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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
03-08-2021Honduras: el régimen de Hernández pone en jaque a los derechos humanos
El Informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) subrayó las numerosas denuncias recolectadas por el Comité de Derechos Humanos, las cuales alegaban un plan sistemático de “depuración social” y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas. Asimismo, el EPU detectó varios casos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las fuerzas armadas e incluso por los propios funcionarios públicos. Un claro ejemplo de este fenómeno fue la cruenta represión policial sobre las multitudinarias manifestaciones de noviembre del 2017, en donde, según cifras brindadas por el EPU, dicho exceso policial terminó con la muerte de al menos 23 personas y 60 heridos.Por Nicolás Gutiérrez
El tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) al que Honduras se sometió el pasado noviembre de 2020 demuestra cómo en los últimos años la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando a la par del agravamiento de la situación política, económica, institucional y social a lo largo y ancho del país. En base a la información extraída del EPU, se puede afirmar que actualmente la corrupción, la menoscabada calidad institucional, junto con los estragos del crimen organizado y los reiterados excesos del uso de la fuerza policial, conforman los principales desencadenantes de las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el país centroamericano.
Para entender las constantes transgresiones a los derechos humanos es fundamental comprender el contexto político, económico e institucional en el cual se encuentra hoy en día este país. A pesar de que la situación político-institucional en Honduras no ha sido siempre de las más sólidas, en los últimos tiempos se habían registrado ciertos avances en este apartado, tales como mayores esfuerzos para lograr la independencia de poderes y/o el fortalecimiento del Poder Judicial del país. No obstante, todo este progreso se detuvo con el estallido de la crisis poselectoral de 2017. Este hecho, muy similar a la crisis política de Bolivia en 2019, llevó a miles de personas a tomar las calles producto de la suspensión en el recuento de votos en las elecciones presidenciales de 2017, en donde Juan Orlando Hernández -actual presidente de Honduras y candidato a la reelección en aquel entonces- se consagró como ganador luego de que la reanudación en el recuento cambió, de manera inesperada, la tendencia a su favor, otorgándole una estrecha victoria sobre su contrincante.
A partir de este hecho, el escenario político, económico, institucional y social, junto con la situación de los Derechos Humanos, se ha degradado considerablemente. La corrupción, la vinculación entre el narcotráfico y el Estado, la baja calidad institucional y la pobreza se han convertido en la regla más que en la excepción. Asimismo, dicha realidad puede verse reflejada en indicadores como el Democracy Index - elaborado por la revista inglesa The Economist - en donde se advierte como dicho año fue bisagra para la democracia hondureña, ya que a partir de 2017 las cifras obtenidas por el índice comienzan a declinar año tras año hasta la actualidad, pasando de un puntaje de 5.85 sobre 10.00 a una fuerte caída del 5.36 en la edición de 2020. De este modo, Honduras no solo se ubica dentro del mismo grupo de países como Liberia, Nepal, y Tanzania, sino que también se posiciona como uno de los 10 países con peor puntuación en toda Latinoamérica. Esta caída también se ve plasmada en las diferentes variables que componen al indicador, tales como: funcionamiento del gobierno (apenas 4.29 puntos), cultura política (4.38) o participación política (4.44).
Por su parte, los datos proporcionados por el indicador Freedom in the World - elaborado por Freedom House - permite observar el delicado contexto político-social en el cual se ha sumido Honduras desde 2017. En las dos principales variables que componen el índice, el país obtuvo cifras considerablemente bajas: derechos políticos (19/40) y libertades civiles (25/60), otorgando un puntaje total de unos escasos 44 puntos sobre 100. En consecuencia, el régimen político hondureño ha sido clasificado por la ONG norteamericana, como parcialmente libre.
Ante dicho panorama, debemos preguntarnos acerca de la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en el país centroamericano. De acuerdo con los hallazgos del tercer ciclo del Examen Perídico Universal al que se sometió Honduras (en esta edición la troika estuvo a cargo de Bulgaria, Brasil y la India), se puede sostener que las principales vulneraciones a los derechos fundamentales, a saber, son: la violencia del crimen organizado, la violencia institucional (principalmente ejercida por las propias fuerzas de seguridad) y la constante persecución a periodistas y activistas de DDHH.
