Eventos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
América Latina ante la renovación del Consejo de DDHH
CADAL organizó la conferencia virtual América Latina ante la renovación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cual participaron como expositores Demetrio Magnoli (Brasil), Pablo Iturralde (Uruguay), Manuel Cuesta Morúa (Cuba), José Antonio Viera-Gallo (Chile), Alejandro Anaya Muñoz (México), Marisol Pérez Tello (Perú), Rafael Uzcátegui (Venezuela) y, en representación de Argentina, el Director de Relaciones Institucionales de CADAL, Brian Schapira. Moderó María Victoria Maineri, Coordinadora de Relaciones Institucionales de CADAL. Un centenar de participantes siguieron la actividad vía streaming.
En octubre la Asamblea General de la ONU votará la renovación de un tercio de los miembros del Consejo de Derechos Humanos El Grupo América Latina y el Caribe dispone de ocho lugares, y renovará tres. Cuba anunció su candidatura, y va por su quinto período. La conferencia virtual completa realizada por Zoom, incluyendo todas las exposiciones y una instancia posterior dedicada a preguntas y respuestas, está disponible en CADAL TV, en YouTube.
El primer expositor fue Brian Schapira, quien entre 2016 y 2019 se desempeñó como subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina. Schapira cuestionó la candidatura de Cuba ante el CDH. Retomó su reciente informe La falta de compromiso de Cuba con el sistema universal de derechos humanos, realizado para CADAL junto con la abogada Roxana Perel. Su exposición se basó en rechazar la candidatura de Cuba teniendo en cuenta que este país no ratificó dos de los tratados más importantes: el de Derechos civiles y políticos, y el de Derechos económicos, sociales y culturales. No corresponde que un país que esquiva controles periódicos y no hace invitaciones abiertas y permanentes a los procedimientos especiales forme parte del consejo, aseguró.
Lo siguió el brasileño Demetrio Magnoli, sociólogo, periodista y escritor. Magnoli resaltó que en la política externa actual del gobierno brasileño el tema de los derechos humanos no tiene ninguna relevancia intrínseca. Por el contrario, planteó que el gobierno nacionalista y de derecha de Jair Bolsonaro toma a la temática como una entre tantas otras, como una herramienta para una política externa ideológica.
El tercer expositor fue Pablo Iturralde, abogado y político uruguayo, ex diputado y actual presidente del Partido Nacional de Uruguay. Iturralde habló en nombre de su partido y remarcó que debe haber un compromiso de la comunidad internacional para que las burocracias del mundo no coopten mecanismos de decisiones y, en definitiva, transformen en una burla lo que sucede con el CDH. Iturralde advirtió que la presencia de países como Cuba y Venezuela en el CDH significa una afrenta a los derechos humanos.
El encuentro continuó con la presentación de Manuel Cuesta Morúa, historiador cubano, portavoz del Arco Progresista en Cuba y ganador del Ion Ratiu Democracy Award, en 2016, otorgado por el Woodrow Wilson Center. Cuesta Morúa denunció que existe una alianza entre dictaduras para controlar el CDH. Desde ese punto de vista, planteó que la agenda de la sociedad civil cubana consiste en tratar de que Latinoamérica asuma un papel clave en entender que las mejoras de derechos humanos en Cuba significan una mejora para la región y a escala global. Cuesta Morúa expuso que la situación de los derechos humanos en la Isla sigue siendo pésima: la violación de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles es una realidad diaria para los cubanos. El activista destacó que un país que actúa así no merece estar sentado en el CDH. Si bien reconoció que evitar que Cuba termine ocupando ese lugar es una meta poco realista, afirmó que trabajar sobre su rechazo abre camino hacia otras más estratégicas. Propuso pensar en una reformulación del CDH que habilite a la sociedad civil a tener una voz sistemática, articulada y estructurada permanente, convirtiendo al organismo en un lugar para las víctimas y no para los victimarios.
Continuó José Antonio Viera-Gallo, abogado, político y diplomático chileno, quien fuera ministro secretario general del primer gobierno de Michelle Bachelet, y embajador en Argentina, entre 2015 y 2018. Su primer análisis fue que lo relacionado a derechos humanos no está planteado hoy como una prioridad. También señaló que, llamativamente, los gobiernos que no respetan derechos humanos como Cuba y Venezuela aún no han sido catalogados como “gobiernos paria”, es decir, no reciben de parte de la comunidad internacional en su conjunto grandes exigencias en materia de libertades. Viera-Gallo definió a la política exterior actual de Chile como vacilante. En línea con Cuesta Morúa, dijo que, si bien la presencia gubernamental en el organismo es decisiva, cada vez se hace más evidente la necesidad de participación más activa de la sociedad civil.
