecidas, sufren un menor acceso a la educación, a los cargos públicos y al empleo en general. Esta desigualdad de oportunidades (pregunta 10.2) es producto del ralentizado crecimiento económico, de la discriminacion reinante en la cultura de la sociedad y de la falta de recursos y voluntad política para hacer efectivas las numerosas y ya sancionadas leyes contra la discriminacion. Todo lo cual impide la democratización del acceso a estos derechos.

Las redes de seguridad social (pregunta 10.1) están desarrolladas, pero no abarcan lo suficiente: una parte significativa de la población aún vive con un elevado riesgo de caer en la pobreza. En 2018, el gobierno enfrentó una crisis de solvencia fiscal, lo cual afectó principalmente a los jubilados y el cobro de sus pensiones. Desde entonces, se han planteado reformas al sistema de pensiones y su sostenibilidad financiera, para poder ampliar su provisión.

Los seguros médicos administrados públicamente también son una contención insuficiente y un amplio sector de la población en edad de trabajar no recibe este beneficio: trabajadores del sector informal, el personal de ayuda doméstica y los individuos desempleados. Así terminan dependiendo de costosas instalaciones médicas privadas o de hospitales públicos en los que reciben una atención muy lenta.

Sin embargo, “en general, las estadísticas demográficas y de salud son bastante positivas”. Hay una larga expectativa de vida, la mortalidad infantil bajó a alrededor del 10% en 2017 y las mujeres embarazadas suelen recibir la contención adecuada cuando lo necesitan. Todo lo cual fue posibilitado por un aumento del gasto público en servicios de salud, lo cual representaba un 11% del total del gasto del gobierno para 2018.

La débil performance económica (pregunta 11) del país ha puesto trabas a su desarrollo. El colapso de productos históricos de exportación como el café y el algodón hicieron que la economía se incline hacia el sector de los servicios y terminó dependiendo de las remesas para cubrir un déficit crónico de la cuenta comercial y de la cuenta corriente. En contraste, la inversión externa directa es baja: su mayor caída fue de 2016 a 2017. La dolarización de su economía ha mantenido la inflación bajo control.

Se aconseja la reforma fiscal para hacer frente a las debilidades e insuficiencias que presenta esta economía.

La política medioambiental (pregunta 12.1) también es un tema preocupante. No se le ha dado la relevancia que requiere y más aun considerando la exposición del país a desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas. El impacto del cambio climático (como la ausencia de precipitaciones) también afecta a la realidad salvadoreña y es otro tema que se subestima, subordinándolo a las decisiones exclusivamente de ganancia económica. Falta regulación sobre estos aspectos.

La mayor intranquilidad proviene de la calidad del agua: “La condición actual de los recursos hídricos en el país se puede resumir en términos de niveles muy altos de contaminación agrícola e industrial de las aguas superficiales y una rápida disminución de los niveles de la capa freática como resultado de la sobreexplotación.”. Por el momento, tampoco hay en funcionamiento plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, considerando los altos niveles de desechos que provienen de áreas urbanas y que terminan depositados en arroyos y ríos.

Como fuentes de energía alternativas, la solar parece ser la más prometedora a medida que sus costos declinan. También se ha generado electricidad de fuentes geotermales, aunque no extensivamente ya que implica altos costos.

La política educacional (pregunta 12.2) de El Salvador lo sitúa en el Índice de las Naciones Unidas sobre la Educación, únicamente por delante de Nicaragua, Guatemala, Honduras y Haití. El gasto público en educación se destina principalmente a la educación primaria. Esto hace que los estudiantes de niveles superiores (secundario y universidad) tengan que estudiar en instituciones privadas, algo a lo que no todas las familias pueden acceder.

Un punto fuerte, es el alto nivel de alfabetización: que comprende al 90% de la población mayor a 15 años, y con una tasa de alfabetización juvenil de aproximadamente el 98%.

Análisis de la Gestión de la Gobernanza

La dimensión de gestión de la gobernanza tiene un desempeño calificado como “bueno” según el BTI. El salto positivo más significativo fue entre 2010 y 2012. Desde entonces, este aspecto se mantuvo estable, aunque ha decaído un poco desde 2016 hasta la actualidad.

Desde fines de la guerra civil, en 1992, El Salvador ha transitado enormes cambios: de una población en gran parte rural a una en gran parte urbana, de altas tasas de crecimiento de la población a una población que es esencialmente estable, de una economía centrada en la agricultura a una centrada en los servicios.

La infraestructura del país, como su sistema de autopistas, es buena, aunque su único aeropuerto requiere modernizarse y el costoso puerto de conteiner del Este del país requiere volver a ser puesto en funcionamiento.

El sistema educativo y otras instituciones sociales no fueron capaces de proveer los conocimientos requeridos para aumentar el número de empleados en puestos dentro de cadenas productivas tecnológicamente complejas. Lo cual ha generado que muchas de las oportunidades de empleo en el sector formal sean para trabajadores poco-cualificados en el sector de servicios.

El BTI 2020 refleja que la intensidad del conflicto en El Salvador (pregunta 13.3) para el período de estudio 2017-2019 fue baja. Por un lado, una vez finalizada la guerra civil, la mayor parte de la sociedad ha coincidido en resolver sus diferencias a través de las urnas, el debate, la negociación y la participación en la gestión de la administración pública. Por el otro, la presencia de maras y grupos de pandillas atentan constantemente con la resolución pacífica y legal de conflictos, y con sus prácticas de soborno, intimidación y narcotráfico han provocado que El Salvador tenga una de las tasas más altas de homicidios en el mundo.

En cuanto a gobernabilidad, la alta dependencia del país por el influjo de remesas lo hace vulnerable a la cambiante política internacional, lo cual afecta a su vez la implementación de políticas (pregunta 14.2). En el BTI 2020, este aspecto tuvo su rendimiento más bajo en 14 años. Las políticas públicas suelen estar afectadas por el cortoplacismo que caracteriza a su clase política y por los altos costos financieros que los gobiernos pocas veces pueden financiar.

La política anticorrupción (pregunta 15.3) si bien se ha mantenido estable en todos los 14 años de estudio del BTI, sigue siendo un tema alarmante. Con un puntaje de apenas 5 puntos, refleja que los pocos mecanismos implementados son en su mayoría inefectivos y que por lo general falta predisposición política al respecto.

Las acusaciones más serias fueron aquellas en contra de dos expresidentes (2004-2014; uno está detenido y otro huyó del país) por lavado de dinero y malversación de fondos públicos. También es preocupante que la oficina de auditoria del gobierno no haya sido capaz de detectar estas desviaciones masivas, lo cual demuestra su politización y falta de autonomía funcional.

Un punto a favor es que la información relativa al financiamiento de los partidos políticos se ha hecho cada vez más accesible a todos. Una ley de partidos políticos en 2013 estableció los lineamientos legales sobre esto.

Finalmente, resulta relevante remarcar el alto puntaje que el país obtuvo en la Cooperación regional (pregunta 17.3). El liderazgo político activamente busca construir vínculos con los Estados de la región y con otros del resto del mundo. La ubicación en el país de la principal sede del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es símbolo de aquello. Las compañías salvadoreñas han invertido fuertemente en países vecinos, lo cual explica la gran proporción de alimentos que se destinan al país desde Guatemala y Nicaragua. Además, promueve este tipo de integración a modo de mantener vivo el influjo de capitales y de movimiento de trabajadores migratorios, lo cual traes altos beneficios para la economía salvadoreña. Por este último punto es que sus relaciones con Estados Unidos y con México son especialmente importantes para El Salvador.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).