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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
19-12-2025Argentina delegativa: crisis y expansión del Poder Ejecutivo
La política argentina parece recorrer un sendero ya antes transitado: crisis profunda, expectativas desbordadas, delegación masiva, y engrandecimiento del Ejecutivo. La presidencia de Javier Milei no es un suceso aislado, ni responde a patrones anómalos, simplemente representa un nuevo capítulo más intensificado de lo que O’Donnell describió hace décadas como democracia delegativa.
Por Clara Wolmy
Según The Guardian, las tensiones sociales acumuladas por los efectos de la crisis ayudan a explicar el “dramatic rise” de Javier Milei, un ascenso que reconfigura el campo político argentino en un momento de agotamiento institucional y expectativas fracturadas. Lo cierto es que, desde su llegada al poder, Milei ha planteado reformas extraordinarias y paquetes de políticas rápidas y unilaterales, buscando ofrecer un medio de salvataje cortoplacista a la crisis económica circundante. Este contexto ha posicionado a la Argentina en un “experimento institucional” de ensayo y error, caracterizado por una acentuada concentración de poder en el ejecutivo, respaldado por un amplio sector de la población. Para evaluar si esta gestión constituye una ruptura radical, o, por el contrario, una profundización de patrones previos, se ofrece un análisis comparativo de la gestión actual con la de Alberto Fernández a la luz de marcos conceptuales que explican cómo las crisis económicas redefinen la gobernabilidad, los controles institucionales y la calidad democrática.
La metodología empleada se sustenta en un enfoque comparado que combina evidencia cualitativa proveniente de informes especializados (Human Rights Watch, Amnistía Internacional, relatores especiales de Naciones Unidas, FOPEA y CIVICUS Monitor) con evidencia cuantitativa derivada principalmente de dos indicadores: World Justice Project (WJP) y el Bertelsmann Transformation Index (BTI). La comparación entre ambas presidencias no busca establecer simetrías normativas, sino identificar continuidades estructurales en la forma en que el poder ejecutivo se expande y opera en contextos de vulnerabilidad institucional.
Asimismo, la interpretación general del caso se apoya en conceptos elaborados por Guillermo O’Donnell, especialmente su noción de democracia delegativa, que sirve como criterio orientador para contextualizar los estilos presidenciales analizados.
Delegación, rendición de cuentas horizontal y conflicto institucional en Argentina
La política argentina, históricamente marcada por el peso de la figura presidencial, obliga a examinar la calidad institucional no sólo a través de las urnas, sino de la efectividad de sus balances y contrapesos. Es por ello que, para hacerlo, resulta indispensable recurrir al concepto de Democracia Delegativa (DD) formulado por Guillermo O’Donnell. Esta perspectiva postula que el “líder”, investido por una legitimidad de las elecciones (rendición de cuentas vertical), se siente autorizado a gobernar como él estime apropiado, considerando a las instituciones de control horizontal (Congreso, Justicia) como meras "trabas" a su misión de "salvador de la patria" encargado de reparar el orden roto, que la política convencional no pudo.
Siguiendo estos lineamientos es que se analizan la separación de poderes. En el informe BTI 2024 se observa que, durante su gestión, Fernández cuenta con una puntuación de 6/10, destacándose por un uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia(DNUs), para hacer frente a la doble crisis (económica y pandémica), dejando casi por completo de lado al Poder Legislativo en la toma de decisiones, en palabras del BTI: "Se emitieron más decretos presidenciales que leyes fueron aprobadas por el Congreso”. Esto implicó un claro desplazamiento de la concentración de poder hacia el Ejecutivo y mostrando síntomas de una “hegemonía presidencial” (que, según el informe, está presente en la historia política argentina desde 1990).
