(Clarín) La cínica decisión del gobierno argentino, vacía de argumentos jurídicos y morales, lo desenmascara dando por tierra su falsa retórica de compromiso por los derechos humanos. Pero no solo se trató del retiro de la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Con esta perversa medida, se retiró también un Informe que recababa testimonios de exiliados venezolanos en nuestro país, abordado conforme los propios estándares exigidos por la Fiscalía, con los debidos resguardos de confidencialidad y con el apoyo de un equipo de abogados y psicólogos.

Por Brian Schapira

(Clarín) La decisión del gobierno argentino de retirarse del Grupo de Lima y de la denuncia (“remisión”, conforme el Estatuto de Roma) respecto de la situación en Venezuela, presentada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), resulta un grave retroceso en la histórica tradición argentina de compromiso con los derechos humanos en los organismos internacionales.

Dicha remisión de septiembre de 2018 fue la primera en la historia de la CPI realizada por un grupo de Estados Partes respecto de una situación en el territorio de otro Estado Parte. Esta, fue sustentada en informes de diversos organismos internacionales en los cuales se daba cuenta de gravísimas violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales podrían constituir delitos de lesa humanidad. Se trató de informes previos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un panel de Expertos de la OEA, y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU.

Posteriormente varios informes de la Alta Comisionada Michelle Bachelet continuaron reafirmando la gravedad de la situación, y en septiembre de 2019 la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos” designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmó en su informe que existían motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad.

Actualmente la investigación se encuentra en la etapa procesal de “examen preliminar”, y en su informe sobre las actividades de esta etapa de diciembre de 2020, la Fiscalía expresó que “luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”.

La cínica decisión del gobierno argentino, vacía de argumentos jurídicos y morales, lo desenmascara dando por tierra su falsa retórica de compromiso por los derechos humanos. Pero no solo se trató del retiro de la denuncia. Con esta perversa medida, se retiró también un Informe que recababa testimonios de exiliados venezolanos en nuestro país. Ese trabajo, que estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno anterior, fue abordado conforme los propios estándares exigidos por la Fiscalía, con los debidos resguardos de confidencialidad y con el apoyo de un equipo de abogados y psicólogos. Más de 40 ciudadanos venezolanos, gran parte de ellos víctimas directas, aportaron sus testimonios que fueron remitidos a la Fiscalía como aporte a la investigación. Para decepción de los torpes apólogos de la dictadura chavista, difícilmente ese informe sea desglosado de las actuaciones de la CPI. Sin embargo, el valor simbólico que encierra esta decisión es un golpe directo a todas las víctimas de esa dictadura y no hace más que mostrar la hipocresía de quienes pretenden erigirse en paladines de los derechos humanos, salvo cuando los perpetradores son los propios amigos.

Brian Schapira

Investigador Asociado

Abogado (Universidad de Buenos Aires), con un Master en Derecho Internacional y Comparado (Southern Methodist University - Dedman School of Law, Dallas – Texas – EE.UU.) y un Posgrado en Derecho del Petróleo y Gas (Universidad de Buenos Aires). Fue pasante del International Clerkship Program ante la Justicia Federal de Estados Unidos (Dallas – Texas). Fue Subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Trabajó como Abogado Senior Asociado del Estudio Bunge, Smith y Lucchia Puig; Asesor Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asesor Legal en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Responsable del Departamento Legal de la Fundación Tzedaká; y Abogado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).