Comunicados
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
CADAL pide activar la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) solicita al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la aplicación del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por el ejercicio ilegítimo del poder por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Nicaragua vive desde el martes 17 de abril instancias de absoluto desconocimiento de los derechos humanos de su ciudadanía, a raíz de la violenta represión gubernamental desatada contra legítimas protestas sociales.
Instituciones confiables ubican en más de 63 las muertes provocadas por la represión y en decenas de desaparecidos los resultados de la acción de las fuerzas de seguridad nicaragüenses, así como numerosos heridos cuyas lesiones revisten variada entidad.
La iglesia católica, a través de monseñor Silvio Báez, denunció brutales torturas a jóvenes detenidos en dependencias estatales.
El gobierno de Daniel Ortega ejerce mediante diversos métodos la censura a libertad de expresión.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, gremiales universitarios, las 27 entidades empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reclaman urgentemente el cese dela represión y la apertura de una instancia de diálogo que debe ser monitoreada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al respecto, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) solicita al Secretario General y al Consejo Permanente de la OEA la aplicación del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana que establece lo siguiente: "Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento".
Es necesario que la OEA actúe en defensa de los derechos vulnerados de la ciudadanía nicaragüense que ha expresado en forma multitudinaria su rechazo a la represión de la administración de Daniel Ortega, antes de que la delicada situación que se vive en ese país se transforme en una tragedia de mayores proporciones.
Nicaragua vive desde el martes 17 de abril instancias de absoluto desconocimiento de los derechos humanos de su ciudadanía, a raíz de la violenta represión gubernamental desatada contra legítimas protestas sociales.
Instituciones confiables ubican en más de 63 las muertes provocadas por la represión y en decenas de desaparecidos los resultados de la acción de las fuerzas de seguridad nicaragüenses, así como numerosos heridos cuyas lesiones revisten variada entidad.
La iglesia católica, a través de monseñor Silvio Báez, denunció brutales torturas a jóvenes detenidos en dependencias estatales.
El gobierno de Daniel Ortega ejerce mediante diversos métodos la censura a libertad de expresión.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, gremiales universitarios, las 27 entidades empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reclaman urgentemente el cese dela represión y la apertura de una instancia de diálogo que debe ser monitoreada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al respecto, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) solicita al Secretario General y al Consejo Permanente de la OEA la aplicación del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana que establece lo siguiente: "Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento".
Es necesario que la OEA actúe en defensa de los derechos vulnerados de la ciudadanía nicaragüense que ha expresado en forma multitudinaria su rechazo a la represión de la administración de Daniel Ortega, antes de que la delicada situación que se vive en ese país se transforme en una tragedia de mayores proporciones.
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