El gobierno argentino se contradice en su defensa internacional del estado de derecho y la independencia de poderes

Primero el gobierno argentino reconoce que en Venezuela existen obstáculos al funcionamiento del estado de derecho y se manifiesta en defensa de la independencia de poderes, pero luego pone fin a la misión de la Embajadora de Venezuela en el país, Elisa Trotta Gamus, designada por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, quien fue elegido presidente interino por la Asamblea Nacional de Venezuela siguiendo lo estipulado en la constitución vigente y siendo hoy la cabeza del único poder público con legitimidad democrática en ese país.

El pasado 5 de enero la Cancillería de la República Argentina emitió un comunicado en el que señabala: “Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional, para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva. Al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano. Recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela en un marco de pleno respeto de las libertades y los mecanismos institucionales, es el objetivo al que busca propender el Gobierno argentino, para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país”. El comunicado agregaba: “El resguardo de la independencia de los poderes y de las inmunidades de los parlamentarios son condiciones indispensables para el normal funcionamiento del sistema democrático”.

Dos días después, la Cancillería de la República Argentina se contradice al comunicarle a Elisa Trotta Gamus, la embajadora en Argentina que había sido designada el año pasado por Juan Guaidó​, el presidente encargado de Venezuela, el “fin a su misión especial en la República Argentina y a sus funciones en el marco de la misma".

Es decir, primero el gobierno argentino reconoce que en Venezuela existen obstáculos al funcionamiento del estado de derecho y se manifiesta en defensa de la independencia de poderes, pero luego pone fin a la misión de la Embajadora de Venezuela designada por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, quien fue elegido presidente interino por la Asamblea Nacional de Venezuela siguiendo lo estipulado en la constitución vigente y siendo hoy la cabeza del único poder público con legitimidad democrática en ese país.

El nuevo gobierno argentino debería recordar un hecho bisagra en la crisis venezolana en el cual tuvieron responsabilidad los gobiernos de entonces en América Latina, incluido el de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Se trata de la elección presidencial del 14 de abril de 2013, cuyos resultados oficiales fueron del 50,61% para Nicolás Maduro y 49,12% para Henrique Capriles, con toda la cancha inclinada en favor del sucesor oficialista del Coronel Hugo Chávez. Capriles pidió, con todo criterio, el recuento de votos y los gobiernos de la región le dieron la espalda. Está clara la complicidad regional en la erosión de la institucionalidad democrática en Venezuela, lo cual empezó con Chávez y se profundizó con Maduro, y por lo tanto resultaba alentadora la posición del gobierno argentino el pasado 5 de enero. Pero con la decisión de suspender luego la misión de la Embajadora de Venezuela designada por el titular del único poder con legitimidad democrática, el gobierno de Alberto Fernández se contradice en su defensa internacional del estado de derecho y la independencia de poderes.