Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
26-05-2026Singapur en el BTI 2006-2026: éxito económico, control político y libertades limitadas
El recorrido de Singapur en el BTI entre 2006 y 2026 muestra la consolidación de un modelo híbrido y excepcional. El país logró combinar crecimiento económico sostenido, baja corrupción y elevada capacidad estatal con restricciones persistentes sobre el pluralismo político y las libertades civiles.
Por Amani Horton
Singapur en el BTI 2006-2026Durante las últimas dos décadas, Singapur se consolidó como uno de los países con mejor desempeño económico y administrativo del Bertelsmann Transformation Index (BTI), aunque sin experimentar avances democráticos significativos. Entre 2006 y 2026, el país ha mantenido niveles extraordinariamente altos en transformación económica y calidad de gobernanza, mientras su desempeño en transformación política ha permanecido bastante estancado. Esta combinación convierte a Singapur en uno de los casos más particulares del índice: un Estado altamente eficiente y competitivo a nivel global, pero con fuertes restricciones sobre el pluralismo político, la libertad de expresión y los derechos civiles.
Según el BTI 2026, Singapur obtuvo 8,89 puntos en transformación económica y 6,96 en gobernanza. En contraste, su puntaje en transformación política fue de apenas 5,47, reflejando las persistentes limitaciones democráticas del sistema político singapurense. Esta diferencia entre desempeño económico y apertura política constituye uno de los aspectos centrales del caso singapurense y ayuda a explicar por qué el país suele ser presentado como un ejemplo de «autoritarismo eficiente» o «autoritarismo tecnocrático».
El Bertelsmann Transformation Index (BTI), elaborado por la Bertelsmann Stiftung, evalúa cada dos años el estado de la democracia, la economía de mercado y la calidad de la gobernanza en 137 países. El índice combina análisis cualitativos con puntajes cuantitativos del 1 al 10 y permite observar tendencias de largo plazo en procesos de transformación democrática, gubernamental y económica. Mientras otros países atravesaron crisis institucionales, retrocesos democráticos o transformaciones abruptas, Singapur sostuvo un modelo extremadamente estable basado en el predominio del People’s Action Party (PAP), la eficiencia estatal y el crecimiento económico.
Diversos académicos han definido a Singapur como un caso de «autoritarismo blando» o «autoritarismo tecnocrático», caracterizado por la coexistencia entre instituciones democráticas formales y fuertes restricciones sobre la competencia política real. Gordon Means sostuvo que Singapur representa un caso de «transición a la democracia desde un autoritarismo blando», donde las elecciones y las instituciones parlamentarias funcionan principalmente como «rituales de legitimidad» más que como mecanismos de competencia plenamente libre. En una línea similar, Garry Rodan argumenta que el régimen singapurense desarrolló mecanismos de «participación controlada», permitiendo ciertos espacios limitados de debate y oposición sin poner en riesgo el dominio político del People’s Action Party. Estas interpretaciones resultan consistentes con el análisis del BTI, que destaca la persistencia de elecciones regulares y estabilidad institucional junto con severas limitaciones a la libertad de expresión, el pluralismo político y la capacidad de la oposición para competir en igualdad de condiciones.
El gráfico “Singapur en el BTI 2006-2026” muestra claramente esta estabilidad: el Estado de democracia osciló apenas entre 5,32 y 5,55 puntos, mientras el índice económico se mantuvo siempre por encima de 8,68 y la gobernanza nunca descendió por debajo de 6,69. A diferencia de otros países asiáticos que experimentaron procesos de apertura política, como Corea del Sur o Taiwán, décadas atrás, Singapur logró mantener elevados niveles de prosperidad sin cambiar profundamente su sistema político.
Democracia limitada bajo el dominio del PAP
Desde la independencia en 1965, Singapur ha sido gobernado por el People’s Action Party (PAP), un partido que conserva una hegemonía y que, según el BTI 2026, «domina casi todos los aspectos de la vida política, militar y económica de la ciudad-Estado». Esta afirmación refleja hasta qué punto el Estado y el partido gobernante permanecen entrelazados.
Aunque Singapur celebra elecciones regulares y formalmente multipartidistas, no pueden ser calificadas como plenamente libres y justas. El BTI otorga al país apenas 5 puntos sobre 10 en el indicador de elecciones libres y justas, señalando múltiples sesgos estructurales favorables al oficialismo. Entre ellos destacan la manipulación de distritos electorales (conocida como gerrymandering), el control gubernamental sobre los medios tradicionales, el uso de leyes restrictivas contra opositores y las ventajas institucionales derivadas del sistema de Group Representation Constituencies (GRC).
