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Análisis Sínico
17-03-2026Pekín está legalizando la asimilación de los tibetanos y otras minorías étnicas
A través tanto de campañas políticas como de reformas legislativas, China está reduciendo progresivamente el margen de autonomía de las minorías en materia de educación, lengua y religión. La codificación legal de las políticas de asimilación marca una nueva etapa en la estrategia de gobernanza fronteriza de Pekín.
Por Jianli Yang
En los últimos años, el Gobierno chino ha intensificado en las regiones tibetanas las políticas destinadas a remodelar la identidad tibetana mediante el control del idioma, la educación y la cultura. Estas medidas no son acciones administrativas aisladas, sino que forman parte de una estrategia nacional más amplia centrada en lo que Pekín denomina “forjar un fuerte sentido de comunidad de la nación china”. En este marco, el Partido Comunista Chino (PCCh) busca reforzar una identidad nacional unificada debilitando las identidades étnicas que puedan entrar en conflicto con la narrativa política de la “nación china”. Cada vez más, estas políticas asimilacionistas ya no son meras prácticas administrativas, sino que se están codificando en la legislación.
Durante décadas, el Estado chino mantuvo un estricto control político sobre el Tíbet, especialmente sobre el budismo tibetano y las instituciones religiosas. Sin embargo, en el ámbito del idioma y la educación, las políticas anteriores eran comparativamente más flexibles que las actuales. En 1994, las “Medidas para la aplicación de la Ley de Educación Obligatoria de la República Popular China en la Región Autónoma del Tíbet” estipulaban que las escuelas debían “utilizar el tibetano como principal medio de instrucción, al tiempo que se mejoraba gradualmente un sistema educativo bilingüe tibetano-chino”. Dentro de este marco, la enseñanza del tibetano ocupaba un lugar central en el sistema escolar, mientras que el mandarín funcionaba en gran medida como lengua complementaria.
En aquella época, los estudiantes tibetanos también disponían de opciones institucionales dentro del sistema de acceso a las universidades chinas. Existían dos vías de examen distintas. Una, conocida como “min kao Han”, exigía a los estudiantes realizar los exámenes en chino. La otra, denominada “min kao min”, permitía a los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas realizar los exámenes en sus propias lenguas. Aunque imperfecto, este sistema reconocía la diversidad lingüística y permitía que la enseñanza de la lengua tibetana conservara un espacio institucional significativo.
Esta situación comenzó a cambiar radicalmente tras la llegada al poder de Xi Jinping. Bajo el lema de lograr el “Gran Rejuvenecimiento de la Nación China”, Pekín empezó a considerar cada vez más las lenguas minoritarias —incluido el tibetano— como posibles amenazas para la unidad nacional. Este cambio de política refleja una transformación más profunda en la doctrina de gobernanza étnica de China.
Los responsables políticos y los académicos chinos se refieren ahora con frecuencia a una transición de la “política étnica de primera generación” a la “política étnica de segunda generación”. El marco anterior, desarrollado durante las épocas de Mao y Deng, hacía hincapié oficialmente en la autonomía regional étnica y en la protección de las lenguas y culturas minoritarias. Aunque su aplicación fue desigual, la política oficial reconocía al menos la legitimidad del pluralismo cultural dentro del Estado chino.
La política étnica de segunda generación supone un cambio significativo con respecto a este enfoque. En lugar de preservar la diversidad étnica, pretende minimizar la relevancia política y social de las distinciones étnicas. Su objetivo principal es la creación de una identidad nacional unificada, centrada en el concepto de la “nación china” (中华民族). En la práctica, este cambio fomenta la asimilación lingüística, la homogeneización cultural y una integración política más estrecha de las regiones minoritarias.
La política lingüística en el Tíbet constituye uno de los ejemplos más claros de esta transformación. Oficialmente, el Gobierno chino sigue describiendo su política educativa como “educación bilingüe”. En realidad, el chino mandarín se ha convertido cada vez más en la lengua dominante de la enseñanza, mientras que el tibetano ha quedado relegado a una asignatura secundaria u opcional. Las materias académicas fundamentales, como las matemáticas, las ciencias y la historia, se imparten ahora mayoritariamente en mandarín.
