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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
Egipto: del conservadurismo autoritario de Mubarak al autoritarismo innovador de al-Sisi
Los analistas describen al país como ejemplo de régimen híbrido o de modernización autoritaria. La Constitución de 2014 garantiza la igualdad de derechos, sin discriminación. Sin embargo, de hecho, existe represión sistemática y la mayoría de los egipcios se siente impotente ante el Estado. La situación de los derechos humanos: los casos de Giulio Regeni y Patrick Zaki.Por Celeste D’Amico
Ya pasaron muchos años desde que, en 1981, el ex-presidente Hosni Mubarak llegó al poder, permaneciendo en este rol por tres décadas, hasta la revolución de 2011. Bajo su mando, Egipto se había convertido en un país donde la pluralidad de partidos era declamada pero no efectiva. A punto tal que el dominio del partido único, el Partido Nacional Democrático (PND), se reforzaba por el hecho de que Mubarak actuaba, simultáneamente, como jefe del Estado y del PND. El principal resultado de esto era un autoritarismo que favorecía la mezcla de las estructuras del Estado y del partido.
La Constitución de 1971 garantizaba a todos los ciudadanos la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, las libertades de prensa, publicación y medios de comunicación. Sin embargo, en la práctica el estado de emergencia restringía las libertades personales básicas, imponiendo la censura a los medios de comunicación. La Constitución también garantizaba la existencia de las instituciones democráticas, pero su funcionamiento estaba obstaculizado por la interferencia del Poder Ejecutivo y un inútil exceso de burocracia.
La incapacidad de las instituciones estatales para funcionar eficazmente de acuerdo a la independencia de poderes y la democracia dio lugar a una aceptación limitada de estas instituciones entre la mayoría de los ciudadanos egipcios. La percepción pública estaba dominada por las acusaciones de corrupción, así como por la sumisión a los intereses de las diferentes elites; y lo mismo se podía advertir para los partidos de la oposición y las organizaciones cívicas. Sólo se respetaba la presidencia, a pesar de su naturaleza institucional no siempre democrática. Las razones de este hecho se encuentran en la cultura política egipcia, que presenta al presidente como el protector de la nación.
En lo que respecta al plano económico del país en estos años, entre 2003 y 2005 el gobierno egipcio introdujo una serie de nuevas leyes sobre la competencia, el monopolio, la propiedad privada y los regímenes de bienestar social, según los principios de una economía de mercado. Si bien los dirigentes políticos consideraban la liberalización y la privatización como las claves fundamentales del crecimiento, no abordaban suficientemente los problemas como el desempleo, la pobreza, el analfabetismo, la inflación, el déficit público, la corrupción, las disparidades regionales y sociales en la distribución de la riqueza y la débil clase media.
El carácter autoritario del gobierno estaba (y sigue, actualmente) garantizado, porque en Egipto el estado de emergencia se renueva periódicamente, desde 1981. Las fuerzas de seguridad solían tener poderes no supervisados para arrestar y detener a las personas, una práctica sistemáticamente utilizada en el caso de los grupos islamistas, cuyos miembros eran normalmente detenidos antes de las elecciones parlamentarias y locales. Durante décadas, el partido de la Hermandad Musulmana fue considerado ilegal, una organización terrorista, también cuando, en las elecciones de 2005, varios partidarios lograron obtener muchos lugares en el Parlamento.
Fue sólo con la revolución de 2011 que, por primera vez, se activaron 45 partidos y la democracia empezó a ser considerada como instrumento esencial para lograr la libertad, la justicia y el bienestar.