En primer lugar, nos encontramos con los altos índices de violencia provocados por el accionar de las dos principales pandillas que operan en el país, conocidas como la “Mara Salvatrucha” y la “Pandilla Callejera 18”, las cuales no solo atentan contra la seguridad y bienestar de la población en general, sino que también condenan toda posibilidad de progreso económico y social. De acuerdo con el Estudio Global sobre el Homicidio - elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Honduras es el país con la mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Ante dicho contexto, el EPU remarcó que si bien en los últimos años efectivamente se contabilizó un descenso importante en la tasa de homicidios (según la información brindada por la delegación hondureña en las deliberaciones del Examen, la tasa de homicidios disminuyó de 86,5 a 35 cada 100.000 en 2020) y, a su vez, se inició un proceso de limpieza para fortalecer a la Policía Nacional, pero la violencia e inseguridad en Honduras siguen encontrándose en niveles alarmantes. La principal explicación de estas altas cifras se debe a un problema estructural del país, en donde la cantidad de recursos, hombres, control territorial e influencia en las altas esferas del poder, del crimen organizado y las pandillas se ha vuelto tan importante en el último tiempo que se ha comenzado a hablar de Honduras como posible narcoestado. Basta con escuchar los testimonios de los hondureños, quienes afirman ver frecuentemente cuerpos en las calles víctimas de las batallas entre pandillas y narcotraficantes. Otro síntoma de esta realidad son las reiteradas masacres que tienen lugar en el país. Por ejemplo, solo en las dos primeras semanas de 2019 tuvieron lugar 8 masacres entre bandas rivales por el control territorial, las cuales dejaron un saldo de 30 muertos.
Esta espiral de violencia no ha hecho más que incrementar las migraciones masivas en la región del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC). En base a la información proporcionada por ACNUR, solo en 2016 se registraron 164.000 refugiados, casi 10 veces más que en los últimos 5 años. Gran parte de las personas que se desplazan lo hace huyendo de la violencia que reina en Honduras, como así también en busca de nuevas oportunidades en los países vecinos, debido a que las condiciones para el desarrollo económico y social desde hace varios años no están aseguradas. En este aspecto, el EPU remarcó la falta de una política pública migratoria integral que estuviera centrada en la garantía de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares.
En segundo lugar, la violencia ejercida por las propias fuerzas de seguridad contra la población civil se erige como otra de las principales transgresiones a los derechos humanos. Específicamente el Informe del Grupo de Trabajo del EPU subrayó las numerosas denuncias recolectadas por el Comité de Derechos Humanos, las cuales alegaban un plan sistemático de “depuración social” y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas. Asimismo, el EPU detectó varios casos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las fuerzas armadas e incluso por los propios funcionarios públicos. Un claro ejemplo de este fenómeno fue la cruenta represión policial sobre las multitudinarias manifestaciones de noviembre del 2017, en donde, según cifras brindadas por el EPU, dicho exceso policial terminó con la muerte de al menos 23 personas y 60 heridos.
Por otra parte, la llegada de la pandemia de Covid-19 a la región no solo implicó la suspensión de varias libertades y derechos ciudadanos, sino que también llevó a la transferencia de una mayor autonomía de las fuerzas policiales para el control de las cuarentenas y toques de queda. Frente a este contexto, la violencia institucional en Honduras no hizo más que agravarse. Human Rights Watch denunció diversas situaciones en donde la policía actuó de manera abusiva para hacer cumplir con las medidas del confinamiento, las cuales van desde brutales golpizas hasta el asesinato de civiles.
Por último, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos puso en relieve la aguda persecución que enfrentan constantemente periodistas, abogados y activistas de Derechos Humanos en Honduras. Si bien en 2015 se sancionó la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y, a su vez, se estableció la aplicación del Sistema Nacional de Protección, la realidad que viven día a día dichas personas, prácticamente, no ha cambiado. Actualmente, se registra una persistencia en los asesinatos, las agresiones, la criminalización, el acoso, las amenazas y las campañas de desprestigio contra defensores de los derechos humanos, periodistas, letrados, sindicalistas, líderes de pueblos indígenas e incluso contra personas que cooperan con Naciones Unidas. En palabras del Grupo de Trabajo “la impunidad de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y periodistas sigue siendo la regla y no la excepción”. Esta realidad es confirmada por Freedom House, al afirmar que aquellas ONGs especializadas en la defensa de Derechos Humanos deben hacer frente a constantes amenazas, acosos, vigilancia y hechos de violencia que socavan y dificultan la realización de su trabajo y el cumplimiento de sus objetivos. No obstante, para lograr entender porque este ciclo de violaciones a los derechos humanos no termina por romperse, sino que se perpetúa cada vez más, se deben tener en cuenta dos factores que contribuyen a este círculo vicioso: la corrupción e impunidad.
