En comparación con el panorama general de Latinoamérica y el mundo, de creciente populismo, represión, disconformidad popular, control económico estatal y desdén por la institucionalidad democrática, estas posiciones son motivo de satisfacción. Sin embargo, el país aún confronta múltiples retos, a la mayoría de los cuales también se refiere con detalle el informe. Varios de ellos, tienen que ver con el desempeño económico.

Por Eduardo Ulibarri

En los índices internacionales, sobre todo vinculados con libertad, democracia, institucionalidad, estabilidad y derechos humanos, Costa Rica suele ocupar una posición muy destacada.

Algunos, muy relevantes, la han ratificado en sus ediciones de 2020. Hace pocos días, Reporteros sin Fronteras (RSF) divulgó el de libertad de prensa, que otorgó al país el séptimo mejor lugar del mundo. Semanas atrás, de nuevo fue considerado como una de las pocas democracias plenas (apenas 22 entre 166 países), por The Economist Intelligence Unit, que mide un amplio conjunto de variables políticas, culturales e institucionales. Y en el de Freedom House, centrado en libertades políticas y civiles, obtuvo 94 puntos de 100 posibles, el segundo mejor desempeño de Latinoamérica después de Uruguay, con un envidiable 98.

El más reciente en esta secuencia es el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsman, o BTI, elaborado a partir de criterios de expertos y estandarizados de especialistas internacionales (en este caso 269). Al igual que ocurre desde que comenzó a elaborarse, hace 16 años, Costa Rica pedalea en su pelotón de punta.

De los cuatro estudios mencionados, el BTI aplica la metodología más integral y minuciosa. Quizá la laboriosidad del proceso explique una debilidad en el resultado: el informe del 2020 está en extremo desactualizado respecto al año del título. Por ejemplo, en América Latina habla de Mauricio Macri, Evo Morales y Jimmy Morales como si aún fueran presidentes de Argentina, Bolivia y Guatemala, respectivamnte, y deja por fuera acontecimientos de tanta importancia como las traumáticas y frustradas elecciones bolivianas, las movilizaciones sociales en Chile o la arremetida autoritaria de Nayib Bukele en El Salvador.

Pese a este desfase temporal, su análisis, por exhaustivo y bien fundamentado, es particularmente esclarecedor.

El universo del estudio, constituido por 137 países “en desarrollo” o “transición”, que el BTI define como aquellos en “camino hacia la democracia bajo el Estado de derecho y la economía social de mercado”, permite acotar el ámbito de valoración. Y los 17 criterios de análisis, compuestos por 49 “notas” individuales y agrupados en tres grandes dimensiones, dan a sus dos índices (de “estatus” y “gobernanza”), un carácter muy robusto.

En el primero de ellos, Costa Rica obtiene 8,49 puntos de los 10 posibles y se ubica en el décimo primer lugar. En el segundo, ocupa la novena mejor posición, a pesar de que la “nota” es menor (6,92), señal de que todos los países considerados tienen importantes problemas de gobernanza.

En las dos dimensiones que componen el índice de estatus, Costa Rica muestra su mejor desempeño en la de transformación política: 9,05 puntos y octavo lugar mundial. Pero en su otra dimensión (transformación económica) baja al décimo cuarto puesto, con una nota de 7,93.

Nada de lo anterior sorprende. Ha sido ampliamente evidenciado en la práctica y documentado por análisis nacionales e internacionales, entre ellos el BTI, que, a pesar de una serie de disfuncionalidades en el quehacer político, Costa Rica goza de gran solidez democrática, estabilidad institucional, apego al imperio de la ley, razonable participación y apoyo al concepto de Estado Nación, todos componentes de la categoría transformación política.

En comparación con el panorama general de Latinoamérica y el mundo, de creciente populismo, represión, disconformidad popular, control económico estatal y desdén por la institucionalidad democrática, estas posiciones son motivo de satisfacción. Sin embargo, el país aún confronta múltiples retos, a la mayoría de los cuales también se refiere con detalle el informe. Varios de ellos, tienen que ver con el desempeño económico.

El BTI define la economía social de mercado de manera amplia e integral, mediante criterios analíticos que incluyen la organización del mercado y la competencia, estabilidad fiscal y monetaria, el régimen de bienestar social y la sostenibilidad. De ellos surge la calificación sobre transformación económica, segunda dimensión del índice de estatus.