Esta tendencia se vio reforzada por los cambios legislativos aprobados en la Asamblea Popular Nacional (APN). En diciembre de 2025, el Comité Permanente de la APN revisó la Ley Nacional de la Lengua Común, eliminando las disposiciones anteriores que permitían que las lenguas minoritarias se utilizaran como principales medios de enseñanza en las escuelas. La ley revisada exige explícitamente que el mandarín sea la lengua fundamental de enseñanza y establece el uso obligatorio de libros de texto nacionales estandarizados en todo el sistema educativo.
Estos cambios han tenido profundas consecuencias para los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas. La vía de acceso “min kao min” ha desaparecido prácticamente por completo, quedando solo el sistema de exámenes en chino. El dominio de la lengua tibetana, por ejemplo, ya no es un requisito fundamental para el acceso a la universidad, salvo en el caso de los estudiantes que solicitan específicamente la admisión en programas académicos en lengua tibetana.
Quizás el aspecto más controvertido de la nueva política haya sido la rápida expansión del sistema de internados en las zonas tibetanas. Según estudios realizados por organizaciones de derechos humanos, aproximadamente un millón de niños tibetanos han sido enviados a internados gestionados por el Estado. Estas instituciones funcionan principalmente en mandarín y, según se informa, restringen el uso de la lengua tibetana en la vida cotidiana. Dado que los alumnos viven en el recinto durante largos periodos, se ven separados de sus familias y comunidades en etapas cruciales de su desarrollo cultural y lingüístico.
Al mismo tiempo, se han ido cerrando sistemáticamente las escuelas privadas de lengua tibetana. En varios casos, se ha detenido o desaparecido a profesores vinculados a iniciativas independientes de enseñanza de la lengua tibetana. En la actualidad, la enseñanza de la lengua tibetana en las escuelas públicas se ha reducido drásticamente, y rara vez se autorizan las iniciativas privadas para crear escuelas de lengua tibetana.
El contraste es impactante. Los inmigrantes chinos de todo el mundo tienen libertad para crear escuelas en lengua china. Los inmigrantes tibetanos en el extranjero pueden organizar la enseñanza en lengua tibetana en las comunidades de la diáspora. Sin embargo, los tibetanos que viven en el propio Tíbet carecen cada vez más de la libertad para crear escuelas en lengua tibetana en su propia patria.
La situación en otras regiones de minorías étnicas de China, como Xinjiang y Mongolia Interior, es similar.
La Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso, aprobada esta semana durante la sesión anual de la APN, refuerza aún más este marco asimilacionista. Según el borrador, la ley exige que los niños en edad preescolar comiencen a aprender mandarín y establece que los estudiantes “dominen básicamente la lengua común nacional al finalizar la educación obligatoria”. Al mismo tiempo, debilita las disposiciones de la Ley de Autonomía Étnica Regional que anteriormente protegían los derechos lingüísticos de las minorías.
La ley también introduce disposiciones que permiten a las autoridades exigir responsabilidades legales a personas residentes en el extranjero acusadas de “socavar la unidad étnica”. Dichas cláusulas amplían el alcance de la política étnica de China más allá de sus fronteras e integran aún más las cuestiones de identidad en el marco de seguridad nacional del país.
La preocupación internacional por estos acontecimientos ha ido en aumento. En un informe de 2026, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías advirtió de que las restricciones sistemáticas a la educación en lenguas minoritarias podrían conducir a un “borrado lingüístico” y suponer un grave riesgo de destrucción cultural. El informe señalaba que las políticas destinadas a eliminar una lengua de la vida pública pueden acercarse a lo que el derecho internacional describe como genocidio cultural.
Vistas en este contexto más amplio, las políticas actuales de China en el Tíbet representan algo más que un cambio en la enseñanza de idiomas. Reflejan una transformación estructural en el enfoque del Estado chino respecto a la gestión de las minorías étnicas. La combinación de campañas administrativas y codificación legislativa sugiere que Pekín está avanzando hacia la institucionalización de la política étnica de “segunda generación”.
A través tanto de campañas políticas como de reformas legislativas, China está reduciendo progresivamente el margen de autonomía de las minorías en materia de educación, lengua y religión. La codificación legal de las políticas de asimilación marca una nueva etapa en la estrategia de gobernanza fronteriza de Pekín, una estrategia que no solo pretende gestionar la diversidad étnica, sino también remodelarla de forma radical.