Un estudio de David Goh sobre la redistribución electoral de 2025 señaló preocupaciones sobre el impacto del rediseño electoral en la competitividad democrática del país. Goh concluyó que las modificaciones de distritos produjeron una «relocalización» sistemática de las circunscripciones competitivas, desplazando comunidades opositoras hacia distritos más seguros para el PAP. El estudio encontró que ninguna de las subzonas de circunscripciones competitivas en 2020 terminó integrada en distritos competitivos en 2025, un resultado estadísticamente improbable bajo una redistribución neutral. El autor aclara que esto no prueba directamente la existencia de gerrymandering intencional, pero sostiene que el patrón observado es consistente con un rediseño electoral que beneficia al PAP al reducir la competitividad de ciertos distritos.
A pesar de este tipo de obstáculos estructurales, la oposición logró avances graduales durante las últimas décadas. Las elecciones de 2020 representaron uno de los peores resultados históricos del PAP, que obtuvo 61,2% del voto popular, mientras el Workers’ Party consiguió 10 escaños parlamentarios, el mayor número alcanzado por la oposición desde la independencia. Según el BTI 2026, este resultado se puede interpretar como evidencia de una ciudadanía cada vez más interesada en mecanismos de control y rendición de cuentas. El período más reciente estuvo marcado además por una transición política histórica. El 15 de mayo de 2024, Lawrence Wong reemplazó a Lee Hsien Loong como primer ministro, poniendo fin a dos décadas de liderazgo de este último y consolidando una transición generacional dentro del PAP.
Libertad de expresión y control del espacio público
Las restricciones a la libertad de expresión y al espacio cívico siguen siendo uno de los aspectos más cuestionados del sistema político singapurense. El BTI 2026 otorgó al país apenas 3 puntos sobre 10 tanto en libertad de expresión como en libertad de asociación y protesta. Estas limitaciones pueden observarse en casos concretos. El medio digital The Online Citizen tuvo que trasladar sus operaciones a Taiwán tras la suspensión de su licencia, mientras que organizaciones como el colectivo anti-pena de muerte Transformative Justice Collective y activistas como Kokila Annamalai enfrentaron investigaciones, restricciones y acciones legales por su trabajo y publicaciones públicas. Human Rights Watch afirmó que el gobierno ha «endurecido las restricciones sobre la libertad de expresión», especialmente mediante medidas dirigidas contra periodistas, activistas y opositores políticos.
Muchas de estas acciones fueron posibles gracias a herramientas legales como la Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), aprobada en 2019. La ley permite a ministros ordenar correcciones obligatorias, eliminar contenido o restringir publicaciones consideradas falsas por el gobierno. Según el BTI, hasta agosto de 2024 se habían emitido 152 órdenes bajo esta legislación, muchas de ellas dirigidas contra opositores, activistas y medios alternativos. Reporters Without Borders ubicó además a Singapur en el puesto 126 de 180 países en su índice mundial de libertad de prensa de 2024 y señaló que el gobierno mantiene una fuerte influencia sobre los principales medios, favoreciendo un clima de autocensura.
Las restricciones también se extienden a las protestas y manifestaciones públicas. El único espacio autorizado para realizarlas es Speakers’ Corner, aunque incluso allí existen controles y supervisión estatal. En 2024, las autoridades investigaron una marcha pro-palestina en Orchard Road organizada en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza, justificando su intervención bajo argumentos relacionados con la armonía racial y religiosa. Para el BTI, este tipo de medidas refleja un patrón más amplio: el fortalecimiento de mecanismos de control y vigilancia que reducen progresivamente el espacio para el debate y la movilización pública.
Activismo, derechos humanos y liberalización limitada
Entre 2006 y 2026, una de las principales críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos hacia Singapur estuvo vinculada a la continuidad de la pena de muerte, especialmente en delitos relacionados con narcotráfico. El gobierno ha continuado defendiendo las ejecuciones como herramienta de disuasión y seguridad pública, pese a las crecientes críticas de activistas y organismos internacionales. El caso de Nagaenthran K. Dharmalingam, ejecutado en 2022 a pesar de que sus defensores alegaban discapacidad intelectual, generó una ola inusual de protestas y visibilizó las limitaciones del espacio cívico en Singapur. Amnesty International sostuvo posteriormente que las ejecuciones por delitos de drogas «violan el derecho internacional de los derechos humanos», renovando su llamado a establecer una moratoria inmediata sobre la pena capital en el país.