Un problema importante de Costa Rica en este ámbito es la falta de adecuada competencia en algunos sectores de la economía, e incluso la existencia de corporaciones creadas por ley, en arroz, azúcar y café, por ejemplo. Su capacidad de controlar la oferta y los precios distorsiona la mejor asignación de recursos y afecta los intereses de los consumidores y sectores productivos que requieren de esos insumos para su actividad. Aunque recientemente entró en vigencia, como parte del proceso para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una normativa de competencia mucho más sólida, las corporaciones creadas por ley quedaron fuera de su alcance.

La inestabilidad fiscal es un problema aún mayor, multiplicada ahora por la pandemia del covid-19; los índices de pobreza, bajos en el contexto latinoamericano, se mantienen estancados, a pesar de la gran inversión social del Estado; el desempleo abierto ronda alrededor del 11%, y la desigualdad de ingresos (no oportunidades), medida por el coeficiente de Gini, ha mostrado un ligero aumento en la última década.

Todo lo anterior revela que la transformación económica aún tiene buen camino que recorrer, aunque en términos comparativos estemos relativamente bien.

En gobernanza, entendida como “cuán eficazmente los formuladores de política facilitan y conducen el desarrollo y los procesos de transformación”, flaqueamos en términos absolutos, pero  como las falencias de otros son mayores, nuestra posición en la clasificación por países es muy buena: la novena, como señalé al principio. En ella, sin embargo, se han producido avances.

La última pieza legislativa de gran calado mencionada por el estudio, es un reflejo de que, a pesar de una gran dispersión del espectro político-partidista, existe una voluntad mayoritaria de mejorar la gobernabilidad y afrontar retos económicos importantes. Me refiero a una amplia reforma fiscal, que tocó tanto las dimensiones del gasto como de los ingresos, aprobada en diciembre de 2018 y vigente desde junio de 2019. Superó los dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa, pese a una huelga de meses por parte de sindicatos del sector público, que el Poder Ejecutivo enfrentó con gran prudencia y sin flaquear. 

A esta ley han seguido otras también relevantes para la gobernabilidad y la transfomación económica, como una reforma al reglamento legislativo para agilizar sus decisiones, una agilización a los procesos para concesionar obras públicas, cambios al Código de Trabajo para regular las huelgas, y un conjunto de leyes necesarias para ingresar a la OCDE. Además, hay más iniciativas en camino, entre las que destacan, por su posible impacto estructural, una nueva ley de empleo público y la reforma del Estado mediante el cierre, fusión o transformación de instituciones.

A pesar de estos avances reales y potenciales, así como de las buenas posiciones en el BTI, Costa Rica tiene el imperativo de seguir mejorando en su desempeño como sociedad y como sistema político, económico y social.

Bien lo dice el informe en la “mirada estratégica” que plantea hacia el final de su análisis nacional: “Para que Costa Rica mantenga sus significativos logros en los ámbiros económico, social y político, y sea capaz de profundizarlos a futuro, debe abordar las limitaciones estructurales que de manera creciente amenazan el progreso. Esto requerirá un conjunto de reformas administrativas para mejorar la ejecución e implementación de capacidades, y un conjunto de reformas políticas para mejorar la representación, fortalecer el rendimiento de cuenta de los legisladores y estimular una bejor coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

No hay nada novedoso en esta afirmación. Lo que dice ha sido de sobra conocido y discutido a lo largo de muchos años. Pero el BTI plantea un recordatorio muy bien fundamentado de cuáles son las grandes fortalezas del país, a la vez que reitera las tareas por delante. Y sabemos que no avanzar, en el fondo, implicaría retroceder.

Eduardo Ulibarri

Consejero Académico

Catedrático universitario y columnista del diario La Nación, de Costa Rica, del cual fue director entre 1982 y 2003. Entre agosto de 2010 y junio de 2014 sirvió como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Autor de libros sobre periodismo y temas de actualidad, es catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) entre 2005 y 2010; presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (1991-1994), y miembro de la directiva (1989-2002) y del consejo consultivo (desde 2002) del International Center for Journalists, Washington, D.C. Actualmente forma parte de la junta directiva de Aldesa Corporación de Inversiones y es miembro del Comité de Programas de la Fundación CRUSA. Ha recibido la Medalla por Servicios Distinguidos en Periodismo de la Universidad de Missouri, en 1989; el premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia (Nueva York), en 1996, y el Premio Nacional de Periodismo de Costa Rica, en 1999. Estudió en las universidades de Costa Rica (licenciatura en Comunicación, 1974), Missouri (maestría en Periodismo, 1976) y Harvard (Niemann Fellow, 1988).