Diálogo Latino Cubano
Promoción de la Apertura Política en Cuba
10-03-2020Negación, exclusión y represión. Informe sobre la situación de derechos humanos de la población afrocubana
A pocos meses de cumplir una década, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) lanzó el presente trabajo, una investigación y un aporte más a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, que brinda una visión de conjunto sobre la situación actual y el pasado de la comunidad afrocubana en sus 120 páginas de extensión.Por Omer Freixa
Resulta interesante remarcar la importancia de un estudio de estas características en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) bajo el cual, a través de la consigna “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, los Estados tienen la obligación de mejorar las condiciones de vida y acabar con los prejuicios y toda forma de racismo, en una palabra garantizar derechos para la asunción de una ciudadanía plena. Lo anterior excede Cuba, pues en América Latina y el Caribe la población afrodescendiente es de unos 150 millones de personas, entre el 15% y el 30% del total.
Con un punteo numérico, dispuesto en forma de párrafos no muy extensos, para exponer el contenido (205 items), organizado en cuatro secciones y un anexo, el trabajo es de lectura amena y rápida, sin perder rigurosidad por lo anterior. A continuación, cada cita expuesta alude primero a la página y luego al punto en cuestión del contenido.
El informe evidencia tres problemas de base que sufre la población afrocubana: i) la marginalidad estructural, ii) las múltiples expresiones de desigualdad racial y iii) la violación a los derechos humanos, esta última común a otros grupos sociales, y que también sufre el CIR, como la represión a diversas organizaciones de la sociedad civil. Por último, se agrega la negación por parte del Estado a reconocer atropellos de toda laya que fundamenta un obstáculo para las organizaciones civiles anti-racistas. Si desde la perspectiva estatal el racismo no existe, entonces dichas organizaciones no tienen razón de ser y su presencia es molesta para el Estado, lo que habilita criminalización y represión (p. 29, 17). Asimismo, La Habana niega las desigualdades raciales pues, desde la óptica revolucionaria, a partir de 1959 desapareció el racismo (p. 11, 12) y entiende todos los logros hacia la mejora de la población afro producto del gobierno, minimizando u olvidando algunos avances anteriores. Sin embargo, comparativamente el colectivo afrocubano resulta siempre el más desprotegido y vulnerable. El informe ilustra esas injusticias con copiosos datos.
El CIR, con el presente escrito, busca que el Estado cubano atienda a sus demandas y repare en sus denuncias. “Que se cumplan las recomendaciones hechas por el CERD” (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, por su sigla en inglés, ONU), entre otras sugerencias. Parece ser una meta difícil pues, por ejemplo, la vigilia y el acoso por parte de las fuerzas de seguridad del régimen, con el riesgo latente de deportación (entre otras amenazas), no impidieron que el trabajo fuera realizado y publicado tras un año de labor.
En la metodología y las fuentes para el armado del contenido, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, el CIR apeló a testimonios directos en casos de 145 violaciones a derechos humanos de personas afrocubanas, actividades de trabajo comunitario en comunidades marginales, donde habita población afrocubana, y a reuniones con activistas y comunidades. Al tener la organización alcance en todo el país, la información provista es muy completa.
Racismo y discriminación
Como señala el estudio, si bien el artículo 42 de la Constitución cubana indica que la discriminación racial (entre otras) está prohibida, no obstante la población afrocubana es discriminada a diario por su color de piel. En la sociedad cubana, su población de origen africano es claramente la más vulnerada en lo que respecta a derechos humanos. En algún modo, la Revolución Cubana enseñó a la población afrocubana que sus individuos debían estarle “eternamente agradecidos” y la insistencia con el slogan “La Revolución hizo a los negros personas” (p. 12, 17), pero se trata del grupo más vulnerable.
Otra forma del racismo es la invisibilidad estadística del colectivo (pp. 24-25, 49 a 52) ya que, en su último informe al CERD (2013) la población “negra” en la isla es solo el 9,3%, pero el color de la piel puede ser una categoría muy engañosa. Gente de rasgos fenotípicos más claros, pero que dista de ser blanca, no obstante fueron catalogados en la posición mestiza (26,7%). Al final, la medición resulta en un engrandecimiento (irreal) de la categoría blanco (64,1%). Sin embargo, hay regiones (provincias, municipios) con una alta concentración afro (p. 29, 56 y 57).
También el estudio denuncia la resistencia del Estado cubano a aceptar plenamente los compromisos internacionales (p. 15, 23) y, en particular, las implicaciones de compromisos frente al CERD.