De acuerdo con el EPU, uno de los grandes desafíos que tiene por delante Honduras, es reducir los altos niveles de corrupción e impunidad que asolan a la sociedad. Un informe presentado por CADAL en mayo de 2020 reveló que la corrupción en este país “se funde en un entramado tan intrínseco como tóxico que termina afectando la gobernabilidad desde todo punto de vista”.
En un principio, el gobierno había dado señales de que finalmente se había logrado un compromiso serio para combatir el mal de la corrupción, cuando en 2016 se estableció en el país la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a través de un acuerdo entre el Estado hondureño y la OEA.
No obstante, tales esfuerzos se vieron frustrados luego de que en abril de 2019, la MACCIH informara que 120 personas estaban siendo procesadas por corrupción, de los cuales 70 de ellos eran funcionarios del gobierno. En diciembre de ese mismo año el Congreso (en donde había varios legisladores implicados en actos de corrupción investigados por la misión) instaron al ejecutivo a que no renovara el mandato de la MACCIH, provocando, de este modo, la retirada de la Misión en enero de 2020. Hoy en día, según los datos proporcionados por Transparency International, Honduras ha obtenido escasos 24 puntos sobre 100 en el índice de Percepción de la Corrupción, el puntaje más bajo desde 2012.
Todo ello ha generado las condiciones óptimas para que los males de la corrupción y la impunidad se hayan convertido en agentes profundizadores de las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de los hondureños. Frente a un sistema judicial poco creíble, instituciones políticas fuertemente debilitadas y funcionarios públicos altamente corruptos, la esperanza de impartir justicia y cesar con las transgresiones es prácticamente nula.
Ante todo lo descrito anteriormente, es necesario preguntarnos ¿cuál ha sido el principal resultado obtenido del diálogo interactivo al que se sometió la delegación de Honduras? Si se toman en cuenta las declaraciones de las consideradas democracias plenas por el Democracy Index de The Economist, podemos encontrar que tales países centraron sus preocupaciones en la situación de los derechos humanos y los altos índices de violencia e impunidad. Un ejemplo claro de ello fue Alemania, a quien le seguía alarmando la impunidad generalizada que se vive en Honduras, o bien, el caso del Reino Unido quien exhortó al gobierno hondureño a que garantice la efectiva protección de los periodistas.
Por otro lado, si se analiza a los Estados de la región que participaron en el diálogo interactivo, encontramos posiciones dispares. Si bien la mayor parte de las delegaciones latinoamericanas celebraron los (escasos) esfuerzos emprendidos por Honduras en materia de Derechos Humanos, no todas expresaron su preocupación acerca de la dura realidad que viven los hondureños, ni mucho menos instaron al gobierno de dicho país a tomar medidas para mejorarla. Uno de los casos más llamativos en este aspecto fue México, quien a pesar de ser uno de los Estados más afligidos por los desplazados provenientes del TNC, solamente se limitó a felicitar a Honduras por su cooperación con la ACNUDH y a pedir por una mayor independencia de poderes, pero no pronunció ni una palabra acerca de posibles medidas para evitar que miles de hondureños se vean obligados a desplazarse. Este mismo patrón de comportamiento se replicó en delegaciones como Venezuela y Cuba. La contracara de México fueron las delegaciones de Argentina, Brasil y Chile, a quienes les preocupa los altos niveles de violencia e inseguridad, las pocas garantías de libertad de expresión y la independencia del poder judicial y, por último, la situación de la seguridad pública nacional.
