El Informe publicado por CADAL reconoce «la falta de adhesión o ratificación de tratados, la inobservancia de recomendaciones realizadas por los distintos actores del sistema, la falta de presentación a término de los informes que le competen, y la negativa a extender una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.» La sociedad civil cubana ha reclamado desde hace décadas y muy especialmente desde el «Espacio abierto de la sociedad civil» que formado por la mayoría de los grupos y personas del tejido cívico independiente cubano logró consensuar cuatro puntos entre los cuales está «la ratificación de los Pactos de Derechos civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales».

Por Dagoberto Valdés Hernández

Teniendo en cuenta que los estándares internacionales acerca de la dignidad de la persona humana y la búsqueda del bien común, centro de la misión de la política, son los Derechos Humanos (DD.HH.) contenidos en la Declaración Universal de 1948 y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos aprobados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), resulta de primera importancia que cada país y la entera comunidad internacional trabajen mancomunadamente para educar, promover, observar y evaluar el respeto de todos los Derechos Humanos para todos los ciudadanos sin discriminación ni trabas de ninguna índole.

Para garantizar que ese objetivo se implemente y cumpla cada vez con mayor eficacia e inclusión, las Naciones Unidas ha establecido, con la anuencia de sus miembros, un Sistema Universal de Derechos Humanos a través del cual cada nación debe colaborar con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en aquellos mecanismos que garantizan un avance real y global en el respeto, promoción y revisión periódica de la observancia de los Derechos Humanos en la vida cotidiana de cada país.

Cuba forma parte y es miembro fundador de la ONU y su representante Guy Pérez Cisneros tuvo el honor de ser elegido para presentar la Declaración Universal de Derechos Humanos para ser votada en la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948, habiendo participado activamente en la redacción del borrador de Declaración.

Cuba ha firmado un grupo significativo de los Pactos Internacionales de DD.HH. Sin embargo no ha ratificado los relativos a los Derechos Civiles y Políticos y a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Dos abogados graduados por la Universidad de Buenos Aires especializados en la protección y exámenes periódicos de Derechos Humanos, el Dr. Brian Schapira y la Dra. Roxana Perel, han escrito para el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) un extenso informe sobre “La falta de compromiso de Cuba con el Sistema Universal de Derechos Humanos”.

Los autores, eminentes letrados especializados en el tema de los DD.HH., resumen el informe de 65 páginas en la siguiente observación:

“El gobierno de Cuba ha demostrado de forma consistente e inalterada hasta el presente, que su voluntad de cooperación es escasa, relativa y tiene límites claros preestablecidos por sí misma, puesto que acepta parcialmente algunos de los resortes de los mecanismos de derechos humanos y no se compromete con otros”.

Nuestra aspiración es que haya una cooperación amplia, de principios, sin relativismo moral y solo con los límites que respetan la libertad de cada persona y la primacía de su dignidad.

El Informe publicado por CADAL en su sitio web reconoce también “la falta de adhesión o ratificación de tratados, la inobservancia de recomendaciones realizadas por los distintos actores del sistema, la falta de presentación a término de los informes que le competen, y la negativa a extender una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.”

La sociedad civil cubana ha reclamado desde hace décadas y muy especialmente desde el “Espacio abierto de la sociedad civil” que formado por la mayoría de los grupos y personas del tejido cívico independiente cubano logró consensuar cuatro puntos entre los cuales está “la ratificación de los Pactos de Derechos civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales” que Cuba firmó pero que no ha ratificado para hacerlos vinculantes y para que sean fuente de interpretación de la legislación cubana.

El Informe consta de una Introducción, unas conclusiones y seis capítulos que tienen como objetivo ir evaluando el grado de colaboración de Cuba en los diferentes aspectos del sistema de Derechos Humanos establecido por la ONU y que Cuba ha reconocido. Esas secciones del Informe son:

A. Las contradicciones en la declamada voluntad de Cuba de participar y colaborar en el Consejo de Derechos Humanos de ONU: Promesas y compromisos en la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos para el período 2017/2019, Promesas y compromisos en la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos para el período 2021/2023 y Promesas y Compromisos incumplidos.

En este primer epígrafe se evalúa detalladamente las contradicciones en cada caso en que las promesas y compromisos de Cuba se han incumplido a pesar de que, en cada uno de los discursos y declaraciones de la representación cubana en Ginebra y en la Asamblea General, Cuba ha asegura su voluntad política de colaborar con el Consejo de Derechos Humanos pero su argumentación para tener una participación parcial y relativista es que, según su criterio, las denuncias y reclamos de la comunidad internacional a los violadores sistemáticos de los DD.HH. se han politizado y actúan con un doble rasero y para ello se basa en la concepción de los regímenes autoritarios y totalitarios de que ambos sistema o modelos políticos, es decir la democracia y las autocracias o autoritarismos son igualmente legítimos e idénticos en la calidad de sus regímenes de gobierno, por lo que la crítica a la falta de libertades en estos últimos es considerado una parcialización política de parte.