El nuevo presidente elegido, Mohamed Morsi, formuló una nueva constitución con un fuerte sesgo islamista, intensificando la relación entre la religión y los principios de libertad política y personal, pero no consideraba la democracia como un objetivo en sí mismo, sino más bien como una herramienta para sustituir el régimen militar por uno islamista igualmente autoritario. Por eso, entre junio de 2012 y enero de 2013 hubo una fuerte inestabilidad política que socavó gravemente la economía, ya al borde del colapso. En este período particular fueron evidentes algunas restricciones estructurales al desarrollo del país: el rápido crecimiento demográfico no estuvo acompañado por un sistema educativo adecuado o una reconstrucción económica (en 2011 se señala que el 40% de la población del país estaba compuesta por edades comprendidas entre los 10 y 29 años, y la infraestructura educativa de Egipto simplemente no estaba lista para absorber a estos jóvenes) y las diferencias sociales y religiosas fuertes durante el gobierno autoritario de Mubarak se profundizaron aún más después de la revolución, contribuyendo a la inestabilidad gubernamental.
Todos estos fueron desencadenantes útiles para la entrada al terreno de Abdel Fattah al-Sisi, quien aseguraba un proyecto de prosperidad económica y modernidad política. En 2014 nació una nueva Constitución, que hizo retroceder la influencia de los dogmas religiosos (dejando al Tribunal Constitucional Supremo la responsabilidad de interpretar la Ley Islámica). Si durante el gobierno de Morsi se castigaban violentamente a todos los que insultaban al islam o al presidente, en este momento histórico comenzó el hostigamiento verbal, judicial y físico a los grupos pro-islamistas y sus medios de comunicación. Una táctica que se extiende a toda persona que se opone al proyecto del nuevo nacionalismo unitario de al-Sisi se registra con el retorno a un estado policial represivo y degradante. El parlamento, finalmente elegido en 2015, no tiene influencia real.
Desde el golpe de Estado de 2013, los ataques definidos como terroristas aumentaron vertiginosamente. En 2015 se registraron 582 ataques terroristas contra las instituciones, el personal de seguridad, infraestructura y telecomunicaciones. Justificado o no, el mantenimiento del estado de emergencia ha permitido al gobierno actuar casi sin restricciones internas. La ley que regula los asuntos de la prensa y los medios de comunicación, aprobada en diciembre de 2016 como parte de un marco general para regular a los medios, ha sido criticada por el sindicato de la prensa. El cuestionamiento refiere al hecho de que se abre las puertas a la intervención del Estado y al control gubernamental de los medios de comunicación, cuya independencia está formalmente garantizada por la Constitución.
La libertad en Internet se está estancando, especialmente al criminalizar a los blogueros y reporteros en línea por "informar sobre el activismo antigubernamental", según el último informe de Freedom House. Las fuentes independientes son escasas, sobre todo, en lengua árabe.
Los analistas describen al Egipto contemporáneo como un ejemplo de un régimen llamado híbrido o de modernización autoritaria.
En la esfera económica se produjeron acontecimientos contradictorios. Tras un acuerdo de préstamo de 12 mil millones de dólares del FMI en 2016, el gobierno tomó más medidas para reestructurar la economía. Si bien fueron aprobadas nuevas leyes para atraer la inversión, reducir los gastos del Estado y reformar la estructura fiscal, los recortes previstos por las medidas de austeridad se abatieron sobre los subsidios de los sectores de salud y de educación, no se cortaron los privilegios de los militares, los monopolios de algunos empresarios y no disminuyó el papel activo del Estado en la economía.
Se pueden notar muchas características comunes entre el gobierno de Mubarak y el actual gobierno de al-Sisi: según los informes del Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI), el período actual, con el poder totalmente concentrado en las manos de al-Sisi, representa un retroceso hacia el decenio de 1990. Más precisamente, resultan esclarecedores los datos del Índice de Estado (que reúne bajo una única puntuación el nivel de la democracia y de la economía de mercado en el país). Efectivamente, las puntuaciones entre el gobierno de Mubarak (desde 2006 hasta el informe de 2012) oscilan entre el 4,29 y el 4,88. La puntuación más alta se refiere al informe de 2014 (durante el mandato de Morsi, el primer presidente elegido democráticamente en Egipto) y el nivel vuelve a disminuir en los informes sucesivos.