En base a la información recaudada es posible vislumbrar que las causas de las principales violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales no radica en una única fuente, sino que consiste en una compleja red de fenómenos y factores interconectados entre sí. A su vez, si el gobierno hondureño y demás gobiernos y organizaciones regionales e internacionales, no se comprometen a trazar un plan de acción para brindar soluciones de fondo a estas causas estructurales, no solo la situación de derechos humanos será más compleja, sino también todo el escenario político, social, económico e institucional se tornará más problemático y quienes pagarán las consecuencias de todo ello no será nada más ni nada menos que los propios hondureños.
Nicolás Gutiérrez
El tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) al que Honduras se sometió el pasado noviembre de 2020 demuestra cómo en los últimos años la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando a la par del agravamiento de la situación política, económica, institucional y social a lo largo y ancho del país. En base a la información extraída del EPU, se puede afirmar que actualmente la corrupción, la menoscabada calidad institucional, junto con los estragos del crimen organizado y los reiterados excesos del uso de la fuerza policial, conforman los principales desencadenantes de las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el país centroamericano.
Para entender las constantes transgresiones a los derechos humanos es fundamental comprender el contexto político, económico e institucional en el cual se encuentra hoy en día este país. A pesar de que la situación político-institucional en Honduras no ha sido siempre de las más sólidas, en los últimos tiempos se habían registrado ciertos avances en este apartado, tales como mayores esfuerzos para lograr la independencia de poderes y/o el fortalecimiento del Poder Judicial del país. No obstante, todo este progreso se detuvo con el estallido de la crisis poselectoral de 2017. Este hecho, muy similar a la crisis política de Bolivia en 2019, llevó a miles de personas a tomar las calles producto de la suspensión en el recuento de votos en las elecciones presidenciales de 2017, en donde Juan Orlando Hernández -actual presidente de Honduras y candidato a la reelección en aquel entonces- se consagró como ganador luego de que la reanudación en el recuento cambió, de manera inesperada, la tendencia a su favor, otorgándole una estrecha victoria sobre su contrincante.
A partir de este hecho, el escenario político, económico, institucional y social, junto con la situación de los Derechos Humanos, se ha degradado considerablemente. La corrupción, la vinculación entre el narcotráfico y el Estado, la baja calidad institucional y la pobreza se han convertido en la regla más que en la excepción. Asimismo, dicha realidad puede verse reflejada en indicadores como el Democracy Index - elaborado por la revista inglesa The Economist - en donde se advierte como dicho año fue bisagra para la democracia hondureña, ya que a partir de 2017 las cifras obtenidas por el índice comienzan a declinar año tras año hasta la actualidad, pasando de un puntaje de 5.85 sobre 10.00 a una fuerte caída del 5.36 en la edición de 2020. De este modo, Honduras no solo se ubica dentro del mismo grupo de países como Liberia, Nepal, y Tanzania, sino que también se posiciona como uno de los 10 países con peor puntuación en toda Latinoamérica. Esta caída también se ve plasmada en las diferentes variables que componen al indicador, tales como: funcionamiento del gobierno (apenas 4.29 puntos), cultura política (4.38) o participación política (4.44).
Por su parte, los datos proporcionados por el indicador Freedom in the World - elaborado por Freedom House - permite observar el delicado contexto político-social en el cual se ha sumido Honduras desde 2017. En las dos principales variables que componen el índice, el país obtuvo cifras considerablemente bajas: derechos políticos (19/40) y libertades civiles (25/60), otorgando un puntaje total de unos escasos 44 puntos sobre 100. En consecuencia, el régimen político hondureño ha sido clasificado por la ONG norteamericana, como parcialmente libre.
Ante dicho panorama, debemos preguntarnos acerca de la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en el país centroamericano. De acuerdo con los hallazgos del tercer ciclo del Examen Perídico Universal al que se sometió Honduras (en esta edición la troika estuvo a cargo de Bulgaria, Brasil y la India), se puede sostener que las principales vulneraciones a los derechos fundamentales, a saber, son: la violencia del crimen organizado, la violencia institucional (principalmente ejercida por las propias fuerzas de seguridad) y la constante persecución a periodistas y activistas de DDHH.