Economía, marginalidad, justicia y otras vulneraciones
Varios indicadores económicos apuntan a visualizar que la situación afrocubana es peor que la de otros grupos y que las reformas económicas no han hecho más que “racializar” y profundizar las diferencias socioeconómicas. Por caso, la inversión extranjera en infraestructura de turismo excluye a los mismos cubanos de nuevas fuentes de empleo, afectando en particular a personas afrocubanas. En otro tema, la calidad de vida de estas últimas se ha deteriorado por la existencia de dos monedas, el peso cubano (CUP) frente al peso cubano convertible (CUC). El Período Especial, de cambio tras el fin del sostén soviético al régimen, dejó como legado una población afrocubana con menos posibilidades para el disfrute de una mayor calidad de vida (pp. 21-22, 43 a 45). Ante la falta de respuesta estatal, esta gente se halla sub-representada en la economía emergente y no es solo un condicionamiento económico, también se relaciona con patrones estéticos hegemónicos (p. 35, 62).
La marginalidad incide en condiciones habitacionales deficientes, en donde parte del colectivo se vio desplazado y ocupa asentamientos marginales. El acceso a condiciones aceptables de salud no es reconocido y en educación hay un gran letargo (p. 38, 71 y 72). En materia de libertad de expresión y opinión, la situación del colectivo es comprometida como la de gran parte de la sociedad civil. El acoso a periodistas es marcado, y particularmente a afrocubanos por su condición, sumándose expresiones racistas (p. 44, 86) así como la confiscación de medios de trabajo, la restricción sobre cobertura de eventos importantes y la invisibilización de tratamiento mediático sobre temática racial (pp. 40-42, 76, 78, 79 y 82).
En cuanto al derecho de circulación y la residencia, el informe atestigua que la restricción al primero tiene un impacto particular sobre la población afrocubana, a la vez que es negado sistemáticamente a toda la sociedad. Por medio de un corpus normativo se ha violentado el derecho a residir normalmente en ciertos municipios de La Habana y, en general, la deportación a quien más afecta es a miembros afrocubanos. En particular la migración del oriente isleño a La Habana, por caso, es muy pronunciada, en su mayoría afro, y las autoridades están muy pendientes de ese movimiento. Obstáculos similares se interponen a la libre asociación (pp. 48-53, 96-112). Por ejemplo, desde el inicio de la Revolución se han eliminado cientos de “sociedades de color” (existentes desde la era colonial) y hay efectos diferenciales sobre organizaciones afrocubanas al momento de reunirse. En general, el informe señala que el Estado cubano no garantiza los derechos laborales que debiera proteger por compromisos internacionales y, para el caso afro, el derecho a sindicalizarse es violado de forma sistemática más que nada en la forma en se criminaliza el sindicalismo (p. 58, 123, 135 y 136).
La justicia es una cuenta pendiente. Las detenciones arbitrarias y confiscaciones de elementos de trabajo sin orden judicial a activistas, vinculados a organizaciones con trabajo de temática racial, son incesantes (p. 66, 145 y 148). En muchos casos la criminalización de activistas se efectúa con aplicación indebida de figuras delictivas y no se respeta el habeas corpus ni el derecho a defensa (pp. 67-68, 151-153). En cuanto a la situación de la mujer, el estudio informa que, si hay situaciones que pesan sobre hombres afrocubanos, en el caso de ellas son más dramáticas, como marginalidad y deficientes condiciones habitacionales, entre otras. El Código Penal cubano no tipifica como delitos la violencia doméstica y de género, ni tampoco se ha adoptado una definición jurídica general de todas las formas de discriminación hacia las mujeres (p. 70, 160-161). Asimismo, la estadística producida sobre situaciones de violencia hacia ellas es nula (p. 71, 164).
¿Qué hacer?
El informe del CIR es contundente. Evidencia que el gobierno cubano, frente a la situación del colectivo afro, ofrece respuestas institucionales marginales y/o inadecuadas. Desde 1959 continúa negando y/o minimizando desigualdades raciales estructurales (p. 75, 170-171) que redundan en una situación de marginalidad para amplios sectores afrocubanos, la cual no se puede conocer con exactitud a falta de estadísticas adecuadas, entre otros puntos problemáticos.
A más de 60 años de iniciado el proceso revolucionario, al evaluar el contenido del informe, la propaganda oficial hace agua en el argumento de que “La Revolución hizo a los negros personas”. Las recomendaciones del estudio tienden a que ese leitmotiv revolucionario se cumpla: cesar la represión contra el activismo, reconocer organizaciones de la sociedad civil independientes anti-racismo, el cumplimiento de compromisos asumidos internacionalmente, etc. También las recomendaciones se extienden a Naciones Unidas (pp. 84-85, 199-202) y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (p. 85, 203-205). Porque como sostiene el refrán “El que no tiene de congo tiene de carabalí”. Se trata de reafirmar las raíces afro de la población isleña como forma de dignificar al tan menospreciado “otro”. Los responsables del estudio asumen que el gobierno debería dejar de enaltecer la propaganda y, al contrario, enfrentar seriamente la situación de una parte de la población cubana cuasi excluida.