Por su parte, Javier Milei, al inicio de su mandato impulsó un paquete de reformas radicales que se consumaron en el Mega- DNU 70/2023 el cual radicalizó la tendencia delegativa al buscar gobernar "sin Congreso". Este instrumento de "decretismo" fue tachado de incumplir con pautas constitucionales. Su objetivo central fue avanzar en "procesos de desregulación de asuntos relacionados con la vida social y económica del país", modificando leyes cruciales para eliminar "todo límite nacional" a la multiplicidad de licencias y habilitar la "concentración mediática infinita". El DNU también dispuso la transformación de medios estatales como RTA SE y Télam SE en sociedades anónimas, eliminando las facultades de control parlamentario que preveía la ley anterior.
Paralelamente, la gestión Milei sometió al Poder Judicial a un "esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial". Esto incluyó la postergación de nombramientos clave en la Corte Suprema y el Fiscal General, como así también "ataque directo a la independencia del poder judicial federal", tal como la solicitud de destitución de la jueza Andrade tras fallos desfavorables.
Esta ofensiva ejecutiva se extendió a los órganos de control: el subfactor WJP 1.3 (Limitación de poderes por auditoría y revisión independiente) de Argentina cayó de 0.54 en 2023 a 0.51 en 2024, reflejando cómo los organismos independientes perdieron (su ya baja) capacidad efectiva para fiscalizar al Ejecutivo. Esta erosión fue también propiciada por el Decreto 780/2024, mediante la restricción al derecho de acceso a la información pública que da "alta dosis de discrecionalidad" a los funcionarios para limitar el control, implicando un "grave retroceso democrático".
El claro síntoma de este debilitamiento institucional general en la rendición de cuentas horizontal, se puede ver parcialmente reflejado en el promedio del área de Constraints on Government Powers (limitación al poder ejecutivo) del World Justice Project que experimentó un retroceso, pasando de 0.56/1.00 en 2023 a 0.54/1.00 en 2025.
Transición de la gobernanza, de la parálisis al campo de batalla
Ambos regímenes, si bien distantes en su retórica e identidad ideológica, tienen sus raíces en el mismo problema estructural: una espiral de crisis económica y desintegración del aparato estatal que erosiona la legalidad y la solidaridad social y que, según Guillermo O’Donnell, construye el ambiente propicio e impulsa la demanda de un liderazgo delegativo y fuertemente personalista que esté capacitado para resolver problemas pasando por encima las instituciones.
En principio, la capacidad de dirección del gobierno de Alberto Fernández se veía comprometida por un claro fraccionamiento dentro de su coalición, entre el ala moderada (el Presidente) y la facción radical (la Vicepresidenta), lo que intensificó la hostilidad tras las elecciones de 2021. Esta fragmentación interna truncó la formulación de una estrategia económica coherente a largo plazo, resultando en un abordaje "ad hoc" de la crisis y en la repetición de errores pasados, lo que el BTI identificó como una "gestión de crisis de corto plazo”.
En su asunción al poder, Milei adoptó un discurso que lo posicionaba como "salvador providencial", cuya legitimidad electoral le otorga el derecho a gobernar sin restricciones. Su priorización, desde ese entonces, se centró en la “austeridad fiscal" y el "shock" económico, presentando el costo social como un componente inevitable de estas medidas. Esta misión se tradujo en acciones concretas que eluden los controles: la implementación de medidas drásticas (como los recortes a programas sociales, incluyendo asistencia a víctimas de violencia de género, enfermos de cáncer, personas con discapacidad, entre otros) y el uso intensivo del poder de veto. En menos de dos años, Milei vetó nueve leyes, un promedio de 5.3 por año, superando a sus predecesores inmediatos (Fernández: 3.3/año; Macri: 2/año). Este uso del veto, incluso contra leyes clave de la oposición (como las de financiamiento universitario y aumento de jubilaciones), es un ejemplo de cómo los ejecutivos electos debilitan los controles sobre su propio poder uno por uno, realizando cambios institucionales a través de canales legales.