En primer lugar, nos encontramos con los altos índices de violencia provocados por el accionar de las dos principales pandillas que operan en el país, conocidas como la “Mara Salvatrucha” y la “Pandilla Callejera 18”, las cuales no solo atentan contra la seguridad y bienestar de la población en general, sino que también condenan toda posibilidad de progreso económico y social. De acuerdo con el Estudio Global sobre el Homicidio - elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Honduras es el país con la mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Ante dicho contexto, el EPU remarcó que si bien en los últimos años efectivamente se contabilizó un descenso importante en la tasa de homicidios (según la información brindada por la delegación hondureña en las deliberaciones del Examen, la tasa de homicidios disminuyó de 86,5 a 35 cada 100.000 en 2020) y, a su vez, se inició un proceso de limpieza para fortalecer a la Policía Nacional, pero la violencia e inseguridad en Honduras siguen encontrándose en niveles alarmantes. La principal explicación de estas altas cifras se debe a un problema estructural del país, en donde la cantidad de recursos, hombres, control territorial e influencia en las altas esferas del poder, del crimen organizado y las pandillas se ha vuelto tan importante en el último tiempo que se ha comenzado a hablar de Honduras como posible narcoestado. Basta con escuchar los testimonios de los hondureños, quienes afirman ver frecuentemente cuerpos en las calles víctimas de las batallas entre pandillas y narcotraficantes. Otro síntoma de esta realidad son las reiteradas masacres que tienen lugar en el país. Por ejemplo, solo en las dos primeras semanas de 2019 tuvieron lugar 8 masacres entre bandas rivales por el control territorial, las cuales dejaron un saldo de 30 muertos.
Esta espiral de violencia no ha hecho más que incrementar las migraciones masivas en la región del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC). En base a la información proporcionada por ACNUR, solo en 2016 se registraron 164.000 refugiados, casi 10 veces más que en los últimos 5 años. Gran parte de las personas que se desplazan lo hace huyendo de la violencia que reina en Honduras, como así también en busca de nuevas oportunidades en los países vecinos, debido a que las condiciones para el desarrollo económico y social desde hace varios años no están aseguradas. En este aspecto, el EPU remarcó la falta de una política pública migratoria integral que estuviera centrada en la garantía de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares.
En segundo lugar, la violencia ejercida por las propias fuerzas de seguridad contra la población civil se erige como otra de las principales transgresiones a los derechos humanos. Específicamente el Informe del Grupo de Trabajo del EPU subrayó las numerosas denuncias recolectadas por el Comité de Derechos Humanos, las cuales alegaban un plan sistemático de “depuración social” y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas. Asimismo, el EPU detectó varios casos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las fuerzas armadas e incluso por los propios funcionarios públicos. Un claro ejemplo de este fenómeno fue la cruenta represión policial sobre las multitudinarias manifestaciones de noviembre del 2017, en donde, según cifras brindadas por el EPU, dicho exceso policial terminó con la muerte de al menos 23 personas y 60 heridos.
Por otra parte, la llegada de la pandemia de Covid-19 a la región no solo implicó la suspensión de varias libertades y derechos ciudadanos, sino que también llevó a la transferencia de una mayor autonomía de las fuerzas policiales para el control de las cuarentenas y toques de queda. Frente a este contexto, la violencia institucional en Honduras no hizo más que agravarse. Human Rights Watch denunció diversas situaciones en donde la policía actuó de manera abusiva para hacer cumplir con las medidas del confinamiento, las cuales van desde brutales golpizas hasta el asesinato de civiles.
Por último, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos puso en relieve la aguda persecución que enfrentan constantemente periodistas, abogados y activistas de Derechos Humanos en Honduras. Si bien en 2015 se sancionó la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y, a su vez, se estableció la aplicación del Sistema Nacional de Protección, la realidad que viven día a día dichas personas, prácticamente, no ha cambiado. Actualmente, se registra una persistencia en los asesinatos, las agresiones, la criminalización, el acoso, las amenazas y las campañas de desprestigio contra defensores de los derechos humanos, periodistas, letrados, sindicalistas, líderes de pueblos indígenas e incluso contra personas que cooperan con Naciones Unidas. En palabras del Grupo de Trabajo “la impunidad de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y periodistas sigue siendo la regla y no la excepción”. Esta realidad es confirmada por Freedom House, al afirmar que aquellas ONGs especializadas en la defensa de Derechos Humanos deben hacer frente a constantes amenazas, acosos, vigilancia y hechos de violencia que socavan y dificultan la realización de su trabajo y el cumplimiento de sus objetivos. No obstante, para lograr entender porque este ciclo de violaciones a los derechos humanos no termina por romperse, sino que se perpetúa cada vez más, se deben tener en cuenta dos factores que contribuyen a este círculo vicioso: la corrupción e impunidad.