El debate sobre la pena de muerte también puso en evidencia las restricciones impuestas al activismo y a la protesta pública. Las críticas internacionales han crecido aún más este año con el caso de Omar bin Yacob Bamadhaj, que fue ejecutado el 16 de abril de 2026 por importar poco más de un kilo de cannabis. El caso atrajo atención porque, aunque los tribunales reconocieron que su papel había sido únicamente el de transportista, la ley dejaba muy poco margen de decisión al juez: sin un certificado especial de cooperación emitido por la fiscalía, la pena de muerte seguía siendo obligatoria. Tanto organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch, así como la Unión Europea y el Reino Unido, pidieron detener la ejecución. Estos últimos cuestionaron además la falta de pruebas concluyentes de que la pena capital realmente reduzca el narcotráfico. Más allá del caso judicial, la historia ha vuelto a poner rostro humano a un debate que en Singapur suele presentarse únicamente en términos de seguridad y disuasión.
En materia de derechos LGBTQ+, Singapur experimentó una liberalización parcial con la derogación de la Sección 377A en 2022, legislación heredada del período colonial británico que criminalizaba las relaciones sexuales entre hombres. Aunque en sus últimos años la ley rara vez se aplicaba, su impacto seguía presente. El caso de Tan Eng Hong se convirtió en uno de los más conocidos después de ser arrestado bajo esta legislación en 2010 y decidir llevar su caso a los tribunales. Se transformó en una de las principales caras visibles de la campaña contra la ley. Su historia puso de relieve que incluso una legislación poco utilizada seguía teniendo consecuencias reales, manteniendo un clima de estigma e inseguridad para la comunidad LGBTQ+.
No obstante, la derogación de la ley en 2022 estuvo acompañada por una reforma constitucional destinada a proteger la definición tradicional del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Yu y Lam sostienen que esta combinación reflejó una estrategia de pragmatismo electoral por parte del PAP, permitiendo al gobierno proyectar una imagen de modernización y apertura limitada sin desafiar completamente a los sectores conservadores y religiosos del país. El caso ilustra cómo ciertas reformas sociales en Singapur fueron cuidadosamente gestionadas desde arriba, manteniendo límites claros al pluralismo político y al activismo público.
Crecimiento económico y gobernanza: la base de la legitimidad del PAP
El éxito económico ha sido una de las principales fuentes de legitimidad política del PAP durante las últimas dos décadas. Entre 2006 y 2026, Singapur se mantuvo entre los países mejor evaluados por el BTI en desempeño económico, alcanzando 8,89 puntos y el sexto puesto mundial en transformación económica en 2026. Más que un simple indicador de crecimiento, este desempeño ayudó a reforzar una de las ideas centrales del modelo singapurense: que la eficiencia y la estabilidad generan mejores resultados que una competencia política más abierta. En este sentido, el crecimiento económico no solo fortaleció la economía, sino también la capacidad del régimen para justificar la continuidad de un sistema político fuertemente controlado.
Esta narrativa fue defendida repetidamente por Lee Hsien Loong, quien argumentó que muchas democracias occidentales sufrían «parálisis política» por su incapacidad para «entregar» resultados concretos a la población. Bajo esta lógica, las restricciones democráticas aparecen presentadas no como un problema, sino como una condición necesaria para garantizar orden y eficacia gubernamental. El BTI sugiere que esta relación entre desempeño económico y estabilidad política ha permitido al PAP mantener su legitimidad sin necesidad de una apertura democrática más profunda.
Los resultados económicos han sido difíciles de ignorar. Singapur cuenta con uno de los puertos más importantes del mundo, infraestructura digital altamente desarrollada y un sistema de transporte público considerado entre los mejores a nivel internacional. Tras la pandemia de COVID-19, el país recuperó rápidamente los niveles previos de actividad económica, impulsado por el turismo y los servicios. Sin embargo, el crecimiento también vino acompañado de nuevas tensiones. El aumento del Impuesto sobre Bienes y Servicios del 7% al 9%, junto con el incremento del costo de vida y de los precios de la vivienda, generó un creciente malestar, especialmente entre sectores más jóvenes. El BTI sugiere que estas presiones podrían modificar gradualmente las expectativas sociales y políticas de una población que comienza a demandar no solo crecimiento económico, sino también mayores espacios de participación y representación política.