La situación de los derechos humanos: los casos de Giulio Regeni y Patrick Zaki
La Constitución de 2014 garantiza la igualdad de derechos a todos los ciudadanos, sin discriminación. Sin embargo, en la práctica las libertades civiles son sistemáticamente reprimidas y la mayoría de los egipcios se siente impotente frente a las autoridades estatales, como la Policía o la burocracia. Las mujeres siguen luchando para que se les conceda la igualdad de derechos, al igual que los ciudadanos que, de una forma u otra, no se ajustan a la imagen del "egipcio normal", como los ateos o los homosexuales.
No es de extrañar que los ciudadanos con preferencias políticas divergentes sean el blanco especial, como lo demuestra el número sin precedentes de 60 mil presos políticos, según Human Rights Watch. Además, se utilizan de modo excesivo las prácticas de detenciones preventivas desproporcionadamente largas; al igual que la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones y las personas que apoyan a las víctimas de estas prácticas están sometidas a una presión constante.
Finalmente, cabe afirmar que las disminuciones del gasto público en la educación, la investigación y el desarrollo, junto con las represiones por parte del gobierno, se suman al conservadurismo estructural y a la mayor confianza que se les ofrece a los hombres mayores en lugar de los más jóvenes para seguir dominando la mentalidad de los egipcios. Esto, según el BTI de 2018, justamente es el entorno social y político que frena a los académicos y los investigadores críticos.
El 3 de febrero de 2016, en la ciudad de El Cairo, se encontró el cuerpo de Giulio Regeni, joven investigador italiano de la Universidad de Cambridge, con evidentes signos de torturas y golpes. El 7 de febrero de 2020, el activista egipcio Patrick George Zaki, estudiante e investigador de la Universidad Alma Mater de Bolonia, ha sido detenido en Egipto por las autoridades locales.
Luego de cuatro años, las autoridades egipcias intervinieron para obstruir el derecho de estudio de dos jóvenes: Giulio estaba concluyendo un programa de doctorado sobre los sindicatos egipcios y Patrick quería pasar algunos días de vacaciones con su familia y amigos, antes de volver a sus estudios de género en Italia. Parece que el gobierno egipcio concibe la inteligencia como un peligro para la seguridad y el mantenimiento de su poder.
Giulio y Patrick forman parte de aquella multitud que, desde años inmemoriales, es víctima y cae en los huecos negros en los que desaparecen los opositores al régimen.
Estos dos casos son emblemáticos, si hacemos referencia a una contradicción que se inserta en la esfera de los derechos civiles y humanos internacionales, que hace prevalecer la necesidad que tiene un Estado de defender sus propios intereses nacionales (en este caso, la defensa del régimen mismo), a pesar de propiciar violaciones a los derechos humanos (en este caso, la muerte y la reclusión de dos académicos).
Giulio Regeni murió y todavía nadie ha sido detenido por eso. Patrick Zaki sigue en la cárcel, su familia no sabe nada de él desde hace semanas y, por séptima semana consecutiva, la audiencia para la renovación de su detención ha sido aplazada. Los medios de comunicación especifican que Patrick es un joven de nacionalidad egipcia, entonces no es una incumbencia italiana, que es “un homosexual que estaba en el exterior para estudiar un master sobre la homosexualidad”.
Otro paralelismo importante: incluso contra Regeni los medios del régimen egipcio habían construido una campaña de prensa con el pretexto de la homosexualidad.
“La inviolabilidad de los cuerpos y de la vida humana, la protección de los derechos inviolables, incluido el derecho de los ciudadanos a la verdad y la justicia, la dignidad de las personas y los gobiernos son valores indispensables que deben prevalecer sobre cualquier oportunismo político o personal” es lo que afirma la madre de Giulio Regeni, esperando que el gobierno italiano deje de ceder ante las autoridades de Egipto.
