Venezuela: Autoridades deben liberar inmediatamente al defensor de Derechos Humanos Orlando Moreno

El pasado domingo 25 de abril el defensor de derechos humanos, Orlando Moreno, fue agredido y detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), mientras se encontraba acompañando y tomando declaraciones de familiares de las víctimas del naufragio de una embarcación la cual partió desde el Estado Delta Amacuro hacia Trinidad y Tobago presuntamente el 19 de abril en horas de la tarde. Las organizaciones abajo firmantes condenan el ataque y la detención de Orlando Moreno por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, el último de una serie de ataques cada vez mayores contra defensores de derechos humanos y organizaciones por parte del Estado venezolano.

El Estado venezolano debe poner fin al hostigamiento, la detención ilegal y la criminalización de los defensores de derechos humanos.

Las organizaciones abajo firmantes condenan el ataque y la detención el 25 de abril de Orlando Moreno por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, el último de una serie de ataques cada vez mayores contra defensores de derechos humanos y organizaciones por parte del Estado venezolano.

El pasado domingo el defensor de derechos humanos, Orlando Moreno, fue agredido y detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), mientras se encontraba acompañando y tomando declaraciones de familiares de las víctimas del naufragio de una embarcación la cual partió desde el Estado Delta Amacuro hacia Trinidad y Tobago presuntamente el 19 de abril en horas de la tarde. Según fuentes locales en la embarcación iban 24 personas, de los cuales 4 de estos eran menores de edad: 2 niños de 2 y 5 años, y 2 jóvenes de 15 y 17. Hasta el momento se reportan entre 2 y 3 fallecidos, entre los cuales estaría un niño y una adolescente. Fueron rescatados siete sobrevivientes y trasladados hasta Tucupita para declarar en la sede del CICPC. Hasta la mañana del 25 de abril los familiares aún no habían recibido información.

En rueda de prensa posterior a la detención de Moreno, la Gobernadora del Estado de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, señaló que su encarcelamiento se justificaba por el supuesto delito de “instigación al odio”. Estas declaraciones fueron ofrecidas sin haber presentado a Moreno ante un tribunal con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y violando el principio de presunción de inocencia. Este tipo de declaraciones alimentan la campaña de estigmatización en contra de los defensores.

El monitoreo continuo ha revelado la profundización de la política de represión, que incluye la criminalización a personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Exigimos al Estado venezolano el cese de los hostigamientos, detenciones ilegales y criminalización de la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Abogamos por la liberación plena e inmediata de Orlando Moreno y urgimos al Estado a brindar de forma precisa y conforme al derecho a la verdad, la realidad de los hechos acaecidos a los familiares de las víctimas de tan lamentable suceso.

Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de tan terribles hechos y manifestamos nuestro compromiso de seguir elevando la voz para que en Venezuela haya pleno respeto y reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales.

Suscriben:

Amnesty International
CADAL
Civil Right Defenders
Cultura Democrática
Demo Amlat 
Due Process of Law Foundation
Freedom House
International Institute on Race, Equality and Human Rights
International Service for Human Rights
Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
Robert F. Kennedy Human Rights

Antecedentes

Debido a la crisis humanitaria que vive Venezuela, el flujo de migrantes se ha incrementado aceleradamente en los últimos años. Varios naufragios con víctimas fatales han ocurrido en el transcurso de los últimos 3 años, cuando venezolanos intentaron cruzar el mar caribe para trasladarse a las costas de Estados vecinos. A finales de 2020, otros 28 venezolanos perdieron la vida en circunstancias similares cuando realizaban la misma ruta, un suceso que, según informó entonces el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, estaba siendo investigado, pero a la fecha, se desconocen las conclusiones del Ministerio Público. 

Desde finales de 2020 varios periodistas y activistas de Derechos Humanos que han dado cobertura y documentado los naufragios ocurridos, han sido continuamente amenazados y han sufrido intimidaciones por haber informado libremente sobre los hechos.