Aunque la llamada República de Azerbaiyán dice ser democrática, según sus diferentes exposiciones en el Consejo de Derechos Humanos, existen excesos en contra de la libertad de sus ciudadanos. De acuerdo a Freedom in the World, desarrollado por Freedom House, el presidente Ilham Aliyev, elegido cuatro veces en el cargo desde el 2003, tiene el poder concentrado y a la oposición silenciada.

Por Lucía Hukovsky

Azerbaiyán es el país más grande de la región del Cáucaso y lo caracterizan innumerables connotaciones históricas, pero los derechos de sus habitantes no son una de ellas. Según un informe formulado por Human Right Watch, decenas de defensores y activistas de los derechos humanos, así también como disidentes políticos, son arrestados y torturados por año; incluso algunos terminan abandonando el país. Entre las víctimas se encuentran candidatos de la oposición, abogados relacionados con los derechos humanos y periodistas. Siguiendo la fuente mencionada, los abusos son originados por las fuerzas policiales, quienes no respetan las garantías legales y, en conjunto con el gobierno, no proporcionan las debidas condiciones humanitarias a los detenidos. Además, la difamación es considerada un delito, por lo que la libertad de expresión se ve restringida y los periodistas corren constantemente riesgo de persecución.

Aunque la llamada República de Azerbaiyán dice ser democrática, según sus diferentes exposiciones en el Consejo de Derechos Humanos, existen excesos en contra de la libertad de sus ciudadanos. De acuerdo a Freedom in the World, desarrollado por Freedom House, el presidente Ilham Aliyev, elegido cuatro veces en el cargo desde el 2003, tiene el poder concentrado y a la oposición silenciada. Consecuentemente, el funcionario posee mayoría plena en la Asamblea Nacional, lograda en elecciones poco limpias y siendo la corrupción una característica endémica de la democracia azerbaiyana. Un caso de esta última es el nombramiento de la esposa de Aliyev como vicepresidente en 2016; también hay denuncias sobre la forma en que se hicieron modificaciones en la Constitución. En este sentido, el gobierno no posee ningún grado de transparencia y se niega a dar respuestas a la población.

Respecto a lo dicho previamente, según el Examen Periódico Universal realizado por la ONU, Azerbaiyán fue haciendo progresos teóricos sobre su situación en materia de Derechos Humanos. En otras palabras, en el periodo desde 2009 hasta 2018 ratificó diversos tratados internacionales a favor de la igualdad y otros en contra del crimen internacional. Sin embargo, algunos países le recomendaron en el segundo ciclo de revisión que tomara medidas plenas para ejecutar dichos tratados, especialmente contra los abusos de las fuerzas del orden, la persecución a periodistas y la corrupción. Finalmente, en el último ciclo realizado en 2018 el grupo de trabajo concluyó que el país no cumplió con las obligaciones internacionales, y que siguió con la realización de juicios injustos, incumplimiento del proceso democrático y persecución de personas según su orientación ideológica y/o sexual.

Asimismo, Human Right Watch declaró en su informe que si bien los organismos internacionales de Derechos Humanos, como el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes (CPT), desaprueban lo que ocurre en el país; organismos financieros, como por ejemplo el Banco Mundial, y otros países mantienen relaciones económicas con Azerbaiyán, lo que le permite a este último disponer de recursos para mantener el status quo.

En conclusión, Azerbaiyán no llevó a cabo mejoras en materia de Derechos Humanos, transparencia, o libertad de expresión en el periodo que duró el EPU. De esta manera el poder político sigue concentrado en manos de un solo partido que no acepta criticas ni oposición. Además, no se tomaron medidas pragmáticas por parte de la comunidad internacional para frenar los crímenes contra civiles cometidos en el país, aunque fueron violados diversos acuerdos y tratados.

Lucía Hukovsky