(Clarín) Es hora de que las democracias de Latinoamérica ayuden a iniciar el fin de la impunidad de la que goza Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En un contexto regional de serio deterioro institucional en países como Brasil; de grave deterioro en el El Salvador, y de cuestionamientos en otros países incluso democráticos, sin embargo hay países con altos niveles de calidad institucional y compromiso en el respeto de los derechos de sus ciudadanos, como Uruguay y Costa Rica.

Por Brian Schapira

(Clarín) Desde el lunes 13 de septiembre se están celebrando en Ginebra las sesiones ordinarias número 48 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como es habitual, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su reporte de actualización global sobre la situación de derechos humanos en el mundo, alertando sobre aquellas de mayor gravedad que ocurren en distintos países. Llamó seriamente la atención que sobre nuestra región, solo haya mencionado los casos de Nicaragua y Venezuela, omitiendo cualquier tipo de referencia a la grave situación que atraviesa Cuba, la cual es estructural y se vio seriamente agravada a partir de las protestas del pasado 11 de julio que desataron una ola represiva de persecución, encarcelamientos arbitrarios, y condenas en juicios sumarios sin las debidas garantías.

La omisión de Bachelet, quien apenas se ha pronunciado en una oportunidad sobre esta situación, sorprende por su sabido compromiso y conocimiento de la región, y contrasta con el importante trabajo que viene realizando –incluso desde antes de las protestas- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de sus Comisionados, de su Relator Especial para la Libertad de Expresión, y de su Relatora Especial para los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales. En febrero de 2020 la CIDH presentó un detallado y extenso informe sobre la situación de Cuba, donde analiza minuciosamente los patrones de violaciones que allí se cometen. También los Comisionados y los Relatores se han pronunciado recientemente en varios comunicados y mantienen una mesa de dialogo periódico con la sociedad civil de seguimiento de la situación. Todo este aporte de la CIDH no debería ser desconocido por la Alta Comisionada de la ONU.

Contrariamente, debe destacarse la manifestación que realizó la Unión Europea (UE) durante el debate en el Consejo de Derechos Humanos de ONU. La Embajadora de Eslovenia Anita Pipan expresó, en nombre del bloque europeo, su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Cuba mencionando la represión a las protestas del 11 de julio, el arresto y condenas en juicios sumarios contra manifestantes y periodistas, y exhortó al gobierno cubano a la liberación inmediata e incondicional de “todos los detenidos arbitrariamente por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica”.

Asimismo, Pipan manifestó su apoyo inequívoco en favor del “derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresar pacíficamente sus puntos de vista, a hacer demandas de cambio, así como a reunirse y dar voz a sus opiniones, incluso en Internet”. Por otra parte, la UE se sumó a los llamamientos –impulsados por numerosas organizaciones de la sociedad civil de diversos países- para que se permitan visitas a la isla de las Relatoras Especiales de ONU sobre libertad de opinión y expresión, y sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Finalmente, la UE reclamó la ratificación de los dos más importantes tratados sobre derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Cuba los suscribió en 2008, pero aún no los ha ratificado a pesar de los reiterados reclamos de los diversos órganos y procedimientos del sistema de protección de derechos humanos. Reclamos a los que el régimen hace oídos sordos o pone excusas evasivas y sin fundamento, siendo el único país de América Latina en no haber ratificado ambos Pactos.

Por diversas razones, el rol que puede jugar la UE en un camino que facilite una apertura democrática en Cuba es relevante. En ese camino, un paso concreto debe ser el de incluir plenamente la participación de la sociedad civil independiente cubana en las actividades y diálogos previstos en el vigente Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba. Hasta el momento las organizaciones independientes cubanas –ya sean artísticas, culturales, políticas, religiosas, científicas, de derechos humanos, libertad de prensa, etc.- han sido excluidas de las acciones ejecutadas en el marco del Acuerdo. Contrario a todas las directrices y normas de relacionamiento con la sociedad civil que la propia UE aplica en el mundo y contrario al propio Acuerdo que prevé su participación, en este caso sólo han participado pseudo- organizaciones de la sociedad civil cubana, completamente alineadas con el gobierno. Cuba como política de estado impide el libre ejercicio del derecho de asociación, por lo que resulta imposible constituir legalmente cualquier tipo de organización independiente que no adscriba al Partido único gobernante, y además en muchísimos casos el régimen persigue a sus integrantes. Esta discriminación no puede ser avalada por la UE de modo tal que termine extendiendo la situación de ilegalidad que el propio régimen cubano impone a estas organizaciones.

Es por esto que un grupo de organizaciones de diversos países de las Americas y Europa que integran La Coalición por la Libertad de Asociación, han presentado formalmente un detallado y fundado pedido a Josep Borrell - Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a Eamon Gilmore - Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos- para que la UE exija y propicie la participación oficial de la sociedad civil independiente cubana en las actividades donde se aborden las diferentes temáticas que a ella le conciernen dentro del Acuerdo.  La libertad de asociación es un derecho humano de vital importancia, pues a través de su ejercicio los individuos se organizan libre y mancomunadamente para ejercer otros derechos civiles y políticos, económicos, sociales y ambientales. No hay posible vigencia de la democracia y los derechos humanos sin plena vigencia del derecho a asociarse. La UE tiene en este momento la responsabilidad de hacer su aporte y escuchar las voces independientes en Cuba de modo de tener conocimiento de primera mano sobre la situación represiva que se vive.

Finalmente, retomando lo que está ocurriendo en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, no puede omitirse la imperiosa necesidad de que los países de América Latina se pronuncien sobre la situación en Cuba. Es imprescindible que los países democráticos asuman el liderazgo para impulsar en la ONU su firme condena a través de la herramienta de una “declaración conjunta” a la que se sumen otros países del mundo.

La dictadura cubana es casi un miembro “permanente” del Consejo de Derechos Humanos y prioriza su pertenencia en este órgano, a sabiendas de que las alianzas que allí teje la blindan de cualquier crítica en ese foro. Es hora de que las democracias de Latinoamérica ayuden a iniciar el fin de la impunidad de la que goza Cuba en el Consejo. En un contexto regional de serio deterioro institucional en países como Brasil; de grave deterioro en el El Salvador, y de cuestionamientos en otros países incluso democráticos, sin embargo hay países con altos niveles de calidad institucional y compromiso en el respeto de los derechos de sus ciudadanos, como Uruguay y Costa Rica. Estos tienen la legitimidad como para asumir el rol de denunciar en este ámbito las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Cuba y exigir un cambio. Las sesiones en el Consejo continuará por dos semanas más y Latinoamérica tiene que reaccionar, pues su silencio la convierte en cómplice de la política de estado violatoria de los derechos humanos del régimen no democrático de Cuba.

Brian Schapira

Investigador Asociado

Abogado (Universidad de Buenos Aires), con un Master en Derecho Internacional y Comparado (Southern Methodist University - Dedman School of Law, Dallas – Texas – EE.UU.) y un Posgrado en Derecho del Petróleo y Gas (Universidad de Buenos Aires). Fue pasante del International Clerkship Program ante la Justicia Federal de Estados Unidos (Dallas – Texas). Fue Subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Trabajó como Abogado Senior Asociado del Estudio Bunge, Smith y Lucchia Puig; Asesor Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asesor Legal en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Responsable del Departamento Legal de la Fundación Tzedaká; y Abogado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).