El presidente electo colombiano se movió rápidamente en asegurar un marco de responsabilidad institucional y económica y en crear un clima de diálogo con la oposición conservadora. Su futuro gobierno deberá encarar ahora el difícil legado de décadas de ausencia del Estado y de violencia política que dejó miles de muertos, todo lo cual se tradujo en millones de colombianos en situación de pobreza y de extrema vulnerabilidad en materia de seguridad, justicia y el ejercicio de derechos.

Por Hugo Machín Fajardo

A dos semanas de haber sido electo a Gustavo Petro (62) como presidente de Colombia por el Pacto Histórico, las movidas del exalcalde de Bogotá en materia económica y de relaciones internacionales, le han acreditado confianza nacional e internacional.

Petro rápidamente designó al exministro de Minas y Energía, exsenador y mediador de paz Álvaro Leyva (81), un hombre de trayectoria en el Partido Conservador, con importante actuación durante la firma del tratado de paz en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC, como futuro canciller.

En el tema más arduo para la futura administración —reforma tributaria, PIB y pobreza— Petro obtuvo la aceptación del prestigioso economista José Antonio Ocampo (69), identificado con el Partido Liberal, de dilatada trayectoria nacional e internacional en la materia, como próximo ministro de Hacienda y Crédito Público. (*)

El alza inédita en 150 puntos básicos (1,5 puntos porcentuales) en la tasa del Banco de la República, decidida el 30 de junio, contribuye a dar tranquilidad a los inversores, dado que posiciona la política monetaria en la ruta de la reducción inflacionaria, en opinión del gerente de dicho banco, Leonardo Villar.

Esa posible gobernanza que va tejiendo Petro obtuvo la fotografía impensada: la de la entrevista el 29 de junio con el expresidente y archiadversario durante décadas: Álvaro Uribe. De ese encuentro surgen eventuales acuerdos y señales. «Que no se vaya nadie del país, trabajemos», dijo el por dos veces presidente de Colombia.

La mayoría del espectro partidario, incluido el excompetidor en segunda vuelta Rodolfo Hernández —«Empezó el cambio», tuiteó luego de su encuentro con Petro el 28 de junio— se ha deslindado de hacer oposición, dejándole ese papel al Centro Democrático, el partido de Uribe, quien le solicitó a Petro «la apertura de un canal de diálogo» entre ambos, y ha dicho que será una «oposición razonable». El resto de los sectores con representación legislativa —liberales, Partido de «la U», Cambio Radical, cristianos—  han avanzado posturas de no oposición y en algún caso de apoyo a Petro.

Por ley vigente desde 2018, todos los partidos y movimientos políticos están en la obligación de realizar su declaración política antes del inicio de una nueva administración en la que expliciten su función: apoyar al gobierno, mantenerse independientes o ser opositores.

Comisión de la Verdad

Otro hecho que prefigura un nuevo escenario es el informe ofrecido 9 días después del resultado electoral —a fin de no contaminar el tema— por el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux (79). Tras casi cuatro años de labor, la conclusión es que «Colombia debería guardar silencio durante diecisiete años si quisiera realizar un minuto de silencio por cada víctima del conflicto (...) de más de medio siglo [ocurrido entre 1958 y 2016] que no acaba de acabarse».

El informe documenta 450.664 homicidios, pero advierte que, si se tiene en cuenta el subregistro, el universo podría ser de 800.000 víctimas. El informe final integró 112 bases de datos de 42 instituciones y organizaciones, insumió más de 23.000 horas de investigación y deliberación, 14.928 entrevistas individuales y colectivas, en las que fueron escuchadas 28.562 personas en Colombia y en 23 países, y la revisión y confrontación de 1.195 informes.

Los principales responsables son los grupos paramilitares, iniciados en los años 80, con aproximadamente el 45% de la responsabilidad (205.028 víctimas); las guerrillas, partir de los años 60, fueron responsables del 27% (122.813) y los agentes estatales directamente del 12% (56.094). El 75% de los homicidios se dieron entre 1996 y 2008, la mayoría pertenecientes a la población civil, según el informe.

Punto ciego

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell (1936 -2011), fue quien en 2004 (*) definió como «punto ciego» de la teoría democrática la situación en que el poder estatal coexiste con poderes locales que imponen su propio orden. En las democracias latinoamericanas surgidas tras largas dictaduras, se dio el fenómeno de que grupos de la sociedad disputaron el monopolio estatal de la soberanía nacional. A su vez, los Estados emergentes ofrecían debilidades en su función de contralor efectivo sobre el ámbito público.

De esas tensiones —existentes en el presente en diversos países de la región— adolece Colombia. Tensiones sobredimensionadas por el conflicto mencionado más arriba y sus retroalimentaciones actuales. Si por un lado en la primera década del siglo XXI el país cafetero redujo la pobreza a la mitad y duplicó la clase media, en el presente mantiene un alto porcentaje ciudadano en la pobreza. La generación de rentas de economías ilícitas, la informalidad que alcanza el 50% de la población económicamente activa, la existencia de un importante porcentaje de población adulta mayor sin perspectiva de previsión social; sumado a la inseguridad urbana, las dificultades de acceso a la justicia de vastos sectores ciudadanos, el maltrato policial y la brecha educativa, entre otros aspectos, son ese «punto ciego» que deberá ser abordado y comenzado a resolver por el acuerdo nacional convocado por Petro.

La sola existencia de la democracia no alcanza para que sea efectiva. Para ello se requiere que el Estado garantice el ejercicio democrático en todo el territorio. Ese desafío hoy se presenta como un objetivo muy difícil para el que se hace necesario la confianza ciudadana en sus instituciones. La democracia republicana, de por sí desconfiada del poder, ofrece en la separación de poderes los instrumentos para matizar esa desconfianza que en la ciudanía colombiana ha quedado explicitada en las urnas.

(*) José A. Ocampo. Economista. Se desempeñó al frente de Planeación Nacional (1994-1996) y fue ministro de Agricultura (1993-1994).

(**) “Notas sobre la democracia en América Latina”, en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Buenos Aires, 2004.

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.