Mientras tanto, el 11 de febrero, en las paredes de la Villa Ada, en Roma, cerca de la Embajada de Egipto en Italia, apareció el mural de Laika en el que se ve a Giulio Regeni abrazando a Zaki, y prometiendo que "esta vez, todo irá bien".
Celeste D’Amico
Ya pasaron muchos años desde que, en 1981, el ex-presidente Hosni Mubarak llegó al poder, permaneciendo en este rol por tres décadas, hasta la revolución de 2011. Bajo su mando, Egipto se había convertido en un país donde la pluralidad de partidos era declamada pero no efectiva. A punto tal que el dominio del partido único, el Partido Nacional Democrático (PND), se reforzaba por el hecho de que Mubarak actuaba, simultáneamente, como jefe del Estado y del PND. El principal resultado de esto era un autoritarismo que favorecía la mezcla de las estructuras del Estado y del partido.
La Constitución de 1971 garantizaba a todos los ciudadanos la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, las libertades de prensa, publicación y medios de comunicación. Sin embargo, en la práctica el estado de emergencia restringía las libertades personales básicas, imponiendo la censura a los medios de comunicación. La Constitución también garantizaba la existencia de las instituciones democráticas, pero su funcionamiento estaba obstaculizado por la interferencia del Poder Ejecutivo y un inútil exceso de burocracia.
La incapacidad de las instituciones estatales para funcionar eficazmente de acuerdo a la independencia de poderes y la democracia dio lugar a una aceptación limitada de estas instituciones entre la mayoría de los ciudadanos egipcios. La percepción pública estaba dominada por las acusaciones de corrupción, así como por la sumisión a los intereses de las diferentes elites; y lo mismo se podía advertir para los partidos de la oposición y las organizaciones cívicas. Sólo se respetaba la presidencia, a pesar de su naturaleza institucional no siempre democrática. Las razones de este hecho se encuentran en la cultura política egipcia, que presenta al presidente como el protector de la nación.
En lo que respecta al plano económico del país en estos años, entre 2003 y 2005 el gobierno egipcio introdujo una serie de nuevas leyes sobre la competencia, el monopolio, la propiedad privada y los regímenes de bienestar social, según los principios de una economía de mercado. Si bien los dirigentes políticos consideraban la liberalización y la privatización como las claves fundamentales del crecimiento, no abordaban suficientemente los problemas como el desempleo, la pobreza, el analfabetismo, la inflación, el déficit público, la corrupción, las disparidades regionales y sociales en la distribución de la riqueza y la débil clase media.
El carácter autoritario del gobierno estaba (y sigue, actualmente) garantizado, porque en Egipto el estado de emergencia se renueva periódicamente, desde 1981. Las fuerzas de seguridad solían tener poderes no supervisados para arrestar y detener a las personas, una práctica sistemáticamente utilizada en el caso de los grupos islamistas, cuyos miembros eran normalmente detenidos antes de las elecciones parlamentarias y locales. Durante décadas, el partido de la Hermandad Musulmana fue considerado ilegal, una organización terrorista, también cuando, en las elecciones de 2005, varios partidarios lograron obtener muchos lugares en el Parlamento.
Fue sólo con la revolución de 2011 que, por primera vez, se activaron 45 partidos y la democracia empezó a ser considerada como instrumento esencial para lograr la libertad, la justicia y el bienestar.
El nuevo presidente elegido, Mohamed Morsi, formuló una nueva constitución con un fuerte sesgo islamista, intensificando la relación entre la religión y los principios de libertad política y personal, pero no consideraba la democracia como un objetivo en sí mismo, sino más bien como una herramienta para sustituir el régimen militar por uno islamista igualmente autoritario. Por eso, entre junio de 2012 y enero de 2013 hubo una fuerte inestabilidad política que socavó gravemente la economía, ya al borde del colapso. En este período particular fueron evidentes algunas restricciones estructurales al desarrollo del país: el rápido crecimiento demográfico no estuvo acompañado por un sistema educativo adecuado o una reconstrucción económica (en 2011 se señala que el 40% de la población del país estaba compuesta por edades comprendidas entre los 10 y 29 años, y la infraestructura educativa de Egipto simplemente no estaba lista para absorber a estos jóvenes) y las diferencias sociales y religiosas fuertes durante el gobierno autoritario de Mubarak se profundizaron aún más después de la revolución, contribuyendo a la inestabilidad gubernamental.