Por su parte, Alejandro Anaya Muñoz, internacionalista mexicano, experto en derechos humanos, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), resaltó que México lleva doce años -entre períodos y recesos- dentro del CDH. Y destacó que, hasta cuando no fue parte, el país ha tenido un rol de observador activo, particularmente, en lo que refiere al Examen Periódico Universal (EPU). Expresó que México siempre va a buscar estar presente como el “chico bueno”, aun cuando lleva una larga y severa crisis de violaciones al derecho a la integridad física en cuanto a asesinatos, tortura y desaparición de personas. Anaya marcó que las violaciones en México son distintas a las de Cuba y Venezuela, pero rotuló al país como “un candil en la calle y oscuridad en la casa”, con un récord de violaciones que dista mucho de ser ejemplar y con una política exterior guiada por los intereses de las superpotencias.
Después fue el turno de Marisol Pérez Tello, abogada y política peruana, quien se desempeñó como ministra de Justicia y Derechos Humanos de Perú, entre 2016 y 2017. Lo primero que planteó, también en sintonía con el aporte de Cuesta Morúa, fue que los derechos humanos nacieron para defender a las víctimas y generar un equilibrio, y eso se ha perdido de vista. Analizó que la transición de la entonces Comisión de Derechos Humanos al Consejo buscó terminar con la pelea permanente entre Cuba y Estados Unidos, para establecer criterios recogidos en el EPU. Afirmó que si se revisa el último EPU puede detectarse que Cuba no tiene las condiciones ni las características mínimas que la habiliten a participar del CDH.
Por último, habló Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano, coordinador general del Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA). Aseguró que toda crítica de la sociedad civil a estos organismos debe hacerse desde “adentro”. Y recordó la oportunidad en que Hugo Chávez intentó crear una institucionalidad paralela, supuestamente protectora de los derechos humanos, para intentar debilitar el sistema regional de protección.
Sobre el final del encuentro, Schapira sugirió subir los estándares de exigencia para que un Estado pueda formar parte del CDH. Incluyó en esto la firma de todos los grandes tratados y protocolos adicionales, y la invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales -en tanto complemento de presión y señalamiento para los países que no respetan los derechos humanos-. Otra propuesta que hizo fue que la sociedad civil inste a los gobiernos a que tengan una actitud de diplomacia comprometida con los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, y que hagan públicos sus votos en el CDH, exponiendo a qué país votan y por qué.
En octubre la Asamblea General de la ONU votará la renovación de un tercio de los miembros del Consejo de Derechos Humanos El Grupo América Latina y el Caribe dispone de ocho lugares, y renovará tres. Cuba anunció su candidatura, y va por su quinto período. La conferencia virtual completa realizada por Zoom, incluyendo todas las exposiciones y una instancia posterior dedicada a preguntas y respuestas, está disponible en CADAL TV, en YouTube.
El primer expositor fue Brian Schapira, quien entre 2016 y 2019 se desempeñó como subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina. Schapira cuestionó la candidatura de Cuba ante el CDH. Retomó su reciente informe La falta de compromiso de Cuba con el sistema universal de derechos humanos, realizado para CADAL junto con la abogada Roxana Perel. Su exposición se basó en rechazar la candidatura de Cuba teniendo en cuenta que este país no ratificó dos de los tratados más importantes: el de Derechos civiles y políticos, y el de Derechos económicos, sociales y culturales. No corresponde que un país que esquiva controles periódicos y no hace invitaciones abiertas y permanentes a los procedimientos especiales forme parte del consejo, aseguró.
Lo siguió el brasileño Demetrio Magnoli, sociólogo, periodista y escritor. Magnoli resaltó que en la política externa actual del gobierno brasileño el tema de los derechos humanos no tiene ninguna relevancia intrínseca. Por el contrario, planteó que el gobierno nacionalista y de derecha de Jair Bolsonaro toma a la temática como una entre tantas otras, como una herramienta para una política externa ideológica.
El tercer expositor fue Pablo Iturralde, abogado y político uruguayo, ex diputado y actual presidente del Partido Nacional de Uruguay. Iturralde habló en nombre de su partido y remarcó que debe haber un compromiso de la comunidad internacional para que las burocracias del mundo no coopten mecanismos de decisiones y, en definitiva, transformen en una burla lo que sucede con el CDH. Iturralde advirtió que la presencia de países como Cuba y Venezuela en el CDH significa una afrenta a los derechos humanos.