Además, en lo que atañe a gestión de conflictos, las estrategias han sido diametralmente opuestas. El gobierno de Alberto Fernández, como moderado, intentó en general evitar la escalada de conflictos y la polarización, aunque las tensiones socioeconómicas aumentaron el malestar en 2022. La división principal fue interna (la "grieta" dentro del Frente de Todos mencionada anteriormente). El gobierno de Milei, en cambio, lidera activamente la confrontación y actúa frente a sus detractores como si de una contienda se tratara. En el Congreso se dirigió públicamente contra legisladores que rechazaron sus proyectos, acusándolos de obstaculizar las reformas y, en algunos casos, de “traicionar” el mandato de cambio, tal como recogieron agencias internacionales como France24 en su cobertura de la derrota inicial de la Ley Ómnibus. Este patrón de hostigamiento discursivo hacia el Poder Legislativo refuerza una lógica delegativa que deslegitima a los controles horizontales y desplaza el conflicto desde la negociación institucional hacia la ridiculización y persecución con fines coercitivos.
Degradación del espacio cívico: de “estrecho” a “obstruido”
La degradación del espacio cívico es la manifestación directa de una estrategia de retroceso democrático. O’Donnell sostiene que las democracias delegativas producen “ciudadanías de baja intensidad” donde los derechos formales existen, pero su ejercicio real es desigual, mostrándose frágil y vulnerable ante la arbitrariedad estatal. Entonces, no sólo genera un déficit en la rendición de cuentas horizontal (controles institucionales) si no que, simultáneamente ejerce una violación sistemática de las libertades civiles fundamentales.
Bajo la gestión de Alberto Fernández, el marco legal que garantiza la libertad de reunión y asociación permaneció vigente, y las organizaciones sociales pudieron operar sin restricciones estructurales, consiguiendo una calificación perfecta (10) en el BTI. El Índice de Derechos Fundamentales del WJP registró para 2023 un puntaje intermedio (0.69/1.00), reflejando de manera general el reconocimiento de estos derechos y libertades fluctuando los subfactores en puntuaciones entre 0.55 y 0.78. Siguiendo esta línea, la libertad de expresión obtuvo un 8 en el BTI, señalando que, si bien no se produjeron políticas de silenciamiento sistemáticas por parte del Estado, hubo momentos de tensión recurrentes, hostigamiento de la Vicepresidenta hacia ciertos periodistas.
La situación cambia sustancialmente con la asunción de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, el derecho a la protesta se redefine mediante instrumentos legales que institucionalizan la restricción. El Protocolo Antipiquetes constituye un caso paradigmático de cercenamiento del derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, ya que, entre otros aspectos: criminaliza la alteración mínima del tránsito, habilita denuncias contra organizadores y elimina requerimientos de desescalamiento antes del uso de la fuerza. Las observaciones de Naciones Unidas cuestionaron a Milei que estas medidas se apartaban de estándares internacionales de derechos humanos.
La protesta de marzo de 2025 ilustra con claridad este cambio de paradigma: casi 700 personas heridas, un fotoperiodista gravemente lesionado y detenciones arbitrarias de transeúntes, periodistas y personal médico, algunos trasladados incluso a unidades penitenciarias de alta seguridad. Este patrón de violencia no es excepcional, sino parte de un rediseño institucional del orden público.
La degradación de la libertad de expresión, bajo la retórica de ataque a la prensa, es un componente explícito de su gestión y, quizás, uno de los aspectos más alarmantes. Como destaca el Monitoreo de la Libertad de Expresión 2024 de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), un informe detallado que documenta los ataques a la libertad de prensa en Argentina desde 2008, se produjo un aumento del 53% en los ataques al periodismo en 2024, siendo el Presidente responsable de 65.43% de los actos de estigmatización registrados, en los que califica a periodistas como “ensobrados”, “sicarios”, “delincuentes”. El fenómeno se amplifica en redes sociales, donde las menciones hostiles crecieron un 2000% en un año, generando un entorno de intimidación constante. Esto se condice con la caída de Argentina 47 posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en los últimos dos años.
La reclasificación del espacio cívico de Argentina por parte de CIVICUS Monitor, que pasa de “Estrecho” (Narrowed) bajo Fernández a “Obstruido” (Obstructed) bajo Milei, sintetiza el giro estructural en esta área. El deterioro ya no responde a ineficacia estatal, sino a una política deliberada de restricción de la protesta y hostigamiento a la crítica.