Omer FreixaConsejero ConsultivoMagíster en Diversidad Cultural y especialista en estudios afroamericanos por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Licenciado y profesor en Historia, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Investigador, docente y escritor. Autor del sitio web www.omerfreixa.com.ar. Colaborador freelance en sitios locales y españoles.
Resulta interesante remarcar la importancia de un estudio de estas características en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) bajo el cual, a través de la consigna “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, los Estados tienen la obligación de mejorar las condiciones de vida y acabar con los prejuicios y toda forma de racismo, en una palabra garantizar derechos para la asunción de una ciudadanía plena. Lo anterior excede Cuba, pues en América Latina y el Caribe la población afrodescendiente es de unos 150 millones de personas, entre el 15% y el 30% del total.
Con un punteo numérico, dispuesto en forma de párrafos no muy extensos, para exponer el contenido (205 items), organizado en cuatro secciones y un anexo, el trabajo es de lectura amena y rápida, sin perder rigurosidad por lo anterior. A continuación, cada cita expuesta alude primero a la página y luego al punto en cuestión del contenido.
El informe evidencia tres problemas de base que sufre la población afrocubana: i) la marginalidad estructural, ii) las múltiples expresiones de desigualdad racial y iii) la violación a los derechos humanos, esta última común a otros grupos sociales, y que también sufre el CIR, como la represión a diversas organizaciones de la sociedad civil. Por último, se agrega la negación por parte del Estado a reconocer atropellos de toda laya que fundamenta un obstáculo para las organizaciones civiles anti-racistas. Si desde la perspectiva estatal el racismo no existe, entonces dichas organizaciones no tienen razón de ser y su presencia es molesta para el Estado, lo que habilita criminalización y represión (p. 29, 17). Asimismo, La Habana niega las desigualdades raciales pues, desde la óptica revolucionaria, a partir de 1959 desapareció el racismo (p. 11, 12) y entiende todos los logros hacia la mejora de la población afro producto del gobierno, minimizando u olvidando algunos avances anteriores. Sin embargo, comparativamente el colectivo afrocubano resulta siempre el más desprotegido y vulnerable. El informe ilustra esas injusticias con copiosos datos.
El CIR, con el presente escrito, busca que el Estado cubano atienda a sus demandas y repare en sus denuncias. “Que se cumplan las recomendaciones hechas por el CERD” (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, por su sigla en inglés, ONU), entre otras sugerencias. Parece ser una meta difícil pues, por ejemplo, la vigilia y el acoso por parte de las fuerzas de seguridad del régimen, con el riesgo latente de deportación (entre otras amenazas), no impidieron que el trabajo fuera realizado y publicado tras un año de labor.
En la metodología y las fuentes para el armado del contenido, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, el CIR apeló a testimonios directos en casos de 145 violaciones a derechos humanos de personas afrocubanas, actividades de trabajo comunitario en comunidades marginales, donde habita población afrocubana, y a reuniones con activistas y comunidades. Al tener la organización alcance en todo el país, la información provista es muy completa.
Racismo y discriminación
Como señala el estudio, si bien el artículo 42 de la Constitución cubana indica que la discriminación racial (entre otras) está prohibida, no obstante la población afrocubana es discriminada a diario por su color de piel. En la sociedad cubana, su población de origen africano es claramente la más vulnerada en lo que respecta a derechos humanos. En algún modo, la Revolución Cubana enseñó a la población afrocubana que sus individuos debían estarle “eternamente agradecidos” y la insistencia con el slogan “La Revolución hizo a los negros personas” (p. 12, 17), pero se trata del grupo más vulnerable.
Otra forma del racismo es la invisibilidad estadística del colectivo (pp. 24-25, 49 a 52) ya que, en su último informe al CERD (2013) la población “negra” en la isla es solo el 9,3%, pero el color de la piel puede ser una categoría muy engañosa. Gente de rasgos fenotípicos más claros, pero que dista de ser blanca, no obstante fueron catalogados en la posición mestiza (26,7%). Al final, la medición resulta en un engrandecimiento (irreal) de la categoría blanco (64,1%). Sin embargo, hay regiones (provincias, municipios) con una alta concentración afro (p. 29, 56 y 57).
También el estudio denuncia la resistencia del Estado cubano a aceptar plenamente los compromisos internacionales (p. 15, 23) y, en particular, las implicaciones de compromisos frente al CERD.