De acuerdo con el EPU, uno de los grandes desafíos que tiene por delante Honduras, es reducir los altos niveles de corrupción e impunidad que asolan a la sociedad. Un informe presentado por CADAL en mayo de 2020 reveló que la corrupción en este país “se funde en un entramado tan intrínseco como tóxico que termina afectando la gobernabilidad desde todo punto de vista”.
En un principio, el gobierno había dado señales de que finalmente se había logrado un compromiso serio para combatir el mal de la corrupción, cuando en 2016 se estableció en el país la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a través de un acuerdo entre el Estado hondureño y la OEA.
No obstante, tales esfuerzos se vieron frustrados luego de que en abril de 2019, la MACCIH informara que 120 personas estaban siendo procesadas por corrupción, de los cuales 70 de ellos eran funcionarios del gobierno. En diciembre de ese mismo año el Congreso (en donde había varios legisladores implicados en actos de corrupción investigados por la misión) instaron al ejecutivo a que no renovara el mandato de la MACCIH, provocando, de este modo, la retirada de la Misión en enero de 2020. Hoy en día, según los datos proporcionados por Transparency International, Honduras ha obtenido escasos 24 puntos sobre 100 en el índice de Percepción de la Corrupción, el puntaje más bajo desde 2012.
Todo ello ha generado las condiciones óptimas para que los males de la corrupción y la impunidad se hayan convertido en agentes profundizadores de las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de los hondureños. Frente a un sistema judicial poco creíble, instituciones políticas fuertemente debilitadas y funcionarios públicos altamente corruptos, la esperanza de impartir justicia y cesar con las transgresiones es prácticamente nula.
Ante todo lo descrito anteriormente, es necesario preguntarnos ¿cuál ha sido el principal resultado obtenido del diálogo interactivo al que se sometió la delegación de Honduras? Si se toman en cuenta las declaraciones de las consideradas democracias plenas por el Democracy Index de The Economist, podemos encontrar que tales países centraron sus preocupaciones en la situación de los derechos humanos y los altos índices de violencia e impunidad. Un ejemplo claro de ello fue Alemania, a quien le seguía alarmando la impunidad generalizada que se vive en Honduras, o bien, el caso del Reino Unido quien exhortó al gobierno hondureño a que garantice la efectiva protección de los periodistas.
Por otro lado, si se analiza a los Estados de la región que participaron en el diálogo interactivo, encontramos posiciones dispares. Si bien la mayor parte de las delegaciones latinoamericanas celebraron los (escasos) esfuerzos emprendidos por Honduras en materia de Derechos Humanos, no todas expresaron su preocupación acerca de la dura realidad que viven los hondureños, ni mucho menos instaron al gobierno de dicho país a tomar medidas para mejorarla. Uno de los casos más llamativos en este aspecto fue México, quien a pesar de ser uno de los Estados más afligidos por los desplazados provenientes del TNC, solamente se limitó a felicitar a Honduras por su cooperación con la ACNUDH y a pedir por una mayor independencia de poderes, pero no pronunció ni una palabra acerca de posibles medidas para evitar que miles de hondureños se vean obligados a desplazarse. Este mismo patrón de comportamiento se replicó en delegaciones como Venezuela y Cuba. La contracara de México fueron las delegaciones de Argentina, Brasil y Chile, a quienes les preocupa los altos niveles de violencia e inseguridad, las pocas garantías de libertad de expresión y la independencia del poder judicial y, por último, la situación de la seguridad pública nacional.
En base a la información recaudada es posible vislumbrar que las causas de las principales violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales no radica en una única fuente, sino que consiste en una compleja red de fenómenos y factores interconectados entre sí. A su vez, si el gobierno hondureño y demás gobiernos y organizaciones regionales e internacionales, no se comprometen a trazar un plan de acción para brindar soluciones de fondo a estas causas estructurales, no solo la situación de derechos humanos será más compleja, sino también todo el escenario político, social, económico e institucional se tornará más problemático y quienes pagarán las consecuencias de todo ello no será nada más ni nada menos que los propios hondureños.