La fortaleza institucional ha sido otro pilar fundamental del modelo. Destacan la capacidad administrativa del Estado, la coordinación entre instituciones y una burocracia altamente profesionalizada. Los niveles de corrupción siguen siendo comparativamente bajos y Singapur obtuvo 9 puntos sobre 10 en el indicador de persecución del abuso de poder. Sin embargo, esta imagen de gobernanza limpia se vio afectada por el escándalo del exministro de Transporte Subramaniam Iswaran, condenado en 2024 por corrupción y obstrucción de la justicia. Al Jazeera describió el caso como el «primer juicio por corrupción política en casi medio siglo», reabriendo debates sobre transparencia y rendición de cuentas dentro de las élites gobernantes.
Conclusión
El recorrido de Singapur en el BTI entre 2006 y 2026 muestra la consolidación de un modelo híbrido y excepcional. El país logró combinar crecimiento económico sostenido, baja corrupción y elevada capacidad estatal con restricciones persistentes sobre el pluralismo político y las libertades civiles. Además, las críticas recurrentes en materia de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, la continuidad de la pena de muerte y los derechos LGBTQ+, han mostrado que el éxito del modelo también ha tenido costos políticos y sociales difíciles de ignorar.
La legitimidad del sistema político continúa descansando principalmente en la eficiencia gubernamental, la estabilidad y los resultados económicos. El BTI sugiere que Singapur continuará apostando por una combinación de tecnocracia, estabilidad y control político antes que por una apertura democrática amplia. Sin embargo, el crecimiento del costo de vida, el aumento de las demandas sociales y el surgimiento de una ciudadanía más crítica podrían representar desafíos crecientes para el modelo en los próximos años.
Lo más interesante es que el caso singapurense desafía una de las principales premisas de las teorías clásicas de modernización: que el desarrollo económico inevitablemente conduce a la democracia liberal. Durante dos décadas, Singapur demostró que es posible alcanzar altos niveles de prosperidad y eficiencia estatal sin abandonar un modelo político fuertemente controlado por un partido dominante. Sin embargo, este modelo también implicó costos en términos de libertades, derechos civiles y crecientes cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos y el alcance de las libertades individuales.
Amani HortonPasante internacional de CADALPasante Internacional de CADAL. Estudió lengua y cultura en la University College London (Reino Unido). Realizó un intercambio en la Universidad de San Andrés (Argentina).
Durante las últimas dos décadas, Singapur se consolidó como uno de los países con mejor desempeño económico y administrativo del Bertelsmann Transformation Index (BTI), aunque sin experimentar avances democráticos significativos. Entre 2006 y 2026, el país ha mantenido niveles extraordinariamente altos en transformación económica y calidad de gobernanza, mientras su desempeño en transformación política ha permanecido bastante estancado. Esta combinación convierte a Singapur en uno de los casos más particulares del índice: un Estado altamente eficiente y competitivo a nivel global, pero con fuertes restricciones sobre el pluralismo político, la libertad de expresión y los derechos civiles.
Según el BTI 2026, Singapur obtuvo 8,89 puntos en transformación económica y 6,96 en gobernanza. En contraste, su puntaje en transformación política fue de apenas 5,47, reflejando las persistentes limitaciones democráticas del sistema político singapurense. Esta diferencia entre desempeño económico y apertura política constituye uno de los aspectos centrales del caso singapurense y ayuda a explicar por qué el país suele ser presentado como un ejemplo de «autoritarismo eficiente» o «autoritarismo tecnocrático».
El Bertelsmann Transformation Index (BTI), elaborado por la Bertelsmann Stiftung, evalúa cada dos años el estado de la democracia, la economía de mercado y la calidad de la gobernanza en 137 países. El índice combina análisis cualitativos con puntajes cuantitativos del 1 al 10 y permite observar tendencias de largo plazo en procesos de transformación democrática, gubernamental y económica. Mientras otros países atravesaron crisis institucionales, retrocesos democráticos o transformaciones abruptas, Singapur sostuvo un modelo extremadamente estable basado en el predominio del People’s Action Party (PAP), la eficiencia estatal y el crecimiento económico.