Crónicas de un hiperpresidencialismo interminable
La política argentina parece recorrer un sendero ya antes transitado: crisis profunda, expectativas desbordadas, delegación masiva, y engrandecimiento del Ejecutivo. La presidencia de Javier Milei no es un suceso aislado, ni responde a patrones anómalos, simplemente representa un nuevo capítulo más intensificado de lo que O’Donnell describió hace décadas como democracia delegativa. Este fenómeno. no se trata de una “desviación nueva”. La historia argentina ha fluctuado entre momentos de democracia mínima y momentos de delegación más intensificada, respaldado por contextos de crisis que habilitan el carácter autoritario de estos gobiernos.
Pero este contexto, a la luz de la teoría de apreciaciones teóricas mencionadas, era todo menos imprevisible. La hipótesis era muy clara: la combinación de debilidad parlamentaria, confrontación política y crisis socioeconómica intensificarían los incentivos del Ejecutivo para gobernar por decreto, vetar leyes, presionar al Congreso y reconfigurar organismos de control. La lógica delegativa se profundizó, no porque Milei la inventara, sino porque el escenario institucional lo hizo posible. En este ciclo, el apoyo social mayoritario y en ocasiones oscilante hacia medidas de shock, cumple un rol esencial. No se explica únicamente por adhesión ideológica, sino por un patrón histórico: ante la debacle económica, la ciudadanía vuelve a depositar su esperanza en la figura presidencial bajo la “expectativa de salvación”.
Argentina parece quedar atrapada una y otra vez en la misma secuencia: la crisis habilita la delegación, la delegación expande al Ejecutivo, el Ejecutivo debilitado por aislamiento político concentra aún más poder; y esa concentración, a su vez, erosiona los contrapesos necesarios para evitar la próxima crisis. Por eso el hiperpresidencialismo se encuentra en la naturaleza intrínseca de la Argentina, y representa un ciclo que va a ser difícil romper. Para ello, es necesario reconstruir una ciudadanía que no delegue por desesperación, sino que demande calidad democrática incluso en medio de la urgencia.
Clara WolmyEstudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta y voluntaria de CADAL).
Según The Guardian, las tensiones sociales acumuladas por los efectos de la crisis ayudan a explicar el “dramatic rise” de Javier Milei, un ascenso que reconfigura el campo político argentino en un momento de agotamiento institucional y expectativas fracturadas. Lo cierto es que, desde su llegada al poder, Milei ha planteado reformas extraordinarias y paquetes de políticas rápidas y unilaterales, buscando ofrecer un medio de salvataje cortoplacista a la crisis económica circundante. Este contexto ha posicionado a la Argentina en un “experimento institucional” de ensayo y error, caracterizado por una acentuada concentración de poder en el ejecutivo, respaldado por un amplio sector de la población. Para evaluar si esta gestión constituye una ruptura radical, o, por el contrario, una profundización de patrones previos, se ofrece un análisis comparativo de la gestión actual con la de Alberto Fernández a la luz de marcos conceptuales que explican cómo las crisis económicas redefinen la gobernabilidad, los controles institucionales y la calidad democrática.
La metodología empleada se sustenta en un enfoque comparado que combina evidencia cualitativa proveniente de informes especializados (Human Rights Watch, Amnistía Internacional, relatores especiales de Naciones Unidas, FOPEA y CIVICUS Monitor) con evidencia cuantitativa derivada principalmente de dos indicadores: World Justice Project (WJP) y el Bertelsmann Transformation Index (BTI). La comparación entre ambas presidencias no busca establecer simetrías normativas, sino identificar continuidades estructurales en la forma en que el poder ejecutivo se expande y opera en contextos de vulnerabilidad institucional.
Asimismo, la interpretación general del caso se apoya en conceptos elaborados por Guillermo O’Donnell, especialmente su noción de democracia delegativa, que sirve como criterio orientador para contextualizar los estilos presidenciales analizados.