El encuentro continuó con la presentación de Manuel Cuesta Morúa, historiador cubano, portavoz del Arco Progresista en Cuba y ganador del Ion Ratiu Democracy Award, en 2016, otorgado por el Woodrow Wilson Center. Cuesta Morúa denunció que existe una alianza entre dictaduras para controlar el CDH. Desde ese punto de vista, planteó que la agenda de la sociedad civil cubana consiste en tratar de que Latinoamérica asuma un papel clave en entender que las mejoras de derechos humanos en Cuba significan una mejora para la región y a escala global. Cuesta Morúa expuso que la situación de los derechos humanos en la Isla sigue siendo pésima: la violación de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles es una realidad diaria para los cubanos. El activista destacó que un país que actúa así no merece estar sentado en el CDH. Si bien reconoció que evitar que Cuba termine ocupando ese lugar es una meta poco realista, afirmó que trabajar sobre su rechazo abre camino hacia otras más estratégicas. Propuso pensar en una reformulación del CDH que habilite a la sociedad civil a tener una voz sistemática, articulada y estructurada permanente, convirtiendo al organismo en un lugar para las víctimas y no para los victimarios.
Continuó José Antonio Viera-Gallo, abogado, político y diplomático chileno, quien fuera ministro secretario general del primer gobierno de Michelle Bachelet, y embajador en Argentina, entre 2015 y 2018. Su primer análisis fue que lo relacionado a derechos humanos no está planteado hoy como una prioridad. También señaló que, llamativamente, los gobiernos que no respetan derechos humanos como Cuba y Venezuela aún no han sido catalogados como “gobiernos paria”, es decir, no reciben de parte de la comunidad internacional en su conjunto grandes exigencias en materia de libertades. Viera-Gallo definió a la política exterior actual de Chile como vacilante. En línea con Cuesta Morúa, dijo que, si bien la presencia gubernamental en el organismo es decisiva, cada vez se hace más evidente la necesidad de participación más activa de la sociedad civil.
Por su parte, Alejandro Anaya Muñoz, internacionalista mexicano, experto en derechos humanos, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), resaltó que México lleva doce años -entre períodos y recesos- dentro del CDH. Y destacó que, hasta cuando no fue parte, el país ha tenido un rol de observador activo, particularmente, en lo que refiere al Examen Periódico Universal (EPU). Expresó que México siempre va a buscar estar presente como el “chico bueno”, aun cuando lleva una larga y severa crisis de violaciones al derecho a la integridad física en cuanto a asesinatos, tortura y desaparición de personas. Anaya marcó que las violaciones en México son distintas a las de Cuba y Venezuela, pero rotuló al país como “un candil en la calle y oscuridad en la casa”, con un récord de violaciones que dista mucho de ser ejemplar y con una política exterior guiada por los intereses de las superpotencias.
Después fue el turno de Marisol Pérez Tello, abogada y política peruana, quien se desempeñó como ministra de Justicia y Derechos Humanos de Perú, entre 2016 y 2017. Lo primero que planteó, también en sintonía con el aporte de Cuesta Morúa, fue que los derechos humanos nacieron para defender a las víctimas y generar un equilibrio, y eso se ha perdido de vista. Analizó que la transición de la entonces Comisión de Derechos Humanos al Consejo buscó terminar con la pelea permanente entre Cuba y Estados Unidos, para establecer criterios recogidos en el EPU. Afirmó que si se revisa el último EPU puede detectarse que Cuba no tiene las condiciones ni las características mínimas que la habiliten a participar del CDH.
Por último, habló Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano, coordinador general del Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA). Aseguró que toda crítica de la sociedad civil a estos organismos debe hacerse desde “adentro”. Y recordó la oportunidad en que Hugo Chávez intentó crear una institucionalidad paralela, supuestamente protectora de los derechos humanos, para intentar debilitar el sistema regional de protección.
Sobre el final del encuentro, Schapira sugirió subir los estándares de exigencia para que un Estado pueda formar parte del CDH. Incluyó en esto la firma de todos los grandes tratados y protocolos adicionales, y la invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales -en tanto complemento de presión y señalamiento para los países que no respetan los derechos humanos-. Otra propuesta que hizo fue que la sociedad civil inste a los gobiernos a que tengan una actitud de diplomacia comprometida con los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, y que hagan públicos sus votos en el CDH, exponiendo a qué país votan y por qué.
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