Diversos académicos han definido a Singapur como un caso de «autoritarismo blando» o «autoritarismo tecnocrático», caracterizado por la coexistencia entre instituciones democráticas formales y fuertes restricciones sobre la competencia política real. Gordon Means sostuvo que Singapur representa un caso de «transición a la democracia desde un autoritarismo blando», donde las elecciones y las instituciones parlamentarias funcionan principalmente como «rituales de legitimidad» más que como mecanismos de competencia plenamente libre. En una línea similar, Garry Rodan argumenta que el régimen singapurense desarrolló mecanismos de «participación controlada», permitiendo ciertos espacios limitados de debate y oposición sin poner en riesgo el dominio político del People’s Action Party. Estas interpretaciones resultan consistentes con el análisis del BTI, que destaca la persistencia de elecciones regulares y estabilidad institucional junto con severas limitaciones a la libertad de expresión, el pluralismo político y la capacidad de la oposición para competir en igualdad de condiciones.
El gráfico “Singapur en el BTI 2006-2026” muestra claramente esta estabilidad: el Estado de democracia osciló apenas entre 5,32 y 5,55 puntos, mientras el índice económico se mantuvo siempre por encima de 8,68 y la gobernanza nunca descendió por debajo de 6,69. A diferencia de otros países asiáticos que experimentaron procesos de apertura política, como Corea del Sur o Taiwán, décadas atrás, Singapur logró mantener elevados niveles de prosperidad sin cambiar profundamente su sistema político.
Democracia limitada bajo el dominio del PAP
Desde la independencia en 1965, Singapur ha sido gobernado por el People’s Action Party (PAP), un partido que conserva una hegemonía y que, según el BTI 2026, «domina casi todos los aspectos de la vida política, militar y económica de la ciudad-Estado». Esta afirmación refleja hasta qué punto el Estado y el partido gobernante permanecen entrelazados.
Aunque Singapur celebra elecciones regulares y formalmente multipartidistas, no pueden ser calificadas como plenamente libres y justas. El BTI otorga al país apenas 5 puntos sobre 10 en el indicador de elecciones libres y justas, señalando múltiples sesgos estructurales favorables al oficialismo. Entre ellos destacan la manipulación de distritos electorales (conocida como gerrymandering), el control gubernamental sobre los medios tradicionales, el uso de leyes restrictivas contra opositores y las ventajas institucionales derivadas del sistema de Group Representation Constituencies (GRC).
Un estudio de David Goh sobre la redistribución electoral de 2025 señaló preocupaciones sobre el impacto del rediseño electoral en la competitividad democrática del país. Goh concluyó que las modificaciones de distritos produjeron una «relocalización» sistemática de las circunscripciones competitivas, desplazando comunidades opositoras hacia distritos más seguros para el PAP. El estudio encontró que ninguna de las subzonas de circunscripciones competitivas en 2020 terminó integrada en distritos competitivos en 2025, un resultado estadísticamente improbable bajo una redistribución neutral. El autor aclara que esto no prueba directamente la existencia de gerrymandering intencional, pero sostiene que el patrón observado es consistente con un rediseño electoral que beneficia al PAP al reducir la competitividad de ciertos distritos.
A pesar de este tipo de obstáculos estructurales, la oposición logró avances graduales durante las últimas décadas. Las elecciones de 2020 representaron uno de los peores resultados históricos del PAP, que obtuvo 61,2% del voto popular, mientras el Workers’ Party consiguió 10 escaños parlamentarios, el mayor número alcanzado por la oposición desde la independencia. Según el BTI 2026, este resultado se puede interpretar como evidencia de una ciudadanía cada vez más interesada en mecanismos de control y rendición de cuentas. El período más reciente estuvo marcado además por una transición política histórica. El 15 de mayo de 2024, Lawrence Wong reemplazó a Lee Hsien Loong como primer ministro, poniendo fin a dos décadas de liderazgo de este último y consolidando una transición generacional dentro del PAP.
Libertad de expresión y control del espacio público
Las restricciones a la libertad de expresión y al espacio cívico siguen siendo uno de los aspectos más cuestionados del sistema político singapurense. El BTI 2026 otorgó al país apenas 3 puntos sobre 10 tanto en libertad de expresión como en libertad de asociación y protesta. Estas limitaciones pueden observarse en casos concretos. El medio digital The Online Citizen tuvo que trasladar sus operaciones a Taiwán tras la suspensión de su licencia, mientras que organizaciones como el colectivo anti-pena de muerte Transformative Justice Collective y activistas como Kokila Annamalai enfrentaron investigaciones, restricciones y acciones legales por su trabajo y publicaciones públicas. Human Rights Watch afirmó que el gobierno ha «endurecido las restricciones sobre la libertad de expresión», especialmente mediante medidas dirigidas contra periodistas, activistas y opositores políticos.