Delegación, rendición de cuentas horizontal y conflicto institucional en Argentina
La política argentina, históricamente marcada por el peso de la figura presidencial, obliga a examinar la calidad institucional no sólo a través de las urnas, sino de la efectividad de sus balances y contrapesos. Es por ello que, para hacerlo, resulta indispensable recurrir al concepto de Democracia Delegativa (DD) formulado por Guillermo O’Donnell. Esta perspectiva postula que el “líder”, investido por una legitimidad de las elecciones (rendición de cuentas vertical), se siente autorizado a gobernar como él estime apropiado, considerando a las instituciones de control horizontal (Congreso, Justicia) como meras "trabas" a su misión de "salvador de la patria" encargado de reparar el orden roto, que la política convencional no pudo.
Siguiendo estos lineamientos es que se analizan la separación de poderes. En el informe BTI 2024 se observa que, durante su gestión, Fernández cuenta con una puntuación de 6/10, destacándose por un uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia(DNUs), para hacer frente a la doble crisis (económica y pandémica), dejando casi por completo de lado al Poder Legislativo en la toma de decisiones, en palabras del BTI: "Se emitieron más decretos presidenciales que leyes fueron aprobadas por el Congreso”. Esto implicó un claro desplazamiento de la concentración de poder hacia el Ejecutivo y mostrando síntomas de una “hegemonía presidencial” (que, según el informe, está presente en la historia política argentina desde 1990).
Por su parte, Javier Milei, al inicio de su mandato impulsó un paquete de reformas radicales que se consumaron en el Mega- DNU 70/2023 el cual radicalizó la tendencia delegativa al buscar gobernar "sin Congreso". Este instrumento de "decretismo" fue tachado de incumplir con pautas constitucionales. Su objetivo central fue avanzar en "procesos de desregulación de asuntos relacionados con la vida social y económica del país", modificando leyes cruciales para eliminar "todo límite nacional" a la multiplicidad de licencias y habilitar la "concentración mediática infinita". El DNU también dispuso la transformación de medios estatales como RTA SE y Télam SE en sociedades anónimas, eliminando las facultades de control parlamentario que preveía la ley anterior.
Paralelamente, la gestión Milei sometió al Poder Judicial a un "esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial". Esto incluyó la postergación de nombramientos clave en la Corte Suprema y el Fiscal General, como así también "ataque directo a la independencia del poder judicial federal", tal como la solicitud de destitución de la jueza Andrade tras fallos desfavorables.
Esta ofensiva ejecutiva se extendió a los órganos de control: el subfactor WJP 1.3 (Limitación de poderes por auditoría y revisión independiente) de Argentina cayó de 0.54 en 2023 a 0.51 en 2024, reflejando cómo los organismos independientes perdieron (su ya baja) capacidad efectiva para fiscalizar al Ejecutivo. Esta erosión fue también propiciada por el Decreto 780/2024, mediante la restricción al derecho de acceso a la información pública que da "alta dosis de discrecionalidad" a los funcionarios para limitar el control, implicando un "grave retroceso democrático".
El claro síntoma de este debilitamiento institucional general en la rendición de cuentas horizontal, se puede ver parcialmente reflejado en el promedio del área de Constraints on Government Powers (limitación al poder ejecutivo) del World Justice Project que experimentó un retroceso, pasando de 0.56/1.00 en 2023 a 0.54/1.00 en 2025.
Transición de la gobernanza, de la parálisis al campo de batalla
Ambos regímenes, si bien distantes en su retórica e identidad ideológica, tienen sus raíces en el mismo problema estructural: una espiral de crisis económica y desintegración del aparato estatal que erosiona la legalidad y la solidaridad social y que, según Guillermo O’Donnell, construye el ambiente propicio e impulsa la demanda de un liderazgo delegativo y fuertemente personalista que esté capacitado para resolver problemas pasando por encima las instituciones.