Economía, marginalidad, justicia y otras vulneraciones
Varios indicadores económicos apuntan a visualizar que la situación afrocubana es peor que la de otros grupos y que las reformas económicas no han hecho más que “racializar” y profundizar las diferencias socioeconómicas. Por caso, la inversión extranjera en infraestructura de turismo excluye a los mismos cubanos de nuevas fuentes de empleo, afectando en particular a personas afrocubanas. En otro tema, la calidad de vida de estas últimas se ha deteriorado por la existencia de dos monedas, el peso cubano (CUP) frente al peso cubano convertible (CUC). El Período Especial, de cambio tras el fin del sostén soviético al régimen, dejó como legado una población afrocubana con menos posibilidades para el disfrute de una mayor calidad de vida (pp. 21-22, 43 a 45). Ante la falta de respuesta estatal, esta gente se halla sub-representada en la economía emergente y no es solo un condicionamiento económico, también se relaciona con patrones estéticos hegemónicos (p. 35, 62).
La marginalidad incide en condiciones habitacionales deficientes, en donde parte del colectivo se vio desplazado y ocupa asentamientos marginales. El acceso a condiciones aceptables de salud no es reconocido y en educación hay un gran letargo (p. 38, 71 y 72). En materia de libertad de expresión y opinión, la situación del colectivo es comprometida como la de gran parte de la sociedad civil. El acoso a periodistas es marcado, y particularmente a afrocubanos por su condición, sumándose expresiones racistas (p. 44, 86) así como la confiscación de medios de trabajo, la restricción sobre cobertura de eventos importantes y la invisibilización de tratamiento mediático sobre temática racial (pp. 40-42, 76, 78, 79 y 82).
En cuanto al derecho de circulación y la residencia, el informe atestigua que la restricción al primero tiene un impacto particular sobre la población afrocubana, a la vez que es negado sistemáticamente a toda la sociedad. Por medio de un corpus normativo se ha violentado el derecho a residir normalmente en ciertos municipios de La Habana y, en general, la deportación a quien más afecta es a miembros afrocubanos. En particular la migración del oriente isleño a La Habana, por caso, es muy pronunciada, en su mayoría afro, y las autoridades están muy pendientes de ese movimiento. Obstáculos similares se interponen a la libre asociación (pp. 48-53, 96-112). Por ejemplo, desde el inicio de la Revolución se han eliminado cientos de “sociedades de color” (existentes desde la era colonial) y hay efectos diferenciales sobre organizaciones afrocubanas al momento de reunirse. En general, el informe señala que el Estado cubano no garantiza los derechos laborales que debiera proteger por compromisos internacionales y, para el caso afro, el derecho a sindicalizarse es violado de forma sistemática más que nada en la forma en se criminaliza el sindicalismo (p. 58, 123, 135 y 136).
La justicia es una cuenta pendiente. Las detenciones arbitrarias y confiscaciones de elementos de trabajo sin orden judicial a activistas, vinculados a organizaciones con trabajo de temática racial, son incesantes (p. 66, 145 y 148). En muchos casos la criminalización de activistas se efectúa con aplicación indebida de figuras delictivas y no se respeta el habeas corpus ni el derecho a defensa (pp. 67-68, 151-153). En cuanto a la situación de la mujer, el estudio informa que, si hay situaciones que pesan sobre hombres afrocubanos, en el caso de ellas son más dramáticas, como marginalidad y deficientes condiciones habitacionales, entre otras. El Código Penal cubano no tipifica como delitos la violencia doméstica y de género, ni tampoco se ha adoptado una definición jurídica general de todas las formas de discriminación hacia las mujeres (p. 70, 160-161). Asimismo, la estadística producida sobre situaciones de violencia hacia ellas es nula (p. 71, 164).
¿Qué hacer?
El informe del CIR es contundente. Evidencia que el gobierno cubano, frente a la situación del colectivo afro, ofrece respuestas institucionales marginales y/o inadecuadas. Desde 1959 continúa negando y/o minimizando desigualdades raciales estructurales (p. 75, 170-171) que redundan en una situación de marginalidad para amplios sectores afrocubanos, la cual no se puede conocer con exactitud a falta de estadísticas adecuadas, entre otros puntos problemáticos.
A más de 60 años de iniciado el proceso revolucionario, al evaluar el contenido del informe, la propaganda oficial hace agua en el argumento de que “La Revolución hizo a los negros personas”. Las recomendaciones del estudio tienden a que ese leitmotiv revolucionario se cumpla: cesar la represión contra el activismo, reconocer organizaciones de la sociedad civil independientes anti-racismo, el cumplimiento de compromisos asumidos internacionalmente, etc. También las recomendaciones se extienden a Naciones Unidas (pp. 84-85, 199-202) y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (p. 85, 203-205). Porque como sostiene el refrán “El que no tiene de congo tiene de carabalí”. Se trata de reafirmar las raíces afro de la población isleña como forma de dignificar al tan menospreciado “otro”. Los responsables del estudio asumen que el gobierno debería dejar de enaltecer la propaganda y, al contrario, enfrentar seriamente la situación de una parte de la población cubana cuasi excluida.
