El actual presidente fue formalmente elegido en 2007 por cinco años y este año fue reelegido por tercera vez con el 97,67% de los votos. El presidente y sus socios controlan todos los aspectos de la vida pública, y no hay libertad de asociación, expresión y religión en Turkmenistán. Organizaciones de Derechos Humanos internacionales no están permitidos y los activistas sufren amenazas constantes, se controla su circulación y la de los familiares de disidentes exiliados.

Por Sofía Frers

Turkmenistán tiene un régimen político presidencialista donde el presidente Gurbanguly Berdymukhammedov ejerce el poder desde el año 2006. Desde su independencia en 1991 no tuvo una elección libre o justa por lo que no es una democracia electoral. El presidente y sus socios controlan todos los aspectos de la vida pública, y no hay libertad de asociación, expresión y religión en Turkmenistán.

Saparmurat Niyazov gobernó el país desde 1985 hasta su muerte en 2006, donde fue sucedido por Berdymukhammedov que mantuvo todos los mecanismos de represión. El actual presidente fue formalmente elegido en 2007 por cinco años y este año fue reelegido por tercera vez con el 97,67% de los votos. En el 2016 la Asamblea (Mejlis) aprobó una nueva Constitución donde permitía al presidente mantenerse en el poder de por vida, se estableció la reelección indefinida, se eliminó el límite de edad de setenta años para los candidatos a presidente y se extendió el mandato del presidente de cinco a siete años.

Turkmenistán tiene los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero en la práctica el poder Legislativo y el Judicial se encuentran subordinados al Ejecutivo. La asamblea se convirtió en el único cuerpo legislativo tras la Constitución de 2008 y aumentó el número de asientos de 50 a 125 con miembros elegidos por cinco años. Igualmente, a pesar de su apariencia pluralista, la Asamblea actúa bajo control del presidente. El Poder Judicial está controlado por el presidente porque nombra y retira jueces sin control legislativo.

El Sistema de Partidos está dominado por el Partido Democrático de Turkmenistán (PDT) que permaneció como partido único hasta 2012. El PDT fue fundado en 1991 por Niyazov al cambiar el nombre del Partido Comunista de Turkmenistán de la era Soviética. La Asamblea otorgó a los ciudadanos el derecho de formar partidos políticos y una nueva ley con los requerimientos para la formación de partidos fue aprobada en 2012. Esta ley especifica las bases legales para la formación de partidos y no permite que se formen partidos basados en líneas profesionales, regionales o religiosas, entre otras restricciones. Se formaron dos nuevos partidos que son el Partido Agrario y el Partido de los Empresarios e Industriales, pero ambos son leales al gobierno.

La libertad de prensa no existe en Turkmenistán, el estado controla los medios gráficos, de televisión y electrónicos. Su Internet es de los más caros del mundo, dificultando su acceso y el principal servidor es administrado por el gobierno, por lo que bloquea las páginas no deseadas y vigilan la actividad de los usuarios. Hay pocos periodistas independientes, pero sufren intimidaciones y riesgo de ser detenidos.

Los ciudadanos no pueden practicar libremente su religión, principalmente por una restricción legal. Los grupos religiosos deben registrarse y practicar una religión que no está registrada es ilegal. Esto último se ve a través de una nueva ley donde se detallan

los requerimientos y se agregan nuevos para el registro. A muchos grupos religiosos minoritarios se les rechazó el registro y sufrieron persecuciones, entre ellos muchos Testigos de Jehova sufrieron detención arbitraria.

La Constitución garantiza la libertad de asociación pero en la práctica este derecho está restringido. Hay muchos requerimientos para la registración y el estado vigila a las ONG. El gobierno no permite que grupos independientes trabajen sobre los Derechos Humanos en el país, grupos de Derechos Humanos internacionales no están permitidos y los activistas sufren amenazas constantes, se controla la circulación de los activistas y de los familiares de disidentes exiliados.

El gobierno promueve la identidad nacional haciendo que las oportunidades de empleo y educación para las minorías étnicas sean limitadas y sus centros culturales cerrados. La ley no protege a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) de la discriminación. De hecho, el acto sexual entre hombres es ilegal y se sanciona con hasta dos años en prisión. La homosexualidad es considerada una enfermedad incluso por instituciones médicas y autoridades judiciales, se fuerzan a las personas detenidas por sodomía a examinaciones anales para encontrar pruebas de conducta homosexual.

Las condiciones de las cárceles son deplorables, están sobre pobladas y el estado mantiene un sistema de campos de trabajo. Se practica la tortura y la violencia, y Turkmenistán no ratificó el Protocolo de la Convención contra la Tortura. Los prisioneros políticos sufrieron desapariciones forzosas y el número de detenidos es imposible de determinar porque los juicios son cerrados en casos sensibles. Por ejemplo, el disidente Gulgeldy Annaniazov fue arrestado en 2008 y los cargos todavía no son conocidos por su familia. El gobierno niega la visita de los familiares y el destino de muchos es desconocido.

La libertad de movimiento está restringida, hay ciudadanos que no pueden salir del país y entre estos se encuentran los familiares de los disidentes.

Las oportunidades profesionales laborales no contemplan a las mujeres y la violencia doméstica es algo corriente. La población sufre trabajo forzoso y tráfico sexual, y no existen mecanismos de prevención o investigación, e incluso el gobierno recurre al trabajo forzoso en la industria algodonera del país.

Sofía Frers

Politóloga y Licenciada en Relaciones Internacionales. Voluntaria en el Programa de Solidaridad Democrática de CADAL