La causa más profunda del éxodo hay que buscarla en la acelerada pauperización de la vida cubana, la represión que no cesa, la crónica falta de oportunidades y un entorno –tanto nacional como internacional— cada vez más crítico.

Por Eduardo Ulibarri

En todo proceso migratorio generalmente interactúan tres elementos macro: el país de origen, que por diversas razones expulsa población; el de destino, que la atrae, y el o los países de tránsito. En este caso, se trata, en el mismo orden, de Cuba, Estados Unidos, y todos los que, a partir de Ecuador, punto de llegada desde la isla, son ruta hacia la meta.

No cabe duda de que, además de su atracción generalizada, Estados Unidos ha puesto en práctica decisiones que facilitan la migración cubana. Por un lado, gracias a acuerdos con La Habana en 1994 y 1995, Washington se comprometió a aceptar anualmente, de manera legal, a 20.000 cubanos, y a devolver a los que interceptara en el intento de alcanzar sus costas. A la vez, de manera unilateral, adoptó la llamada política de “pies mojados-pies secos”, según la cual los cubanos que ingresen a su territorio tienen derecho, según lo establecido por la “Ley de ajuste cubano” de 1966, a tramitar residencia permanente.

El régimen de los Castro, que siempre transfiere a otros sus fracasos, culpa a esa política por la crisis migratoria en curso, elude su responsabilidad en ella y desconoce el deber de proteger a sus migrantes. Su actitud no solo es inaceptable, sino fácilmente refutable.

Si esta oleada fuera culpa estadounidense, debió haberse producido desde que la política “pies mojados-pies secos” entró en vigencia. Sin embargo, en las dos décadas que han transcurrido desde entonces, el ingreso ilegal de cubanos a Estados Unidos, ya sea por mar (estrecho de la Florida) o tierra (México), rondó en un promedio anual de 5.000. ¿Por qué se multiplicó por diez en los últimos doce meses, cuando solo por la frontera mexicana ingresaron 45.000? La respuesta hay que buscarla en hechos recientes, vinculados con la naturaleza y desempeño del régimen cubano.

Desde que comenzó el proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana, surgió el rumor de que la política de “pies mojados-pies secos” llegaría pronto a su fin. Para una población experta en desconfianza, de nada han valido las garantías oficiales en sentido contrario. Como consecuencia, muchos cubanos han decidido arriesgarse a salir ilegalmente lo antes posible, ante la expectativa de que se cerrarán las puertas de Estados Unidos. Es decir, no es la política actual, sino el temor a que desaparezca, una de las razones del flujo.

Sin embargo, existen muchas otras razones que explican la crisis.

En 2013, como parte de sus tímidas y desarticuladas medidas reformistas, el gobierno cubano eliminó los permisos gubernamentales previos para viajar al exterior. Meses después, Ecuador, aliado de Cuba, eliminó las visas a los cubanos. Se abrió así una vía fácil para convertir a Quito en el punto de arranque de la nueva ruta terrestre, algo que el régimen, lejos de desestimular, incentivó, quizá como válvula de escape y mecanismo de presión sobre Estados Unidos.

Pero la causa más profunda del éxodo hay que buscarla en la acelerada pauperización de la vida cubana, la represión que no cesa, la crónica falta de oportunidades y un entorno –tanto nacional como internacional— cada vez más crítico.

La pregonada “reforma” económica interna, parcial y homeopática, está lejos de ser un plan coherente para generar mayor producción, promover el crecimiento y estimular el bienestar general. Más bien, es una colección de parches desarticulados con efectos colaterales imprevistos, como los generados cuando se permitió la venta libre de vehículos y casas a los particulares, antes controlada por el Estado. En otras circunstancias, esta medida pudo ser un componente más en el camino hacia una economía de mercado, capaz de introducir algún tímido dinamismo en la economía. En el contexto cubano, para mucha gente se convirtió en fuente para financiar su éxodo vía Quito y pagar a los coyotes. Así, un componente de las fallidas reformas terminó convertido en estímulo a la ilegalidad migratoria.

Todo esto ocurre mientras el deterioro se acreciente y no existen opciones de salida a corto plazo.

La caída vertical en los precios del petróleo ya había hecho que Venezuela, principal fuente de apoyo financiero externo, comenzara a reducir las transferencias. Su cercano colapso económico y el parlamento controlado por la oposición harán aún más difícil mantener los subsidios a Cuba, y no se puede descartar que, a corto plazo, desaparezcan en su totalidad.

A tan oscuros nubarrones se añaden la caída en los precios del niquel –uno de los principales productos cubanos de exportación—, la falta de resultados de los tímidos cambios internos, la crisis económica de Rusia, la desaceleración de China, el descalabro político y económico de Brasil, el fin de la era Kirchner-Fernández en Argentina, y la imposibilidad de que una recuperación del turismo sea la válvula de salvación.

Todo esto lo saben y padecen los cubanos, y se ha convertido en un poderoso factor que empuja el éxodo masivo. Y como no hay indicios de

mejora en los factores generadores de migración, la única forma de frenarla será si el régimen restituye los controles de salida, Ecuador cierra totalmente sus fronteras y los países de tránsito optan por deportar a cualquier cubano que ingrese ilegalmente.

Es una posibilidad. Sin embargo, dejaría más al desnudo el fracaso del régimen y podría exacerbar tensiones sociales que se vuelvan en su contra.

En el fondo, la crisis migratoria cubana es un reflejo más de la crisis del sistema. Y solo cuando este cambie podrá esperarse una solución estable.

Eduardo Ulibarri Bilbao es periodista y diplomático. Fue Embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas entre 2010 y 2014. Es miembro del Consejo Consultivo de CADAL.

Este artículo es un resumen del originalmente publicado en la edición N°13 del Diálogo Latino Cubano.

Eduardo Ulibarri

Consejero Académico

Catedrático universitario y columnista del diario La Nación, de Costa Rica, del cual fue director entre 1982 y 2003. Entre agosto de 2010 y junio de 2014 sirvió como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Autor de libros sobre periodismo y temas de actualidad, es catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) entre 2005 y 2010; presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (1991-1994), y miembro de la directiva (1989-2002) y del consejo consultivo (desde 2002) del International Center for Journalists, Washington, D.C. Actualmente forma parte de la junta directiva de Aldesa Corporación de Inversiones y es miembro del Comité de Programas de la Fundación CRUSA. Ha recibido la Medalla por Servicios Distinguidos en Periodismo de la Universidad de Missouri, en 1989; el premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia (Nueva York), en 1996, y el Premio Nacional de Periodismo de Costa Rica, en 1999. Estudió en las universidades de Costa Rica (licenciatura en Comunicación, 1974), Missouri (maestría en Periodismo, 1976) y Harvard (Niemann Fellow, 1988).