En principio, la capacidad de dirección del gobierno de Alberto Fernández se veía comprometida por un claro fraccionamiento dentro de su coalición, entre el ala moderada (el Presidente) y la facción radical (la Vicepresidenta), lo que intensificó la hostilidad tras las elecciones de 2021. Esta fragmentación interna truncó la formulación de una estrategia económica coherente a largo plazo, resultando en un abordaje "ad hoc" de la crisis y en la repetición de errores pasados, lo que el BTI identificó como una "gestión de crisis de corto plazo”.
En su asunción al poder, Milei adoptó un discurso que lo posicionaba como "salvador providencial", cuya legitimidad electoral le otorga el derecho a gobernar sin restricciones. Su priorización, desde ese entonces, se centró en la “austeridad fiscal" y el "shock" económico, presentando el costo social como un componente inevitable de estas medidas. Esta misión se tradujo en acciones concretas que eluden los controles: la implementación de medidas drásticas (como los recortes a programas sociales, incluyendo asistencia a víctimas de violencia de género, enfermos de cáncer, personas con discapacidad, entre otros) y el uso intensivo del poder de veto. En menos de dos años, Milei vetó nueve leyes, un promedio de 5.3 por año, superando a sus predecesores inmediatos (Fernández: 3.3/año; Macri: 2/año). Este uso del veto, incluso contra leyes clave de la oposición (como las de financiamiento universitario y aumento de jubilaciones), es un ejemplo de cómo los ejecutivos electos debilitan los controles sobre su propio poder uno por uno, realizando cambios institucionales a través de canales legales.
Además, en lo que atañe a gestión de conflictos, las estrategias han sido diametralmente opuestas. El gobierno de Alberto Fernández, como moderado, intentó en general evitar la escalada de conflictos y la polarización, aunque las tensiones socioeconómicas aumentaron el malestar en 2022. La división principal fue interna (la "grieta" dentro del Frente de Todos mencionada anteriormente). El gobierno de Milei, en cambio, lidera activamente la confrontación y actúa frente a sus detractores como si de una contienda se tratara. En el Congreso se dirigió públicamente contra legisladores que rechazaron sus proyectos, acusándolos de obstaculizar las reformas y, en algunos casos, de “traicionar” el mandato de cambio, tal como recogieron agencias internacionales como France24 en su cobertura de la derrota inicial de la Ley Ómnibus. Este patrón de hostigamiento discursivo hacia el Poder Legislativo refuerza una lógica delegativa que deslegitima a los controles horizontales y desplaza el conflicto desde la negociación institucional hacia la ridiculización y persecución con fines coercitivos.
Degradación del espacio cívico: de “estrecho” a “obstruido”
La degradación del espacio cívico es la manifestación directa de una estrategia de retroceso democrático. O’Donnell sostiene que las democracias delegativas producen “ciudadanías de baja intensidad” donde los derechos formales existen, pero su ejercicio real es desigual, mostrándose frágil y vulnerable ante la arbitrariedad estatal. Entonces, no sólo genera un déficit en la rendición de cuentas horizontal (controles institucionales) si no que, simultáneamente ejerce una violación sistemática de las libertades civiles fundamentales.
Bajo la gestión de Alberto Fernández, el marco legal que garantiza la libertad de reunión y asociación permaneció vigente, y las organizaciones sociales pudieron operar sin restricciones estructurales, consiguiendo una calificación perfecta (10) en el BTI. El Índice de Derechos Fundamentales del WJP registró para 2023 un puntaje intermedio (0.69/1.00), reflejando de manera general el reconocimiento de estos derechos y libertades fluctuando los subfactores en puntuaciones entre 0.55 y 0.78. Siguiendo esta línea, la libertad de expresión obtuvo un 8 en el BTI, señalando que, si bien no se produjeron políticas de silenciamiento sistemáticas por parte del Estado, hubo momentos de tensión recurrentes, hostigamiento de la Vicepresidenta hacia ciertos periodistas.