Jianli YangJianli Yang, sobreviviente de la masacre de Tiananmen y ex preso político de China, es fundador y presidente de Citizen Power Initiatives for China y autor de For Us, the Living: A Journey to Shine the Light on Truth.
En los últimos años, el Gobierno chino ha intensificado en las regiones tibetanas las políticas destinadas a remodelar la identidad tibetana mediante el control del idioma, la educación y la cultura. Estas medidas no son acciones administrativas aisladas, sino que forman parte de una estrategia nacional más amplia centrada en lo que Pekín denomina “forjar un fuerte sentido de comunidad de la nación china”. En este marco, el Partido Comunista Chino (PCCh) busca reforzar una identidad nacional unificada debilitando las identidades étnicas que puedan entrar en conflicto con la narrativa política de la “nación china”. Cada vez más, estas políticas asimilacionistas ya no son meras prácticas administrativas, sino que se están codificando en la legislación.
Durante décadas, el Estado chino mantuvo un estricto control político sobre el Tíbet, especialmente sobre el budismo tibetano y las instituciones religiosas. Sin embargo, en el ámbito del idioma y la educación, las políticas anteriores eran comparativamente más flexibles que las actuales. En 1994, las “Medidas para la aplicación de la Ley de Educación Obligatoria de la República Popular China en la Región Autónoma del Tíbet” estipulaban que las escuelas debían “utilizar el tibetano como principal medio de instrucción, al tiempo que se mejoraba gradualmente un sistema educativo bilingüe tibetano-chino”. Dentro de este marco, la enseñanza del tibetano ocupaba un lugar central en el sistema escolar, mientras que el mandarín funcionaba en gran medida como lengua complementaria.
En aquella época, los estudiantes tibetanos también disponían de opciones institucionales dentro del sistema de acceso a las universidades chinas. Existían dos vías de examen distintas. Una, conocida como “min kao Han”, exigía a los estudiantes realizar los exámenes en chino. La otra, denominada “min kao min”, permitía a los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas realizar los exámenes en sus propias lenguas. Aunque imperfecto, este sistema reconocía la diversidad lingüística y permitía que la enseñanza de la lengua tibetana conservara un espacio institucional significativo.
Esta situación comenzó a cambiar radicalmente tras la llegada al poder de Xi Jinping. Bajo el lema de lograr el “Gran Rejuvenecimiento de la Nación China”, Pekín empezó a considerar cada vez más las lenguas minoritarias —incluido el tibetano— como posibles amenazas para la unidad nacional. Este cambio de política refleja una transformación más profunda en la doctrina de gobernanza étnica de China.
Los responsables políticos y los académicos chinos se refieren ahora con frecuencia a una transición de la “política étnica de primera generación” a la “política étnica de segunda generación”. El marco anterior, desarrollado durante las épocas de Mao y Deng, hacía hincapié oficialmente en la autonomía regional étnica y en la protección de las lenguas y culturas minoritarias. Aunque su aplicación fue desigual, la política oficial reconocía al menos la legitimidad del pluralismo cultural dentro del Estado chino.
La política étnica de segunda generación supone un cambio significativo con respecto a este enfoque. En lugar de preservar la diversidad étnica, pretende minimizar la relevancia política y social de las distinciones étnicas. Su objetivo principal es la creación de una identidad nacional unificada, centrada en el concepto de la “nación china” (中华民族). En la práctica, este cambio fomenta la asimilación lingüística, la homogeneización cultural y una integración política más estrecha de las regiones minoritarias.
La política lingüística en el Tíbet constituye uno de los ejemplos más claros de esta transformación. Oficialmente, el Gobierno chino sigue describiendo su política educativa como “educación bilingüe”. En realidad, el chino mandarín se ha convertido cada vez más en la lengua dominante de la enseñanza, mientras que el tibetano ha quedado relegado a una asignatura secundaria u opcional. Las materias académicas fundamentales, como las matemáticas, las ciencias y la historia, se imparten ahora mayoritariamente en mandarín.