Todos estos fueron desencadenantes útiles para la entrada al terreno de Abdel Fattah al-Sisi, quien aseguraba un proyecto de prosperidad económica y modernidad política. En 2014 nació una nueva Constitución, que hizo retroceder la influencia de los dogmas religiosos (dejando al Tribunal Constitucional Supremo la responsabilidad de interpretar la Ley Islámica). Si durante el gobierno de Morsi se castigaban violentamente a todos los que insultaban al islam o al presidente, en este momento histórico comenzó el hostigamiento verbal, judicial y físico a los grupos pro-islamistas y sus medios de comunicación. Una táctica que se extiende a toda persona que se opone al proyecto del nuevo nacionalismo unitario de al-Sisi se registra con el retorno a un estado policial represivo y degradante. El parlamento, finalmente elegido en 2015, no tiene influencia real.
Desde el golpe de Estado de 2013, los ataques definidos como terroristas aumentaron vertiginosamente. En 2015 se registraron 582 ataques terroristas contra las instituciones, el personal de seguridad, infraestructura y telecomunicaciones. Justificado o no, el mantenimiento del estado de emergencia ha permitido al gobierno actuar casi sin restricciones internas. La ley que regula los asuntos de la prensa y los medios de comunicación, aprobada en diciembre de 2016 como parte de un marco general para regular a los medios, ha sido criticada por el sindicato de la prensa. El cuestionamiento refiere al hecho de que se abre las puertas a la intervención del Estado y al control gubernamental de los medios de comunicación, cuya independencia está formalmente garantizada por la Constitución.
La libertad en Internet se está estancando, especialmente al criminalizar a los blogueros y reporteros en línea por "informar sobre el activismo antigubernamental", según el último informe de Freedom House. Las fuentes independientes son escasas, sobre todo, en lengua árabe.
Los analistas describen al Egipto contemporáneo como un ejemplo de un régimen llamado híbrido o de modernización autoritaria.
En la esfera económica se produjeron acontecimientos contradictorios. Tras un acuerdo de préstamo de 12 mil millones de dólares del FMI en 2016, el gobierno tomó más medidas para reestructurar la economía. Si bien fueron aprobadas nuevas leyes para atraer la inversión, reducir los gastos del Estado y reformar la estructura fiscal, los recortes previstos por las medidas de austeridad se abatieron sobre los subsidios de los sectores de salud y de educación, no se cortaron los privilegios de los militares, los monopolios de algunos empresarios y no disminuyó el papel activo del Estado en la economía.
Se pueden notar muchas características comunes entre el gobierno de Mubarak y el actual gobierno de al-Sisi: según los informes del Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI), el período actual, con el poder totalmente concentrado en las manos de al-Sisi, representa un retroceso hacia el decenio de 1990. Más precisamente, resultan esclarecedores los datos del Índice de Estado (que reúne bajo una única puntuación el nivel de la democracia y de la economía de mercado en el país). Efectivamente, las puntuaciones entre el gobierno de Mubarak (desde 2006 hasta el informe de 2012) oscilan entre el 4,29 y el 4,88. La puntuación más alta se refiere al informe de 2014 (durante el mandato de Morsi, el primer presidente elegido democráticamente en Egipto) y el nivel vuelve a disminuir en los informes sucesivos.