Muchas de estas acciones fueron posibles gracias a herramientas legales como la Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), aprobada en 2019. La ley permite a ministros ordenar correcciones obligatorias, eliminar contenido o restringir publicaciones consideradas falsas por el gobierno. Según el BTI, hasta agosto de 2024 se habían emitido 152 órdenes bajo esta legislación, muchas de ellas dirigidas contra opositores, activistas y medios alternativos. Reporters Without Borders ubicó además a Singapur en el puesto 126 de 180 países en su índice mundial de libertad de prensa de 2024 y señaló que el gobierno mantiene una fuerte influencia sobre los principales medios, favoreciendo un clima de autocensura.
Las restricciones también se extienden a las protestas y manifestaciones públicas. El único espacio autorizado para realizarlas es Speakers’ Corner, aunque incluso allí existen controles y supervisión estatal. En 2024, las autoridades investigaron una marcha pro-palestina en Orchard Road organizada en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza, justificando su intervención bajo argumentos relacionados con la armonía racial y religiosa. Para el BTI, este tipo de medidas refleja un patrón más amplio: el fortalecimiento de mecanismos de control y vigilancia que reducen progresivamente el espacio para el debate y la movilización pública.
Activismo, derechos humanos y liberalización limitada
Entre 2006 y 2026, una de las principales críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos hacia Singapur estuvo vinculada a la continuidad de la pena de muerte, especialmente en delitos relacionados con narcotráfico. El gobierno ha continuado defendiendo las ejecuciones como herramienta de disuasión y seguridad pública, pese a las crecientes críticas de activistas y organismos internacionales. El caso de Nagaenthran K. Dharmalingam, ejecutado en 2022 a pesar de que sus defensores alegaban discapacidad intelectual, generó una ola inusual de protestas y visibilizó las limitaciones del espacio cívico en Singapur. Amnesty International sostuvo posteriormente que las ejecuciones por delitos de drogas «violan el derecho internacional de los derechos humanos», renovando su llamado a establecer una moratoria inmediata sobre la pena capital en el país.
El debate sobre la pena de muerte también puso en evidencia las restricciones impuestas al activismo y a la protesta pública. Las críticas internacionales han crecido aún más este año con el caso de Omar bin Yacob Bamadhaj, que fue ejecutado el 16 de abril de 2026 por importar poco más de un kilo de cannabis. El caso atrajo atención porque, aunque los tribunales reconocieron que su papel había sido únicamente el de transportista, la ley dejaba muy poco margen de decisión al juez: sin un certificado especial de cooperación emitido por la fiscalía, la pena de muerte seguía siendo obligatoria. Tanto organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch, así como la Unión Europea y el Reino Unido, pidieron detener la ejecución. Estos últimos cuestionaron además la falta de pruebas concluyentes de que la pena capital realmente reduzca el narcotráfico. Más allá del caso judicial, la historia ha vuelto a poner rostro humano a un debate que en Singapur suele presentarse únicamente en términos de seguridad y disuasión.
En materia de derechos LGBTQ+, Singapur experimentó una liberalización parcial con la derogación de la Sección 377A en 2022, legislación heredada del período colonial británico que criminalizaba las relaciones sexuales entre hombres. Aunque en sus últimos años la ley rara vez se aplicaba, su impacto seguía presente. El caso de Tan Eng Hong se convirtió en uno de los más conocidos después de ser arrestado bajo esta legislación en 2010 y decidir llevar su caso a los tribunales. Se transformó en una de las principales caras visibles de la campaña contra la ley. Su historia puso de relieve que incluso una legislación poco utilizada seguía teniendo consecuencias reales, manteniendo un clima de estigma e inseguridad para la comunidad LGBTQ+.
No obstante, la derogación de la ley en 2022 estuvo acompañada por una reforma constitucional destinada a proteger la definición tradicional del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Yu y Lam sostienen que esta combinación reflejó una estrategia de pragmatismo electoral por parte del PAP, permitiendo al gobierno proyectar una imagen de modernización y apertura limitada sin desafiar completamente a los sectores conservadores y religiosos del país. El caso ilustra cómo ciertas reformas sociales en Singapur fueron cuidadosamente gestionadas desde arriba, manteniendo límites claros al pluralismo político y al activismo público.
