El comienzo del 2022 latinoamericano puede analizarse desde diferentes planos. Veamos dos de ellos: la criminalidad y los cambios políticos. Dos enfoques aparentemente diferentes, que en la región están imbricados.

Por Hugo Machín Fajardo

Para empezar, la violencia. En Argentina, aún se pregunta la sociedad cómo pudo ocurrir la muerte de 24 consumidores y la intoxicación de al menos otros ochenta, el 2 de febrero. La causa fue la adulteración de cocaína. Solo en la capital argentina las autoridades porteñas calculan que en la ciudad, más el Gran Buenos Aires, se vende 200 mil dosis diarias de droga, equivalentes a aproximadamente 2 millones 800 mil dólares.

En el 2020, Mario Alberto Ishii, intendente peronista de la municipalidad de José C. Paz, zona noroeste del Gran Buenos Aires —266.000 habitantes— fue filmado cuando admitió que protegía a quienes repartían «falopa» en ambulancias municipales.

El narcotráfico genera 1.100 millones de dólares anuales en Argentina, según cifras oficiales. El jueves 10 de febrero se conoció otro dato escalofriante:  el secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, alertó por el incremento de ataques extorsivos y dijo que en la ciudad de Rosario «hay más de mil pibes dispuestos a empuñar un arma por cinco o seis mil pesos» [ 50 a 60 dólares].

En Paraguay, hubo un ajuste de cuentas entre narcos con el saldo de dos muertos y cuatro heridos, asistentes a un espectáculo público realizado en el teatro al aire libre José A. Flores, en la ciudad de San Bernandino, distante 50 kilómetros de Asunción, sobre el Lago Ypacaraí.  La balacera puso en primer plano informativo que el sicariato ha tenido un «crecimiento espectacular» en ese país, según un estudio del abogado Jorge Rolón Luna, exdirector del Observatorio de Seguridad del Ministerio del Interior.

«En enero del 2020 hubo 14 episodios de sicariato. En el 2021, subió a 16. Mientras que este año ya se registraron 27 episodios. En cuanto a muertes, en el 2020 hubo 20 asesinatos. Y en 2022 ya hay 30 muertos. El involucramiento de las organizaciones criminales brasileñas tiene un impacto en la violencia», agregó Rolón, quien también ha sido juez electoral en su país.

«En el tráfico de la cocaína dentro de la ruta internacional, Paraguay ocupa un lugar importante desde América del Sur hacia África Occidental, y hacia Europa. No hacia Estados Unidos. Se debe a factores geográficos, geopolíticos, a organizaciones que estaban asentadas en Paraguay, especialmente en zona de frontera y que empezaron a dedicarse a la marihuana y luego a la cocaína (…) El tráfico de drogas y el tráfico internacional de cualquier mercadería ilegal no es posible sin la cooperación o desentendimiento del Estado (…) El que se dedica a tráfico de estas sustancias ilegales tiene que salir a vender y al salir a vender se expone. ¿Cuánto te demorás en averiguar quién vende marihuana en tu barrio? La policía y la agencia antidrogas saben quién vende», concluyó.

En Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa se pronunció el 5 de febrero sobre «la sucesión de hechos de corrupción, de narcotráfico e impunidad que están minando las instituciones del Estado y los valores humanos». El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, y los jueces asociados manifestaron, de forma separada, «su coincidencia con la inquietud de los principales diarios del país y en la necesidad de construir un nuevo sistema judicial».

En Colombia se suceden los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas ambientales, así como ataques a la fuerza pública con alto costo en vidas humanas. El secretario general de la ONU, António Guterres, informó el 20 de enero que desde la firma del acuerdo de paz de 2016, han sido asesinados 303 exguerrilleros, y solo en 2021 se registró el homicidio de 78 líderes sociales y otras 222 personas en 56 masacres.

El Tiempo de Bogotá, citando un informe de la Misión de Observación Electoral colombiana, en su editorial del primero de febrero del 2022, con título Un asedio muy serio, destaca «las 347 agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales entre marzo y diciembre del año pasado, lo que supone un aumento del 124% comparado con 2017, también año prelectoral». Debe sumarse el ataque ocurrido el 29 de enero contra la caravana en que se movilizaba Arnulfo Gasca, gobernador del departamento del Caquetá —al sureste del país— en el que murieron dos policías y cuatro más resultaron heridos.

En Honduras, al expresidente Juan Orlando Hernández, Estados Unidos le retiró su visa como castigo por sus presuntos vínculos con el cartel hondureño de los Cachiros, al que habría ayudado a introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos. El 26 de enero, cuando Hernández cesó en su cargo, juramentó como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con lo que mantiene su inmunidad y evita la posibilidad de ser extraditado. Hernández niega los cargos y no tiene iniciado proceso judicial en su contra. No obstante, ha sido mencionado en el proceso seguido contra su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, condenado en un tribunal de Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico.

México ofreció el 5 de febrero la tragedia reiterada. Esta vez, 14 asesinatos, ocurridos en el estado de Zapatecas, 10 en la ciudad de Fresnillo, todos atribuidos a la guerra entre carteles.  Es el tercer país más violento de Latinoamérica, con una tasa de 29 muertes por cada 100.000 habitantes. Primeros están Venezuela, con 11.081 asesinatos, que significan 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes, y Honduras, con una tasa de 40, según estimaciones el Observatorio Venezolano de Violencia(OVV).