La situación de los derechos humanos: los casos de Giulio Regeni y Patrick Zaki
La Constitución de 2014 garantiza la igualdad de derechos a todos los ciudadanos, sin discriminación. Sin embargo, en la práctica las libertades civiles son sistemáticamente reprimidas y la mayoría de los egipcios se siente impotente frente a las autoridades estatales, como la Policía o la burocracia. Las mujeres siguen luchando para que se les conceda la igualdad de derechos, al igual que los ciudadanos que, de una forma u otra, no se ajustan a la imagen del "egipcio normal", como los ateos o los homosexuales.
No es de extrañar que los ciudadanos con preferencias políticas divergentes sean el blanco especial, como lo demuestra el número sin precedentes de 60 mil presos políticos, según Human Rights Watch. Además, se utilizan de modo excesivo las prácticas de detenciones preventivas desproporcionadamente largas; al igual que la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones y las personas que apoyan a las víctimas de estas prácticas están sometidas a una presión constante.
Finalmente, cabe afirmar que las disminuciones del gasto público en la educación, la investigación y el desarrollo, junto con las represiones por parte del gobierno, se suman al conservadurismo estructural y a la mayor confianza que se les ofrece a los hombres mayores en lugar de los más jóvenes para seguir dominando la mentalidad de los egipcios. Esto, según el BTI de 2018, justamente es el entorno social y político que frena a los académicos y los investigadores críticos.
El 3 de febrero de 2016, en la ciudad de El Cairo, se encontró el cuerpo de Giulio Regeni, joven investigador italiano de la Universidad de Cambridge, con evidentes signos de torturas y golpes. El 7 de febrero de 2020, el activista egipcio Patrick George Zaki, estudiante e investigador de la Universidad Alma Mater de Bolonia, ha sido detenido en Egipto por las autoridades locales.
Luego de cuatro años, las autoridades egipcias intervinieron para obstruir el derecho de estudio de dos jóvenes: Giulio estaba concluyendo un programa de doctorado sobre los sindicatos egipcios y Patrick quería pasar algunos días de vacaciones con su familia y amigos, antes de volver a sus estudios de género en Italia. Parece que el gobierno egipcio concibe la inteligencia como un peligro para la seguridad y el mantenimiento de su poder.
Giulio y Patrick forman parte de aquella multitud que, desde años inmemoriales, es víctima y cae en los huecos negros en los que desaparecen los opositores al régimen.
Estos dos casos son emblemáticos, si hacemos referencia a una contradicción que se inserta en la esfera de los derechos civiles y humanos internacionales, que hace prevalecer la necesidad que tiene un Estado de defender sus propios intereses nacionales (en este caso, la defensa del régimen mismo), a pesar de propiciar violaciones a los derechos humanos (en este caso, la muerte y la reclusión de dos académicos).
Giulio Regeni murió y todavía nadie ha sido detenido por eso. Patrick Zaki sigue en la cárcel, su familia no sabe nada de él desde hace semanas y, por séptima semana consecutiva, la audiencia para la renovación de su detención ha sido aplazada. Los medios de comunicación especifican que Patrick es un joven de nacionalidad egipcia, entonces no es una incumbencia italiana, que es “un homosexual que estaba en el exterior para estudiar un master sobre la homosexualidad”.
Otro paralelismo importante: incluso contra Regeni los medios del régimen egipcio habían construido una campaña de prensa con el pretexto de la homosexualidad.
“La inviolabilidad de los cuerpos y de la vida humana, la protección de los derechos inviolables, incluido el derecho de los ciudadanos a la verdad y la justicia, la dignidad de las personas y los gobiernos son valores indispensables que deben prevalecer sobre cualquier oportunismo político o personal” es lo que afirma la madre de Giulio Regeni, esperando que el gobierno italiano deje de ceder ante las autoridades de Egipto.
Mientras tanto, el 11 de febrero, en las paredes de la Villa Ada, en Roma, cerca de la Embajada de Egipto en Italia, apareció el mural de Laika en el que se ve a Giulio Regeni abrazando a Zaki, y prometiendo que "esta vez, todo irá bien".