Desde la perspectiva del compromiso con los derechos humanos tiene coherencia la decisión de las nuevas autoridades uruguayas que asumirán el próximo 1 de marzo, al no invitar a los autócratas de la región a la asunción presidencial. Es que habla mal de una democracia ejemplar el que le brinde “igualdad de trato y respeto” a autoridades de otros países que no surgieron de elecciones libres, íntegras y competitivas.

Por Gabriel C. Salvia

El presidente electo del Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que no invitará a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela a su asunción del próximo 1 de marzo. Su Canciller designado, Ernesto Talvi, fundamentó esta decisión con base al artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, afirmando que “Uruguay se va a tomar muy en serio que somos parte de un sistema interamericano que promueve la defensa de la democracia como un derecho de los pueblos y del respeto por los derechos humanos, y ninguna de estas dos cosas ocurren en estos tres países”.

Muy alentadora la postura del nuevo gobierno del Uruguay, en especial en una región donde existen muchas cláusulas democráticas pero poco o nulo compromiso en su defensa. Y muy importante que esta posición la asuma Uruguay, pues para defender y promover la democracia en otros países hay que tener autoridad moral para hacerlo. Y vaya que Uruguay lo tiene, país reconocido por su vigorosa democracia.

Y para fortalecer su postura, tanto Lacalle Pou como Talvi podrían rescatar a la Declaración Universal sobre la Democracia, adoptada por el Consejo Interparlamentario Mundial en 1997,  que incluye un capítulo sobre “La dimensión internacional de la Democracia” en cuyo artículo 27 expresa: “Una democracia debe defender los principios democráticos en las relaciones internacionales. En ese sentido, las democracias deben abstenerse de toda conducta no democrática, expresar su solidaridad con los gobiernos democráticos y los actores no estatales, como son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la democracia y los derechos humanos, y extender su solidaridad a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos en manos de regímenes no democráticos”.

Una crítica a la decisión de las nuevas autoridades uruguayas es que la misma excluye a otras autocracias, como China. Talvi salió del paso aclarando que priorizan a la región a la cual pertenece Uruguay y que sobre situaciones fuera de América Latina se expresarán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y si bien es loable la postura de Lacalle Pou y Talvi, la política exterior en derechos humanos, para ser coherente, debe aplicarse sin doble estándar. Pero es algo que en la práctica no hace casi ninguna democracia del mundo, pues priman los intereses por encima de los principios, siendo la dictadura china el caso más emblemático.

Al respecto, otra cuestión para considerar es la referencia de Talvi citando el informe elaborado por The Economist, el Índice de la Democracia, que califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela como autocracias, y donde Uruguay está entre las pocas democracias plenas de la región. Sin embargo, el nuevo gobierno uruguayo tendrá que contemplar también la situación de otros países de América Latina, como Honduras y Guatemala, integrantes del Grupo de Lima, que aparecerán como autocracias junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la edición 2020 del Bertelsmann Transformation Index, índice que analiza y evalúa la calidad de la democracia, economía de mercado y la gestión política en 129 países en desarrollo y en transición.

Por su parte, el actual Canciller Rodolfo Nin Novoa, de la coalición frenteamplista que gobernó los últimos tres períodos en Uruguay, criticó la iniciativa del gobierno electo en Uruguay. Pero lo realmente criticable es que los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica (2005-2020) hayan sido cómplices frente a la erosión del estado de derecho en Venezuela, que la Intendencia frenteamplista haya declarado ciudadano ilustre de Montevideo al asesino de Daniel Ortega y también los estrechos vínculos de la izquierda oriental con la vieja dictadura militar cubana. En su apoyo a Cuba es todo un contrasentido que la coalición del Frente Amplio, que reúne a alrededor de veinte diferentes agrupaciones políticas, simpatice nada menos que ¡con un régimen de partido único!   

Lo cierto es que en sus relaciones internacionales, un sector mayoritario del Frente Amplio, que incluye al sobrevaluado Pepe Mujica, demuestra su falta de convicciones democráticas. Por eso no cabe duda que desde la perspectiva del compromiso con los derechos humanos tiene coherencia la decisión de las nuevas autoridades uruguayas que asumirán el próximo 1 de marzo, al no invitar a los autócratas de la región a la asunción presidencial.

Es que habla mal de una democracia ejemplar el que le brinde “igualdad de trato y respeto” a autoridades de otros países que no surgieron de elecciones libres, íntegras y competitivas. ¿O caso está bien igualar a un presidente democrático con un autócrata? ¿Y no merecen respeto y solidaridad las víctimas de la persecución política y las violaciones de derechos humanos? Quienes sufrieron una dictadura lo tendrían que tener bien claro.

En todo caso, sería deseable que la actitud comprometida con la democracia y los derechos humanos por parte del gobierno multicolor uruguayo sea imitada por los países más respetuosos de las libertades fundamentales, para que no sea una postura excepcional en el ámbito regional e internacional, sino una política exterior común de las democracias.    

Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Gabriel C. Salvia

Director General

Activista de derechos humanos enfocado en la solidaridad democrática internacional. En 2024 recibió el Premio Gratias Agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Es autor de los libros "Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional" (2024) y "Bailando por un espejismo: apuntes sobre política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner" (2017). Además, compiló varios libros, entre ellos "75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Miradas desde Cuba" (2023), "Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior" (2021), "Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina" (2015), "Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en Argentina" (2013) y "Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba" (2011), Sus columnas de opinión han sido publicadas en varios medios en español. Actualmente publica en Clarín, Perfil, Infobae y La Nación, de Argentina. Ha participado en eventos internacionales en América Latina, África, Asia, Europa, los Balcanes y en Estados Unidos. Desde 1992 se desempeña como director en Organizaciones de la Sociedad Civil y es miembro fundador de CADAL. Como periodista, trabajó entre 1992 y 1997 en gráfica, radio y TV especializado en temas parlamentarios, políticos y económicos, y posteriormente contribuyó con entrevistas en La Nación y Perfil.