Incertidumbre

El hecho político más normal de estos días fue la primera vuelta electoral en Costa Rica, donde pese al ausentismo ciudadano —récord con un 40% que no votó, además de que hubo 25 candidaturas, otro número inusual- el candidato del establishment y expresidente (1994-1998), el socialdemócrata José María Figueres —del Partido Liberación Nacional, centro y sectores de centro izquierda— quedó primero de cara al balotaje del 3 de abril, con un 27,26% de los votos.

El tecnócrata Rodrigo Chávez, del centrista Partido Progreso Social Democrático, fundado hace 4 años, obtuvo un 16,70%. Fue la sorpresa para la segunda vuelta, desplazando al candidato presidencial de 2018, Fabricio Alvarado, un evangélico que de todos modos logró una de las 57 bancas de la Asamblea Legislativa, en la que habría un 47% de mujeres, la mayor representación femenina en la historia del país. Figueres gobernaría con 18 diputados propios, en tanto Chávez cuenta con 9 escaños.

La espada de la destitución sigue pendiendo sobre el presidente del Perú, Pedro Castillo, quien paga el precio de su escaso respaldo legislativo. Va por el cuarto gabinete en seis meses. Hernando Cevallos, de los pocos ministros que venían del primer gabinete, deja el cargo tras encabezar una gestión en que se logró la vacunación de 20 millones de peruanos con dos dosis, y es sustituido por Hernán Condori, cirujano investigado por corrupción y promotor de teorías y productos anticientíficos. Castillo ha declarado que ejercer la presidencia del país es hacer «un aprendizaje».

El viernes 4 de febrero quedaron definidos en Colombia los 15 precandidatos presidenciales —eran 60— que participarán en la consulta del 13 de marzo de la que saldrá el candidato único de las tres coaliciones creadas a partir de diferentes partidos: el Pacto Histórico (izquierda); la Coalición Centro Esperanza, de centro con apuesta a recoger votos de izquierda y derecha, y el Equipo por Colombia, más definidamente de centroderecha.

Esos tres se sumarán a los siete aspirantes presidenciales que concurren solos a la primera vuelta presidencial el 29 de mayo, donde destaca el excandidato presidencial y exministro Óscar Iván Zuluaga, candidato del partido de gobierno, el Centro Democrático, fundado en 2014 por el expresidente Álvaro Uribe.

Otro dato es que los dos principales partidos colombianos— Conservador y Liberal— con más de 150 años de existencia, no son actores principales. Incluso el liberalismo que tuviera preponderancia en el siglo XX ni siquiera lleva candidato propio en esta oportunidad.

En las encuestas sobresalen Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, exalcalde de Bogotá, excandidato presidencial y actual senador; y segundo con distancia el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, embanderado con la anticorrupción —«es la única forma de sacar a la economía de cuidados intensivos»—. El lenguaje y las propuestas peculiares de Hernández llevó a sus adversarios a calificarlo de populista: propone «quitarles la chequera a los ladrones» y «sacar» al 30% de los funcionarios públicos.

«La puerta»

El presidente argentino Alberto Fernández hizo desafortunadas declaraciones ante Vladimir Putin, a quien le ofreció su país para ser «la puerta de entrada de América Latina», lo que propició el malestar del Departamento de Estado norteamericano. La administración Biden en julio del 2021 donó, sin cobrarlas, a Argentina 3,5 millones de vacunas de Moderna anticovid en circunstancias en que el binomio Fernández-Kirchner estaba colgado del pincel esperando la vacuna Sputnik V.

En su visita a Pekín, el jefe de Estado argentino elogió el régimen chino de partido único con el que suscribió 13 documentos que instrumentan acuerdos en diferentes áreas, anunció una inversión de 23.700 millones de dólares y se incorporó a la Ruta de la Seda que ya cuenta con 140 países. Hace 18 años, siendo Alberto Fernández jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, también se anunció la firma de un acuerdo comercial por 20.000 millones de dólares con el presidente chino Hu Jintao, mediante el que se impulsaría una inversión millonaria, aplicada a un megaplan de obras de infraestructura con eje en el sector energético, fondos para la construcción de caminos, viviendas, y la puesta en marcha de ferrocarriles, turismo y telecomunicaciones. El dinero nunca llegó y la explicación dada por Pekín fue que no tenían conocimiento de los anuncios de Kirchner.

El dato alentador en materia democrática es el deslinde realizado por el presidente electo de Chile, Gustavo Boric: «En Venezuela hay un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal y para qué decir las condiciones económicas de vida. El éxodo de 6 millones de venezolanos es la prueba más fehaciente de aquello. Ese no es nuestro camino y nosotros aspiramos a construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sea capaz de ser crítica de sí misma», sostuvo a principios de febrero en declaraciones a una emisora uruguaya.

«Me gustaría establecer un principio irreductible, que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno. No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder», agregó Boric en referencia al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que acaba de condenar a 14 opositores acusados de «traición a la patria».

Por su parte, Castillo ha dicho en una entrevista que piensa crear «un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos» que sea diferente a Cuba, Nicaragua y Venezuela. «No soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos», añadió el mandatario.

Asimismo, el presidenciable de la izquierda colombiana, Petro, aseguró que Nicolás Maduro «pertenece a las políticas de la muerte», y agregó tener similitudes con el presidente electo de Chile, aunque desestimó que en Colombia haya una constituyente.

La previsible respuesta chavista estuvo a cargo del socialista venezolano Diosdado Cabello, quien recientemente se apropió de la sede el diario El Nacional: parecería que en Chile «sigue Pinochet», sostuvo. Y el complemento vino de Maduro: «Es una izquierda derrotada, fracasada».

Hugo Machín Fajardo

Redactor Especial del Portal Análisis Latino

Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.