El problema de base en esta posición es la pretensión de equiparar dos sistemas radicalmente diferentes y éticamente contradictorios debido a que uno, la democracia a pesar de sus deficiencias, intenta respetar la dignidad primacial de la persona humana y crea instituciones que garantice no solo el ejercicio de las libertades inherentes a esa dignidad sino que también tienen como objetivo el desarrollo humano integral.

El segundo epígrafe desarrolla este análisis:

B. La falta de compromiso en la cooperación de Cuba con el sistema internacional por no colaborar con los «Procedimientos Especiales», no ser parte de los tratados más relevantes y otros serios señalamientos.

En este apartado se evalúa el impacto de los señalamientos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la permanente negativa a colaborar con los procedimientos especiales y la falta de colaboración con dichos mandatos. Así como el análisis de las opiniones que Cuba vierte ante las observaciones recibidas en los tres ciclos del Examen Periódico Universal.

También se consideran las temáticas más rechazadas por las autoridades cubanas y la indiferencia ante los mandatos de las visitas no deseadas. Sin embargo se destaca, de igual forma la selectividad del gobierno de Cuba con relación a los procedimientos especiales, aceptando algunos y rechazando o ignorando otros, violando de esta forma el carácter indisoluble e integral de todos los derechos humanos.

En nuestra opinión, el problema de base de las concepciones del gobierno de Cuba ante lo estudiado en este epígrafe es su postura de que se pueden desconocer o violar una parte de los derechos y libertades con el pretexto de garantizar por lo menos teóricamente otros derechos como el de la salud, la educación, la cultura, etc.

Los tres siguientes epígrafes abordan irrespetos, violaciones y señalamientos hechos a Cuba por los organismos especializados y por algunas organizaciones de la sociedad civil global:

C. Principales señalamientos de los órganos de tratados y la falta de compromiso de Cuba: Se refiere su negativa a ser parte de procedimientos individuales y de investigación y presentaciones tardías de respuestas a Listas de Cuestiones (LOIS) en los tratados en los que es parte. Además se relatan las principales Observaciones realizadas por los Órganos de Tratado de los cuales Cuba es parte, y su actitud reticente, como son los comités contra la tortura, la desaparición forzada, la discriminación contra la mujer, la eliminación de la discriminación racial, el respeto a los derechos del niño y de los derechos de las personas con discapacidad.

El problema de fondo de estas actitudes reticentes, en mi opinión es el doble rasero que justifica algunas de estas violaciones como autodefensas del régimen político y la actitud enarbolada de “plaza sitiada”, al mismo tiempo que lo cataloga como fake news y parte de una “guerra mediática”. 

D. Las recomendaciones efectuadas en el 3er ciclo del Examen Periódico

Universal 16 de mayo de 2018. En este cuarto epígrafe se hace un valioso compendio de las recomendaciones que se le hizo a Cuba en su más reciente examen periódico. Este compendio de señalamientos incluye: La recopilación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), las recomendaciones realizadas en el 3er ciclo del Examen Periódico Universal y las reacciones de Cuba durante el ejercicio evaluativo, así como los tres tipos de recomendaciones en dependencia de la posición tomada por el gobierno de Cuba: las rechazadas, aquellas de las que el gobierno de Cuba «tomó nota» y las recomendaciones que cuentan con el apoyo del gobierno de Cuba.

El problema de fondo que refleja este aspecto de la evaluación es la selectividad con que las autoridades cubanas tratan al conjunto de Derechos Humanos.

E. Los señalamientos de las más reconocidas organizaciones de la sociedad civil defensoras de DDHH. En este quinto epígrafe se le da voz a la sociedad civil global, representada por los señalamientos de Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la performance de Cuba según algunos índices de respeto a las Libertades.     

El problema de fondo, en mi opinión, es el concepto de sociedad civil que Cuba maneja y que considera a estas organizaciones globales como manipuladas por las grandes potencias, mientras que, contra los estándares mundialmente reconocidos por políticos, académicos y la mismas organizaciones del tejido social, tratan a las “organizaciones de masas” cubanas como la auténtica sociedad civil cuando en realidad son correas de transmisión del Partido y el Gobierno cubano.

Una consideración especial merece el último epígrafe del Informe Schapira-Perel que no quisieron terminar su informe sin hacer una mención al nuevo texto constitucional: F. Acerca de la nueva Constitución de Cuba: Este acápite podría enriquecerse con un estudio más abarcador y detallado que considere otros diversos aportes al debate del borrador constitucional y las numerosas y medulares propuestas que no fueron tenidas en cuenta.

Recomiendo la lectura y el debate de este Informe que por su profesionalidad, minuciosidad y veracidad pudiera servir de referencia, junto con otros que han realizado algunas organizaciones y observatorios de Derechos Humanos, con vistas a darle seguimiento y evaluación a las posiciones de Cuba frente a los mecanismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, examen reconocido y valiosa para poder hacer un análisis ponderado y objetivo acerca de la realidad de Cuba y cada uno de los ciudadanos cubanos.

Dagoberto Valdés Hernández (Pinar del Río, Cuba, 1955), es Máster en Acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana, por la Universidad Francisco de Vitoria en España. Director del Centro de Estudios Convivencia (CEC) en Cuba y de su revista centroconvivencia.org

Dagoberto Valdés Hernández