Crecimiento económico y gobernanza: la base de la legitimidad del PAP
El éxito económico ha sido una de las principales fuentes de legitimidad política del PAP durante las últimas dos décadas. Entre 2006 y 2026, Singapur se mantuvo entre los países mejor evaluados por el BTI en desempeño económico, alcanzando 8,89 puntos y el sexto puesto mundial en transformación económica en 2026. Más que un simple indicador de crecimiento, este desempeño ayudó a reforzar una de las ideas centrales del modelo singapurense: que la eficiencia y la estabilidad generan mejores resultados que una competencia política más abierta. En este sentido, el crecimiento económico no solo fortaleció la economía, sino también la capacidad del régimen para justificar la continuidad de un sistema político fuertemente controlado.
Esta narrativa fue defendida repetidamente por Lee Hsien Loong, quien argumentó que muchas democracias occidentales sufrían «parálisis política» por su incapacidad para «entregar» resultados concretos a la población. Bajo esta lógica, las restricciones democráticas aparecen presentadas no como un problema, sino como una condición necesaria para garantizar orden y eficacia gubernamental. El BTI sugiere que esta relación entre desempeño económico y estabilidad política ha permitido al PAP mantener su legitimidad sin necesidad de una apertura democrática más profunda.
Los resultados económicos han sido difíciles de ignorar. Singapur cuenta con uno de los puertos más importantes del mundo, infraestructura digital altamente desarrollada y un sistema de transporte público considerado entre los mejores a nivel internacional. Tras la pandemia de COVID-19, el país recuperó rápidamente los niveles previos de actividad económica, impulsado por el turismo y los servicios. Sin embargo, el crecimiento también vino acompañado de nuevas tensiones. El aumento del Impuesto sobre Bienes y Servicios del 7% al 9%, junto con el incremento del costo de vida y de los precios de la vivienda, generó un creciente malestar, especialmente entre sectores más jóvenes. El BTI sugiere que estas presiones podrían modificar gradualmente las expectativas sociales y políticas de una población que comienza a demandar no solo crecimiento económico, sino también mayores espacios de participación y representación política.
La fortaleza institucional ha sido otro pilar fundamental del modelo. Destacan la capacidad administrativa del Estado, la coordinación entre instituciones y una burocracia altamente profesionalizada. Los niveles de corrupción siguen siendo comparativamente bajos y Singapur obtuvo 9 puntos sobre 10 en el indicador de persecución del abuso de poder. Sin embargo, esta imagen de gobernanza limpia se vio afectada por el escándalo del exministro de Transporte Subramaniam Iswaran, condenado en 2024 por corrupción y obstrucción de la justicia. Al Jazeera describió el caso como el «primer juicio por corrupción política en casi medio siglo», reabriendo debates sobre transparencia y rendición de cuentas dentro de las élites gobernantes.
Conclusión
El recorrido de Singapur en el BTI entre 2006 y 2026 muestra la consolidación de un modelo híbrido y excepcional. El país logró combinar crecimiento económico sostenido, baja corrupción y elevada capacidad estatal con restricciones persistentes sobre el pluralismo político y las libertades civiles. Además, las críticas recurrentes en materia de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, la continuidad de la pena de muerte y los derechos LGBTQ+, han mostrado que el éxito del modelo también ha tenido costos políticos y sociales difíciles de ignorar.
La legitimidad del sistema político continúa descansando principalmente en la eficiencia gubernamental, la estabilidad y los resultados económicos. El BTI sugiere que Singapur continuará apostando por una combinación de tecnocracia, estabilidad y control político antes que por una apertura democrática amplia. Sin embargo, el crecimiento del costo de vida, el aumento de las demandas sociales y el surgimiento de una ciudadanía más crítica podrían representar desafíos crecientes para el modelo en los próximos años.
Lo más interesante es que el caso singapurense desafía una de las principales premisas de las teorías clásicas de modernización: que el desarrollo económico inevitablemente conduce a la democracia liberal. Durante dos décadas, Singapur demostró que es posible alcanzar altos niveles de prosperidad y eficiencia estatal sin abandonar un modelo político fuertemente controlado por un partido dominante. Sin embargo, este modelo también implicó costos en términos de libertades, derechos civiles y crecientes cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos y el alcance de las libertades individuales.
