Otro golpe a la independencia de la justicia

No cuestionamos el contenido en el marco de la libertad de opinión que todas las personas tienen, lo repudiable es que el Ministro de Justicia y la Interventora en la AFI, ambos funcionarios que dependen directamente del Presidente de la Nación, organicen un congreso para ejercer presión en las causas judiciales actualmente en trámite ante la Justicia Federal, que involucran a la vicepresidenta y otros funcionarios y ex funcionarios, con la participación de abogados de los imputados que actúan en esas mismas causas.

Las organizaciones firmantes, que integran la RED de ENTIDADES por la JUSTICIA INDEPENDIENTE en ARGENTINA (REJIA), rechazamos en forma enérgica el nuevo ataque a la independencia de los jueces que intenta el Poder Ejecutivo, con la organización de la conferencia sobre  “Lawfare” en Argentina y Latinoamérica.

El Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y la Sra. Interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ambos funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, organizan y financian dicha conferencia, que tiene lugar en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). 

Según se anuncia, en ella tratarán temas tales como “Los efectos de la criminalización de la política”, mesa que será coordinada por el abogado Maximiliano Rusconi, actual defensor de Julio De Vido y ex defensor de Lázaro Baez y Diego Lagomarsino; y Marcos Aldazabal, defensor del viceministro de Justicia Juan Martín Mena; y el “Lawfare y la administración de Justicia”, mesa que será coordinada por la misma Cristina Caamaño y otras dos integrantes de Justicia Legítima.

También habrá una charla destinada a tratar sobre la “Persecución judicial, garantías penales y opinión pública: un análisis sobre las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner durante el periodo 2015-2019”. Y otros temas como la causa de dólar futuro contra Cristina Fernández de Kirchner; “Los medios hegemónicos y la causa AMIA: Instrumentos del lawfare” y otro sobre “La construcción de sentidos del diario La Nación en el caso de Amado Boudou”. Finalmente no faltarán charlas sobre el caso “Qunita”, la muerte del fiscal federal Alberto Nisman y otras causas en que la vicepresidenta de la Nación fue absuelta. 

Entiéndase bien, no cuestionamos el contenido en el marco de la libertad de opinión que todas las personas tienen, lo repudiable es que el Ministro de Justicia y la Interventora en la AFI, ambos funcionarios que dependen directamente del Presidente de la Nación, organicen un congreso para ejercer presión en las causas judiciales actualmente en trámite ante la Justicia Federal, que involucran a la vicepresidenta y otros funcionarios y ex funcionarios, con la participación de abogados de los imputados que actúan en esas mismas causas.

En línea con tal dislate, el senador nacional Oscar Parrilli y la diputada Fernanda Vallejo anuncian la presentación ante el Parlasur de un proyecto para que se revisen las condenas judiciales y se castigue a los jueces que las dicten. El mismo proyecto es impulsado también por Rusconi y por Alejandra Minicelli, esposa de Julio De Vido. Esta iniciativa importa una revisión inconstitucional de decisiones tomadas por los jueces naturales de nuestro país, al solo efecto de amedrentarlos.

Camaaño también sostuvo que “Tenemos todavía presos políticos por lo que necesitamos que se depure la justicia”; y que los jueces “están empatizando con el establishment, no con lo popular, quieren ser como la derecha, son de derecha de hecho”. A partir de estas afirmaciones es dudosa su idoneidad para desempeñarse como Jefa del organismo de inteligencia de Argentina.

Por su parte la diputada nacional Fernanda Vallejos describió al lawfare como emparentado con los “golpes blandos”, en reemplazo de los golpes militares. Dijo: “Hoy son las cortes y los juzgados como antes los cuarteles donde se ponen en marcha los golpes, se trata de los mismos actores que buscan impedir el avance de los proyectos emancipatorios”.

El artículo 109 de la Constitución Nacional determina que: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. 

No obstante, el “congreso” mencionado revela el inocultable propósito del Poder Ejecutivo de inmiscuirse e incidir en dichas causas pendientes, en las que además son imputados miembros del gobierno, y así anoticiar a los jueces que las instruyen que cualquier acusación contra la ex presidenta y demás funcionarios sería “lawfare”, una rémora de los golpes militares, un “delito” de los jueces, un mecanismo de dominación imperial, un golpe de estado blando.

Apoyamos la independencia de los jueces y fiscales reivindicando las bases constitucionales que establecen la división de los poderes como pilar fundamental de nuestra República, y pedimos que cesen de inmediato estas intervenciones ilegítimas del gobierno de turno en las causas judiciales en trámite.

- ACCION CONJUNTA REPUBLICANA: María Robertson

- ASOCIACION CIVIL RIO PARANA: Alberto Cohan

- COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: Alberto Garay

- CONTADORES FORENSES ONG: Alfredo Popritkin

- FORES – FORO DE ESTUDIOS SOBRE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: Alfredo Vítolo

- CADAL: Sybil Rhodes

- INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE DERECHO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: Roberto Ulliarte.

- JUBI-JUECES: Luis Herrero

- JUSTA CAUSA ONG: Luis Cevasco

- PROFESORES REPUBLICANOS: Guillermo Mizraji

- SERA JUSTICIA ASOCIACION CIVIL: Raul Aguirre Saravia

- USINA DE JUSTICIIA ASOCIACION CIVIL: Diana Cohen Agrest

- PROF. Dr. DANIEL SABSAY.