Esta tendencia se vio reforzada por los cambios legislativos aprobados en la Asamblea Popular Nacional (APN). En diciembre de 2025, el Comité Permanente de la APN revisó la Ley Nacional de la Lengua Común, eliminando las disposiciones anteriores que permitían que las lenguas minoritarias se utilizaran como principales medios de enseñanza en las escuelas. La ley revisada exige explícitamente que el mandarín sea la lengua fundamental de enseñanza y establece el uso obligatorio de libros de texto nacionales estandarizados en todo el sistema educativo.
Estos cambios han tenido profundas consecuencias para los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas. La vía de acceso “min kao min” ha desaparecido prácticamente por completo, quedando solo el sistema de exámenes en chino. El dominio de la lengua tibetana, por ejemplo, ya no es un requisito fundamental para el acceso a la universidad, salvo en el caso de los estudiantes que solicitan específicamente la admisión en programas académicos en lengua tibetana.
Quizás el aspecto más controvertido de la nueva política haya sido la rápida expansión del sistema de internados en las zonas tibetanas. Según estudios realizados por organizaciones de derechos humanos, aproximadamente un millón de niños tibetanos han sido enviados a internados gestionados por el Estado. Estas instituciones funcionan principalmente en mandarín y, según se informa, restringen el uso de la lengua tibetana en la vida cotidiana. Dado que los alumnos viven en el recinto durante largos periodos, se ven separados de sus familias y comunidades en etapas cruciales de su desarrollo cultural y lingüístico.
Al mismo tiempo, se han ido cerrando sistemáticamente las escuelas privadas de lengua tibetana. En varios casos, se ha detenido o desaparecido a profesores vinculados a iniciativas independientes de enseñanza de la lengua tibetana. En la actualidad, la enseñanza de la lengua tibetana en las escuelas públicas se ha reducido drásticamente, y rara vez se autorizan las iniciativas privadas para crear escuelas de lengua tibetana.
El contraste es impactante. Los inmigrantes chinos de todo el mundo tienen libertad para crear escuelas en lengua china. Los inmigrantes tibetanos en el extranjero pueden organizar la enseñanza en lengua tibetana en las comunidades de la diáspora. Sin embargo, los tibetanos que viven en el propio Tíbet carecen cada vez más de la libertad para crear escuelas en lengua tibetana en su propia patria.
La situación en otras regiones de minorías étnicas de China, como Xinjiang y Mongolia Interior, es similar.
La Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso, aprobada esta semana durante la sesión anual de la APN, refuerza aún más este marco asimilacionista. Según el borrador, la ley exige que los niños en edad preescolar comiencen a aprender mandarín y establece que los estudiantes “dominen básicamente la lengua común nacional al finalizar la educación obligatoria”. Al mismo tiempo, debilita las disposiciones de la Ley de Autonomía Étnica Regional que anteriormente protegían los derechos lingüísticos de las minorías.
La ley también introduce disposiciones que permiten a las autoridades exigir responsabilidades legales a personas residentes en el extranjero acusadas de “socavar la unidad étnica”. Dichas cláusulas amplían el alcance de la política étnica de China más allá de sus fronteras e integran aún más las cuestiones de identidad en el marco de seguridad nacional del país.
La preocupación internacional por estos acontecimientos ha ido en aumento. En un informe de 2026, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías advirtió de que las restricciones sistemáticas a la educación en lenguas minoritarias podrían conducir a un “borrado lingüístico” y suponer un grave riesgo de destrucción cultural. El informe señalaba que las políticas destinadas a eliminar una lengua de la vida pública pueden acercarse a lo que el derecho internacional describe como genocidio cultural.
Vistas en este contexto más amplio, las políticas actuales de China en el Tíbet representan algo más que un cambio en la enseñanza de idiomas. Reflejan una transformación estructural en el enfoque del Estado chino respecto a la gestión de las minorías étnicas. La combinación de campañas administrativas y codificación legislativa sugiere que Pekín está avanzando hacia la institucionalización de la política étnica de “segunda generación”.
A través tanto de campañas políticas como de reformas legislativas, China está reduciendo progresivamente el margen de autonomía de las minorías en materia de educación, lengua y religión. La codificación legal de las políticas de asimilación marca una nueva etapa en la estrategia de gobernanza fronteriza de Pekín, una estrategia que no solo pretende gestionar la diversidad étnica, sino también remodelarla de forma radical.
