La organización Human Rights Watch subraya que desde que el presidente chino Xi Jinping asumió el poder en 2013, el gobierno ha detenido y procesado arbitrariamente a quienes han defendido la libertad y justicia, entre ellos abogados y activistas. La persecución y la vigilancia son constantes. Según varias fuentes, China fortaleció el seguimiento de redes sociales sobre las noticias que se difunden en relación con las acciones que llevan a cabo ante las revueltas tibetanas o manifestaciones a favor del Tíbet.

Por Juana Vilaplana

Cuando se cumple un nuevo aniversario de la gran rebelión tibetana contra el invasor extranjero, el 10 de marzo de 1959, la vida de ese noble pueblo de las alturas sigue bajo el yugo del gobierno chino, pero siempre con las ansias intactas de independencia y libertad.  

Tras la intervención del ejército chino y casi dos semanas de violentos enfrentamientos, la victoria de las mucho más numerosas y armadas fuerzas de Pekín obligó al Dalai Lama a huir del país y exiliarse en la India.

Nueve años antes, en 1950, el Tíbet había sido ocupado ilegalmente por China en la llamada “Liberación Pacífica del Tíbet”. El accionar del Partido Comunista arrasó con el país y sepultó su independencia.

¿Cuál fue el motivo de dicha invasión? Pues nada más ni nada menos que conseguir estrategias políticas y económicas, es decir, rigió el deseo por la tierra y la riqueza mineral. La ambición de China por obtener poder violó –y viola- los derechos humanos de miles de tibetanos.

Antes de la invasión del 7 de octubre de 1950, el Tíbet era un país independiente y legalmente nunca perdió ese estatus. Este país tenía moneda, sellos y emitía pasaportes propios, incluso –y se mantiene en la actualidad- bandera propia. El despliegue de fuerzas militares chinas, además, se focalizó en debilitar la influencia del Dalai Lama, la figura de autoridad y líder espiritual del pueblo.

Actualmente, a los tibetanos se le niegan los derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, de peticionar a sus autoridades y a la integridad física. Asimismo, cualquier acto de disidencia y de manifestación de creencias religiosas e identitarias tibetanas son fuertemente reprimidas.

Sobre un total de 40 puntos, la publicación Freedom in the World calificó al Tíbet en todas las aristas de derechos políticos con un -2. Es decir que los derechos son nulos debido a la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte única y exclusiva del Partido Comunista de China.

Todo accionar externo al Partido es ilegal, al igual que cualquier evidencia de lealtad o comunicación con el gobierno tibetano en el exilio.

En cuando a las libertades civiles, el informe puntuó un 3 sobre 60 porque pueden acceder a algunos derechos (como la propiedad, la planificación familiar y el trabajo). Estos derechos son, de todas maneras, limitados y en condiciones de inferioridad debido a los obstáculos del gobierno chino y la discriminación étnica generalizada. Todo esto contribuye a que los tibetanos se enfrenten a una serie de desventajas socioeconómicas y de marginalización.

Aunque las noticias sean acotadas por las restricciones de China, aquellas que trascienden narran diversos casos en donde manifestantes o individuos que apoyan el movimiento por la libertad del Tíbet son detenidos, torturados y amenazados. Es por ello que varios tibetanos deciden exiliarse en cuanto la oportunidad se les presenta y los que no pueden hacerlo o deciden quedarse continúan la puja para que nunca mueran los principios y la lucha por la recuperación de todo lo que el Tíbet representa.

La organización Human Rights Watch subraya que desde que el presidente chino Xi Jinping asumió el poder en 2013, el gobierno ha detenido y procesado arbitrariamente a quienes han defendido la libertad y justicia, entre ellos abogados y activistas.

La persecución y la vigilancia son constantes. Según varias fuentes, China fortaleció el seguimiento de redes sociales sobre las noticias que se difunden en relación con las acciones que llevan a cabo ante las revueltas tibetanas o manifestaciones a favor del Tíbet.

Los castigos que se realizan van desde la violencia física a la psicológica, en tanto los supuestos infractores son también amenazados y obligados a modificar sus conductas abogando por la ordenanza china y su régimen autoritario.

Varios monjes y ciudadanos tibetanos han sido encarcelados por expresarse en contra de la dictadura china, y como señalan varios documentos de Amnistía Internacional, no solo son apresados injustamente por ejercer su derecho de libertad de expresión, sino que incluso se los mantiene incomunicados y los familiares no son notificados de los arrestos. El monje tibetano Rinchen Tsultrim, por ejemplo, fue condenado en 2019 y su familia se enteró en agosto de 2021, y aún no han podido comunicarse con él.

Por otro lado, recientemente la organización Tibetan Human Rights Declaration comunicó que China está sometiendo a los detenidos tibetanos a un sistema de “reeducación”.

La mayoría de los detenidos están recluidos en un centro con esos fines “reeducativos" en Thangnakma, cerca de la aldea de Dropa, creado posteriormente a un levantamiento en 2008 y cuya mera existencia y funcionamiento es ilegal.

Desde el exilio, la Administración Central Tibetana (CTA) y el pueblo tibetano bajo el liderazgo del Dalai Lama efectúan actos no violentos para recuperar la libertad y la dignidad perdidas bajo el dominio chino.

Los preceptos que rigen sus acciones son la verdad, la justicia y la no violencia. Junto a estos principios y este perseverante trabajo se ha generado un interés mundial de diferentes organizaciones para continuar con la lucha.

En palabras del Dalai Lama: “la paz sólo puede durar donde se respeten los derechos humanos, donde se alimente al pueblo y donde los individuos y las naciones sean libres”.

Además de la resistencia tibetana, que no se deja intimidar, cada vez más personas en el mundo se suman al respaldo del pueblo socavado y vulnerabilizado.

Hay organizaciones que ilustran el apoyo y contribuyen a la lucha pacífica, entre ellas el International Tíbet Network.

Juana Vilaplana es voluntaria de CADAL.

Juana Vilaplana