La situación cambia sustancialmente con la asunción de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, el derecho a la protesta se redefine mediante instrumentos legales que institucionalizan la restricción. El Protocolo Antipiquetes constituye un caso paradigmático de cercenamiento del derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, ya que, entre otros aspectos: criminaliza la alteración mínima del tránsito, habilita denuncias contra organizadores y elimina requerimientos de desescalamiento antes del uso de la fuerza. Las observaciones de Naciones Unidas cuestionaron a Milei que estas medidas se apartaban de estándares internacionales de derechos humanos.
La protesta de marzo de 2025 ilustra con claridad este cambio de paradigma: casi 700 personas heridas, un fotoperiodista gravemente lesionado y detenciones arbitrarias de transeúntes, periodistas y personal médico, algunos trasladados incluso a unidades penitenciarias de alta seguridad. Este patrón de violencia no es excepcional, sino parte de un rediseño institucional del orden público.
La degradación de la libertad de expresión, bajo la retórica de ataque a la prensa, es un componente explícito de su gestión y, quizás, uno de los aspectos más alarmantes. Como destaca el Monitoreo de la Libertad de Expresión 2024 de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), un informe detallado que documenta los ataques a la libertad de prensa en Argentina desde 2008, se produjo un aumento del 53% en los ataques al periodismo en 2024, siendo el Presidente responsable de 65.43% de los actos de estigmatización registrados, en los que califica a periodistas como “ensobrados”, “sicarios”, “delincuentes”. El fenómeno se amplifica en redes sociales, donde las menciones hostiles crecieron un 2000% en un año, generando un entorno de intimidación constante. Esto se condice con la caída de Argentina 47 posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en los últimos dos años.
La reclasificación del espacio cívico de Argentina por parte de CIVICUS Monitor, que pasa de “Estrecho” (Narrowed) bajo Fernández a “Obstruido” (Obstructed) bajo Milei, sintetiza el giro estructural en esta área. El deterioro ya no responde a ineficacia estatal, sino a una política deliberada de restricción de la protesta y hostigamiento a la crítica.
Crónicas de un hiperpresidencialismo interminable
La política argentina parece recorrer un sendero ya antes transitado: crisis profunda, expectativas desbordadas, delegación masiva, y engrandecimiento del Ejecutivo. La presidencia de Javier Milei no es un suceso aislado, ni responde a patrones anómalos, simplemente representa un nuevo capítulo más intensificado de lo que O’Donnell describió hace décadas como democracia delegativa. Este fenómeno. no se trata de una “desviación nueva”. La historia argentina ha fluctuado entre momentos de democracia mínima y momentos de delegación más intensificada, respaldado por contextos de crisis que habilitan el carácter autoritario de estos gobiernos.
Pero este contexto, a la luz de la teoría de apreciaciones teóricas mencionadas, era todo menos imprevisible. La hipótesis era muy clara: la combinación de debilidad parlamentaria, confrontación política y crisis socioeconómica intensificarían los incentivos del Ejecutivo para gobernar por decreto, vetar leyes, presionar al Congreso y reconfigurar organismos de control. La lógica delegativa se profundizó, no porque Milei la inventara, sino porque el escenario institucional lo hizo posible. En este ciclo, el apoyo social mayoritario y en ocasiones oscilante hacia medidas de shock, cumple un rol esencial. No se explica únicamente por adhesión ideológica, sino por un patrón histórico: ante la debacle económica, la ciudadanía vuelve a depositar su esperanza en la figura presidencial bajo la “expectativa de salvación”.
Argentina parece quedar atrapada una y otra vez en la misma secuencia: la crisis habilita la delegación, la delegación expande al Ejecutivo, el Ejecutivo debilitado por aislamiento político concentra aún más poder; y esa concentración, a su vez, erosiona los contrapesos necesarios para evitar la próxima crisis. Por eso el hiperpresidencialismo se encuentra en la naturaleza intrínseca de la Argentina, y representa un ciclo que va a ser difícil romper. Para ello, es necesario reconstruir una ciudadanía que no delegue por desesperación, sino que demande calidad democrática incluso en medio de la urgencia.
